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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente
MARGARITA CABELLO BLANCO
SC10152-2014
Ref: C-1100131030252001-00457-01
(Discutido y aprobado en sala de cuatro de septiembre de dos mil doce)
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014).
Infirmada parcialmente la sentencia de 20 de agosto de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por JORGE SAFFÓN SALAZAR, NORA LUCÍA SANÍN POSADA y la sociedad CONSTRUCTORA SAFINSA LIMITADA, EN LIQUIDACIÓN, contra el BANCO COMERCIAL AV VILLAS, se procede, en sede de segunda instancia y en lo pertinente, a proferir el fallo sustitutivo respectivo, una vez practicadas las pruebas decretadas en la sentencia de casación de 24 de enero de 2011.
ANTECEDENTES
2.- Frente a lo anterior, en el libelo genitor, los demandantes solicitaron se declarara que el banco involucrado imputó abonos realizados a “capital” e “intereses”, a rubros no autorizados; que no “contabilizó” pagos efectuados; y que cobró “intereses sobre intereses” o “superiores a los límites permitidos”.
Así mismo, se dijera que durante la “vigencia del crédito” fueron alteradas las bases que llevaron a celebrar el contrato de mutuo con interés, y que, por lo tanto, la indexación de la obligación expresada en UPAC’s, al igual que los intereses, no podía liquidarse “con base en el DTF”, sino en el “IPC”.
Consecuentemente pidieron que se ordenara la “revisión y rastreo” del crédito, o su “reliquidación”, a efectos de establecer las “sumas pagadas en exceso” y las “devoluciones pertinentes”, a cuyo pago debía condenarse la sociedad demandada, con los demás perjuicios materiales y morales causados.
3.- En lo esencial, las pretensiones se fundamentaron en los hechos que se compendian:
3.1.- Los demandantes firmaron los mencionados títulos valores en blanco y sin carta de instrucciones, pero la entidad bancaria incorporó indistintamente tasas de interés de plazo del 18% y 20% trimestre anticipado.
La liquidación de los réditos se hizo a una tasa efectiva anual hasta del 50%, pues al pactarse el pago en unidades de poder adquisitivo constante, la corrección monetaria es reputada como intereses. Además, los mismos se cobraron en porcentajes superiores a las legalmente autorizadas, fueron capitalizados y se exigieron “intereses sobre intereses”.
3.2.- En general, los pagos efectuados se aplicaron a ítems prohibidos, como verificación de linderos, visitas de obra, avalúos, estudio de títulos, timbres, seguros e intereses.
3.3.- El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia de 21 de mayo de 1999, decretó la nulidad del artículo 1º de la Resolución 18 de 30 de junio de 1995, por ser ilegal atar el cálculo de las UPAC’s a la tasa DTF.
La actualización del crédito, entonces, debió someterse al IPC, como lo disponía el artículo 134 del Decreto 663 de 1993, además, porque así lo habían pactado las partes.
3.4.- La conducta de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, entre ellas la entidad convocada, propició la crisis de la economía nacional y la ruina de la mayoría de los empresarios constructores de vivienda, al punto que provocó que los demandantes “perdieran la totalidad de su patrimonio”.
4.- La entidad demandada se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de “inexistencia del derecho reclamado” y “no exigibilidad de otra conducta”, aduciendo, en síntesis:
4.1.- Las condiciones del crédito, es cierto, no incluyeron las tasas de interés debido a que variaban de acuerdo con la época de los desembolsos, pero sí las contienen los pagarés aceptados por los deudores, en los porcentajes vigentes, en tanto los réditos se liquidaron sin trasgredir disposición alguna.
4.2.- Contrario a lo afirmado, los “pagos efectuados se aplicaron a los rubros que correspondían” y “no se cobró suma alguna no contemplada en el contrato o no permitida por la ley”.
4.3.- La indexación del crédito se “hizo en un todo ajustada a las normas legales vigentes y de obligatorio cumplimiento para todas las entidades financieras”, mientras que la anulación del DTF, en 1999, “no tiene efectos retroactivos”.
