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SC-207-2005 [7367]
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA
Bogotá D. C., once de agosto de dos mil cinco
Ref. Expediente No. 7367
Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 3 de julio de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, como epílogo de los procesos ordinarios acumulados promovidos contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, por José Antonio, Lucía Rosa y María del Rosario Martelo Martínez; Ramón, Yolanda, Javier, Luis Carlos y Gloria Isabel Paz Delgado; Dionisio, Cecilia y Jorge Vélez Martelo; Doris, Augusto Bartolomé, Leticia Eugenia, Fernando Arturo y Ernesto Carlos Martelo Martínez; Rodolfo Martelo Jiménez; Jaime, Alberto, Reynaldo Enrique, Mireya, Gabriel Leopoldo, Roberto Antonio y Claudia Patricia Borda Martelo y Josefina De la Espriella de Gómez Naar.
ANTECEDENTES
1. Ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, José Antonio, Lucía Rosa y María del Rosario Martelo Martínez, en calidad de herederos de José Antonio Martelo Jiménez; Ramón, Yolanda, Javier Ignacio y Luis Carlos Paz Delgado, como herederos de Gloria Delgado de Paz; y Dionisio, Cecilia y Jorge Vélez Martelo, herederos de Teresa del Pilar Martelo de Messías, antes de Vélez, presentaron demanda contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Durante el trámite fue reconocida como litisconsorte de los demandantes Josefina De la Espriella de Gómez Naar, en su condición de propietaria del 50% del inmueble litigado.
Las pretensiones perseguían las siguientes declaraciones y condenas:
1.1. Que pertenece a cada una de las sucesiones ilíquidas de los señores José Antonio Martelo Jiménez, Gloria Delgado de Paz y Teresa del Pilar Martelo de Messías, una (1) cuota proindivisa de las seis (6) en que se ha dividido el cincuenta por ciento (50%) del derecho de propiedad de un lote de terreno ubicado en el Barrio de Manga, Sector Inalámbrico, Cuarta Avenida, Calle 29, marcado con los números 29-30 y 29-31 de la actual nomenclatura urbana de Cartagena, con folio de matrícula inmobiliaria número 060-0005635, cuyos linderos y especificaciones aparecen en la demanda.
1.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la demandada a restituir a favor de la comunidad formada por las herederos de José Antonio Martelo Jiménez, Gloria Delgado de Paz, Teresa del Pilar Martelo de Messías y a Josefina De la Espriella de Gómez Naar, el bien inmueble señalado en la demanda, con las cosas que forman parte del predio.
1.4. Que la parte demandante no está obligada a indemnizar las expensas necesarias a que se refiere el artículo 965 del C.C., porque el demandado es poseedor de mala fe.
1.5. Que se ordene la cancelación de cualquier gravamen establecido sobre el inmueble materia de reivindicación.
2. Por otro lado, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, demandaron Jaime, Alberto, Reynaldo, Mireya, Gabriel Leopoldo, Roberto Antonio y Claudia Patricia Borda Martelo en calidad de herederos de Anita Martelo de Borda; Doris, Augusto Bartolomé, Leticia Eugenia, Fernando Arturo, y Ernesto Carlos Martelo Martínez, herederos de Ernesto Carlos Martelo Jiménez; también demandó Rodolfo Martelo Jiménez en su condición de heredero de Rosa Amelia Jiménez de Delgado (antes de Martelo), pero como falleció durante el curso del proceso lo sucedieron Gonzalo Javier y Rodolfo León Martelo Jiménez. El demandado en este caso fue igualmente el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena.
Los demandantes solicitaron en esta oportunidad que se diera abrigo a las siguientes pretensiones:
2.1. Que pertenece a las sucesiones ilíquidas de Ernesto Carlos Martelo Jiménez, Anita Martelo de Borda, y a Rodolfo Martelo Jiménez, sendas cuotas de las seis (6) en que se encuentra dividido el 50% del derecho de propiedad del lote de terreno ubicado en la ciudad de Cartagena, Barrio de Manga, Sector Inalámbrico o Cuarta Avenida, Calle 29, marcado con los números 29-30 y 29-31 de la actual nomenclatura urbana de Cartagena, con folio de matrícula inmobiliaria número 060-0005635, cuyos linderos y especificaciones señalan en la demanda.
2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene al municipio de Cartagena a restituir a los demandantes, en su condición de sucesores de los «condóminos» fallecidos, el bien inmueble descrito en la pretensión principal, con todo lo que él comprende.
2.3. Se condene al demandado a pagar a los demandantes los frutos naturales y civiles en proporción al derecho que les corresponde sobre el lote de terreno mencionado y se califique su posesión como de mala fe, por lo mismo sin derecho a las indemnizaciones o expensas a que se refiere el artículo 965 del C.C.
3. Para sustentar las pretensiones, las demandas acumuladas presentaron un cuadro de hechos común que se condensa enseguida.
3.1. Los demandantes afirman que su propiedad se encuentra respaldada por los siguientes títulos que en orden histórico se relacionan:
a. Dionisio Jiménez Gómez obtuvo la propiedad por compra que hizo a Manuel Gómez Cásseres y Ana Grave de Gómez, según aparece en la escritura pública No. 05 del 9 de enero de 1904, debidamente registrada. Consta en el instrumento la venta de la Isla de Manga, situada en los extremos de la ciudad al sur y hacia la derecha, saliendo por el Camellón de nombre Paseo de Heredia, con una extensión de 90.000 cabuyas, aunque de este predio de mayor extensión sólo se vendió a Jiménez Gómez lo que quedó después de vender varios lotes a diferentes personas, según la relación que aparece en la citada escritura.
b. Teresa Piñeres viuda de Jiménez adquirió las dos (2) cuotas, de un total de cuatro (4) en que se dividió la propiedad indivisa, en la sucesión de su esposo Dionisio Jiménez Gómez, tal como aparece en el proceso sucesoral protocolizado mediante la Escritura Pública No. 647 del 20 de septiembre de 1915, inscrita en el Registro de Instrumentos Públicos el día 27 siguiente; las otras dos (2) cuotas fueron asignadas equitativamente a sus hijas Rosa Amelia Jiménez de Martelo y María Teresa Jiménez de De la Espriella.
c. Con la muerte de Teresa Piñeres viuda de Jiménez, cada una de sus hijas, Rosa Amelia Jiménez de Delgado (antes de Martelo) y María Teresa Jiménez de De la Espriella adquirió el 50% del citado bien, correspondientes a dos de las cuatro acciones en que aparece dividida “la porción indivisa de los terrenos de la Isla de Manga, en la parte en que no se han verificado demarcaciones o ventas a extraños, de acuerdo con el mapa del mismo barrio e Isla”, como consta en el proceso de sucesión protocolizado en la Escritura Pública No. 687 de 29 de septiembre de 1942 de la Notaría 1ª de Cartagena.
d. Rosa Amelia Jiménez de Delgado (antes de Martelo) murió; la sucesión terminó mediante sentencia de 1º de diciembre de 1976, que se protocolizó en la escritura pública No. 859 del 14 de junio de 1977 de la Notaría 2ª de Cartagena, allí heredaron su cuota en la propiedad: José Antonio Martelo Jiménez, Teresa Martelo de Messías, Anita Martelo de Borda, Ernesto Martelo Jiménez, Rodolfo Martelo Jiménez y Gloria Delgado de Paz, quienes vienen a ser causantes de algunos de los intervinientes en los procesos acumulados.
e. Al fallecer María Teresa Jiménez de De la Espriella, la mitad del predio que a ella correspondía, fue heredado por Josefina De la Espriella de Gómez Naar, según Escritura Pública No. 1309 de 1968.
f. A partir de la comparecencia al proceso de la litisconsorte de los demandantes, Josefina De la Espriella de Gómez Naar, se adjuntaron títulos anteriores a los indicados en la demanda, que dan cuenta de los antecedentes que tuvo la adquisición de la propiedad del inmueble por parte de Anna Grave de Gómez (antes de Romero), quien adquirió de Federico Romero por escrituras públicas 112 del 23 de junio de 1888, 256 y 257 de 21 y 24 de septiembre de 1888, parte por sucesión y otra por testamento; Federico Romero había adquirido de Ramón Benedetti y Juana de Jesús Egues de Benedetti, por remate protocolizado en escritura pública 022 de 24 de enero de 1880 de la Notaría Principal de Cartagena.
3.2. Los herederos de la sucesión de Rosa Amelia Jiménez de Delgado, jamás tuvieron materialmente el inmueble porque su apoderado nunca les hizo entrega del mismo, ni rindió las cuentas, a pesar de lo cual el proceso de sucesión terminó con sentencia de 1º de diciembre de 1976, época que coincide con el otorgamiento de la escritura No. 2817 de 30 de diciembre de 1976 en la que el Municipio de Cartagena celebró un comodato a favor de la Zona Franca Industrial y Comercial de esta ciudad.
4. El demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones de ambas demandas, dijo no constarle los hechos constitutivos de la causa petendi, negó que el municipio fuera el poseedor del predio porque pese a la concesión del comodato a la Zona Franca, no ha ejecutado actos de señor y dueño sobre el inmueble; finalmente formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
5. El Juzgado 4º Civil del Circuito de Cartagena dispuso la acumulación de los procesos, mediante providencia de 21 de abril de 1993. Luego del trámite de la instancia, declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por el demandado, a quien declaró poseedor de buena fe, reconoció a favor de los demandantes, el dominio pleno y absoluto del inmueble reivindicado, dispuso la restitución del bien a la comunidad de éstos y condenó al demandado al pago de $2.312’862.000.oo por concepto de los frutos dejados de percibir.
6. La parte demandada interpuso recurso de apelación, y en lo de su cargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena revocó la sentencia apelada, desestimó las pretensiones de la demanda y condenó en costas de ambas instancias a la parte demandante.
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal reprodujo las exigencias para el éxito de la acción de dominio o reivindicatoria ejercitada por los demandantes, de la cual dijo deben acreditarse cuatro condiciones: Que el demandante es dueño del bien; posesión material en el demandado; cosa singular reivindicable o cuota parte de ella; y finalmente identidad entre la cosa que pretende el demandante y aquella que es poseída por el demandado.
Señaló que los dos primeros presupuestos determinan la legitimación en la causa por activa y por pasiva, efectuó después el estudio de los títulos presentados por los demandantes a fin de demostrar la propiedad sobre el inmueble, para lo cual consultó las copias auténticas de las escrituras públicas números 5 de 9 de enero de 1904, 647 de 20 de septiembre de 1915, 687 de 29 de septiembre de 1942, 1309 de 30 de agosto de 1968, todas de la Notaría 1ª de Cartagena y 859 de 14 de junio de 1977 de la Notaría 2ª de la misma ciudad.
Sobre los títulos aportados, precisó que la escritura pública No. 5 de 9 de enero de 1904 contiene la venta de Anna Grave de Gómez Casseres a Dionisio Jiménez Gómez, que se refiere genéricamente a la Isla de Manga; la No. 647 de 1915 que atañe a la adjudicación en la sucesión del anterior adquirente a su esposa Teresa Piñeres viuda de Jiménez y a sus hijas Rosa Amelia Jiménez de Delgado y María Teresa Jiménez de De la Espriella, mediante la cual el bien señalado en la escritura anterior se fraccionó en cuatro (4) partes indivisas, dos (2) para la cónyuge supérstite y una (1) más para cada herederas; la escritura No. 687 de 1942 que contiene la adjudicación sucesoral de Teresa Piñeres viuda de Jiménez a sus dos hijas, quedando éstas con la totalidad del bien, según un mapa que si bien se anunció, no se allegó al instrumento; que en la escritura No. 1309 de 1968 se protocolizó la adjudicación del 50% del inmueble de propiedad de María Teresa Jiménez de De la Espriella a su hija adoptiva Josefina De la Espriella de Gómez Naar, donde se determinó un predio por linderos y ubicado en la calle 29 del Barrio de Manga; que la escritura 859 de 1977 se refiere a la adjudicación en la mortuoria de Rosa Amelia Jiménez de Delgado (antes de Martelo) a sus herederos José Antonio, Rodolfo, Anita, Ernesto Carlos, Teresa del Pilar Martelo Jiménez y Gloria Delgado de Paz, sobre el otro 50% del inmueble situado en el Sector Inalámbrico o 4ª Avenida del Barrio de Manga, del cual igualmente se señalan los linderos.
