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STC9946-2022
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
STC9946-2022
Radicación n.° 54001-22-13-000-2022-00171-01
(Aprobado en sesión virtual de tres de agosto de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintidós (2022).
Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de junio de 2022 por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, que denegó el amparo reclamado por Manuel Iván Cabrales Trigos, en calidad de representante legal de la Sociedad de Comercialización Internacional Manuecabrales & CIA S.A.S., contra los Juzgados Décimo Civil Municipal de Cúcuta y Séptimo Civil del Circuito de esa misma ciudad. Al trámite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2020-00511-00.
I. ANTECEDENTES
1. La compañía actora, por medio de su representante legal y a través de apoderado judicial, reclamó la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades accionadas.
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las pruebas que obran en el plenario, se observa la siguiente situación fáctica relevante:
2.2 El asunto correspondió al Juzgado Décimo Civil Municipal de Cúcuta, el cual libró mandamiento de pago el 18 de diciembre de 20203. Proveído en el que, como consecuencia de la solicitud de medida cautelar deprecada por la demandante, decretó el embargo y la retención de los dineros depositados en las cuentas bancarias de la ejecutada, así como el embargo y el secuestro del establecimiento de comercio de propiedad de esta. Y determinó que al juicio le correspondía el trámite de mínima cuantía.
2.3. Señaló la accionante que como no recibió el traslado correspondiente, ni respuesta frente a una solicitud de levantamiento de embargos, incoó acción constitucional que conoció el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta, quien no tuteló el amparo por haberse configurado carencia actual de objeto por hecho superado4. Por cuanto, en el curso de esta, mediante proveído de 25 de agosto de 2021, el despacho fustigado decidió no acceder a la súplica de desembargo, ni efectuar de manera oficiosa su reducción y corrió el traslado de la demanda5.
2.4. Luego, con memoriales de 30 y 31 de agosto de 2021, la ejecutada formuló recurso de reposición en contra del mandamiento de pago y frente al auto referido en el numeral precedente, respectivamente. Sin embargo, al no obtener pronunciamiento alguno, impetró una nueva acción de tutela, que le correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta, quien no concedió el amparo por haberse configurado la carencia actual de objeto por hecho superado y por encontrar razonable la determinación del estrado fustigado6.
Debido a que, en el transcurso de la acción constitucional, el juzgador accionado, con proveído 2 de noviembre de 2021, decidió no reponer las decisiones reprochadas y ordenó compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial – Seccional Norte de Santander y a la Fiscalía General de la Nación Seccional Cúcuta, para que investigara la conducta del apoderado judicial de la recurrente7.
2.5. En vista de lo anterior, indicó que su apoderado judicial formuló recusación en contra del despacho censurado, con fundamento en las causales 8º y 9º del precepto 141 del estatuto procesal civil vigente8. Y, agregó que como el estrado «accionado no le dio trámite a la recusación dentro del término razonable», presentó nuevamente tutela, que conoció el Juzgado Primero Civil del Circuito, quien también denegó el amparo9.
Por cuanto, en el marco de esa acción de constitucional, el estrado cuestionado, por auto de 26 de enero de 2022, rechazó por improcedente la recusación enunciada, con fundamento en que «la orden de compulsar copias al apoderado judicial de la parte demandada, estuvo enmarcada en ese deber de los profesionales del derecho [de] (actuar con respeto y decoro)», y en que no existe «la más mínima animadversión en contra del profesional del derecho». Por último, ordenó remitir las diligencias a su superior10.
2.6. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta, con providencia de 5 de abril de 2022, resolvió no aceptar la recusación propuesta y ordenó devolver las diligencias al despacho Décimo Civil Municipal para que continuara con el trámite correspondiente11.
2.7. Por otra Parte, con proveído de 11 de marzo de 2022, la Superintendencia de Sociedades Regional de Bucaramanga, admitió la solicitud de inicio de proceso de reorganización abreviada presentada por el representante legal de la compañía accionante. Razón por la cual, el estrado de conocimiento accionado, mediante auto de 20 de abril de 2022, ordenó remitir de forma inmediata las diligencias a esa autoridad12.
3. La gestora tacha de irregular las actuaciones adelantadas por los accionados; por cuanto, el funcionario judicial cognoscente «de manera caprichosa quiere mantener embargados todos [sus] bienes». Afirmó que está acreditado que ese juzgador se encuentra inmerso en la causal 8º de recusación, lo que impide la definición del caso con imparcialidad.
