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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
ATC3408-2015
Radicación n.° 11001-02-03-000-2015-00745-02
(Aprobado en sesión de diecisiete de junio de dos mil quince)
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015).
Decide la Corte el incidente de desacato formulado por Import Global Trading S.A.S. contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por los magistrados Ramón Alberto Figueroa Acosta, José Mauricio Marín Mora y Neyla Trinidad Ortiz Rivero, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por la incidentante respecto de la Corporación mencionada y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad.
1. ANTECEDENTES
1. Por conducto de apoderado judicial, la sociedad actora impulsa la presente actuación porque, en su sentir, el Colegiado atacado inobservó el fallo de 16 de abril de 2015, mediante el cual esta Sala le concedió el amparo reclamado.
2. Para sustentar su reproche, asevera que en la citada providencia se protegieron sus derechos porque el Tribunal accionado dentro de la ejecución propuesta por ella contra Caminos del Campestre S.A. -CONSTRUCA S.A.- confirmó la determinación de primer grado, con la cual se negaron sus pretensiones, apoyado en elucubraciones insuficientes y sin resolver su apelación.
Refiere que la providencia de esta Corte le impuso a la Corporación convocada emitir de nuevo su decisión con base en las consideraciones allí esbozadas; no obstante, el accionado
“(…) reforzó con otros argumentos la nueva sentencia en lo referente a los títulos valores (…), pero no hace una manifestación expresa y clara en cuanto se refiere (…) [al] ‘mérito probatorio y ejecutivo de las facturas’ y además sin hacerlo de conformidad a lo reglado por el art. 773 del Código de Comercio (…), en punto a la aceptación de los títulos valores enunciados, para establecer si se cumplían los requisitos estipulados en la norma, para continuar o no con el compulsivo, como lo manifiesta la sentencia [de tutela] (…)”.
3. Pide, por tanto, se cumpla el pronunciamiento de 16 de abril de 2015 (fls. 1 al 3).
4. Por auto de 15 de mayo de 2015, se puso en conocimiento de los funcionarios accionados la solicitud incidental y se les exhortó para que informaran sobre el incumplimiento endilgado por la tutelante (fls. 11 y 12).
5. Los magistrados incidentados expusieron haber acatado en el término impuesto, “(…) de manera completa y oportuna, el fallo de tutela (…) proferido el 16 de abril de 2015 (…)”; en consecuencia, solicitaron la desestimación del desacato, pues el hecho de mantener el sentido de la determinación inicial “(…) y no consultar los deseos del recurrente (…)” no significa desobediencia (fls. 25 y 26).
6. Por no existir pruebas que decretar, pues las obrantes son suficientes para resolver, ni más trámites que surtir, procede la Corte a decidir lo pertinente.
2. CONSIDERACIONES
1. La figura jurídica del desacato contemplada en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, fue erigida como un instrumento del cual dispone el juez de tutela para sancionar a quien hace caso omiso a las órdenes impartidas, con el fin de hacer efectivos los derechos fundamentales de la persona que ha reclamado su protección constitucional, por cuanto, tal resguardo resultaría inocuo si no existiesen mecanismos como éste, orientados a asegurar el cumplimiento de las instrucciones dispuestas para obtener la cesación de la conducta lesiva o de las amenazas a las garantías superiores amparadas.
2. El presente caso se circunscribe a determinar si la orden de amparo impartida por esta Sala en la sentencia de 16 de abril de 2015, dentro del resguardo incoado por Import Global Trading S.A.S. frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga y a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, con ocasión de la ejecución propuesta por la aquí actora contra Caminos del Campestre S.A. -CONSTRUCA S.A.-, fue inobservada.
Memórese que en dicho pronunciamiento se le impuso a la Corporación querellada
“(…) que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación (…), dej[ara] sin efecto la determinación de 17 de febrero de 2015 y proced[iera] a resolver, nuevamente, la apelación impetrada frente al fallo de primer grado, atendiendo a los lineamientos expuestos en esta providencia (…)”.