Añadió que no obstante los hechos de la demanda se limitaron a esta tradición, posteriormente, Josefina De la Espriella de Gómez Naar, quien intervino como litisconsorte del demandante, agregó otros títulos y el certificado de tradición respectivo, los que fueron tenidos como prueba; con ellos se acreditó como antecedente más remoto de la propiedad particular sobre la Isla de Manga, la escritura pública No. 022 de 24 de enero de 1880 de la Notaría Pública Principal de la Provincia de Cartagena, mediante la cual se solemnizó la adquisición que hizo Federico Romero de los terrenos de la Isla de Manga mediante pública subasta.
Consideró el sentenciador de segunda instancia que «existe identidad entre los terrenos que pretenden reivindicar los actores y los determinados por el Gobierno Nacional mediante Decreto 502 del 15 de marzo de 1976, como integrantes de la Zona Franca, Industrial y Comercial de Cartagena», dado que “la extensión superficiaria del bien y los linderos naturales comunes, como también la inspección judicial y los dictámenes periciales, junto con el informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, producidos respecto del bien, así lo corroboran”. Destacó igualmente que según el dictamen de los peritos navales oceanógrafos, presentado con fundamento en una investigación de campo y después de estudiar los hechos y los antecedentes existentes en la DIMAR, se concluye que “toda el área en una extensión de 5.1 hectáreas que se encuentra localizada contigua a la Cuarta Avenida y hacia la Isla de las Quintas se encuentra definida como terreno de bajamar, donde existieron antes del relleno extensos bosques de mangle, que aún se encuentran en descomposición, tal como lo demuestran los estudios de suelos que se analizaron. Por lo tanto el área anteriormente descrita se encuentra en su totalidad bajo la jurisdicción de la Autoridad Marítima – Dirección General Marítima (Dimar), y además definida en su totalidad como bien de uso público, por ser terrenos de bajamar”, por ello, esta última entidad desde el 22 de diciembre de 1983, mediante Resolución No. 913, otorgó la concesión a la Zona Franca de Cartagena para que efectuara rellenos y construcciones en el área, por ser un inmueble bajo su jurisdicción, el que además, se consideró no susceptible de apropiación por particulares por tener características de tierras de bajamar, constituidas por ende en bienes de uso público.
Dijo el Tribunal que estas conclusiones técnicas emitidas por peritos, conducían al estudio detenido de los títulos de propiedad de los demandantes, referentes a una parte de 5.1 hectáreas de la Isla de Manga, para poder establecer si los actores demostraron el dominio pleno y exclusivo sobre los terrenos reclamados, y con fundamento en la distinción de las tres clases de bienes, hecha por un tratadista nacional, de uso público, fiscales o patrimoniales y los adjudicables, y lo señalado por otro doctrinante, según el cual no se pueden confundir los bienes de uso público con los baldíos, ya que aquellos por tratarse de bienes cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, no pueden ser adjudicados a un particular, como sí los bienes baldíos pues su dominio pertenece a la Nación.
Dentro de los baldíos reservados, dijo el juzgador de segundo grado, se encuentran las islas, las playas y las costas desérticas, entre otros; para el caso en estudio concitó especial interés del Tribunal, lo que tiene que ver con las islas, dado que los demandantes presentaron títulos de propiedad privada sobre una parte de la Isla de Manga en la que funciona la Zona Franca Industrial y Comercial de Cartagena, por lo que, a juicio del Tribunal, era preciso desvirtuar la presunción legal de dominio que existió en favor de la Nación hasta la vigencia de la Ley 137 de 1959, pues esta norma hizo posible que los terrenos baldíos urbanos pasaran al Municipio, hoy Distrito de Cartagena.
Señaló el Tribunal que según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el reconocimiento de que las tierras baldías pertenecen al Estado no viene de la Constitución de 1886, sino que es el producto de arraigada observancia de las prácticas traídas de España, como se observa de la historia legislativa del régimen de baldíos, en la cual se encuentra la primera ley agraria, expedida por el Libertador en octubre de 1821, que dispuso el registro de las propiedades rurales dentro de los cuatro años siguientes a su vigencia en las oficinas de cada provincia, pues en caso de no hacerlo los predios se reincorporarían al dominio de la República, si ellas habían sido adquiridas por «merced o composición», o si lo habían sido por compra u otros títulos, el Gobierno debía practicar los registros a expensas de los propietarios. Posteriormente, en los Estados Unidos de Colombia se expidió la Ley 106 de 1873 o Código Fiscal en el que se reservaron para la Unión las islas y las costas, “a menos que los particulares que alegaran propiedad privada sobre ellas adujeran título traslaticio de dominio antecedente a la promulgación de ese Código”.
El Código Civil de la Unión expedido en 1873, continuó el juez de segunda instancia, determinó que las tierras con títulos de propiedad a favor de particulares anteriores a su promulgación, no estarían dentro de las reservadas al patrimonio nacional, reglamentación que no varió cuando se adoptó como Código Civil de la República dicho cuerpo normativo en 1887, es decir, que el particular que pretendiera demostrar que una isla nunca fue propiedad de la Nación, tendría que aportar la titulación privada anterior a 1873, para así acreditar que esa porción territorial salió del patrimonio nacional antes de esa fecha.
Consideró el Tribunal que en 1912 se expidió el nuevo Código Fiscal que reformó el de 1873, pero conservó una situación similar a la existente, dado que únicamente el particular que probara una tradición de dominio sobre las playas o islas anterior a 1873, podría desvirtuar la presunción de dominio existente en favor del Estado, «permitiéndose además, como lo dice la norma, esgrimir títulos originarios».
El juzgador de segundo grado afirmó que la Ley 200 de 1936 estableció la presunción de baldíos para los predios rústicos que «no vienen siendo explotados y poseídos por particulares (cual acontece en el asunto materia de este proceso)», presunción legal que puede desvirtuarse con la exhibición del título originario expedido por el Estado y que no haya perdido su eficacia legal, o con títulos inscritos otorgados antes de la expedición de dicha ley, en los que consten tradiciones de dominio que comprendan un lapso no menor al término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria, pero que esto último no es «aplicable respecto de terrenos que no sean adjudicables, estén reservados, o destinados para cualquier servicio o uso público”.
Concluyó el Tribunal que los títulos de propiedad esgrimidos por los demandantes, aunque debidamente registrados, no pueden oponerse al Estado para acreditar que los inmuebles reclamados fueron de propiedad exclusiva de sus causantes (alegando por ejemplo que salieron del patrimonio nacional antes de la vigencia de la Ley 106 de 1873), dado que, ni en la demanda, ni en la intervención litisconsorcial se plantearon hechos relativos a la tradición anteriores a 1880, fecha de la última escritura aportada, en la que no se indica la forma como adquirieron los vendedores la heredad. Acotó que los títulos aportados «tampoco alcanzan eficacia frente al Estado a la luz de la Ley 200 de 1936», dado que la posibilidad en ella señalada no puede aplicarse respecto de terrenos que estén destinados para cualquier servicio o uso público, como «ocurre en este caso».
Luego, el Tribunal estudió la naturaleza de las zonas francas, industriales y comerciales, que es la propia del establecimiento público, pues tienen a su cargo un servicio público. Por lo tanto, los terrenos indispensables para el establecimiento de esa actividad son de utilidad pública; estimó que su patrimonio está compuesto por los derechos de propiedad o usufructo sobre las tierras que la Nación le ceda o entregue con fundamento en la ley, razón que tuvo el Gobierno Nacional para ordenar, mediante el Decreto 502 de 15 de marzo de 1976, que una porción de los terrenos de la Isla de Manga, que corresponden a los hoy reclamados por los demandantes, formaran parte integrante de la Zona Franca Industrial y Comercial de Cartagena, los que, con apoyo en la concesión otorgada por la DIMAR, fueron rellenados a fin de levantar el complejo industrial y comercial, como se estableció en el proceso por la inspección judicial practicada y los dictámenes periciales rendidos. Según el ad quem el decreto antes citado se encuentra vigente, pues no se sabe que haya sido anulado o suspendido para desvirtuar la presunción de legalidad que lo acompaña, por lo que no puede aplicarse, con respecto a dicha norma, la excepción de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 4º de la Carta Política de 1991, como hizo erradamente el a quo.
Asimismo, la Ley 160 de 1994, derogatoria de la Ley 135 de 1961, estableció algo similar a lo señalado en la Ley 200 de 1936 referente a que no opera la titulación mínima de 20 años si se trata de terrenos no adjudicables o que estén reservados o destinados para cualquier servicio o uso público y aclaró que ante esa realidad, dado el destino público que tiene actualmente el terreno, podría recurrirse al artículo 4º de la Ley 200 de 1936, pero en ese caso los títulos traslaticios de dominio tendrían que remontarse hasta antes del 11 de octubre de 1821, cuando se expidió la Ley Agraria del Libertador, lo que incrementa las razones del fracaso de las pretensiones, argumentos que apoyó en cita de un fallo de esta Corporación del año 1939, referente a la prueba de la propiedad territorial mediante el título originario o los títulos traslaticios anteriores a 1821.
Concluyó el Tribunal que los títulos aducidos por los demandantes «al no ser originarios ni expedidos por el Estado (verbigracia adjudicación), ni alcanzar el lapso de tradición de la propiedad de que trata la legislación aplicable, no son oponibles a ese Estado, concretizado para este asunto en el Municipio de Cartagena, resultando, en consecuencia, que la presunción legal de pertenencia del inmueble a la esfera estatal no ha resultado desvirtuada; atendiéndose que la prueba documental solemne no puede ser reemplazada por otros medios, verbigracia la confesión ficta del alcalde municipal (hoy distrital)» (Resaltado original), todo lo cual le llevó a revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar desestimar las pretensiones, mediante la sentencia que hoy es objeto del recurso de casación que decide la Corte.
LAS DEMANDAS DE CASACIÓN
Los demandantes en los dos procesos acumulados presentaron sendas demandas de casación.
La primera, formulada por Jaime, Alberto, Reinaldo Enrique, Mireya, Gabriel Leopoldo, Roberto Antonio y Claudia Patricia Borda Martelo; Doris, Augusto Bartolomé, Leticia Eugenia, Fernando Arturo y Ernesto Carlos Martelo Martínez; Rodolfo Martelo Jiménez (sustituido por sus herederos Javier Gonzalo y Rodolfo León Martelo Jiménez) y Josefina De la Espriella De Gómez Naar, contiene dos cargos, ambos con fundamento en la causal 1ª del artículo 368 del C. de P.C.
La segunda demanda presentada por el apoderado de Ramón, Yolanda, Javier, Luis Carlos y Gloria Isabel Paz Delgado; José Antonio, Lucia Rosa y María del Rosario Martelo Martínez; Dionisio, Cecilia y Jorge Vélez Martelo, formula cuatro cargos, todos con fundamento en la causal 1ª de casación, los que se estudiarán en el orden propuesto, salvo las acusaciones correspondientes al segundo cargo de ambas demandas, que se despacharán en forma simultánea por ser comunes los argumentos que sirven de fundamento a su resolución.