Aseguró que la decisión por medio de la cual el superior funcional no aceptó la recusación formulada es contraria a derecho, «por lo que se configura una autentica vía de hecho y violación al debido proceso, pues se trata lo mismo compulsa de copias y denuncio penal». Advirtió que el estrado conocimiento «a pesar de estar suspendido el proceso y encontrarse el expediente ante el superior, profirió una providencia que ordeno enviar el expediente a la superintendencia (…) [y] el proceso no se puede enviar a la superintendencia, [porque] primero hay que resolver sobre la legalidad del auto que resolvió la reposición del mandamiento de pago».
4. Con sustento en lo relatado, exige «dejar sin efecto» el proveído que resolvió la recusación y en su lugar se acepte la misma y que se ordene al despacho fustigado «dejar sin efecto la parte del auto que resolvió la (sic) reposiciones (…), apartarse del proceso y enviar el expediente al juez que le corresponde conocer para que resuelva la reposición del mandamiento de pago».
II. RESPUESTAS RECIBIDAS
1. El Juzgado Décimo Civil Municipal de Cúcuta, resaltó que desde el 5 de abril de 2022 el superior funcional resolvió no aceptar la recusación; por lo que, le retornó las actuaciones. Señaló que el 20 de abril siguiente, en atención a lo dispuesto por la Superintendencia de Sociedades Regional Bucaramanga en el proveído 222-NIS-736, «donde informa que admitió el proceso de reorganización abreviada de la [actora]»; ordenó, entre otras, remitir las diligencias a dicha autoridad. Agregó que «no es competente para seguir conociendo del mencionado proceso, conforme al artículo 20 de la Ley 1116 de 2006». Concluyó que en el sub lite y no se vulneran los derechos fundamentales de la actora y «no existe trámite procesal pendiente por agotar»13.
2. El estrado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta, solicitó denegar el amparo y en sustento de su petición dijo que obró conforme a derecho. Resaltó que las decisiones proferidas en el trámite de la recusación se tomaron con base en los medios probatorios allegados al juicio, a «los cuales se les aplicaron las reglas de la sana crítica, y así mismo han sido valorados en conjunto»14.
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA
El a quo constitucional denegó el resguardo, tras argüir en cuanto a la decisión de la recusación propuesta que «ni el juez recusado ni su superior funcional consideraron estructurada la causa alegada, ya que son del criterio que una compulsa de copias no equivale a denuncia (…). En efecto, tanto el Juez Décimo Civil Municipal como la Juez Séptima Civil del Circuito, no hicieron sino aplicar a la recusación formulada lo que al respecto ha dicho la jurisprudencia. Y con base en ello desestimaron la solicitud formulada por el apoderado de la ejecutada. No se aprecia en ese proceder arbitrariedad o capricho alguno, sino más bien apego pleno y observancia irrestricta a lo que las corporaciones cumbres de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa tienen definido».
Agregó, finalmente, que «[e]n punto de la remisión del expediente hacia la Superintendencia de Sociedades, tampoco se aprecia la comisión de algún despropósito. Es que así lo ordena la Ley 1116 en su artículo 20, por lo que el Juez Décimo no hizo más que darle observancia a un imperativo legal (…) Si la tutelante es del criterio que el documento exhibido por Oasis Floralife Colombia no puede ser tenido como título ejecutivo, lo que le incumbe es plantear la discusión a que haya lugar en el marco de la reorganización (…) Pero no puede pretender que el caso siga bajo la égida del juzgado municipal lisa y llanamente porque no se puede desconocer el fuero de atracción que se activa a favor del juez del concurso, tras la admisión a reorganización de la deudora».
IV. LA IMPUGNACIÓN
La impulsó la parte actora, quien, en lo atinente a los motivos que instituyeron la recusación propuesta, reiteró los argumentos que sirvieron como base fundacional del escrito inicial. Adicionalmente indicó que «en cuanto que (sic) el señor Juez ordenó enviar el expediente a la super intendencia (sic), solo lo hizo dando cumplimiento a la ley, pero lo hizo cuando el expediente se encontraba ante el superior, lo (sic) se alega es que si el señor Juez, hubiera fallado la reposición de pago en derecho el proceso se había terminado y por tanto no había que enviarlo (…) Como los requisitos del título solo se pueden alegar por reposición y después no se puede alegar nada, lo que quiere decir que con la reposición se agotó esa vía, por lo que el Juez, de tutela debe resolver sobre la reposición por ser una vía de hecho y no existir otro medio para hacerlo»15.
V. CONSIDERACIONES
1. En el sub examine, la gestora pretende que sea amparado su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera que le fue vulnerado con ocasión de la determinación tomada el 5 de abril de 2022, por la cual el Juzgado Séptimo Civil del Circuito no aceptó la recusación planteada en contra del juez cognoscente en el juicio cuestionado. A su turno, increpa la decisión de 02 de noviembre de 2021, mediante la cual se resolvieron los recursos de reposición por ella formulados y el proveído de 20 de abril hogaño, por medio del cual la autoridad judicial de conocimiento remitió el plenario a la Superintendencia de Sociedades.