5.- Tramitado el proceso, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de esta ciudad, mediante sentencia de 14 de noviembre de 2006, desestimó las pretensiones.
EL FALLO APELADO
1.- Luego de identificar que, según los fundamentos de derecho, en el libelo se había solicitado la “revisión del contrato de mutuo”, el fallador consideró que esa acción no procedía entablarla para “plantear el tema de la reliquidación del crédito”.
2.- Relativo a las imputaciones, el juzgador dejó probado que la entidad demandada había aplicado pagos a “verificación de linderos, visitas de obra, avalúos, estudios de títulos, timbres, seguros”, pero la pretensora no demostró, en contra de la “costumbre comercial”, que “dichos costos no debieran ser asumidos por ella en calidad de constructora”.
En adición, en el proceso se acreditó la expedición por la sociedad demandante con destino a la entidad financiera de un “paz y salvo” sobre el “contrato de mutuo”, como lo confesó su representante, lo cual significaba que el “mismo actor aceptó que no existió cobro de lo no debido”.
3.- Con relación al cambio de las condiciones que llevaron a las partes a contratar, el a-quo encontró improcedente la pretensión, porque cuando entró a regir la Ley 546 de 1999, la obligación se encontraba cancelada, luego no pudo haber un cambio drástico de las condiciones contractuales.
Además, los deudores, dada la experiencia en el ramo de la construcción, conocían las variables de la economía, cuya observancia no podían soslayar las entidades financieras; en tanto el sistema de valor constante era constitucional, pues mantenía el poder adquisitivo de la moneda, sin que se haya acreditado un desequilibrio cuantitativo, dado que el dictamen partió de supuestos alejados de la realidad, al imputar pagos no realizados, inclusive en forma distinta a la estipulada.
4.- En esas circunstancias, el juzgado negó todas las pretensiones, decisión contra la cual la parte actora interpuso recurso de apelación, cuya decisión acomete la Corte.
EL RECURSO DE APELACIÓN
1.- Sostienen los recurrentes, inclusive en el resumen de la audiencia prevista en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, de una parte, que en la sentencia apelada no se valoró el análisis financiero presentado por SAFINSA, así no sea esencial, ni el segundo dictamen pericial; y de otra, se incurrió en una motivación inadecuada y precaria.
1.1.- Con relación a lo primero, porque únicamente se apreció la experticia inicial, para desecharla, aduciéndose que contenía “yerros” y “presupuestos inexactos”, pero sin explicarse en qué consistían los unos y los otros.
1.2.- En cuanto a la motivación, los demandantes concuerdan en que no se trataba de una acción para revisar el contrato de mutuo por la existencia de un desequilibrio económico sobreviniente, como equivocadamente se interpretó, sino que todo se dirigía a que se devolvieran las “sumas pagadas en exceso y sin fundamento legal”.
En primer lugar, al imputar pagos a capital e intereses a rubros no autorizados, cual lo aceptó la parte demandada, aunque justificándolos, así como al dejar de contabilizar abonos efectuados; y en segundo lugar, al aplicar una fórmula ilegal para calcular la corrección monetaria, y al incurrir en anatocismo.
2.- Consideran los impugnantes que con las pruebas dejadas de valorar, entre otras, quedaron suficientemente acreditados los dos grupos de pretensiones.
2.1.- Los dictámenes practicados, en efecto, ponen de presente el desfase de $290’321.403, si se efectúa el cálculo con base en el IPC, o de $115’077.465, en la hipótesis de aplicar el DTF, todo para el 15 de julio de 1997, mediante la simple operación de restar a la totalidad de los abonos efectuados, lo realmente causado por capital e intereses.
2.2.- De otra parte, la nulidad judicial del acto administrativo que imponía la DTF como fórmula para calcular la corrección monetaria de las UPAC’s, mas no el IPC, implicaba retrotraer las cosas al estado anterior a su promulgación, entre ellas, la devolución de los pagos realizados, por ausencia de fundamento constitucional y legal.
