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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil catorce (2014).
Referencia: Expediente R-1100102030002013-02902-00
Se decide sobre la admisión del recurso de revisión formulado por SEGUNDO PEDRO ANEY CAÑÓN PEÑA, respecto de la sentencia de 19 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido por el impugnante y JAIME CAÑÓN VEGA contra la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SANTAFÉ DE BOGOTÁ SOCIEDAD ANÓNIMA, CONTRASFEBO S.A.
1. CONSIDERACIONES
1.- Según el artículo 383, inciso 4º del Código de Procedimiento Civil, con la modificación que le introdujo el Decreto 2282 de 1989, la demanda contentiva de un recurso de revisión debe formularse por persona legitimada, como así igualmente lo pregona el artículo 358, inciso 3º del Código General del Proceso, cuya implementación a partir del 1º de enero de 2014, respecto de las normas aún no vigentes, se predica de manera gradual, en la forma como lo dispuso el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, mediante Acuerdo 10073 de diciembre 27 de 2013.
2.- Tratándose de quienes fueron parte en el proceso donde se profirió la sentencia materia de ese medio de impugnación extraordinario, la legitimación no se confina a la simple condición de tal. Se requiere, de un lado, que el litigante haya sufrido un agravio, traducido en la injusticia, en la lesión a un interés legalmente protegido o en la violación del derecho fundamental a un debido proceso, puesto que sin éste, el recurso resulta inicuo; y de otro, que el interesado se encuentre facultado para invocar la causal respectiva.
El anotado requisito, al decir de la Corte, “(…) no se limita al concepto genérico que de legitimación se tiene en punto al derecho de impugnación, sino que, como habrá de verse, tiene un contenido aún más amplio y peculiar. Efectivamente, dentro de la teoría general de los recursos hay un postulado que inspira la filosofía de entregar a las partes la posibilidad de enjuiciar las decisiones jurisdiccionales, que es el de la legitimación, uno de cuyos perfiles es el llamado interés para recurrir, que en trasunto se circunscribe al perjuicio, agravio o desmedro que la providencia criticada le irroga al impugnador. Traduce, más elípticamente, que sin perjuicio no hay recurso, desde luego que éste no está instituido con un criterio antojadizo sino como remedio porque se propende obtener la enmienda de decisiones que han sido producidas con desviación jurídica.
“La legitimación que ahora se analiza, en cambio, no detiene su examen en auscultar el posible perjuicio que la sentencia apareje al litigante recurrente, sino que, yendo más lejos, hace imperioso que el juzgador entre a examinar si el recurrente puede o no incoar la causal que aduce, de donde se infiere que es perfectamente probable que el censor esté agraviado por la sentencia, pero no está legitimado para formular el recurso de revisión por la causal que alega”1.
Y aunque, cual se observa, es distinta la legitimación dirigida a impugnar determinado fallo, de la exigida para cuestionar esa misma decisión a través del recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que ambas cosas se complementan, porque en la hipótesis de existir el perjuicio, se requiere que el agraviado, en atención a la precisa causal invocada, se encuentre facultado para alegarla, pues así exista aquél, sin la presencia de este último presupuesto nada se ganaría, dado que ello relevaría cualquier estudio de fondo.
De ahí la razón por la cual el artículo 383, inciso 4º del Código de Procedimiento Civil, a partir de la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989, se repite, prevé que “[s]in más trámite, la demanda será rechazada cuando (…) no la formule la persona legitimada para hacerlo”, entre otros eventos. Como en el mismo antecedente citado se explicó, “(…) la modificación comentada se ofrece novedosa, dado que tal cosa, antes de la reforma, era examinable en la sentencia y no al momento mismo de inquirir por la admisibilidad de la demanda como ahora acontece”.
3.- En materia de nulidades procesales, incluida la “(…) originada en la sentencia que ponga fin al proceso (…)” y que “(…) no era susceptible de recurso” (artículos 142, in fine, y 380, numeral 8º del Código de Procedimiento Civil), la legitimación se encuentra radicada en cabeza de quien el acto procesal irregular menoscabe sus derechos, siempre y cuando, siendo convalidables, no hayan sido saneadas expresa o implícitamente por el perjudicado, en virtud de los principios de trascendencia y protección que las informan.
Por esto, para escudriñar si una nulidad procesal afecta a la parte que la formula, ésta debe “(…) expresar su interés (…)” (artículo 143, inciso 2º, ibídem), pues como supra quedó dicho, sin perjuicio no hay recurso. Además, en el supuesto de existir el vicio y de repercutir en los derechos procesales del recurrente, por ejemplo, omitirle las oportunidades para presentar alegatos de conclusión, éste no pude alegarla cuando ha “(…) actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla” (artículo 143, inciso 4º), toda vez que en ese caso el legislador considera que la irregularidad ha quedado saneada (artículo 144, numeral 1º, ejúsdem).
4.- En el caso, no cabe duda que el extremo demandante del proceso donde se profirió la sentencia ahora atacada, resultó agraviado con la decisión, puesto que allí le fue negada la pretensión que había planteado frente a la sociedad demandada, en concreto, la resolución de un contrato de afiliación de un automotor.
Sin embargo, la legitimación para recurrir en revisión se echa de menos, puesto que relativo con la irregularidad alegada, existir nulidad originada en la sentencia (artículo 380, numeral 8º del Código de Procedimiento Civil), relacionada con la no práctica de la audiencia prevista en el artículo 360, ibídem, el impugnante no fue quien impetró su realización, como así lo precisó en el escrito presentado ante requerimiento de la Corte, al decirse que dicha diligencia “(…) no se solicitó de manera expresa por parte de mis representados ni de sus apoderados judiciales del momento (…)”. Ergo, si el recurrente no fue quien planteó el adelantamiento de esa etapa, de suyo potestativa, resulta bien claro que no se puede doler de algo que no propuso.
Con todo, en la hipótesis de haber pedido el recurrente la evacuación de la mentada audiencia, inclusive por su contraparte, la nulidad que se plantea no es tempestiva, lo cual implica su convalidación tácita y la prohibición de alegarse posteriormente. En efecto, los documentos adosados informan que después de proferida la sentencia cuestionada y antes de formularse el recurso de revisión, la parte demandante actuó en el proceso, en primera instancia para ser exactos, en lo relacionado con la liquidación de costas (objeción y reposición contra el auto que mantuvo las agencias en derecho señaladas).
5.- En ese orden, no queda alternativa distinta que, sin más trámite, rechazar el recurso de revisión.
2. DECISIÓN
Para los fines legales consiguientes téngase en cuenta que el apoderado del interesado responde al nombre de ALDO FRANCISCO ANGULO DEL CASTILLO y no como quedó escrito en auto de 6 de diciembre de 2013.
NOTIFÍQUESE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
1 Auto 103 de 7 de noviembre de 1990, CCIV-62, segundo semestre, reiterado el 17 de octubre de 2012 (expediente 2235).