2. Pronto advierte la Sala que la decisión del a quo, en cuanto negó el amparo, habrá de ser confirmada, porque la acción constitucional carece de vocación de prosperidad.
3. En lo atinente a las inconformidades frente a la determinación de 02 de noviembre de 2021, por medio de la cual se resolvieron los recursos de reposición formulados por la accionante contra el auto que libró mandamiento de pago y el proveído que negó el levantamiento de la medida cautelar de embargo, advierte la Sala que el amparo no se abre paso, por cuanto la tutelante, previamente, concurrió a la jurisdicción constitucional, sobre este asunto.
En efecto, de lo manifestado por la propia actora en el escrito inicial y de los elementos que obran en el plenario, se observa que dichas censuras ya fueron objeto de pronunciamiento por parte del juez constitucional. Ciertamente, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta, resolvió denegar la tutela de radicado 2021-00342-00, mediante fallo de 10 de noviembre de 2021, y en aquella oportunidad, puntualmente, frente a la decisión fustigada, estableció que
«(…) las decisiones sometidas a estudio se soporta sobre una valoración racional e integral de la actuación procesal, y se reitera que la función del juez de tutela no es la de invadir la órbita del juez ordinario, encargado por la ley de dirimir una controversia en que se disputa un derecho legal, cuando quiera que éste, en virtud de los citados principios de la independencia y autonomía, según lo previsto en la Constitución Política, actúa acorde con las normas legales, atendiendo los medios probatorios arrimados y fundado en las garantías procesales al asunto sometido a estudio, por el contrario tal decisión se acompasa con la realidad procesal y el fundamento normativo invocado, sin que de ella se pueda colegir violación a los derechos invocados por la peticionaria, que justifiquen la intervención del Juez de tutela».
Adicionalmente, se destaca que la acción de tutela mediante la que se resolvió la decisión debatida, radicada en la Corte Constitucional con el número T-8571742, no fue seleccionada para revisión, según auto del 18 de marzo pasado, comunicado mediante estado de 4 de abril siguiente16; por lo que, se concluye que operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional17.
4. A su turno, en la aludida decisión de 5 de abril pasado también objeto de controversia, el Juez Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta, luego de compendiar los antecedentes del caso y de establecer el marco normativo aplicable, frente a los argumentos de la accionante, indicó:
4.1 Respecto del motivo 8º de recusación que «[l]a premisa que consagra dicha causal exige la acción del juzgador o de los demás sujetos aludidos, relativa a “Haber formulado” denuncia penal o disciplinaria; proceder que dista de la compulsa de copias que no comporta la formulación de denuncia o tan siquiera queja, pues se limita a remisión de la actuación para que sea el funcionario competente el que se determine si existe mérito alguno al respecto». (subrayado original).
Aunado a lo anterior, advirtió que «es dicho evento y no otro el dispuesto por el legislador para la configuración allá enunciada, pues aquel discriminó entre los diversos supuestos seleccionando para el efecto, la denuncia y no la compulsa de copias, y comoquiera que de manera expresa así se preceptuó mal podría extenderse el supuesto normativo a hechos distintos de los allí contemplados. (…) Además, las causales de recusación son taxativas, pues se reducen a los eventos precisos dispuestos por el legislador no siendo admisible su extensión como lo pretendió el jurista que representa a la pasiva».
4.2 Frente a la causal 9º de apartamiento, enfatizó en que el solicitante, para fundamentar la censura, se basó en los antecedentes del caso y en la compulsa de copias que elevó el juzgador recusado, mas no acompañó su petición de elementos demostrativos que respaldaran su configuración.
Al respecto dijo, «[e]n ese entendido no se observan de los argumentos esgrimidos situaciones de tal calibre que permitan concluir de manera fehaciente que el ánimo del juez se encuentra afectado, pues lo aludido, primero se desarrolló en el mismo proceso y guarda relación es con esta causa y además no reviste naturaleza alguna de la que pueda predicarse el sentimiento de animadversión del operador judicial hacía el abogado, lo que de hecho éste negó, recordando por tanto y por resultar necesario, que esta causal es subjetiva. (…)». (subrayas propias del texto).
Nótese, entonces, que en el proveído cuestionado se evidencia que y tal conclusión, independientemente de que sea o no compartida, no se muestra abiertamente arbitraria o alejada del ordenamiento jurídico.