Entre ellos, los réditos ilegales, porque dicho procedimiento comprendía un valor que actualizaba la moneda y otro de intereses. Así las cosas, la liquidación remuneratoria exigida al respecto por la entidad demandada, “implicaba, necesariamente, un cobro de intereses sobre intereses”.
La ley 546 de 1999, desde luego, no era aplicable al caso, por cuanto se trataba de un crédito de construcción y no hipotecario de vivienda, además de vencido.
3.- Agregan los apelantes que ninguna de las objeciones formuladas contra el dictamen pericial servían para dejarlo sin piso, por cuanto si los peritos partieron de un simple cruce de cuentas, resultaba innecesario explicar cuál pago era indebido, menos cuando la entidad demandada admitió imputaciones, en su sentir legales, a rubros distintos a capital e intereses; y porque si bien hicieron consideraciones jurídicas, esto mismo no podía predicarse de los aspectos técnicos contables.
4.- Por último, los recurrentes consideran que la costumbre comercial de aplicar pagos a “verificación de linderos, visitas de obra, avalúos, estudios de títulos, timbres, seguros”, no era de recibo, puesto que contrariaba normas de imputaciones y de pagos considerados como intereses.
El paz y salvo, fuera de haberse supuesto, resultaba insustancial, dado que así existiera, no constituía licencia para violar disposiciones de orden público, como es la prohibición de imputar abonos a rubros distintos a capital e intereses, cobrar ilegalmente intereses sobre intereses o calcular un crédito con base en indicadores económicos inconstitucionales e ilegales.
En negocios financieros, agregan, el único profesional es la entidad prestadora del servicio, lo cual excluye a la sociedad deudora, quien era experta únicamente en construcción y débil frente a la entidad acreedora por razones de inferioridad y de crisis económica, circunstancias que, por sí, debilitaban la teoría acerca de que nadie puede ir en contra de sus propios actos.
5.- Solicitan los recurrentes, en consecuencia, se revoque el fallo apelado y se condene a la entidad demandada a pagar, en general, a raíz de las “prácticas indebidas e ilegales” resaltadas, principalmente, $290’321.403, o en subsidio, $115’077.465, según se ate la actualización de las UPAC’s, en su orden, al IPC o al DTF, todo con la indexación y los intereses pertinentes desde el 15 de julio de 1997, hasta la sentencia de segunda instancia.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1.- El sentenciador de segundo grado identificó que las condenas en últimas se encaminaban “a que por virtud de la revisión de los pagos efectuados sobre el crédito otorgado por la demandada se haga la devolución de lo cobrado en exceso y se condene en perjuicios” y no a que se revisara el contrato de mutuo, como equivocadamente lo concluyó el a-quo.
2.- Sentado que a los créditos de constructor no se les aplicaba las “normas sobre reliquidación” y menos las del “alivio” de financiación de vivienda, contempladas en la Ley 546 de 1999, el Tribunal señaló que “tanto la aplicación del DTF, como la capitalización de intereses, para el crédito cuya ‘revisión y rastreo’ se pretende, son perfectamente legales y no contrarían parámetros constitucionales”, razón por la cual “no había lugar a la devolución de los eventuales valores pagados de más por cuenta de dichos conceptos, y como esta clase de créditos tienen el carácter de comerciales tampoco se les aplican los topes de intereses establecidos para los créditos de vivienda, sino los certificados por la Superintendencia Financiera”.
3.- Relativo a que, en sentir de la parte recurrente, era ilegal e inconstitucional actualizar las unidades de poder adquisitivo constante, cuyo pago así fue pactado, con base en la DTF, el ad-quem consideró que no eran “aplicables las sentencias proferidas por la Corte Constitucional al crédito de que aquí se trata, por tener éstas como ratio decidendi créditos de vivienda a largo plazo, que tienen características bien diferenciables, por plazo, valor y calidad de las partes, con el crédito constructor”.
4.- Fundado en la teoría de los actos propios, el Tribunal encontró que era inadmisible aceptar la conducta contradictoria de la parte actora, pues cuando solicitó a la entidad bancaria ampliación del plazo en 120 días, adujo como razón el “atraso en los programas de construcción y de ventas del edificio”, debido a que el “tiempo de construcción inicialmente previsto demandó mucho más de lo programado”, mientras que en el proceso sostuvo que las reales causas de la crisis por la que atravesó, concernían con el cobro en exceso de la entidad demandada de sumas canceladas y que nunca contabilizó.
