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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
MAGISTRADO PONENTE
AC4491-2014
Radicación n° 11001-02-03-000-2014-00753-00
Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014).
Se decide el recurso de queja que interpuso la parte demandada contra la providencia proferida el 16 de enero de 2014, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, mediante la cual negó la concesión del recurso extraordinario de casación formulado contra la sentencia dictada en ese asunto.
1. María Lucía Barbosa Prieto promovió demanda en contra de Alexander Valencia, Mélida Rojas Vásquez y José Mogollón, para que previo el trámite de un proceso abreviado, se ordenara a los demandados restituir el inmueble rural denominado «Las Margaritas», cuya posesión le fue perturbada y se les condenara al pago de los perjuicios. [Folio 15, c. 1 copias]
2. La demanda se admitió el 24 de noviembre de 2008, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo, y se ordenó tramitarla por el procedimiento establecido en los artículos 63 y siguientes del Decreto 2303 de 1989. [Folio 22, c. 1 copias]
3. En providencia de 24 de marzo de 2009, se declaró la nulidad de lo actuado, con fundamento en el numeral 4 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, porque el asunto debió ser adelantado por la senda del ordinario y no del verbal. [Folio 13, c. 2 copias]
4. Por auto de 13 de abril de 2009, se admitió de nuevo el libelo; se ordenó tramitarlo bajo los lineamientos de los artículos 54 y siguientes del Decreto 2303 de 1989. También se dispuso notificar al procurador para asuntos agrarios. [Folio 80, c. 1 copias]
5. La primera instancia concluyó con sentencia de 18 de mayo de 2012, que amparó la posesión ejercida por la demandante sobre el predio rural «Las Margaritas», ordenó a los demandados restituirle el inmueble y cesar cualquier acto de perturbación; condenó a los accionados a pagar a favor de la actora la suma de $55.264.450 por perjuicios materiales y las costas. [Folio 607, c. 1]
6. Los accionados apelaron la anterior determinación. [Folio 608, c. 1]
7. Mediante fallo de 27 de septiembre de 2013, el Tribunal declaró probada la excepción de «falta de legitimación en la causa» con relación al demandado José Miguel Mogollón, a cuyo favor condenó en costas a la actora, y confirmó en todo lo demás, la providencia impugnada. [Folio 63, c. 17 copias]
8. En decisión de 22 de noviembre de 2013 se adicionó la sentencia, para declarar infundadas las excepciones de mérito formuladas por Alexander Valencia y Mélida Rojas Vásquez. [Folio 69, c. 17 copias]
9. Inconforme con la determinación de segundo grado, la parte pasiva de la contienda interpuso recurso extraordinario de casación. [Folio 72, c. 17 copias]
10. Por auto de 16 de enero de 2014 el Tribunal lo declaró «inadmisible», con sustento en que el asunto se tramitó por el procedimiento abreviado, pues se trató de un interdicto posesorio. [Folio 74, c. 17 copias]
11. Frente a lo resuelto, los demandados promovieron reposición y, en subsidio, solicitaron la expedición de copias para que se surtiera la queja ante el superior. [Folio 75, c. 17 copias]
12. En proveído de 13 de marzo de 2014 se resolvió «confirmar el auto de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014)», y se dispuso lo pertinente para el trámite de la queja, lo que explica la presencia de las diligencias en esta sede. [Folio 90 envés, c. 17 copias]
II. CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo estipulado por el artículo 377 del Código de Procedimiento Civil, «cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja ante el superior, para que éste lo conceda si fuere procedente… El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casación». [Se subraya]
Frente a la no concesión del recurso de casación, el fin primordial de la queja es que el superior examine si estuvo bien o mal denegado por el inferior, con lo que se quiere significar que la competencia funcional de la Corte se circunscribe a precisar si el recurso extraordinario es procedente de conformidad con los lineamientos legales, y si la parte que lo formuló se encuentra legitimada para ello.