DEMANDA PRESENTADA POR LOS HEREDEROS DE ANITA MARTELO DE BORDA, ERNESTO CARLOS MARTELO JIMÉNEZ Y RODOLFO MARTELO JIMÉNEZ, Y JOSEFINA DE LA ESPRIELLA DE GÓMEZ NAAR
PRIMER CARGO
Se acusa la sentencia por violación directa de normas de derecho sustancial, como consecuencia de la falta de aplicación del artículo 7º de la Ley 200 de 1936; 762 inciso segundo, 946, 948, 949 y 950 del C.C. y 2º de la Ley 137 de 1959; y por aplicación indebida de los artículos 2º, 3º, inciso segundo, y 4º, inciso segundo, literal c) de la Ley 200 de 1936; 6º de la Ley 160 de 1873, 45 de la Ley 110 de 1912 y 48 de la Ley 160 de 1994.
El recurrente censuró al Tribunal, porque en el camino de juzgar la acreditación del «dominio pleno y exclusivo» sobre el bien, aplicó los artículos «2º, 3º inciso segundo, y 4º de la Ley 200 de 1936 y la Ley 106 de 1873, sin citar el artículo de esta ley que aplicó», e impuso como requisito para la prosperidad de la acción la exhibición de los «títulos de propiedad anteriores a la promulgación del Código Fiscal de 1873, para demostrar que el bien salió del patrimonio del Estado antes de esa fecha», por presumirlo legalmente baldío, cuando tales normas fueron «establecidas para desvirtuar la presunción de dominio a favor del Estado en el caso de predios rurales» (subrayas originales) y el bien objeto del litigio es un «inmueble urbano», como lo reconoció el propio Tribunal cuando dio «pleno valor a la cesión que, de los baldíos urbanos, hace la Nación al Municipio mediante la ley 137 de 1959, era imperativo aplicar el artículo 7º de la ley 200», y no los artículos 2º, 3º y 4º ibídem por expreso mandato legal.
El cargo realizó una aproximación sobre las normas expedidas desde la República, para perfilar el régimen de los baldíos urbanos y la forma de probar su propiedad frente al Estado, e incluyó en tal propósito la sentencia de 1º de diciembre de 1939, de la Sala de Negocios Generales de la Corte, en la que, según el censor, esta Corporación declaró que esos registros inmobiliarios no se conservaron y posiblemente la disposición legal que los ordenó se quedó en el papel por las dificultades de orden fiscal que atravesaba la República en el momento de expedición de la ley 11 de octubre de 1821.
El recurrente expuso que la Ley de 8 de abril de 1824, ordenó la venta de todos los terrenos de propiedad del Estado, incluidas las islas y terrenos de bajamar, con el objetivo de financiar la guerra, al decir del censor, los baldíos se convirtieron en bienes que podían «ser utilizados y aprovechados por los particulares», situación que no cambió ante la expedición de la «ley 160 (sic) de 1873 o Código Fiscal», el Código Civil, la Constitución Nacional de 1886, las Leyes 57 de 1887, 110 de 1912 y 200 de 1936.
Agregó: «el inmueble que se pretende reivindicar tiene el carácter de urbano, como bien lo acepta la sentencia al darle pleno valor a la cesión que, de los baldíos urbanos, hace la Nación al Municipio mediante la ley 137 de 1959, era imperativo aplicar el artículo 7º de la ley 200, y no, por expresa disposición de éste, los artículos 2º, 3º, y 4 ibídem, como indebidamente lo hizo el sentenciador, lo que lo llevó a concluir de la manera como lo hizo» (resaltado original del cargo).
Después de reseñar la tradición del inmueble, reiteró el recurrente que los títulos de los demandantes no son injustos, ni nulos, ni falsificados, sino que están avalados por sentencias judiciales, elevadas a escrituras públicas que han sido debidamente registradas en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, el cual se encuentra vigente, títulos que tienen pleno mérito probatorio contra todos, según lo establecido en el artículo 43 del Decreto 1250 de 1970 y 7º de la Ley 200 de 1936. Fue en tal virtud, dice el casacionista, que los actores impetraron la acción reivindicatoria en contra del Municipio de Cartagena como poseedor del inmueble, a fin de que fuera condenado a restituir el predio. Para este propósito únicamente era necesario aportar los títulos inscritos otorgados con anterioridad a la Ley 200 de 1936, en los que constaran tradiciones del dominio por un lapso no inferior al señalado en la ley para la prescripción extraordinaria, requisito cumplido en exceso, por cuanto obran en el proceso títulos que acreditan la tradición desde 1880.
Señaló que el inmueble está destinado a un servicio público, lo que hace imposible la restitución deprecada, pero como el artículo 955 del C.C. consagra la acción reivindicatoria ficta o por equivalencia, ha dicho la Corte, tal sustituto del reintegro puede ser aplicado de manera analógica en casos como el presente.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
El cargo que formuló el recurrente atañe a la presunta confusión del Tribunal acerca de la naturaleza del inmueble cuya reivindicación se solicitó, y parte de la base de que las normas denunciadas como indebidamente aplicadas, lo fueron porque aquel con desacierto atribuyó la condición de rural al bien, cuando en realidad es urbano.
Por su parte la sentencia impugnada adoptó como premisa central que la totalidad del lote disputado correspondía a los denominados terrenos de bajamar, para lo cual tomó como soporte el indiscutido dictamen pericial (folios 3 a 87 del cuaderno de pruebas de oficio) practicado por expertos navales en oceanografía física designados durante el trámite del proceso. Y aunque luego haya desviado la línea argumental hacia otros aspectos, como que el inmueble hacía parte de una isla, que como baldío reservado era propiedad de la Nación, o la destinación ulterior del predio a un servicio público, como lo son las zonas francas, es lo cierto que sentado el fundamento capital, el desarrollo de la providencia recurrida llegó a la conclusión de que los títulos allegados resultaban insuficientes para disputarle al Estado la propiedad del terreno, con lo cual fracasaron las pretensiones de los demandantes.
Es irrebatible entonces que el compromiso del Tribunal respecto a que los terrenos son de bajamar excluye radicalmente la aplicación de la Ley 200 de 1936 al caso litigado y hace por lo mismo innecesaria una consideración alrededor de la naturaleza del predio objeto del proceso, especialmente en lo que atañe a la dicotomía sobre su carácter rural o urbano, porque ninguna conclusión a la que se llegara al respecto tendría la virtud para enfrentar la sentencia con probabilidad de causar su ruptura. Es claro que para el momento en que inició el proceso los terrenos hacían parte de la ciudad de Cartagena, luego son urbanos, pero que lo sean no excluye esa otra característica esencial para el Tribunal según la cual son los litigados terrenos de bajamar, los que ubicados dentro de los límites de las poblaciones o fuera de ellas lo verdaderamente fundamental es la condición anotada.
De lo anterior corusca que la discusión acerca de la naturaleza rural o urbana del predio respecto del cual se demandó la reivindicación resulta inane, si es que de por medio está ese concepto capital de la sentencia recurrida, según el cual -se insiste- el lote que pretenden los demandantes, corresponde a la categoría de terreno de bajamar con abstracción de cualquier otro calificativo que pudiere dársele, pues sin más, por ese solo carácter, pertenecen a la Nación por ser bien de uso público por naturaleza.
Además de lo anterior, observa la Corte que la referencia que hizo el Tribunal a la Ley 200 de 1936, es apenas un agregado del razonamiento basilar del juzgador de segundo grado, según el cual, «esos títulos de propiedad privada tampoco (subraya la Corte) alcanzan eficacia frente al Estado a la luz de la normas citadas de la Ley 200 de 1936, las cuales hablan de suficiencia de la prueba escrituraria, debidamente registrada, durante un término igual al establecido por las leyes para la operancia de la prescripción extraordinaria (20 años), porque como lo determina el inciso 2º del artículo 3º de la referida Ley, esa posibilidad ‘no es aplicable respecto de terrenos que no sean adjudicables, estén reservados, o destinados para cualquier servicio o uso público’, como acontece en el caso analizado…», (resaltados originales) para luego proseguir con el abanico de razones por las cuales las zonas francas industriales y comerciales, tienen la naturaleza jurídica de establecimiento público y son de utilidad pública, de donde llegó a otras dos conclusiones: la conformidad del Decreto 502 del 15 de marzo de 1976 con la Constitución, en contravía de lo expuesto por el a quo, y que los terrenos que pretenden los demandantes «fueron rellenados para el levantamiento del necesario complejo industrial y comercial, cual se estableció en estos autos con la inspección judicial y los dictámenes recayentes sobre el inmueble». La aplicación de la Ley 200 de 1936, en particular de los artículos 3º y 4º, llevó al Tribunal a declarar que «en este caso los títulos traslaticios de dominio, a la luz del literal c. de la norma, tendrían que remontarse a una fecha anterior a la del 11 de octubre de 1821 (Ley Agraria expedida por el Libertador Simón Bolívar) fracasando aún más lo pretendido por los actores» (subraya la Corte).
Entonces, el Tribunal concluyó que «los títulos aducidos por los demandantes, al no ser originarios ni expedidos por el Estado (verbigracia adjudicación), ni alcanzar el lapso de tradición de la propiedad privada de que trata la legislación aplicable, no son aplicables a ese Estado, concretizado (sic) para este asunto en el Municipio de Cartagena, resultando, en consecuencia, que la presunción legal de pertenencia del inmueble a la esfera estatal no ha resultado desvirtuada» (Resaltado original).
No obstante, y como consecuencia de la dispersión de los argumentos proferidos por el Tribunal, considera oportuno la Corte hacer una coda que pretende dejar en claro la situación del predio que constituyera la materia del presente litigio. A este propósito referirá algunas premisas que hacen de los terrenos de bajamar bienes de uso público, extraídos por tanto del tráfico comercial, y por fuera de posibilidades de ser apropiados por los particulares.
Los terrenos de bajamar son aquellas porciones de tierra cubierta cuando hay pleamar y que quedan descubiertas cuando la marea baja1 son bienes de uso público y por tanto los particulares no pueden alegar triunfalmente dominio sobre ellos, porque su naturaleza misma lo impide, como ha sido constante en las legislaciones extranjeras y nacionales, pasadas y presentes, incluida nuestra tradición desde antes de la República. En Colombia, son además bienes imprescriptibles como lo señala el artículo 2519 del Código Civil y ocasión tuvo de reafirmarlo esta Sala en oportunidad próxima pasada.2
Sobre la naturaleza y régimen de los bienes de uso público se pronunció esta Corporación3, que tras reconocer las varias teorías que al respecto se han concebido, advirtió que la más generalizada subordina jurídicamente esos bienes a «la potestad del Estado o de otras entidades públicas como son entre nosotros, los departamentos y los municipios. Empero esta vinculación no se asimila al dominio civil, sino que se mira como un nexo, entre lo público y lo privado, con características propias, que somete los bienes en cuestión a la titularidad del Estado, pero que, más que prerrogativas o facultades de aprovechamiento de los mismos, le impone a éste funciones de custodia, defensa y administración. Tal es, en líneas generales, el sentido de las expresiones ‘dominio eminente’ y ‘dominio sui generis’ empleados para designar esta figura jurídica y distinguirla de la propiedad civil o común». En cuanto atañe a las diferencias entre la propiedad ejercida por Estado sobre los bienes de uso público y la que ostentan los particulares frente a los propios, dijo esta Corporación «sostienen distinguidos expositores de derecho que en los bienes de dominio público no tiene el Estado lo que propiamente se llama propiedad, ya que analizados los elementos de que esta se compone, se encuentra, el usus no es del Estado los que, pertenece a todos lo habitantes del país; el fructus no existe, en tesis general, y el abusus tampoco existe en relación con tales bienes por su condición de inalienables, vale decir, sustraídos del comercio, no susceptibles de propiedad privada. En esos bienes, observa Demófilo del Buen, el Estado no tiene, hablando con propiedad, sino un derecho de administración o gestión en unos casos, y en otros una función de policía para que no se entorpezca y se coordine el uso común: en todo caso el dominio del Estado sobre los bienes de uso público, es un dominio sui géneris».4
Entonces, el debate planteado en el cargo sobre si el predio es rural o urbano es realmente intrascendente, pues el argumento arrasador de que esas tierras no son susceptibles de apropiación privada, acaba con toda controversia al respecto. De otro lado, el hecho de que el predio hoy sea parte de una ciudad, no excluye la evidencia incontestable de que en realidad se trata de un ‘predio’ antes intermitentemente sumergido en el mar, que sólo existe como terreno estable por la mano del hombre.
