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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
ATC193-2015
Radicación n.° 73001-22-13-000-2014-00568-01
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015).
I. ANTECEDENTES
1. Por auto de 14 de mayo de 2013, el Juzgado Segundo de Familia de Ibagué admitió la demanda instaurada por el señor Iván Edicson Ortiz contra la accionante Ángela Johana García Ramírez para obtener la custodia y cuidado personal del menor hijo de ambas partes (fl. 42).
2. Surtido el trámite correspondiente en el que se ordenó notificar al Defensor de Familia, se profirió sentencia de fecha 31 de octubre de 2014 accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda (fl. 54).
3. Inconforme con la referida determinación, la peticionaria del amparo acude al amparo constitucional por considerar que el juez accionado vulneró el debido proceso al fundar su decisión en una interpretación equivocada de las normas aplicables al caso (fl. 6).
4. La solicitud de amparo se admitió a trámite en decisión de 14 de noviembre de 2014, que dispuso enterar de la existencia de la acción a la autoridad accionada y al señor Iván Edicson Ortiz Rodríguez (fl. 58).
5. El Tribunal negó el amparo, al estimar que no se evidenciaba vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por la actora (fls. 87-93).
6. Luego de ser impugnada la sentencia, se remitieron las diligencias a esta Corporación para la resolución del correspondiente recurso (fl. 106).
II. CONSIDERACIONES
1. Si bien la tutela se caracteriza por ser un mecanismo breve y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, dentro de las cuales se prevé la perentoria obligación de notificar las providencias proferidas en su trámite a las partes o intervinientes, según lo disponen el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.
Dentro de aquellos sujetos a los que se debe comunicar las decisiones adoptadas en el trámite constitucional, se comprenden los terceros determinados o determinables que pueden recibir provecho o perjuicio de las resultas de la acción, así como a los funcionarios públicos que deban actuar como garantes de los derechos de las personas a las cuales la ley les otorga una especial protección.
A todos ellos es imperativo enterar del inicio del trámite, con el fin de que tengan la oportunidad de ejercer su defensa a través de la intervención que autoriza el artículo 13 del decreto que sirve de marco a la regulación del recurso excepcional de amparo, el que determina lo siguiente: «Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud».
El criterio que se expone ha sido reiterado por la Corte, pues lo que se involucra es la efectividad material de las garantías de contradicción y debido proceso de quienes pueden resultar afectados al proveer sobre la petición de amparo1.
Sin embargo, en el expediente no se tiene evidencia acerca de que se hubiere surtido la notificación del citado interviniente, ni de que este participó en el trámite del amparo constitucional, por lo que no se le puede considerar debidamente enterado del mecanismo al que recurrió la actora para la protección de las garantías sustanciales presuntamente quebrantadas.
Es necesario comprender que, en tanto la reclamación por esta excepcional vía involucra los derechos de un infante, es imprescindible que a través de medios idóneos y efectivos se procure vincular al Defensor de Familia que actúa ante el juzgado accionado, a quien la ley faculta para intervenir en los trámites judiciales como el que es objeto de estudio en sede de tutela.
En efecto, el artículo 82, numeral 11 de la Ley 1098 de 2006 asigna al Defensor de Familia la función de «promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de estos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la representación judicial a que haya lugar».
Luego, si el citado funcionario público tiene el deber de velar por los derechos de los niños y adolescentes en las actuaciones judiciales que le atañen, es claro que debía ser llamado para que interviniera en el trámite de tutela como garante de las prerrogativas superiores del niño.
En casos similares, la Corte ha sostenido que por las anotadas omisiones «se estructura la causal de nulidad establecida en el artículo 140 numeral 9° del Código de Procedimiento Civil, al haberse dado curso al libelo sin la citación de quienes, como se anotó, debieron haber sido convocados». (Providencia de 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00066-01)
3. Las razones consignadas imponen la declaración de la nulidad de lo actuado para que el Tribunal efectúe las notificaciones de forma que se garantice efectivamente la defensa de la menor, dejando constancia de las gestiones realizadas y de su resultado, comunicando efectivamente la admisión de la tutela al Defensor de Familia que ejerza sus funciones ante el juzgado accionado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado en la presente acción de tutela, a partir del auto que la admitió a trámite, sin perjuicio de la validez de la notificación realizada a la entidad accionada, conservando eficacia las pruebas que se recaudaron, acorde con lo previsto en el inciso 1º del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: Devolver el expediente a la Sala Civil – Familia de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, para que efectúe la citación omitida y reponga la actuación.
TERCERO: Comunicar lo aquí resuelto a los involucrados, a través del medio más expedito posible.
Notifíquese y cúmplase,
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado
1 (CSJ SC autos de 29 de mayo de 2008, exp.0079-01; 18 de septiembre de 2008, exp. 00167-01; 8 de julio de 2009, exp. 00048-01; 1º de noviembre de 2012, exp. 2012-00001-01.)