Los parámetros referidos por la Corte en el mandato transcrito se relacionaron, puntualmente, con la necesidad de zanjar lo relativo al “(…)mérito probatorio y ejecutivo de las facturas allegadas, en las cuales se consignaron diferentes materiales de construcción y el valor de éstos; documentos donde la ejecutada, incluso, impuso un sello de “RECIBIDO” (…)”. Dicho aspecto fue debatido, además, por la querellante en la apelación impetrada respecto del fallo de primer grado en el ejecutivo censurado.
3. La jurisprudencia de esta Corte ha insistido que para establecer si existió o no desacato a la orden del juez de tutela, es menester realizar una comparación entre lo resuelto en el fallo y la supuesta omisión endilgada al destinatario de la orden1.
De la revisión de las pruebas allegadas se colige que la parte incidentada, una vez conoció el precepto tutelar, procedió a emitir la sentencia de 23 de abril de 2015 para dar cumplimiento a lo ordenado por esta Sala. En esa providencia decidió, entre otras cuestiones, confirmar el pronunciamiento del a quo, en el cual se negaron las pretensiones de la ejecutante, aquí actora, y se declaró probada la excepción denominada “(…) formulismo involuntario (…)” (fls. 118 al 136).
Para adoptar esa determinación, el Colegiado comenzó por referirse al valor probatorio de los instrumentos de pago adosados para el cobro en los siguientes términos:
“(…) en el presente caso, tratándose de un proceso ejecutivo para el cobro de unas facturas de servicios, la juez de primera instancia procedió a realizar un nuevo análisis de los títulos, el cual no le está vedado (…)”
“Así pues que ningún reproche puede hacerse frente a la facultad oficiosa del operador judicial a efectos de analizar nuevamente los títulos que se le ponen de presente como base de un proceso ejecutivo (…)”.
Tras relacionar las diez (10) facturas allegadas, destacó que éstas fueron cuestionadas por la pasiva porque no cumplían los requisitos de la Ley 1231 de 2008 y dado que en ellas figuraba un sello de recibido, pero el mismo indicaba “(…) no implica[r] aceptación (…)”.
Respecto de lo esgrimido, el Tribunal acotó que si bien lo aducido por la demandada no le restaba mérito ejecutivo a los títulos, por cuanto, además, de no ser necesaria la inscripción de la expresión “venta” en las facturas, consagrada en el artículo 617 del Estatuto Tributario, la aceptación de las mismas estaba cumplida conforme a lo dispuesto en el canon 897 del Código de Comercio, aquéllas no podían ser cobradas compulsivamente, toda vez que entre las partes mediaba un contrato de obra civil, el cual había generado dichos instrumentos y éstos
“(…) más que título valor, que corresponda a un negocio jurídico cambiario autónomo, son la constancia de entrega de materiales y elementos propios de ese contrato (i) porque en las facturas indistintamente se habla en la razón social de ‘CONSTRUCA S.A.’, que es el otro contratante de ese ‘contrato de obra civil’ o de ‘EL LAGO CONDOMINIO CLUB’, que en verdad es el nombre del proyecto urbanístico, que adelantaba CONSTRUCA S.A., y no una persona moral diferente y era para ese proyecto donde el aquí ejecutante debía efectuar los suministros, de acuerdo con la cláusula primera (…). (ii) Precisamente, la referencia inserta en las facturas, obedece inequívocamente a los ítems contratados en ese famoso ‘contrato de obra’ (iii) en algunas de esas facturas, hay el señalamiento expreso de que esa referencia obedece ‘según cantidades y especificaciones contenidas en el contrato de obra civil de fecha septiembre 10/2009’. Se pregunta la Sala, es otro negocio jurídico diferente al arrimado en copia por el ejecutante que tiene fecha 7 de septiembre de 2009? La respuesta es no porque, ese contrato, fue objeto de un OTROSÍ, fechado el 10 de septiembre de 2010 en que se estipuló la acreditación de ‘una póliza de calidad de suministro’ si sobre esto no hay repulsa alguna, es tema pacífico, ello explica [el] porqué la diferencia de fechas en la referencia que se hace en las facturas presentadas al cobro, (iv) planteándose la ejecución entre las partes, no puede escindirse las facturas presentadas al cobro, del mismo contrato al que hacen referencia, que emerge como una cortapisa al principio de literalidad que informa a los títulos valores y menos (v) como lo dice la parte ejecutada en su excepción de ‘abuso del derecho’, en el mencionado ‘contrato de obra’ en parte alguna aparecen mencionadas facturas como medio de pago de lo suministrado por quien aquí ejecuta, sino que la forma de pago pactada en la ley negocial, es la referida en la cláusula séptima, que para la hora de ahora resulta insoslayable, de acuerdo con el artículo 1602 del Código Civil y a él podía acudirse a voces del numeral 12 del art. 784 del C. de Cío. (…)”.