Así las cosas, los señalamientos del cargo devienen estériles porque ninguna trascendencia pudo tener el carácter rural o urbano del inmueble pretendido, ni la ley 200 de 1936 está llamada a dirimir la contienda, por tratarse de terrenos de bajamar, lo que impedía que cualquier título, incluidos aquellos a que dice relación la norma citada como originarios con total eficacia legal o reflejaran tradiciones superiores al término de prescripción, pudiera invocarse en contra el dominio del Estado sobre tales porciones de la zona adyacente al mar.
Por lo dicho, el cargo fracasa.
SEGUNDO CARGO DE AMBAS DEMANDAS
Segundo Cargo de la demanda presentada por los herederos de Anita Martelo de Borda, Ernesto Carlos Martelo Jiménez y Rodolfo Martelo Jiménez, y Josefina De la Espriella de Gómez Naar
Acusó la recurrente la sentencia por violación indirecta de la ley sustancial a consecuencia de la indebida aplicación de los artículos 3º inciso segundo y 4º inciso segundo literal c) de la Ley 200 de 1936, y de la falta de aplicación de los artículos 7º de la Ley 200 de 1936, 2º de la Ley 137 de 1959 y 762, 766, 946, 950 y 952 del C.C., por error de derecho en la apreciación de los títulos de propiedad aportados por los demandantes, y por violación medio de los artículos 174, 179, 180, 251, 252, 253 y 254 del C. de P.C.
Manifestó la casacionista que teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 762 del C.C., 3º de la Ley 137 de 1959 y 7º de la Ley 200 de 1936, así como la sentencia de la Corte de 13 de marzo de 1939, incurrió el Tribunal en el error señalado por no apreciar las escrituras públicas números 22 de 24 de enero de 1880 de la Notaría Pública Principal de Cartagena, 5ª del 9 de enero de 1904 de la Notaría 1ª Principal de Cartagena, 647 del 2 de septiembre de 1915 de la Notaría 1ª de Cartagena, 859 del 14 de junio de 1976 de la Notaría 1ª de Cartagena, 859 del 14 de junio de 1977 de la Notaría 2ª de Cartagena, como títulos suficientes de dominio de los demandantes, cuando según las normas citadas, a quien alega el dominio de un predio urbano reputado como baldío y cedido a un municipio en virtud de la Ley 137 de 1959, le basta presentar títulos anteriores a 1916 que no sean contrarrestados por otros que demuestren mejor derecho del municipio, puesto que la presunción de dominio establecida en el artículo 762 del C.C., en armonía con el 3º de dicha ley, desaparece frente a un título de propiedad anterior que la desvirtúe, según el artículo 7º de la citada Ley 200 de 1936.
La censura reiteró que el ad quem, violó de manera indirecta los artículos enunciados, e incurrió en evidente error de derecho, porque si los demandantes presentaron títulos de propiedad que se remontan hasta 1880, no tenía por qué exigir los anteriores a ese año, dado que el municipio de Cartagena, con excepción de la presunción de dominio en la que ampara su posesión (Ley 137 de 1959) no presentó ningún título que demostrara igual o mejor derecho, único caso en el que sería procedente analizar los títulos de una y otra parte a fin de constatar cuáles tenían preferencia.
Añadió que por este mismo motivo, los demandantes no estaban obligados a presentar títulos anteriores a 1873, antecedentes de la propiedad de Ramón Benedetti y Juana de Dios Egues de Benedetti, a pesar de lo cual el Tribunal consideró como insuficientes las credenciales de propiedad allegadas al proceso, con lo cual incurrió en la equivocación de derecho señalada.
Segundo cargo de la demanda presentada por José Antonio, Lucía Rosa y María del Rosario Martelo Martínez; Ramón, Yolanda, Javier, Luis Carlos y Gloria Isabel Paz Delgado; Dionisio, Cecilia y Jorge Vélez Martelo.
El censor acusó la sentencia por violación indirecta de la ley sustancial a consecuencia del error de derecho en que incurrió el Tribunal en la apreciación de la prueba documental allegada para justificar la propiedad de los demandantes, en cuanto la estimó incompleta por falta del título originario o de uno inscrito con anterioridad al 26 de mayo de 1873 y sin fuerza frente al Estado para desvirtuar la presunción de baldíos de los terrenos en disputa, y por ende del dominio de la Nación. Las normas violadas son: por aplicación indebida, los artículos 13 y 14 de la Ley 11 de 1821; 44 y 45 del Código Fiscal (Ley 110 de 1912) y de los correspondientes de la Ley 106 de 1873; 675 y 684 del C.C. de 1887 y de los correspondientes del C.C. de la Unión de 1873; 1º de la Ley 57 de 1887; 2º, 3º inc. 2º de la Ley 200 de 1936; 1º y 7º de la Ley 137 de 1959; 48 de la Ley 160 de 1994; Ley 47 de 1981 y Decreto 502 de 1976, en cuanto por estas se determinó la naturaleza jurídica de las zonas francas industriales y comerciales del país. Por falta de aplicación de los artículos 3º inc. 1º in fine, Inc. 1º y 2º literales b. y c. del artículo 4º de la Ley 200 de 1936; 2º, 3º in fine, 4º, 5º, 7º de la Ley 137 de 1959; 669, 673, 740, 742, 743, 745, 762, 765, 946, 947, 949, 950, 952, 961, 962, 963, 964, 966, 1008 incisos primero y segundo, 1010, 1012, 1013, 1849 y 1857 del C.C., en cuanto denegó la acción reivindicatoria.
El casacionista reprochó al Tribunal por haber considerado que los títulos allegados carecían de la fuerza suficiente para acreditar el derecho de propiedad invocado por los demandantes y por exigir la que denominó «prueba diabólica» u originaria del dominio. Precisó que con ese razonamiento el ad quem incurrió en error de derecho al requerir una prueba que la ley no exige, sino que por el contrario, rechaza.
En criterio del censor, el Tribunal desconoció una titulación que se remonta hasta 1880, la que de acuerdo con la Ley 200 de 1936, es prueba suficiente de la propiedad particular porque son títulos inscritos otorgados entre particulares antes de la vigencia de dicha ley, con una antelación superior a veinte años, como lo señaló esta Corporación en sentencia de 10 de mayo de 1939; según el casacionista, aquella ley nunca exigió la prueba diabólica del dominio y si la reivindicación se intenta frente a un colono, sí debe acreditarse una titulación que anteceda a 1821, pero en los demás casos, para destruir la presunción de propiedad a favor del Estado, los títulos presentados, necesarios para acreditar que un terreno no es baldío, deben comprender un período apenas de veinte años, anteriores a la Ley 200 de 1936.
Alegó que la Corte también ha reconocido que la ley promulgada en octubre de 1821, a la cual se refiere el artículo 4º de la Ley 200 de 1936 en su literal c., se quedó apenas escrita porque las oficinas donde debía efectuarse el registro de las propiedades rurales, nunca fueron creadas, por lo que no es posible, dice, después de más de un siglo de expedida esa norma, hacer recaer la sanción de reincorporar al dominio de la República las tierras adquiridas por merced o composición, y menos las obtenidas por compras sucesivas u otros títulos, respecto de los cuales únicamente se disponía que el registro se haría por el gobierno a expensas de los propietarios.
Señaló el recurrente que también ha dicho la Corte que el título originario no es solamente el documento que consagra la merced, venta, composición o adjudicación de las tierras, sino el hecho jurídico que conforme a las legislaciones Española o Colombiana, origina el dominio privado de las tierras realengas y baldías.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Como se desprende de la descripción de los cargos, estas censuras comparten el mismo cuestionamiento a la sentencia impugnada, consistente en que el Tribunal no tuvo en cuenta los títulos allegados y exigió otros de mayor antigüedad, para comprobar el elemento propiedad como supuesto de la acción reivindicatoria.
La controversia, como se dejó sentado a propósito del primer cargo, gira en torno a la invocación de títulos particulares sobre bienes que corresponden a terrenos de bajamar y de su idoneidad para disputarle con éxito el dominio de tales predios al Estado, que ostenta esa forma sui generis de propiedad que se dejó establecida en el despacho precedente.
En efecto, el dilema que exige ser resuelto para decidir la denuncia elevada contra la sentencia del Tribunal, podría ser del siguiente talante: ¿pueden existir títulos con los cuales los particulares disputen exitosamente la propiedad del Estado sobre terrenos de bajamar? y la respuesta a este interrogante es negativa, porque en línea de principio rector, ninguna posibilidad de apropiación privada es posible entratándose de las zonas adyacentes al lecho marino, por más antiguos que sean los títulos invocados.
Con el fin de demostrar la anterior conclusión, corresponde a la Corte hacer una digresión sobre la propiedad de los terrenos originalmente conquistados por la Corona española, pero que fueron dejados deliberadamente excluidos de propiedad particular por ser de uso público, para distanciarlos de los denominados bienes de realengo, que posteriormente fueron los baldíos de la República.
Como lo han recordado algunos fallos de la Corte, antes de 1873, momento en que se expidieron los códigos nacionales, estaba en vigencia la legislación española de conformidad con lo previsto por el artículo 188 de la Constitución Nacional promulgada el 6 de octubre de 1821. Según esa legislación, el señorío dominical de las tierras de Indias había pasado como secuela «natural» del descubrimiento a la Corona Española, que disponía de ellas y hacía merced libremente, salvo la reserva de aquello que «pareciere necesario para plazas, ejidos, propios, pastos y baldíos de los lugares y concejos que están poblados, así por lo que toca al estado preferente en que se hallan, como al porvenir, y al aumento que puedan tener» (Recopilación de Indias, Libro 4º título 12)5. Tal regulación enumera porciones de territorio que se consideraran importantes para el uso público, coherente con el reconocimiento de que aún antes de cualquier norma que lo disponga, la naturaleza de ciertas zonas impone vedas a la propiedad particular.
Las normas españolas continuaron en vigencia aún bien entrada la República6, luego para esta época es claro que los bienes de uso público no eran susceptibles de apropiación particular, como sí lo podían ser los demás bienes que, se reitera, constituyeron los predios realengos y que llegada la República se denominaron baldíos, sobre los cuales, salvo los reservados, los particulares obtenían el derecho de dominio mediante distintas instituciones que conviene precisar, para dejar sentado cuáles fueron los bienes que resultaban adjudicables por la Corona a los particulares, así como las formas de adquirirlos, para diferenciarlos de los de uso público cuya condición rechazaba la propiedad particular.
Y para este propósito sirve preguntarse, como lo hizo en su oportunidad la Corte7 «¿cómo se concedían antes [en tiempos de la colonia] las tierras baldías? El Estado las otorgaba por merced, remate, venta, o por el sistema de composición. Los tres primeros eran métodos según los cuales el monarca español, por sí, o por medio de sus delegados, enajenaba directamente a los particulares las tierras de sus dominios. La composición consistía en que se exigía a los particulares que poseyeran tierras, la exhibición de los títulos en cuya virtud poseía; si un título era suficiente se confirmaba la posesión; si se estimaba insuficiente había que pagar un derecho de composición moderado, de acuerdo con el valor de la tierra, a fin de obtener la confirmación y evitar que la tierra se reincorporase al patrimonio fiscal. La composición, en último término era decidida por el propio Rey, quien después delegó esta facultad en los virreyes o presidentes de las audiencias de las respectivas colonias. Las tierras concedidas por los sistemas antedichos salían del patrimonio de la Corona e ingresaban al dominio privado de la persona beneficiada. La propiedad de tales tierras que no había sido objeto de tales enajenaciones constituían una regalía de la Corona, regalía que con la emancipación de las colonias españolas, heredaron naturalmente las nuevas nacionalidades» (Lo destacado es original).
A las mismas conclusiones se llega, si se analiza, como lo hizo la Corte8, la normatividad española al respecto, desde las capitulaciones que la Corona celebró con los descubridores, que comprendían privilegios dominicales de distinta naturaleza y grado, las Cédulas Reales, las Leyes de Recopilación de Indias, así como las denominadas Cédulas del Pardo y San Ildefonso, de donde puede inferirse que la tradición entre particulares no representaba necesariamente un reconocimiento de la propiedad frente a los bienes realengos, menos aún si estos últimos fueron reservados en su oportunidad para la nueva organización política.
Llegado el momento de la República, se expidió la Ley 11 de octubre de 1821, que consagró esencialmente tres aspectos importantes: abolió, en su artículo 3º, el método de composición que fue establecido por las Cédulas de El Pardo en 1591; restableció la venta de tierras baldías, que había suprimido la Cédula de San Ildefonso; determinó que en las ventas de tierra fueran preferidos quienes al expedirse la Ley de 1821 se hallaban en posesión de tierras baldías con casas y labranzas en ellas, pero sin título de propiedad, (artículo 4º); y ordenó que los poseedores de tierras baldías de tiempo inmemorial o a pretexto de una justa prescripción, debían concurrir a sacar sus títulos de propiedad (artículos 5º).9
La Ley 11 de 1821 se expidió para regular la enajenación de tierras baldías por parte del Estado10 y en ella se prevé que «podrán enajenarse en los sucesivo… las tierras baldías que no han sido concedidas a persona alguna», sobre la anterior previsión, dijo la Corte: «esta expresión pleonástica de la ley, corre pareja con la otra expresión impropia del artículo 5º, en cuanto en él se dice que las tierras respecto de las cuales no se sacaren los títulos de propiedad volverían al dominio de la República. Si eran baldías, y estas según la propia ley eran las no concedidas a persona alguna, es por demás notoria la impropiedad del texto, a la luz de la misma ley, cuando dice que algunas tierras baldías volvían a la República».11
En la misma providencia, en cuanto a los artículos 13 y 14 de la ley mencionada, conceptuó la Corte: «en fallo dictado por esta Sala el 25 de octubre de 1940 expresó su parecer de que los artículos 13 y 14 de la ley de 1821 no autorizan para deducir de ellos conclusión alguna tocante con la propiedad particular de las tierras, o más propiamente, que de esas disposiciones no puede inferirse que el legislador reconociese en razón de las mismas, la existencia de dominio privado sobre tierras baldías por parte de las personas a que esas normas aluden… el artículo 14 contiene dos partes principales: la una en que se determina qué ha de ocurrir con la tierras adquiridas por merced o composición cuando sus propietarios no hacen el registro; y la otra, en que se dispone lo que ocurre con la tierras adquiridas por compras sucesivas u otros títulos, si los propietarios no las registran. La primera parte del artículo es categórico al disponer que en la hipótesis que ella contempla las tierras se incorporan al dominio de la República. Es una medida de severidad que se ha explicado diciendo que allí se consignó por nuestros próceres y primeros legisladores un procedimiento dirigido a corregir los excesos de prodigalidad en el patrimonio común que venían cometiendo los dirigentes españoles en el tiempo inmediato al nacimiento de la República. La segunda parte del artículo no está inspirada en aquel criterio de represalia, porque ella no se refiere a dádivas o regalos de tierras hechas en mercedes y composiciones, sino a adquisiciones que tenían otro origen, a lo menos en el mismo tiempo próximo al nacimiento de la nueva nacionalidad.»
Como se vió, la Ley 11 de 1821 regulaba la enajenación de baldíos y ordenaba un registro de las tierras que aparecían en poder de los particulares. Los que registraban sus propiedades quedaban como titulares del derecho de dominio, a condición de que presentaran los documentos idóneos para así acreditarlo. La ley no previó la clasificación de los títulos, sino su simple registro, es claro que no hay base en ella para deducir que cuando sus textos mencionan a los propietarios, señalaron a personas que tenían un dominio perfecto, valedero en relación con otros y también frente al Estado, por tanto no implicaba, a juicio de la Corte12 «un reconocimiento por el Estado de la calidad de particulares o de dominio privado de las tierras que como tales se registraran… los artículos 13 y 14 de la ley de 1821 apenas se refieren a un empadronamiento de la propiedad rural para fines puramente estadísticos, sin consecuencia para la calificación del dominio privado» 13. Así lo entendieron, dedujo la Corte en la oportunidad citada con anterioridad, los legisladores del año 1821, como se establece del acta de la sesión del 29 de abril de esa anualidad, pues el registro no tenía otro objeto que el «empadronamiento de la propiedad rural», era, como lo dijeron aquellos legisladores, «para formar una estadística» 14.
Por consiguiente, concluyó la Corte, a pesar de que «se respetaron las titulaciones, y aún más, los derechos que según ellas tenían los particulares, mas esto se hizo con un fin inmediato y transitorio; no con el mediato, permanente y definitivo del reconocimiento del dominio privado… ese respeto a las titulaciones entonces existentes, en manera alguna significó el saneamiento automático y por obra de la misma ley, de los títulos de particulares que no fuesen válidos legalmente para acreditar su dominio frente al Estado. En cada caso y por las autoridades correspondientes, se decidiría acerca de la eficacia de un título para comprobar que una propiedad particular emanada de la Nación, por haberse ésta desprendido de ella, en virtud de uno de los medios reconocidos en la pertinente legislación».15
Entonces, las disposiciones de la Ley de 11 de octubre de 1821 no constituyen mandatos de saneamiento de la propiedad particular basada en títulos traslaticios de dominio anteriores a esa fecha, en especial, si estos se encontraban en tradiciones entre particulares como lo aseveró esta Corporación: «el examen que de la ley de 11 de octubre 1821, se ha hecho en sus disposiciones capitales, acredita que tal ley en sí misma considerada, ningún derecho de propiedad privada otorgó o reconoció sobre los baldíos ocupados por títulos de adquisición corridos solamente entre particulares».16
La Corte en sentencia del 25 de octubre de 194017, rectificó la tesis sostenida en providencia anterior18 en que afirmó que las tierras realengas con tradiciones particulares anteriores a 1821 podían considerarse como enajenadas por la República en virtud del literal “c” del artículo 4º de la Ley 200 de 1936. Manifestó además en esa corrección doctrinaria, que “ni la premisa ni la conclusión son aceptables después de una atenta consideración del ordenamiento del Congreso de Cúcuta y de fijar el alcance de la ley de tierras… De las disposiciones transcritas y de otras de la misma ley, salta a la vista que se quiso obligar a todos los propietarios y poseedores de tierras del Estado, sin ninguna excepción, a presentar ante las respectivas autoridades los títulos de propiedad con que estaban poseyendo. La Nación poníase así en capacidad de conocer y determinar cuáles eran las tierras de que se había desprendido. Las oficinas de agrimensura se crearon para empadronar todas las propiedades rurales de todos los colombianos y extranjeros residentes en la República. Los que no hicieran el empadronamiento quedaban sometidos a la pérdida de sus derechos… desgraciadamente parece que por falta de recursos las oficinas de agrimensura no pudieron organizarse, pues revisada toda la colección de leyes y decretos correspondientes a los subsiguientes años de la Gran Colombia, no existe ninguna disposición que vuelva a referirse a ellas. La ley, pues, no pudo tener cumplimiento en cuanto al registro. Por tanto, sobre los particulares tampoco pudo pesar la obligación de realizar lo que la ley ordenaba en esa materia. El sentido de la ley es de rigor contra todos los poseedores de tierras tituladas o no tituladas… Por consiguiente, parece notorio que el pensamiento que dominó en la redacción del artículo primero, (de la ley de 1821) fue el de comprender bajo el concepto de baldíos enajenables todas las tierras que se habían reputado como de la regalía de la Corona española, es decir, las que no habían sido materia de enajenaciones directas por venta, merced o composición, etc. o que habiéndolo sido, habían vuelto al dominio público, conforme a la legislación anterior… tales baldíos siguieron perteneciendo a la república…”.
En aquella oportunidad, también acotó la Corte que “…. la Ley 200 de 1936, en ninguna de sus expresiones alude siquiera a la mencionada ley de 1821, para pensarse que hace de ella una interpretación. Tampoco la hace la ley 200 en ninguno de sus ordenamientos, pues el aparte c) de su artículo 4º, al referirse a la ley de 1821, simplemente señala un modo para acreditar propiedad privada territorial, análogo a los de las letras a) y b), o sea el título originario y a otra prueba plena de haber salido el terreno del Estado. Se trata, en los tres casos, de documentos distintos que producen unos mismos efectos, para los fines previstos en la ley de tierras. Pero de la identidad de esos efectos no se deduce la igualdad de aquellos documentos, y que sean, por tanto, iguales el título originario del Estado y el título traslaticio entre particulares anterior a 1821. La ley dio determinados efectos a documentos diferentes, pero no igualó esos documentos. Tales documentos son los títulos anteriores a 1821 y los emanados del Estado; aptos unos y otros para demostrar que, en la hipótesis de la ley 200, las tierras con esos documentos se reputaban de propiedad particular, pero no se declara que esas tierras habían salido del Estado antes de 1821″.
Y respecto a los bienes de uso público, además de lo ya expresado, el siguiente recuento resulta suficiente para concluir, en principio, que ni en el pasado remoto, ni en el reciente, ni ahora, los bienes destinados a la condición citada, entre los cuales figuran los de bajamar, pueden ser tomados como de propiedad particular.
Como dijo la Corte,19 en esta materia no hace falta consagración legislativa para establecer la condición de los bienes de uso público, pues en el caso de los terrenos de bajamar o de la bajamar, lo son «por naturaleza, y, por lo mismo, casi que sobra que acto alguno lo ratifique, pues así emana de su especial condición de pertenecer a las playas del mar, al litoral o a las costas. Ese carácter común o de uso público de los terrenos de bajamar, por cierto, no es nuevo en la tradición jurídica, pues desde antiguo se ha venido decantando el reconocimiento de tan especial calidad.
Rememórase que en las ‘Instituciones’ de Justiniano díjose que conforme al derecho natural, dentro de las ‘cosas comunes a todos’ se halla ‘el mar y sus costas’ (Et quidem naturali jure comuni sunt omnium haec: … et mare et per hoc littora maris…; libro segundo, título I, numeral 3); ‘la costa del mar se extiende hasta donde alcanza el flujo del mar en el invierno’ (ibídem, numeral 3), y el uso del mar y sus costas ‘es público y de derecho de gentes’, ‘mas la propiedad de dichas costas puede decirse que no es de nadie’ (numeral 5). De parecida forma estaba consagrado en ‘las siete partidas’ del antiguo derecho español, pues entre ‘las cosas que comunalmente pertenescen a todas las criaturas’ se incluye ‘el mar et su ribera’, lo que se complementó con la siguiente previsión: ‘En la ribera de la mar todo home puede facer casa o cabaña a que se acoja cada que quisiere, et puede hi facer otro edificio qualquier de que se aproveche de manera que por él non se embargue el uso comunal de la gente… Et todo aquel logar es llamado ribera de la mar quanto se cubre del agua della quanto mas cresce en todo el año, quier en tiempo de invierno o de verano’. (partida tercera, título 28, leyes III y IV).
