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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada Ponente
AC174-2014
Radicación n° 11001 02 03 000 2013 02493 00
Bogotá D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil catorce (2014).
Procede la Corte a resolver la queja propuesta por la parte demandante, compuesta por los señores NIDIA ASTRID CARREÑO BARRERA, ERIKA MARCELA CARREÑO RAMÍREZ y NAIRO ALBERTO CARREÑO BARRERA, contra el proveído de veintiséis (26) de agosto del año que cursa, a través del cual el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, negó la concesión del recurso de casación planteado frente al auto de seis (6) del mismo mes y año, dentro del proceso ordinario que los actores iniciaron contra MARÍA EFIGENIA TIBADUIZA GUTIÉRREZ.
ANTECEDENTES
1. Los accionantes, ante el Juzgado 19 de Familia de Bogotá, presentaron demanda ordinaria con pretensión de declaratoria de unión marital de hecho, conformación de sociedad patrimonial y posterior liquidación, en contra de quien fuera compañera permanente del señor Felix Alberto Carreño, señora María Efigenia Tibaduiza Gutiérrez, lo que, efectivamente, lograron el diecinueve (19) de diciembre de dos mil seis (2006), data en que el referido despacho judicial acoge las súplicas pertinentes.
2. Posteriormente, debido a las políticas adoptadas sobre descongestión de despachos judiciales, el proceso fue remitido y, su conocimiento asumido, por el Juzgado Tercero de Familia. Ante esta oficina judicial, en su momento, fue tramitada la liquidación de la sociedad patrimonial otrora declarada, llegando el trámite hasta la aprobación del trabajo de partición, mediante la correspondiente sentencia.
3. Dicha determinación fue recurrida en apelación por la parte demandada y el Tribunal acusado, en auto de seis (6) de agosto de dos mil trece (2013), al evaluar las actuaciones cumplidas en ese expediente, en particular, las implicaciones derivadas del fallecimiento de la compañera permanente, señora María Efigenia Tibaduiza, demandada, concluyó que la Corporación se había equivocado al momento de resolver, en época anterior, algunos recursos de apelación.
Luego de explicar la razón de tales afirmaciones y de acept ar expresamente que semejantes desatinos habían viciado parte de lo actuado en el proceso, el fallador de segunda instancia decidió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del diez (10) de septiembre de dos mil siete (2007), proveído que dio inicio al trámite de liquidación de la sociedad patrimonial declarada, al considerar que la misma debía realizarse dentro del proceso de sucesión correspondiente.
4. La parte demandante interpuso recurso de casación mostrando su total desacuerdo con lo decidido, siendo rechazado por el Magistrado ponente, el veintiséis (26) de agosto de la misma anualidad, con fundamento en el artículo 366 del C. de P. C.
5. Los accionantes agotaron el trámite propio de la queja y, aducida en tiempo, procede la Corte a resolverla.
LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL
1. El ad-quem, señaló como base de su decisión que: «el recurso extraordinario de casación solo procede contra las sentencias que se profiere (sic) en segunda instancia por los Tribunales Superiores».
2. Al resolver la reposición formulada por la misma parte, el sentenciador de segundo grado, bajo similar argumento que el memorado, mantuvo la negativa de conceder el recurso de casación.
LA SUSTENTACION DE LA QUEJA
1. Quien representa los intereses de la parte demandante, ante la Corte, expone su inconformidad al considerar que a partir de lo decidido por dicha Corporación y la época de la referida determinación, se genera enorme inestabilidad jurídica, pues no es razonable que varios años después, el mismo funcionario, sin petición previa al respecto, revise lo cumplido y, radicalmente, cambie de parecer, disponiendo la nulidad de todo lo actuado y ordenando rehacer las actuaciones cumplidas, cuya ejecutoria sobrevino tiempo atrás.
2. El quejoso insiste en que el argumento del fallador es equivocado, pues una lectura apropiada de la norma invocada (artículos 586 y ss del C. de P.C.; y, artículo 6 de la Ley 54 de 1991), permite concluir que, a diferencia de lo sostenido por dicho funcionario, sí es posible que dentro del mismo proceso en donde fue declarada la unión marital, se proceda a la liquidación de la sociedad pertinente.
3. Culmina su exposición aludiendo que el recurso de casación deviene procedente, pues, en el numeral 5º del artículo 368 del C. de P.C., aparece autorizado acudir a dicho remedio procesal cuando el juez de conocimiento incurre en una nulidad y, ciertamente, según lo argumentó, el Tribunal, con sus actuaciones, dio lugar a dicho vicio.
CONSIDERACIONES
1. Primeramente debe resaltarse que por expresa consideración del inc. 3º del artículo 372 del C. de P. C., el recurso de queja, tiene como finalidad primordial y exclusiva, determinar si la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, cuando negó la concesión del extraordinario de casación, procedió con apego a la normatividad vigente o, contrariamente, se apartó de sus postulados.