Enseguida, el incidentado refirió los elementos y las obligaciones de un contrato de obra e insistió en que las reseñadas facturas tenían como negocio causal un convenio como el aducido y en éste los deberes de los contratantes se fijaron así:
“(…) de una parte la demandada CAMINOS DEL CAMPESTRE S. A. CONSTRUCA S.A., cancelaría la suma de $1.280.422.200,00 en un anticipo de $640.211.100,00 fraccionado en la suma de $439.119.197,00 el 50% de unas unidades de vivienda; $201.091.903,00 en cheques post fechados en fechas determinadas y por valores específicos y el saldo de $640.211.100,00 a la entrega y recibo de la obra a entera satisfacción, con la entrega de las escrituras de algunas unidades y en efectivo la suma de $201.091.903; por su parte la ejecutante IMPORT GLOBAL TRADING S.A., se comprometía a suministrar todo [el] costo, [d]el suministro de materiales, transporte y su adecuación en las unidades de vivienda, tales como puertas, ventanas, mesones de cocina, etc, denominados como ‘ítems’ para el proyecto de vivienda el Lago Condominio Club (…)”.
Además, en el acuerdo citado se consignó que el recibo de la obra se efectuaría a través de actas parciales, sin embargo, tanto éstas como las finales no se allegaron al expediente, en consecuencia, según sostuvo la Corporación querellada, los títulos arrimados no tenían fuerza ejecutiva, pues “(…) nunca fueron acordad[o]s como medio de pago [y] tampoco como sucedán[eos] de las actas parciales de entrega (…)”.
Relievó el Tribunal que la afirmación relacionada con el incumplimiento mutuo de las obligaciones contractuales estaba demostrada en el litigio, por tanto, frente
“(…) a la falta de precisión en tal aspecto y la mutua acusación de incumplimiento de que no se cumplió con los pagos en la forma acordada y que los cheques incluso fueron devueltos; y de otra, que la mercancía se encontraba en mal estado, que no fue instalada en su totalidad, que no se instaló en el tiempo establecido y que el pago se surtió por encima de lo estipulado [no era dable], por la vía ejecutiva, establecer que la obligación cobrada en verdad sea exigible, pues no existe plena certeza de qué fue lo realmente entregado y pagado o qué no fue pagado y entregado realmente (…)”.
Finalmente, en lo concerniente a los argumentos de la alzada, indicó:
“(…) lo resuelto en ningún momento va en contra vía a la posición del tratadista Dr. Antonio Bohórquez Orduz, en la obra citada por el apelante y en especial en lo que a los contratos de obra se refiere, pues allí se señala que existen dos vías para acudir a la administración de justicia, por causa del contrato; de una parte, la resolución del contrato por incumplimiento por parte del contratante cumplido y de otra el ejecutivo por obligación de hacer con indemnización de perjuicios, hipótesis que no se dan en el presente trámite ejecutivo, pues no aparece del todo clara la obligación a favor de la ejecutante y en contra de la ejecutada (…)”.
“Así mismo, tampoco es aplicable la sentencia T-286 de 2007, en tanto el caso allí analizado difiere del aquí tratado como que una firma prestadora de insumos de ortopedia a un hospital, éste le endosa cuentas de cobro a cargo de compañías de seguros, ejecución que le fue negada en las instancias ordinarias (…)”.
“Aquí la situación es bien distinta porque (i) presentadas las facturas para el cobro compulsivo, no se probó que las mismas tuvieran una etiología diferente al ‘contrato de obra civil’ que ligó o ató a las partes (ii) si ese era en verdad la relación negocial, como en efecto lo fue o es (sic), es irrefragable que en principio ese contrato es ley para las partes y el precio a favor del contratista, era el resultante de actas de entregas parciales de obra, que reflejaran los ítems suministrados y de acuerdo a los precios unitarios de los mismos, que ni por asomo, las facturas presentadas al cobro las suplen, dicho en otros términos, del texto del contrato que en copia aportó el ejecutante, no emerge la intención de obligarse cambiariamente, por el contratante CONSTRUCA S. A., a lo sumo, serían prueba de las entregas de insumos y materiales pactados de acuerdo con la cláusula primera del contrato (iii) la carencia de esas actas parciales o la definitiva de entrega, no permiten para la hora de ahora establecer quien es deudor de quien y esa hesitación da al traste con la ejecución propuesta (…)”.
“Así las cosas, la decisión de primera instancia no podía ser otra que negar las pretensiones de la demanda y con ello además las excepciones de la parte demandada, teniendo únicamente como probada la rotulada como ‘formulismo voluntario’ como así lo hizo la Juez de Primera Instancia y por tal razón se impone la confirmación de la sentencia (…)”.
4. Así las cosas, no se encuentra en la actuación de los funcionarios atacados rebeldía alguna en orden a acatar el precepto tutelar, pues, como acaba de verse, fue obedecido, es decir, se realizó un pronunciamiento suficientemente sobre el mérito ejecutivo de los títulos base del recaudo. Por tanto, independiente de prohijar o no lo resuelto, emerge claro que la autoridad denunciada atendió lo decidido por esta Sala en sede constitucional.
5. Es pertinente señalar que desde el punto de vista subjetivo no se observa que la intención de los acusados hubiese sido la de desobedecer el fallo de tutela, es decir, su patente responsabilidad a título de culpa o de dolo en la falta endilgada.
Téngase en cuenta que para sancionar, no sólo deben mediar comportamientos objetivos patentes debidamente probados sino también los aspectos subjetivos en quien desacata la decisión de tutela, pues no puede generarse responsabilidad ni presumirse, ni debe olvidarse, que la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria, no halla asiento en nuestro ordenamiento.
Sobre ese aspecto, ha considerado la Corte Constitucional:
“(…) El desacato es un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada en la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento (…)”2.
El desacato, consiste ante todo en aquella conducta contraria a la orden judicial impartida por el juez constitucional y fundada en la deliberada intención de protagonizarla, esto, porque siendo la legislación que lo regula eminentemente punitiva, debe interpretarse con criterio restrictivo y determinada tanto por la tipicidad como por la culpabilidad del funcionario o particular receptor de la orden.
Para la Sala no se reúnen a plenitud los presupuestos objetivos ni subjetivos para imponer sanción alguna por desacato a la orden constitucional de tutela. Al margen de la discrepancia conceptual que pueda revestir para esta Corte la providencia del Tribunal, ha de observarse que el punto de su presunta desobediencia se encuentra dentro del marco jurídico de apreciación de los medios de convicción obrantes en el asunto, y en esta materia, los jueces de la República gozan de una discreta libertad, vértice, donde con mayor rigor se impone la autonomía judicial de conformidad con las reglas de la sana crítica, sin que se predique de modo alguno la arbitrariedad o la prevalencia del sistema de la íntima convicción.
6. Desde esa perspectiva, existiendo evidencia del cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de tutela de 16 de abril de 2015, se torna inviable la imposición de las sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DISPONER que no hay lugar a imponer la sanción prevista en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por los magistrados Ramón Alberto Figueroa Acosta, José Mauricio Marín Mora y Neyla Trinidad Ortiz Rivero.
SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
1 COLOMBIA, CSJ. Civil. Autos de 13 de enero de 2000, exp. 8150; de 4 de junio de 2013, exp. 7600122210002013-00013-01, entre otras.
23 Corte Constitucional Sentencia T- 763 de 1.998.