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STC6535-2023
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
STC6535-2023
(Aprobado en sesión del cinco de julio de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., cinco (05) de julio de dos mil veintitrés (2023).
La Corte decide la acción de tutela interpuesta por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales.
I. ANTECEDENTES
1. El actor reclama la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad cuestionada dentro de la acción popular de radicado 176143112001-2022-00161-02. Narra que, la accionada negó el amparo de los derechos colectivos invocados desconociendo los tratados internacionales que buscan garantizar la accesibilidad a los ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas.
2. Pidió que «se ampare [su] acción» por encontrarse en estado de debilidad manifiesta. Además, solicitó que se le ordene al Tribunal atacado «que en la acción popular se garantice la accesibilidad que ordena le ley 361 de 1997» y «[se concedan agencias en derecho a [su] favor]»1.
II. RESPUESTAS RECIBIDAS
1. El Juzgado Civil del Circuito de Riosucio pidió que se niegue el amparo por cuanto «la decisión adoptada no se enmarca en los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela»2.
2. La Alcaldía de Manizales pidió su desvinculación del trámite3.
3. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se niegue el amparo con ocasión «a la razonabilidad concreta de la determinación adoptada por el H. Tribunal Superior de Manizales»4.
III. CONSIDERACIONES
2. En efecto, la autoridad cuestionada -con sentencia del 1º de junio de 20235- resolvió revocar el fallo de primer grado. Y, en su lugar, negó la acción popular «al no encontrar vulnerados los derechos colectivos». Para ello, enfocó el problema jurídico en «[d]eterminar si la juez de primer nivel acertó al declarar la carencia actual de objeto… en razón a que no evidenció la existencia de vulneración alguna de los derechos fundamentales colectivos».
2.1. Luego de hacer un análisis normativo y jurisprudencial del tema debatido6, advirtió que la empresa accionada «en contestación a esta demanda» indicó que «tiene tres locales distribuidos en todo el municipio, los cuales prestan los mismos servicios que los ofrecidos en el lugar objeto de debate y con rampas de acceso para personas que se movilizan en silla de ruedas». Con ello, consideró que no puede «predicarse un hecho superado en este asunto» por cuanto «los acontecimientos que se alegaron como fundamento de la transgresión cuya salvaguarda se pretende, continúan subsistiendo».
2.2. De lo anterior, encontró que la accionada acreditó tener otros locales adecuados «para personas que se movilizan en silla de ruedas» el cual «permite el ingreso sin barreras a personas con limitaciones en su movilidad, sin que nada imposibilite a quien se encuentra en dichas condiciones acudir al establecimiento adecuado para obtener los servicios ofrecidos». Por lo expuesto, concluyó que «en principio no se encuentra fundamento en la transgresión alegada, caso distinto sería que no hubiese un local muy cercano con la rampa requerida». Y precisó que «en esta acción se requiere la construcción en la carrera 7 calle 34 esquina y la ya construida se ubica en la carrera 7 calle 32 esquina». Sumado a que, «las acciones afirmativas en salvaguardar los derechos de las personas en situación de discapacidad, no pueden implicar a su vez una carga desproporcionada en detrimento de quien se halle en la responsabilidad de satisfacer de cierto modo la pretensión endilgada»7. Para terminar, manifestó que «concuerda con la decisión de primera instancia en relación a que no existió la violación de los derechos fundamentales colectivos». Respecto a la condena en constas, destacó que «en el presente caso, quien resultó vencido fue el actor popular, por lo que es procedente negar su pretensión respecto a salir favorecido con las costas procesales…».
3. De lo transcrito, para esta Sala Civil y Agraria, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisión cuestionada no podría ser recibida como irrazonable8. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirviéndose de un análisis normativo y jurisprudencial del tema debatido y valiéndose de los elementos probatorios obrantes en el expediente. Por supuesto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cuáles de los planteamientos expuestos resultan ser los más acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciación o valoración de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. Descartándose, también, una ostensible vía de hecho.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela impetrada. Comuníquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
(con ausencia justificada)
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 Archivo “0002Demanda.pdf”.
2 Archivo “0014Memorial.pdf”.
3 Archivo “0022Memoral.docx”.
4 Archivo “SIGDEA E-2023-407643 PRONUNCIAMIENTO TUTELA CSJ 11001020300020230252300 M.P. DR FRANCISCO TERNERA BARRIOS.pdf” y “11001020300020230252300-0027Memorial.pdf”.
5 Archivo “04SentenciaSegundaInstancia.pdf” expediente acción popular radicado 17614311200120220016102.
6 Finalidad de las acciones populares, mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad física, sensorial y psíquica, carencia actual de objeto.
7 De acuerdo con la sentencia C293 de 2010, Resolución 14861 del 4 de octubre de 1985 del Ministerio de Salud, Decreto 1538 de 2005 artículo 9º.
8 Aquello que se recibe como “razonable” también puede recibirse como “racional” (Atienza, M. Para una razonable definición de razonable, Doxa, 1987, pág. 197 y ss). Y como “valido” puesto que “satisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento” (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, pág. 128.