Lo anterior, por cuanto fue proferida después de haberse realizado una valoración razonable de las actuaciones surtidas y de la normatividad que gobierna el asunto, así como de jurisprudencia relacionada, que, en efecto, ha señalado que las «denuncias penales o disciplinarias» que comprometen la objetividad del juzgador deben ocurrir en escenarios diferentes del proceso en el que se propone la recusación o se manifiesta el impedimento. Sumado a que, el motivo de impedimento por amistad íntima o enemistad grave hace referencia a un criterio subjetivo, que corresponde con el fuero interno del individuo, en este caso, del juzgador, quien dijo no tener esos sentimientos, los cuales tampoco fueron acreditados si quiera sumariamente.
Lo anterior, dado que, como la sociedad ejecutada -aquí accionante-, se acogió al proceso de reorganización abreviado que consagra la Ley 1116 de 2006 y dicha solicitud fue admitida por la referida autoridad administrativa desde el 11 de marzo de 2022. Efectivamente, le correspondía al operador judicial dar cumplimiento a lo reglado en el canon 20 de esa normativa y enviar el plenario para que hiciera parte del nuevo trámite.
Por otro lado, frente a la afirmación realizada por la actora en la impugnación relativa a que la remisión del juicio se efectuó «cuando el [mismo] se encontraba ante el superior», cabe decir que dicha manifestación no tiene asidero; pues, de los elementos que obran en el expediente, se constata que el superior funcional ordenó devolver las diligencias al juez de conocimiento desde el 5 de abril de 2022 y la actuación cuestionada se llevó a cabo el 20 de abril siguiente.
En consecuencia, revisada la determinación objeto de controversia, se considera que la resolución rebatida no alberga anomalía que imponga la perentoria salvaguardia; debido a que, se llevó a cabo en observancia de un imperativo legal y no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jurídico.
6. Así las cosas, observa la Corte una disparidad de criterios entre lo considerado por los Juzgados accionados -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparados en los principios de autonomía e independencia judicial – y lo planteado por la solicitante, manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso; pues, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juzgador de instancia, arrogándose competencias que no le corresponden.
Al respecto, esta Corporación ha esgrimido que «el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de árbitro para determinar cuáles de los planteamientos valorativos y hermenéuticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los más acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisión oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia» (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); Y, de otro, que «la adversidad de la decisión no es por sí misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural» (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la STC7607-2021).
7. Por lo razonado en precedencia, se confirmará el proveído de primer grado.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio más expedito, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Comisión de Servicios)
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 Folios 1-7. Anexo “03. ESCRITO Y ANEXOS TUTELA”. Expediente digital.
2 Anexo “02EscritoDeDemanda”. Carpeta “Proceso Ejecutivo 2022-00511-00”.Ibidem.
3 Anexo “10AutoMandamientoDePago”. Carpeta “Proceso Ejecutivo 2022-00511-00”.Ibidem.
4 Fallo de Tutela de 31 de agosto de 2021, radicado 54001-31-53-003-2021-00277-00. Anexo “54SentenciaFalloTutela”. Expediente digital.
5 Anexo “50AutoResuelveSolicitudDesembargo”.Ibidem.
6 Fallo de Tutela de 10 de noviembre de 2021, radicado 54001-31-53-003-2021-00342-00. Anexo “78FalloTutela”. Expediente digital.
7 Anexo “68AutoRecursosTutela”.Ibidem.
8 Anexo “175SolicitudRecusacionSuspensiondelProceso”. Ibidem.
9 Fallo de Tutela de 22 de marzo de 2022, radicado 54001-31-53-003-2022-00016-00. Anexo “78FalloTutela”. Expediente digital.
10 Anexo “83AutoRecusación”. Ibidem.
11 Anexo, “00113AutoResuelveRecusacionJuzgado7Ccto” Expediente digital.
12 Anexo, “00107AutoRemiteExpedienteSupersociedades2020-00511-00” Expediente digital.
13 Anexo, “11. RESPUESTA JUZGADO DECIMO CIVIL MPAL DE CUCUTA” Expediente digital.
14 Anexo, “12. RESPUESTA JUZGADO SEPTIMO CIVIL DEL CTO DE CUCUTA” Expediente digital.
15 Anexos, “16. ESCRITO IMPUGNACION ACCIONANTE”. Expediente digital.
17 Al respecto, en sentencia T-089 de 2019, la Corte Constitucional sostuvo que «un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada, en el evento en que esta Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de tutela ya sea mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no selección de la misma. Lo anterior, de conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia. La figura de cosa juzgada constitucional prohíbe ‘(…) que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema jurídico’» (Se subraya. Criterio reiterado por esta Sala en STC12838-2021).