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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
AC5528-2015
Radicación n.° 68572-31-03-001-2009-00162-01
(Aprobado en sesión de veintidós de julio de dos mil quince)
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015)
Se procede a resolver lo que en derecho corresponde sobre la admisibilidad del recurso de casación formulado en el asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Dentro de la acción ordinaria promovida por Luís Edgar Murillo Antorveza contra Miguel Antonio, Ricardo y Evaristo Suárez Pardo, se dictó sentencia en la que se denegó la oposición al deslinde y amojonamiento, y en consecuencia, se ratificó la línea de demarcación trazada entre los predios la Corraleja y Cafetal y Palmira en audiencia de 29 de mayo de 2014.
De igual forma, se ordenó la entrega de la porción de terreno que hace parte de la finca la Corraleja a los demandados y la respectiva inscripción de la sentencia. [Folio 104, c. 5]
2. Apelada la anterior determinación, el Tribunal Superior de San Gil la confirmó. [Folio 22, c. 7]
3. Inconforme con aquella resolución, el demandado del juicio la censuró en vía de casación. [Folios 51, c. 7]
4. En auto de 18 de junio de 2015, se concedió por el ad-quem el recurso extraordinario. [Folio 78, c. 1]
II. CONSIDERACIONES
1. En torno de la casación, establece el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil que «en el auto que conceda el recurso se ordenará que el recurrente suministre, en el término de tres días a partir de su ejecutoria, lo necesario para que se expidan las copias que el tribunal determine y que deban enviarse al juez de primera instancia para que proceda al cumplimiento de la sentencia, so pena de que el tribunal declare desierto el recurso. Para estos efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 356.»
Dicha disposición a su inciso cuarto señala: «si el tribunal no ordenó las copias y el recurrente las considera necesarias, este deberá solicitar su expedición para lo cual suministrará lo indispensable.»
2. Las anteriores premisas normativas dejan en evidencia que para que pueda surtirse el indicado recurso, es necesario que el impugnante suministre las expensas correspondientes para la expedición de copia de las piezas procesales que se requieran a fin de dar cumplimiento al fallo, dado que aquél no lo impide ni obstaculiza, tal como lo previene el primer inciso del artículo 371 ibídem, a menos que se trate de los eventos excepcionales contemplados en ese mismo precepto y que se contraen a que la cuestión se relacione exclusivamente con el estado civil de las personas; que la resolución judicial sea meramente declarativa; y cuando haya sido recurrida por ambas partes.
Ahora bien, al no corresponder el proveído cuestionado a ninguna de las hipótesis taxativamente previstas en la norma que viene de comentarse, toda vez que la decisión del Tribunal confirmó la del a-quo, que denegó la oposición al deslinde y amojonamiento, y en consecuencia, ratificó la línea de demarcación trazada entre los predios la Corraleja y Cafetal y Palmira en audiencia de 29 de mayo de 2014, ordenó la entrega de la porción de terreno que hace parte de la primera propiedad a favor de los demandados y dispuso la respectiva inscripción de la sentencia, resolución ésta que es susceptible de cumplirse por el inferior.
3. Precisamente, sobre este específico punto, la Corte tiene establecido que cuando es viable reclamar la ejecución de la sentencia y no se ofrece garantía pecuniaria para impedirla, es preciso ordenar, a costa del impugnante, la expedición de las copias indispensables para tal fin, y si por cualquier motivo el ad-quem omite hacer dicho pronunciamiento, tal carga es asumida por el recurrente, pues no cabe duda de que la providencia que dirime la litis goza de las presunciones de legalidad y acierto, de ahí que debe ejecutarse aún cuando se interponga en su contra el recurso de casación.
Sobre lo anterior, la Corte ha sostenido:
El artículo 371 del Código de Procedimiento Civil establece que la concesión del recurso de casación no suspende el cumplimiento de la sentencia, salvo que verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas, contenga un pronunciamiento meramente declarativo o haya sido recurrida por ambas partes, o que siendo susceptible de ejecución, total o parcialmente, el recurrente ofrezca caución para responder por los perjuicios que con dicha suspensión llegare a causar.
Si ninguna de las anteriores hipótesis ocurre, la misma disposición le impone al Tribunal, si encuentra viable el recurso, la obligación de ordenarle al recurrente que suministre lo necesario para expedir las copias necesarias, con el fin de remitirlas al juez de instancia a efectos de que éste disponga lo pertinente en orden a materializar el fallo.
En todo caso, si dicha orden no se imparte, esto, en principio, de manera alguna releva al recurrente de cumplir la carga en comento, porque como lo establece el inciso 4º de la citada disposición, le corresponde no sólo estar atento a solicitar la expedición de dichas copias, sino a pagar su costo, en la oportunidad establecida, so pena de que en concordancia con lo previsto en el artículo 372, inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, el recurso se declare inadmisible y por tanto desierto. (CSJ AC, 17 Sep 2008, Rad. 2005-00014-01; en el mismo sentido CSJ AC, 13 Ago de 2012, Rad. 2006-00128-01 y de 16 Sep de 2013, Rad. 2009-00071-01, entre otras)
Queda claro, entonces, que aun cuando se omita ordenar la expedición de las reproducciones que son requeridas para cumplir el veredicto objeto de impugnación, conforme lo ordena el artículo 371 de la ley adjetiva, esa circunstancia no puede traducirse en un desconocimiento del derecho que tiene la parte vencedora en el proceso a obtener lo que a su favor se reconoció, prerrogativa que por estar contenida en una norma procesal es de orden público y de obligatoria observancia.
4. En el asunto sub examine, como el recurrente no solicitó oportunamente que se fijara una garantía para evitar la ejecución de la determinación impugnada, ni tampoco atendió la carga procesal prevista en el inciso 3º del artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, se concluye que cuando el expediente arribó a la Corte, el mecanismo de defensa extraordinario se hallaba desierto, lo cual impone la inadmisibilidad del mismo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, RESUELVE:
PRIMERO: Declarar inadmisible y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia de 17 de marzo de 2015, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil dentro del proceso ordinario de deslinde y amojonamiento iniciado por Luis Edgar Murillo Antorveza contra Miguel Antonio, Ricardo y Evaristo Suárez Pardo.
SEGUNDO: Devolver la actuación a la corporación de origen.
TERCERO: Sin costas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.
Notifíquese y cúmplase,
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