2. Ahora bien, tratándose de asuntos en materia agraria, no es aplicable el artículo 366 de la normatividad adjetiva, porque existe una disposición especial que lo desplaza, específicamente, el artículo 50 del Decreto 2303 de 1989, que con respecto a ese medio de impugnación de carácter extraordinario, establece que procede contra las sentencias de segunda instancia, proferidas por los tribunales superiores, «cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos»1, en los siguientes casos:
«1º. Las dictadas en los procesos reivindicatorios y de pertenencia;
2º. Las que aprueben la partición en los procesos divisorios de bienes comunes y de liquidación de sociedades agrarias; y,
3º. Las dictadas en los procesos sobre nulidad de sociedades agrarias».
Entonces, únicamente cuando la controversia que se suscita corresponda a uno de los asuntos enlistados de manera taxativa en la norma referida, y siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales, es viable la concesión del recurso de casación, sin que sea viable hacerlo extensivo a los eventos previstos en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, como ya se advirtió.
Sobre el particular definió la Sala:
En esas condiciones, resulta acertado concluir que de conformidad con el artículo 50 del citado estatuto, la jurisdicción agraria limita de manera categórica la procedencia del recurso de casación a las sentencias allí especificadas, de manera que ninguna otra providencia dictada para ponerle fin en instancia a un proceso calificado como agrario, cuenta con este medio de impugnación. (CSJ AC, 14 Dic 2000, Rad. 0204-00)
3. En el caso presente, la demandante promovió una «acción posesoria», para obtener la restitución del inmueble «Las Margaritas», junto con el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales; también solicitó que se ordenara «cesar la perturbación a la posesión», pretensiones que respaldó en su calidad de propietaria y poseedora de ese predio.
Por su parte, al admitir la demanda, el juzgador dispuso tramitarla por el procedimiento ordinario agrario, con sustento en los artículos 54 y siguientes del Decreto 2303 de 19892, determinación que en modo alguno modifica la naturaleza jurídica de la acción judicial instaurada, porque independientemente de la senda por la que se le haya hecho transitar, la sentencia que se recurre no se dictó en alguno de los procesos mencionados en el artículo 50 citado, y por lo tanto, esa decisión no es susceptible de controversia a través del recurso extraordinario de casación.
4. La referida disposición normativa continuó surtiendo efectos jurídicos, aún después de la expedición de la Ley 1395 de 2010, pues ninguna modificación le introdujo y menos aún la derogó, como lo sostiene el censor de forma equivocada, pues el artículo 44 al que alude, ni siquiera hizo mención al 50 del Decreto 2303 de 1989.
5. De otro lado, aducen los recurrentes que la Ley 1564 de 2012 derogó el Decreto 2303 de 1989, incluido el artículo 50; sin embargo, tal circunstancia es intrascendente, porque atendiendo el imperativo contenido en el literal c) del artículo 626 de aquel cuerpo normativo, corregido por el artículo 17 del Decreto 1736 de 2012, esa derogatoria sólo es efectiva, una vez entre en vigencia la ley, en los términos del numeral 6º del artículo 627, a cuyo tenor:
«Los demás artículos de la presente Ley entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país».
No obstante, el Acuerdo n° PSAA13-10073 de 27 de diciembre de 2013, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se reglamentó la gradualidad para la implementación del Código General del Proceso, dispuso su entrada en rigor en el distrito judicial de Yopal a partir del 1º de diciembre de 2015, razón suficiente para concluir que no es aún aplicable para resolver la controversia, que debe ser decidida con fundamento en el artículo 50 del Decreto 2303 de 1989.
6. Por las motivaciones que se han dejado consignadas, resulta evidente que estuvo bien denegada la impugnación extraordinaria, y así se declarará.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR bien denegado el recurso de casación que interpuso la parte demandada contra la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2013 y su adición de 22 de noviembre de esa misma anualidad, por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, dentro del presente proceso.
SEGUNDO. DEVOLVER la actuación al Tribunal de origen para que forme parte del respectivo expediente.
Notifíquese y cúmplase,
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado
1 El valor actual corresponde a 425 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2 Artículo derogado por el 44 de la Ley 1395 de 2010.