Como en el país rigió el derecho español durante la colonia, el tema no ha sido ajeno, y, antes bien, se ha reiterado luego de la independencia. Así, una de las fuentes más próximas al derecho colombiano está en el código civil de Andrés Bello, que también rige en Chile, cuyo artículo 589 incluye al ‘mar adyacente y sus playas’ como ‘bienes nacionales de uso público o bienes públicos’, y precisa en el 594 que ‘se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas’.
Y aunque las normas relacionadas con el mar y sus playas no fueron incluidas en el código civil de Colombia, acaso pudiera explicarse la omisión en que la materia ya era más propia del derecho público, o la circunstancia especial de que la ley 84 de 1873 lo adoptó para la Nación tomando como modelo el que regía en algunos de los extinguidos estados federales del país que no poseían territorio marítimo, en especial el de Santander. Posteriormente fue ratificado como estatuto civil nacional por la ley 57 de 1887. El código menciona las ‘playas’ en el artículo 679, y sin duda con el indicado carácter de uso público, como que prohíbe las construcciones en dichas zonas, salvo autorizaciones especiales.
Con todo, aquella conclusión en torno de los terrenos de la bajamar no se resiente en nada, porque desde la perspectiva natural ya indicada, así como la pertenencia del asunto al derecho público interno e internacional, cumple deducir que no es necesaria una consagración normativa especial para que dichas zonas se hubiesen tenido como bienes de uso público en otros tiempos, o se les considere del mismo talante en épocas contemporáneas. Varias reglas actuales así lo contemplan, verbi gratia, el artículo 5 de la ley 9 de 1989 que los incluye como parte del espacio público. A su turno, el decreto 2324 de 1984 define los ‘terrenos de bajamar’ como ‘los que se encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan descubiertos cuando ésta baja’ (art. 167, ordinal 4).»
Además de la legislación nacional mencionada, otras normas excluyeron los bienes de uso público de la apropiación particular y reafirmaron su carácter de dominio nacional, entre ellas vale destacar la Ley de 30 de marzo de 1843, que dispuso la posibilidad de vender tierras baldías con expresa proscripción de las afectas a un uso público, para lo cual estableció: «Las tierras baldías que a juicio del Poder Ejecutivo no sean necesarias para algún uso público, podrán enajenarse por dinero o por vales de la deuda exterior o de la deuda interior», luego los terrenos en general podían venderse a los particulares y ser legítimamente de estos, a condición de que no pertenecieran a la categoría de «bienes de uso público». Especial mención recibe la Ley de 23 de mayo de 1858, que dejó en vigencia las «ordenanzas generales de la Armada de 1793» en materia de puertos y astilleros, para lo cual autorizó al Ejecutivo con el fin de efectuar la adquisición por compra o expropiación de los predios necesarios para llevar a cabo obras de muelles, arsenales correspondientes a la isla de Taboga, de los cuales entendió que «siendo propiedad nacional la parte de terreno que baña el mar en sus más altas mareas, dicha parte no deberá tomarse en cuenta para la evaluación del área que se compre», con lo cual ratificó desde antaño, la condición de uso público de los bienes pertenecientes a la bajamar.
La Ley 15 de 1876 (19 de abril), artículo único, autorizó al «Poder Ejecutivo para que pueda conceder licencias para levantar edificios sobre la bajamar de todos los puntos de la costa; pero cuando las conceda exijirá de los solicitantes que los construyan den el mejor frente a la mar, i, si lo cree necesario, la fabricación de terraplenes». Asimismo, el Decreto 964 de 1901 (1º de agosto), por el cual se reformó el número 160 de 20 de febrero de 1894, que reglamentó la ley anteriormente citada, dispuso un sistema de concesión temporal sobre tales predios, y ratificó que los mismos pertenecían a la Nación, cuando en su artículo 8º determinó: «Al expirar los veinte años, por los cuales se concede el permiso, volverá el lote, con los edificios que contenga, al dominio pleno de la Nación conforme a lo dispuestos en el artículo 682 del Código Civil». Luego si durante el siglo diecinueve y principios del veinte, los particulares tuvieron algún derecho sobre terrenos de la bajamar, fueron de carácter eminentemente transitorio, lo que nuevamente excluye el derecho de propiedad de algún bien de uso público en cabeza de tales individuos.
También la jurisprudencia de esta Sala, en multitud de providencias, enseña que «los bienes de uso público del Estado son inalienables e imprescriptibles» (sent. cas. civ. de 22 de marzo de 1995, Exp. No. 4482) y se encuentran sometidos «a una singular, pero innegable, potestad estatal que excluye la propiedad privada sobre ellos, ya sea porque, como piensan algunos, tal poder configura un ‘dominio eminente’, traducido en meras facultades de policía administrativa que apenas le conceden a su titular las facultades de guarda y vigilancia, sin estructurar, en todo caso, un derecho de propiedad en sentido estricto, o ya, como piensan otros, como un genuino derecho público de propiedad cuyo ejercicio puede diferir en varios aspectos del modo como los particulares despliegan su poder sobre los bienes, pero sin ser sustancialmente distintos» (sent. cas. civ. de 29 de julio de 1999, Exp. No. 5074, cfme. sentencias de 30 de enero de 1900, G.J. T. XV, 22; 15 de abril de 1926, G.J. T. XXXII, 262; 16 de septiembre de 1930, G.J. T. XXXVI, 319; 29 de septiembre de 1940 G.J. T. L, 253; 12 de noviembre de 1941, G.J. T. LII, 514; 5 de febrero de 1958, G.J. T. LXXXVII, 340; 28 de marzo de 1958, G.J. T. LXXXVII, 515; 28 de julio de 1987, T. CLXXXVIII, 2p, 83).
Viene como corolario de todo lo expuesto, que si en el presente proceso estuvo indiscutiblemente comprobado mediante experticia no controvertida, que el lote correspondía a terrenos de bajamar habilitados por la mano del hombre, los títulos de propiedad enarbolados por los demandantes, por antiguos que fueran, jamás tendrían la aptitud para disputar con éxito la propiedad del Estado sobre los terrenos cuya reivindicación se solicitó, como tinosamente declaró el Tribunal en la providencia censurada.
Todos los razonamientos expresados conducen al fracaso de los cargos estudiados.
DEMANDA PRESENTADA POR JOSÉ ANTONIO, LUCIA ROSA y MARÍA DEL ROSARIO MARTELO MARTÍNEZ; RAMÓN, YOLANDA, JAVIER, LUIS CARLOS y GLORIA ISABEL PAZ DELGADO; DIONISIO, CECILIA y JORGE VÉLEZ MARTELO.
Despachado conjuntamente el segundo cargo, corresponde ahora la atención al primero, tercero y cuarto de esta demanda.
PRIMER CARGO
Con fundamento en la causal 1ª de casación el recurrente acusa la sentencia de ser directamente violatoria de normas de derecho sustancial por aplicación indebida de los artículos 13 y 14 de la Ley 11 de 1821; 44 y 45 del Código Fiscal (Ley 110 de 1912) y de los correspondientes de la Ley 106 de 1873; 675 y 684 del C.C. de 1887 y del C.C. de la Unión de 1873; 1º de la Ley 57 de 1887; 2º, 3º inciso segundo de la Ley 200 de 1936; 1º y 7º de la Ley 137 de 1959; 48 de la Ley 160 de 1994; Ley 47 de 1981 y Decreto 502 de 1976, en cuanto por estos últimos se determinó la naturaleza jurídica de las zonas francas industriales y comerciales del país; y por falta de aplicación de los artículos 3º inc. 1º in fine, 4º incs. 1º y 2º literales b. y c. de la Ley 200 de 1936; 1º de la Ley 50 de 1936; 2º, 3º in fine, 4º, 5º, 7º de la Ley 137 de 1959; 669, 673, 740, 742, 743, 745, 762, 765, 946, 947, 949, 950, 952, 961, 962, 963, 964, 966, 1008 incisos 1º y 2º, 1010, 1012, 1013, 1849 y 1857 del C.C., en cuanto denegó la acción reivindicatoria.
El censor, después de exponer en qué consiste la aplicación indebida de una ley y las diversas formas como se deroga una norma, hizo un resumen de lo que ha sido la legislación colombiana en materia de baldíos, para lo cual comenzó por la Ley 11 de octubre de 1821, la que, como señaló esta Corporación en sentencias de 1º de diciembre de 1939 y 12 de abril de 1940, se quedó escrita por las dificultades fiscales que atravesaba la República. Señaló que, durante el régimen federalista se expidió en 1873, el Código Civil en cuyos artículos 675 y 684 se determinaron como bienes de la Unión los que carecían de otro dueño y se encontraban dentro de sus límites, pero respetando los derechos que sobre ríos, lagos e islas, hubiesen adquirido los particulares. A su vez el Código Fiscal, Ley 106 de 1873, si bien reservó para la Unión las islas y las costas, mantuvo la salvedad anotada para los particulares que adujeran título traslaticio de dominio antecedente a la promulgación de la citada ley.
Añadió el recurrente que los códigos Civil y Fiscal fueron sustituidos por el de 1886, el primero, y por la Ley 112 de 1912 el segundo, unificando la legislación positiva nacional, por disposición de la Ley 57 de 1887, es decir, que aquellas normas quedaron abolidas expresamente, como lo señala el artículo 2683 del Código Civil de 1886, por lo que no pueden aplicarse actualmente. Estas normas, a su vez, fueron derogadas en lo referente a la regulación de baldíos por la Ley 200 de 1936, disposición que contiene ostensibles diferencias con las leyes anteriores, por cuanto sentó una presunción negativa de baldíos y estableció que se puede desvirtuar tal presunción con la demostración de títulos inscritos, le otorgó efecto a la prescripción adquisitiva, que la legislación precedente le negaba, dio, tanto a la posesión inscrita, como a la material, eficacia para trasladar el dominio del Estado a los particulares, creó nuevos medios de prueba de la propiedad, otorgándole plena validez frente al Estado y a falta de un título originario expedido por éste, a la posesión inscrita precedente, estableció los procedimientos para la adjudicación de baldíos sin las restricciones que traía el Código Fiscal, y precisó los efectos y alcances de la decisión administrativa sobre el particular. Es decir, esta ley de tierras reglamentó totalmente la materia sobre baldíos y trajo disposiciones antagónicas con las anteriores, de donde es preciso concluir que el Código Fiscal de 1912 y las demás leyes que regulaban la materia de baldíos, promulgadas antes de 1937, perdieron eficacia jurídica y hoy no es posible aplicarlas para solucionar litigios surgidos con posterioridad, porque sencillamente están derogadas.
Finalizó el recurrente, con la conclusión de que esa indebida aplicación de las normas señaladas, trajo como consecuencia la inaplicación de otras que han debido hacerse actuar en la litis, como son el inciso 1º del artículo 3º de la Ley 200 de 1936 y el inciso 1º, literales b y c del artículo 4º de la misma norma. Estos errores del juzgador lo llevaron a desestimar las pretensiones de la demanda reivindicatoria incoada por los actores.
La inconformidad del casacionista consiste en que el Tribunal hizo regir en el caso presente disposiciones derogadas, lo cual no resulta cierto a ojos de la Corte, pues las normas citadas por la Corporación censurada corresponden a aquellas vigentes al momento en que se expidieron o formaron los actos jurídicos que intentaron combatir el dominio del Estado sobre el inmueble objeto del proceso.