2. En todos aquellos asuntos relacionados con los medios de impugnación, ya ordinarios ora extraordinarios, sin disquisición de ninguna índole, está definido que es la ley la que, de manera expresa y excluyente, gobierna su dinámica. Por supuesto, tal regulación involucra aspectos como la clase de providencias susceptibles de ser recurridas, la censura que puede ser aducida, los requisitos formales o de técnica que debe cumplir, atendiendo su naturaleza, y desde luego, la parte o sujeto procesal autorizado para presentar el recurso pertinente.
Por ello, como bien sabido se tiene, todas aquellas situaciones alusivas a esta problemática, involucran un tratamiento y aplicación restrictiva, es decir, al intérprete u operador judicial no le está permitido autorizar formas no previstas en la ley para confrontar determinadas decisiones de los jueces. Surge, entonces, que poder recurrir un auto o una sentencia es un evento que sólo la ley contempla; es la norma respectiva la que dispone si ese pronunciamiento admite tal o cual recurso o, si, definitivamente, está excluido de cualquier forma de impugnación.
3. No puede perderse de vista que el principal cometido de toda censura, al momento de su formulación, es lograr que el mismo juez o uno de superior jerarquía, al volver sobre lo resuelto, decida si el pronunciamiento hecho debe mantenerse o reformarse (art. 348 y 351 C. de P.C.). En otros términos, lo que se reprocha o confronta, por obvias razones, es el pronunciamiento del funcionario que condensa su voluntad atinada o desatinada, pues a partir de esa situación se visualizan los yerros o aciertos del administrador de justicia. En esa dirección, entonces, aparecen recursos que proceden frente a determinadas decisiones judiciales y, algunas otras que, de manera expresa, inclusive, las repulsan. Por ejemplo, no es susceptible recurrir en reposición pronunciamientos que tengan el carácter de sentencia o aquellos cuyo contenido incorporen órdenes directas al secretario, vr, gr, autos de cúmplase (artículo 348 C. de P.C.); como que no es procedente formular el recurso de apelación frente a decisiones excluidas expresamente de dicha censura, tal cual acontece con algunas nulidades que se resuelven de plano (art. 34 ib), o el auto ejecutivo (art. 505 idem), etc., es más, en algunos eventos la norma excluye, por completo, la posibilidad de impugnar la decisión emitida, así sucede entre otras, con el auto que adopta pruebas de oficio (art. 179 ibidem).
En fin, trátese de un auto o de una sentencia, sólo la ley defiere la posibilidad de ser recurridos y, a su vez, establece qué impugnación procede.
4. Bajo esa perspectiva, no en vano la propia Constitución Política, al incorporar en su articulado (art. 29), algunas notas sobre el debido proceso, de manera contundente, alude a que dicha prerrogativa se resquebraja cuando no se observan a plenitud las formas propias de cada juicio y, sin duda, dentro de tales postulados, aparecen los recursos o medios de impugnación; por tanto, admitir uno cualquiera de ellos cuando la ley no lo tiene así previsto o en relación a providencias no susceptibles del mismo, refleja una trasgresión a ese mandato constitucional.
5. En esa dirección, no soporta cuestionamiento alguno el que la procedencia de la censura aducida no depende del acierto o no de la determinación adoptada, no, su viabilidad está condicionada a que la ley, expresamente, autorice tal forma de recurrir. Luego, itérase, la impugnación propuesta, en un momento determinado, devendrá susceptible de estudiarse siempre y cuando así lo contemple alguna norma ya de carácter general o especial; en defecto de una u otra, el funcionario judicial no puede, a riesgo de vulnerar el debido proceso, habilitar ese medio de reproche.
6. En el caso presente, el quejoso presentó recurso de casación frente al pronunciamiento del Tribunal que declaró una nulidad y, esa determinación, a voces del artículo 302 C. de P.C., responde a la naturaleza de un auto interlocutorio y, al margen del acuerdo o desacuerdo de la Corte con lo resuelto por esa Corporación, es decir, de la coincidencia conceptual alrededor de los motivos que lo condujeron a resolver en ese sentido, la única realidad que se desprende de las actuaciones cumplidas, bajo el imperio de las normas vigentes, es que el recurso extraordinario invocado no procedía y, en ese sentido, el ad-quem, al negar su concesión, actúo con apego a la ley de procedimiento. No resultaba atendible, itérase, en la medida en que fue enderezado frente a un auto y no respecto de una sentencia.
Sobre el tema, es claro el artículo 366 de la obra procesal citada al supeditar la viabilidad de la censura propuesta, entre otras exigencias, a que el pronunciamiento reprobado tenga la naturaleza de fallo de fondo; en términos más precisos, el recurso se aduce contra la sentencia, directriz que no encuentra salvedad en la causal 5ª del artículo 368 idem.
7. En conclusión, cuando el Tribunal negó el recurso de casación, no procedió de manera arbitraria o equivocada, por lo que habrá de declararse bien denegada la impugnación.
RESUELVE:
DECLARAR bien denegado el recurso de casación que interpusiera la parte actora.
Devuélvase al Tribunal la presente actuación para que forme parte del expediente respectivo.
Sin costas por no aparecer causadas (Art. 392 C. de P. C.).
Notifíquese
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada