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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
AC5894-2014
Radicado No. 11001-02-03-000-2014-00340-00
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce (2014)
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Magistrados de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, doctores María Clara Rovira Díaz y Germán Torres, para conocer de la apelación interpuesta dentro del proceso ordinario instaurado por Walter Alfonso, Julio César, Yesid Alfredo, Idel Israel, Blanca Minonda, Sandra Milena y Pablo Enrique Sanabria Moreno, Libia María Sanabria de Moreno, Luis Alfredo Sanabria Soler, Delia Patricia Guzmán Lopera, Marby y Fernando Guzmán contra Salucoop S.A.
ANTECEDENTES
1. Ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué, los actores solicitaron declarar responsable a la demandada por el fallecimiento del menor [XXX], como consecuencia de la falta de cuidado, imprudencia y manejo médico de la convocada, pretensiones que fueron negadas por el a quo.
2. Apelada la anterior decisión, le correspondió por reparto, el conocimiento de la alzada a la magistrada Dra. María Clara Rovira Díaz de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagué, quien por auto de 6 de agosto de 2012, admitió el recurso en el efecto suspensivo. Posteriormente, ordenó el traslado previsto por el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, practicó las pruebas necesarias y el 22 de enero de 2013, previo a cumplirse el plazo estipulado para proferir fallo, prorrogó su competencia hasta por seis (6) meses más. Luego, el 8 de agosto de 2013, como consecuencia de la pérdida de competencia de que trata el inciso 2º del parágrafo del artículo 124 ídem, ordenó remitir el asunto de inmediato al magistrado siguiente en turno y comunicar tal determinación a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima (fl. 59, cdno. 4).
3. Por su parte, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, comunicó que en virtud del inciso 2º del artículo 121 de Ley 1564 de 2012, correspondía remitir el proceso al despacho del doctor Germán Torres, magistrado que seguía en turno (fl. 64, cdno. 4).
4. A su vez, el magistrado receptor del expediente resolvió devolver las diligencias a dicha Sala del Consejo Seccional de la Judicatura, al considerar que su par -Dra. María Clara Rovira Díaz- aún contaba con competencia, toda vez que conforme a la norma antes citada ésta podía prorrogar el término para proferir sentencia, sin advertir que lo había hecho mediante auto de 22 de enero de 2013 (fl. 69, cdno. Corte).
5. La Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, ordenó enviar las diligencias a los mismos funcionarios afectados, para que sean ellos quienes determinen cuál es el despacho competente para conocer del proceso objeto de estudio aplicando lo relacionado con la pérdida de competencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 124 del Estatuto Procesal Civil (fls. 73-74, cdno. 4).
6. El expediente fue recibido por el Dr. Germán Torres, quien lo devolvió a la primigenia ponente, insistiendo en que como había prorrogado el término para fallar, aún no había perdido la competencia. De su lado, la receptora sostuvo que carecía de atribución, y suscitó conflicto negativo de esta especie.
7. Allegadas las diligencias a la Corte para desatar la colisión de atribuciones, se dispuso el traslado común previsto en el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, dentro del cual las partes guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
1. Por tratarse de un conflicto negativo de competencia que involucra a magistrados de la especialidad Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, atañe dirimirlo a esta Corporación por virtud del artículo 16 in fine de la Ley 270 de 1996 (CSJ, ATC de 8 feb. de 2005, rad. 2005-00088 y de 17 ago. 2007, rad. 2007-01183).
2. El parágrafo del artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, adicionado por el canon 9° de la Ley 1395 de 2010, prevé que el término para proferir decisión de segunda instancia no podrá ser superior a seis (6) meses desde la recepción del expediente; así mismo dispone que vencido el anterior plazo «… el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso…», precepto que entró en vigencia a partir del 17 de junio de 2011, por virtud del artículo 200 de la Ley 1450 del mismo año1.
Ahora bien, el inciso 5° del artículo 121 de la Ley 1564 de 20122, dispone que «[e]xcepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso» (subraya fuera del texto).
3. El presente caso fue asignado mediante reparto del 26 de julio de 2012, a la Dra. María Clara Rovira Díaz, con el fin de que desatara la apelación interpuesta por la parte actora, funcionaria que luego de admitir el recurso y correr los traslados respectivos, por auto de 22 de enero de 20133 prorrogó el término hasta por seis (6) meses más para dictar la sentencia, en virtud de la normatividad anteriormente citada.
Sin embargo, mediante providencia de 8 de agosto siguiente, comunicó al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima que perdió la competencia, toda vez que expiró el término de la prórroga sin resolver la alzada y señaló que el proceso debía pasar para conocimiento del magistrado de la Sala que siguiera en turno.
De lo anterior se desprende que si bien es cierto, la ponente inicial antes de finalizar los seis (6) meses para dictar sentencia -26 de enero de 2013-, prorrogó por un tiempo igual la competencia, también lo es que para el momento en que dictó el proveído manifestando su pérdida de atribución, la misma había ya expirado por ministerio de la ley desde el 26 de julio de 2013, sin que hasta tal fecha se hubiera proferido la decisión de fondo.
Por lo tanto, cuando expiró la prórroga del término para decidir el recurso de alzada, automáticamente la magistrada ponente perdió la competencia, originando como consecuencia que el asunto pasara para el estudio del magistrado que seguía en turno de la Sala Civil Familia.
En ese orden de ideas, así como lo indicó la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, es al doctor Germán Torres de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, a quien se le remitirá el presente asunto.
4. Como consecuencia de lo brevemente expresado, se concluye que al doctor Germán Torres, Magistrado de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, le corresponde elaborar la ponencia requerida para resolver el recurso de alzada aludido en la parte inicial de esta providencia.
DECISIÓN
En mérito de lo expresado, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve:
Primero: Declarar que la competencia para conocer de la apelación dentro del proceso atrás reseñado, corresponde a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, bajo la ponencia del Magistrado Germán Torres, al que se enviará de inmediato el expediente; y lo decidido se comunicará, mediante oficio, a la Dra. María Clara Rovira Díaz.
Segundo: Remítase copia de la presente decisión a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.
Notifíquese y cúmplase,
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
Magistrado
1 Artículo 200 Ley 1450 de 2011 «Gestión de la Administración de Justicia. Para todos los efectos legales, en los procesos en los que la parte demandada ya se hubiere notificado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, el plazo de duración de la primera instancia previsto en el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010, comenzará a contarse a partir del día siguiente a la vigencia de esta ley.
Desde esta última fecha también comenzará a correr el plazo de duración de la segunda instancia para los procesos que ya se hubieren recibido en la Secretaría del juzgado o tribunal.
Para los demás procesos, los plazos de duración previstos en el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010 comenzarán a contarse desde el momento en que se configure el presupuesto establecido en esa disposición.
Vencido el respectivo término sin haberse dictado la sentencia, el expediente pasará a un Juez o Magistrado itinerante designado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o quien siga en turno según lo prevé el artículo 9° de la Ley 1395 de 2010. Publicada en el Diario Oficial 48102 de junio 16 de 2011
Artículo 276. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Los términos a que se refiere el artículo 9° de la Ley 1395 de 2010 no aplican en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo».
2 Vigente desde promulgación de la Ley 1564 de 2012, conforme al numeral 2° del artículo 627 Código General del Proceso, el cual indica que: «(…) 2° La prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este Código, será aplicable por decisión del juez o magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta Ley».
3 fl. 31, cdno. 4.