Sin embargo, tampoco es cierto que los preceptos denunciados hayan sido el motivo del fracaso de las pretensiones, porque el juzgador de segunda instancia además de haber estudiado los títulos con fundamento en las normas que mencionó a lo largo de la sentencia, dedujo la derrota de aquellas pero como fruto de la condición de uso público que se adscribió al inmueble, luego ninguna disposición de las enunciadas en el cargo podría resultar vulnerada porque aquellas que por aplicación indebida se denuncian, atañen a la regulación sobre baldíos reservados y relegan la consideración que cabalmente constituye el fundamento del fallo: que el inmueble es y ha sido siempre de uso público y por lo tanto sin posibilidad de ser apropiado por los particulares, por más antiguos que sean los títulos que aquellos ostenten.
Luego el recuento legislativo que realizó el Tribunal sobre los terrenos baldíos reservados, sirvió al propósito de analizar las normas que fueron invocadas por las partes, pero con la claridad de que ninguna de ellas permitiría acreditar el requisito de dominio que el juzgador de segundo grado exigió para la prosperidad de la pretensión reivindicatoria. Además, si los títulos esgrimidos por los demandantes datan de 1880 y si el meridiano de la controversia está alrededor de saber si tales títulos son idóneos o no para encararlos con éxito al Estado, entonces las normas llamadas a ser aplicadas son las que gobernaban al momento de producirse tales hechos jurídicos -formación de los títulos- porque con ellas el juzgador trata de proveer sobre los antecedentes históricos de la disputa y no otras que vinieron después como sugiere el recurrente.
Desde los ordenamientos impuestos por los colonizadores, hasta los preceptos expedidos en el marco de la República, como son las Leyes de 11 de octubre de 1821, 106 de 1873, artículos 675 y 684 del Código Civil de 1873, 57 de 1887, 110 de 1912 y finalmente la Ley 200 de 1936, reflejan el trasunto legislativo que consideró la providencia impugnada, normas que si bien regularon el aspecto de la adquisición de los bienes baldíos reservados, según el Tribunal, finalmente este juzgó innecesaria su aplicación, en presencia de la categoría de bienes objeto de la pendencia, de uso público, circunstancia de donde vino realmente el fracaso de las pretensiones.
De otro lado, no puede admitirse, como planteó el recurrente, que la Ley 200 de 1936 tuvo como efecto borrar la existencia de toda la reglamentación sobre baldíos anterior a ella, como si el legislador de ese año hubiera empezado su laborío ex nihilo, pues la evolución legislativa no implica una ruptura con el pasado sino más bien una continuidad, que se remonta en materia de títulos, a la época de la colonia, como tuvo ocasión de afirmarlo la Corte en los pronunciamientos antes copiados. No es entonces la Ley 200 de 1936, ni el único, ni el primer referente a ser tenido en cuenta cuando del análisis de credenciales de dominio se trata, ni es cierto que la derogatoria de las leyes pretéritas impida juzgar frente a ellas el proceso de evolución de los títulos de propiedad. Otra cosa sería promulgar el irrespeto por las situaciones jurídicas que fueron reguladas y hasta decididas en virtud de una norma que para ese momento resultaba vigente y aplicable, pero que luego fue derogada, o sus supuestos fácticos regidos de manera diferente, pues esta nueva disposición no podría desconocer la situación creada con anterioridad a su vigencia.
En el presente caso, la brega se situó en saber si los títulos aportados por los demandantes eran aptos para demostrar la propiedad del inmueble pretendido; pues bien, para esos efectos el sentenciador de segundo grado, luego de identificar y caracterizar la naturaleza del inmueble, procedió a analizar los títulos a partir de las normas que gobernaban el desprendimiento del Estado sobre zonas adyacentes al mar, para concluir que los allegados no muestran una propiedad oponible frente al Estado. Este discurrir que denuncia el censor, a juicio de la Corte, aparece asistido de razón y por tanto el ataque está llamado al fracaso.
No estaría demás añadir que así la razón asistiera al recurrente en la forma de ver los efectos de la Ley 200 de 1936, y no es así, el desenlace sería igual, pues cuanto se predica de baldíos no es aplicable a terrenos de bajamar que, como ya se dijo tienen su propia reglamentación.
Fracasa así el cargo.
TERCER CARGO
El recurrente acusó la sentencia de segunda instancia por ser indirectamente violatoria de la ley sustancial a consecuencia de errores evidentes de hecho al pretermitir y no considerar en su fallo las pruebas que obran en el proceso, las que indican claramente que desde antes de 1880 el predio objeto de reivindicación venía siendo poseído por particulares y que por lo tanto no podía tenerse como baldío y en tal carácter, de propiedad de la Nación con fundamento en la Ley 137 de 1959 y el Decreto 502 de 1976. Las infracciones denunciadas son: por aplicación indebida, los artículos 13 y 14 de la Ley 11 de 1821; 44 y 45 del Código Fiscal (Ley 110 de 1912) y de los correspondientes de la Ley 106 de 1873; 675 y 684 del C.C. de 1887 y de los correspondientes del C.C. de la Unión de 1873; 1º de la Ley 57 de 1887; 2º, 3º inciso segundo de la Ley 200 de 1936; 1º y 7º de la Ley 137 de 1959; 48 de la Ley 160 de 1994; Ley 47 de 1981 y Decreto 502 de 1976, en cuanto por estas se determinó la naturaleza jurídica de las zonas francas industriales y comerciales del país. Por falta de aplicación de los artículos 3º inciso primero in fine, 4º incisos 1º y 2º literales b. y c. de la Ley 200 de 1936; 1º de la Ley 50 de 1936; 2º, 3º in fine, 4º, 5º, 7º de la Ley 137 de 1959; 669, 673, 740, 742, 743, 745, 762, 765, 946, 947, 949, 950, 952, 961, 962, 963, 964, 966, 1008 incisos 1º y 2º, 1010, 1012, 1013, 1849 y 1857 del C.C., en cuanto denegó la acción reivindicatoria.
Consideró el censor que la Ley 200 de 1936 en su artículo 1º consagró una presunción negativa en cuanto previó que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares, posesión que consiste en la explotación económica del suelo por hechos positivos propios de dueño, como lo ha entendido y sostenido esta Corporación en varias providencias, pues el artículo 1º citado reformó la presunción tradicional de dominio establecida por los artículos 675 del C.C. y 44 del C.F., y facilitó al actor la obtención de la sentencia declarativa en su favor, con la única exigencia de demostrar posesión en los términos de ley, correspondiéndole al Estado acreditar, a fin de enervar los efectos de la acción petitoria, que el bien no había salido nunca de su patrimonio, porque sobre él recaería la carga de la prueba en contrario.
El error de hecho denunciado consistió en la falta de apreciación de las escrituras y otros documentos allegados, lo que condujo al Tribunal a resolver adversamente las súplicas de la demanda, pues concluyó que los demandantes no demostraron la propiedad sobre el bien materia del litigio, no obstante haber presentado títulos que se remontan a 1880.
Manifestó el recurrente que si bien el Tribunal mencionó la escritura pública No. 22 de 24 de enero de 1880 de la Notaría Pública Principal de Cartagena, en la que se protocolizó la diligencia de remate de los terrenos de la Isla de Manga por parte de Federico Romero, no observó que los anteriores propietarios de ese inmueble, Ramón Benedetti y Juana de Benedetti, demandados en el proceso ejecutivo en que se llevó a cabo la subasta de los bienes, eran poseedores materiales, por lo que no se le puede atribuir la presunción legal de ser baldío, dado que esos terrenos salieron del patrimonio del Estado desde antes de esa época.
Agregó que el sentenciador de segundo grado tampoco consideró en su sentencia, las escrituras números 112 de 23 de abril de 1888 y 257 de 24 de septiembre de 1888 de la misma Notaría, en la que se protocolizaron los trámites correspondientes a las diligencias de apertura, publicación y posterior adjudicación de los bienes que en vida correspondían a Federico Romero, hasta poner en posesión de sus bienes a la única y universal heredera, Anna Grave de Romero.
Expuso el recurrente que el sentenciador de segunda instancia tampoco advirtió que en la escritura pública No. 05 de 9 de enero de 1904 de la Notaría 1ª de Cartagena, Anna Grave, antes de Romero, después de Gómez Cásseres, y su segundo esposo, Manuel Gómez Cásseres, vendieron a Dionisio Jiménez la isla denominada Manga de 90.000 cabullas de extensión, que corresponde al terreno otrora adquirido por Federico Romero, y que en su contexto se expresa que los tradentes estaban en posesión material de ese fundo, del que hicieron entrega real y efectiva al comprador, quien manifestó a su vez recibirlo a satisfacción, lo cual lleva a creer que desde tiempo atrás, los terrenos estaban siendo poseídos por particulares.
Igualmente el Tribunal, en criterio del casacionista, tampoco vio que en la escritura pública No. 647 del 20 de septiembre de 1915 de la misma Notaría 1ª, mediante la cual se protocolizó el juicio de sucesión de Dionisio Jiménez, se inventarió y adjudicó a sus sucesores, en cuotas definidas, el inmueble comprado en 1904 a los cónyuges Gómez Cásseres, sobre el que había detentado desde entonces la posesión; igualmente no apreció que los causahabientes de aquél, posteriormente lo transmitieron mortis causa, como lo indican las escrituras 687 de 29 de septiembre de 1942, 1309 de 30 de agosto de 1968 y 859 de 14 de junio de 1977.
Otro error de hecho en que incurrió el ad quem, según el inconforme, consistió en que no observó el certificado del Registrador de Cartagena, folio de matrícula inmobiliaria número 060-0005635, expedido el 18 de enero de 1995, en el que se alude al remate efectuado por Federico Romero, la compraventa entre Anna Grave de Romero y Dionisio Jiménez, la sucesión de éste y la de sus sucesores en el dominio.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De entrada debe advertirse que el fundamento de la sentencia no se halla tanto en la ausencia de posesión de los demandantes, sino en la falta de idoneidad de sus títulos para enfrentar la propiedad del Estado sobre los terrenos cuya reivindicación se solicitó. El asunto referente a la posesión resulta por lo menos accesorio, pues aún si en gracia de discusión se admitiera que los demandantes acreditaron con las pruebas documentales que sus causantes ostentaban la posesión, esto nada les valdría ante la ausencia de títulos con aptitud frente al Estado, de donde vino el fracaso de las pretensiones, por tratarse el predio en disputa, de uno que forma parte de los bienes de uso público, cuyo naturaleza y régimen jurídico imposibilita su adquisición por los particulares, como se expresó en su oportunidad.
Entonces la posesión de los demandantes no fue el elemento que echó de menos el Tribunal, como sí los títulos con capacidad para disputarle auspiciosamente la propiedad de este tipo de bienes al Estado. Además, decir que por los errores en la apreciación de los documentos que daban cuenta de la posesión referida, el juzgador resolvió negativamente la reivindicación, no consulta el verdadero sentido del fallo, porque si de lo que se trata es de demostrar que la posesión para esa época hacía desvirtuar la condición de baldío del predio, cuando su verdadera naturaleza era la de ser de uso público, se estaría emplazando al ad quem a tener en cuenta una coyuntura legislativa que no gobernaba esos acontecimientos.
De la misma recensión de la sentencia de segundo grado se deduce que la relación material de los demandantes con el predio no marcaba el norte de la decisión, porque dentro de los elementos reconocidos por el juzgador para la prosperidad de la acción reivindicatoria, jamás examinó la posesión ejercida por los demandantes.
El sentido de la sentencia recurrida es muy otro, como señalado quedó, y ajena a este caso resulta la prueba de la posesión como fenómeno material, pues fue la ausencia de demostración del derecho de propiedad, lo que llevó al revés de las pretensiones, luego el cargo formulado aunque prosperase, no causaría la ruptura de la sentencia. Por lo demás, tratándose de terrenos que apenas aparecieron como tales en la década del 70, a raíz de los rellenos autorizados por el Municipio de Cartagena, sobre la zona de bajamar, no se ve cómo podían ser poseídos por alguien para el año de 1936, en que se expidió la Ley 200, que el cargo denuncia fue inaplicada.
De otro lado, el ataque expuesto sobre la falta de apreciación del folio de matrícula inmobiliaria número 060-0005635, expedido el 18 de enero de 1995 por el Registrador de instrumentos públicos de Cartagena, tampoco existió, porque a ese propósito el propio Tribunal dijo que «los títulos de propiedad esgrimidos por los demandantes en estos autos, debidamente registrados, no tienen fuerza frente al Estado» (subraya la Corte). Es del caso inquirir entonces, ¿cómo podría concluirse la inutilidad del registro de los títulos sino fuera observando precisamente el folio allegado?. Está claro entonces, que hay obrepción en el cargo, pues el Tribunal sí apreció el documento aportado por la litisconsorte de los demandantes, lo que descarta la ocurrencia del yerro achacado en esta censura.
El cargo no prospera.
CUARTO CARGO
Explicó el censor que, como ha sostenido esta Corporación en numerosas sentencias, algunas de las cuales citó, es un deber del juzgador de instancia decretar pruebas de oficio cuando lo considere necesario y útil para verificar los hechos aducidos, atribución que debe ejercitar no solamente dentro de los términos probatorios, sino por fuera de los mismos, antes de decidir; agregó que la Corte acompaña la tesis de que si los demandantes no alegaron una tradición anterior a 1873, porque lo consideraron innecesario, pese a lo cual el Tribunal sí estimó que se requerían títulos anteriores para reivindicar, correspondería en tal caso al juez, como deber ineludible, decretar la prueba de oficio, a fin de que, una vez incorporada y controvertida legalmente en el proceso, pudiera apreciarla y adoptar una decisión conforme a la realidad probatoria de los hechos, dado que no hay ningún fundamento para considerar inútil dicha prueba, ni para estimarla extraña a lo alegado por las partes, por el contrario, es necesaria para precaver una decisión absurda y contraria a la realidad.
Manifestó el recurrente que si el Tribunal consideró en su sentencia que las pretensiones de la demanda no podían prosperar, porque los demandantes no demostraron que los terrenos que pretenden reivindicar salieron del dominio del Estado antes de la promulgación de la Ley 106 de 1873, pues solamente allegaron títulos que datan de 1880, y si no incorporó oficiosamente los títulos faltantes porque estimó que ni en las demandas, ni en la intervención litisconsorcial “se plantearon hechos de tradición anteriores a 1.880, que hubieran dado lugar a la prueba ex officio”, con ello incurrió en error de derecho, por violación del artículo 179 del C. de P. C., que impone al juzgador como deber ineludible decretar de oficio las pruebas necesarias para verificar los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Anotó que si bien es cierto los demandantes no alegaron expresamente hechos referentes a tradiciones anteriores a 1880, porque no lo consideraron indispensable para justificar el derecho de dominio sobre el bien, sí lo plantearon implícitamente en las demandas y demás alegaciones, porque en las acciones de reivindicación, el dominio pleno del bien pretendido en restitución, en sí mismo considerado, es parte integrante del objeto jurídico pretendido y de su causa para pedir.
Dijo el censor que el Tribunal también quebrantó el inciso 4º del artículo 305 ib. según el cual el juez al fallar deberá tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial objeto del litigio, ocurrido después de presentada la demanda, si aparece probado y alegado por la parte interesada o la ley permita considerarlo de oficio.
Finalizó el recurrente manifestando que la denuncia se encaminó por la vía de derecho y no de hecho, con fundamento en sentencias de esta Sala que citó, por cuanto la falencia radicó en que el Tribunal a pesar de haber visto la realidad probatoria existente en el proceso, la consideró insuficiente, no acudió a practicar oficiosamente otras evidencias que completaban o corroboraban la prueba documental aportada, al estimar, de manera equivocada, que ese punto no había sido planteado en las alegaciones.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
No se discute la facultad-deber con que cuenta el juzgador para decretar pruebas de oficio, asumida jurisprudencialmente luego de superar la visión privatista del proceso civil, que suponía una conducta pasiva del juez y un beneficio e interés exclusivo de los particulares. Esta evolución auspició que el proceso se convirtiera en una actividad del Estado enderezada a la realización del Derecho, mediante la expedición de sentencias acordes con la legalidad, la justicia y la verdad.
Pero ese desarrollo, no implica la total discrecionalidad en la labor de pesquisa probatoria, pues tanto las reglas del procedimiento como el entendimiento jurisprudencial que de ellas se ha hecho, enmarcan y limitan tal proceder. De un lado, el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, prescribe que el juez debe “… Emplear los poderes que este Código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias”, y el artículo 179 ibidem consagró la autorización para el ejercicio de tal prerrogativa, para lo que también dispuso la misión del juez de verificar los hechos afirmados por las partes. Por otro lado, sobre el decreto oficioso de pruebas, esta Corporación tiene sentado que “sólo le corresponde al mencionado funcionario juzgador, juez o magistrado, determinar previamente a la decisión del decreto de oficio de pruebas, cuáles son las alegaciones de las partes y los hechos relacionados con éstas, así como cuáles de estos hechos requieren de su verificación o prueba y cuáles estima o considera útiles para tal efecto. De allí que si bien no se trata de una mera discrecionalidad del juzgador la atribución para decretar o no decretar de oficio una prueba, sino de un deber edificado sobre el juicio y conclusión razonable del juzgador, no es menos cierto que sólo a él le compete hacer dicho análisis y adoptar la decisión que estime pertinente de decretar o no la prueba de oficio (artículo 179, inc. 2º Código de Procedimiento Civil) o simplemente abstenerse de hacerlo (pues, sólo depende de su iniciativa). Por ello resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez, en uso de sus atribuciones, se abstiene de decretar pruebas de oficio y, por consiguiente, no procede a darle valoración a prueba inexistente o a prueba irregularmente presentada o incorporada al proceso” (sent. cas. civ. de 12 de septiembre de 1994).
La tendencia de los precedentes indica que la omisión en el decreto y práctica oficiosa de pruebas puede dar pie a un error de derecho cuando tal decreto «sea exigido forzosamente por la ley o que ‘con posterioridad a la presentación de la demanda … sobrevenga un hecho que de manera esencial y notoria altere o extinga la pretensión inicial’ o que ‘se aduzca o aporte, aunque sea inoportunamente, la prueba idónea de dicho hecho que no ha sido incorporada legalmente al proceso’ (G.J. t. CCXXI, pag. 481), entre otros supuestos» (sent. cas. civ. de 26 de julio de 2004 exp. No. 7273).
Para el caso que ocupa la atención de la Sala, el casacionista ve un error de derecho porque el Tribunal dejó de decretar una prueba de oficio en la búsqueda de los títulos del predio a reivindicar anteriores a 1880. No obstante, se observa que el juzgador de segundo grado deliberó expresamente sobre la posible práctica de esa prueba oficiosa para luego desestimarla, bajo el argumento de que en la escritura No. 22 de 1880 no hay noticia del título antecedente o «sobre la forma en que adquirieron los cónyuges RAMÓN BENEDETTI y JUANA DE DIOS EGUES DE BENEDETTI a fin de que el Tribunal hubiera incorporado oficiosamente el título o los títulos faltantes; amén de que en las demandas y en la intervención litisconsorcial activa no se plantearon hechos de tradición anteriores a 1880».
Sin tener evidencia sobre la existencia real de esos títulos antecedentes, pero con la certeza de que ninguno de los que pudieran aportarse tendrían la suficiencia de competir con la propiedad del Estado sobre los terrenos de bajamar, el intento de endilgar error de derecho al Tribunal por la omisión en su actividad inquisitiva pierde importancia, pues si se hubiera desplegado el laborío implorado y se hubieran allegado otros actos jurídicos, de más antigüedad que los aportados por los demandantes, la conclusión seguiría siendo la misma, que por la naturaleza del predio en disputa, ninguna propiedad privada cabría en ellos.
Por consiguiente, el cargo se frustra.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida en este proceso el 3 de julio de 1998 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
Condénase a los demandantes recurrentes al pago de las costas causadas en el trámite del recurso extraordinario. Tásense.
Notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA
MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE
1 Decreto 2324 de 1984, artículo 167 Num. 4º. Publicado en el Diario Oficial del 1 de noviembre de 1984.
2 Sent. cas. civ. 1 de febrero de 2000. Exp. No. G.J. CCLXIV.
3 Sent. cas. civ. 19 de junio de 1968. G.J. CXXIV, pag 206.
4 Sala de Negocios Generales de 26 de septiembre de 1940. G.J. Tomo L pag. 254.
5 Sentencia cas. civ. 8 de abril de 1960. G.J. T. XCII, pag. 783.
6 En sentencia de 15 de diciembre de 1962, dijo la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia: «Así, no obstante la terminación del dominio español en los territorios que hoy forman la República de Colombia, las leyes de España no dejaron completamente de regir en ellos sino cuando vino a abolirlas el artículo 15 de la ley 153 de 1887» G.J. T. C, pag. 756.
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia de 25 de octubre de 1940. G.J. Tomo L, pag. 283.
8 Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 5 de agosto de 1942. G.J. No. LIII, pag. 809 y ss.
9 G.J. No. LIII, pag. 905.
10 Como lo recopiló el Consejo de Estado en sentencia de 9 de diciembre de 1984, Exp. No. 2545, la normatividad sobre adjudicación de baldíos a particulares, durante el siglo XIX, la complementaron los decretos de 18 de junio de 1823, 1 de mayo de 1826, 1 de febrero de 1830, 16 de marzo de 1832, Leyes de 5 de mayo de 1834, de 30 de marzo de 1843 y Decreto de 17 de junio de 1844. Ley 61 de 24 de junio de 1874, Ley 48 de 28 de agosto de 1882.
11 G.J. T. LIII, pag. 908.
12 G.J. tomo LIII, pag. 911.
13 Tampoco tuvo la facultad de calificar o expedir títulos constitutivos de dominio la propiedad, la Oficina de Estadística Nacional a que se refería el artículo 877 y siguientes de la Ley 106 de 1873, como lo sentenció la Corte en providencia de 29 de marzo de 1941. G.J. T. LI, pag. 739.
14 En el mismo sentido, sentencia de 25 de octubre de 1940, G.J. T. L pag. 282.
15 G.J. tomo LIII, pag. 915.
16 G.J. Tomo L. pag. 285.
17 G.J. T. L pags. 282 y 283.
18 Sentencia de 13 de marzo de 1939, en que se dijo: «Hay mucha analogía entre el título emanado del Estado y el anterior al 11 de octubre de 1821, en lo que se refiere a la prueba de la existencia de la propiedad territorial, pues sus efectos son idénticos respecto a la comprobación del dominio y a sus resultados en frente a los derechos de los colonos… el artículo 4º (de la Ley 200 de 1936) que se comenta da base para estimar que son uno mismo el título originario y el título emanado del Estado…tratándose especialmente del título anterior al 11 de octubre de 1821… dice que en el punto de que se trata es prueba admisible para acreditar la propiedad privada, no sólo el título originario sino uno traslaticio de dominio entre particulares, anterior al 11 de octubre de 1821, con fundamento en que la ley expedida en esa fecha, que es la primera entre las de la República que da normas sobre baldíos, consagró precisamente como principio de legislación, para separarlos de la propiedad particular, el respeto a las titulaciones existentes entonces». G.J. Tomo XLVIII, pag. 109.
19 Sent. Cas. Civ. de 7 de junio de 2005 Exp. No. 19980138901.