A lo anterior debía agregarse que al momento de liquidarse el crédito, la constructora no había formulado reparo a los conceptos facturados, ni al monto de los intereses cobrados, y fuera de ello, dos años atrás había expedido paz y salvo “sobre las obligaciones derivadas del referido crédito”. Todo esto conducía a afirmar que la parte actora había asumido una conducta contradictoria en referencia a la observada antes de la contienda judicial, actitud que le estaba prohibida, pues desconocía que no podía actuar en contra de los actos propios.
5.- Frente a las imputaciones por impuestos, avalúos, visitas de obra, en fin, el sentenciador de segundo grado consideró que dentro de las actividades que desarrollaban las entidades bancarias, éstas podían “fijar autónomamente tarifas por los servicios que prestan, por lo que debe desecharse el argumento del recurrente en el sentido que la demandada igualmente incurrió en prácticas indebidas e ilegales”.
6.- En esas circunstancias, el Tribunal confirmó el fallo apelado.
LA SENTENCIA DE CASACIÓN
1.- De los cinco cargos que fueron formulados por la parte demandante, la Corte se abstuvo de estudiar los dos primeros, pues el tercero y el cuarto, los cuales prosperaban, comprendían aquellos, en tanto declaró infundado el quinto.
2.- Con relación a este último, el cual abogaba por la aplicación retroactiva de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, supra citada, mediante la cual se decretó la nulidad de la Resolución 18 de 1995, emitida por el Banco de la Republica, que sujetaba la evolución de las UPAC’s con base en la DTF, en lugar del IPC, la Corte concluyó que no se había trasgredido en forma indirecta la ley sustancial.
En concreto, porque en general, una decisión de esa naturaleza, carecía de efectos retroactivos. En particular, por cuanto la aprobación y ejecución del crédito, durante un año aproximado, también tuvo lugar bajo la vigencia de la Resolución 26 de 1994, la cual no fue objeto de anulación ni de suspensión; y de otra, en consideración a que ambos actos administrativos, en el fondo similares, fueron expedidos con base en el artículo 16, literal f) de la Ley 31 de 1992, norma que fue declarada inexequible mediante sentencia de 27 de mayo de 1999, pero sin afectar, cual se indicó, las cuotas canceladas.
En definitiva, debido a que “todo pago realizado antes de mayo de 1999, resultó válido, luego no es procedente pretender restitución alguna que derive de los aspectos fácticos y jurídicos valorados en esa determinación”. Con mayor razón, cuando en la mentada sentencia de inexequibilidad, la Corte Constitucional dejó sentado que la decisión únicamente afectaba las “nuevas cuotas causadas por los créditos adquiridos con anterioridad y en lo que respecta a créditos futuros”.
3.- El cargo tercero y el cargo cuarto, en cambio, fundados en la violación directa de la ley sustancial, según la censura, porque al aplicar el Tribunal la teoría “vinire contra factum prorium non valet”, avaló la aplicación irregular de algunos abonos efectuados al crédito, resultaron exitosos.
Lo anterior, al decir de la Corte, porque la doctrina de los actos propios era de recibo en la “medida en que el asunto del que se trate no tenga una regulación legal general o especial ante la cual, por su naturaleza, el principio deba ceder. No siempre y de manera rotunda toda reclamación ulterior que pueda contrariar un comportamiento ya agotado debe ser concebida, necesariamente, como la trasgresión de la reseñada regla, pues (…), no son pocas las ocasiones en que la misma ley considera el comportamiento precedente como irrelevante para los efectos de estructurar o encajar en el aludido principio”.
Es el caso del artículo 880 del Código de Comercio, según el cual “[e]l Comerciante, que al recibir una cuenta pague o dé finiquito, no perderá el derecho de solicitar la rectificación de los errores, omisiones, partidas duplicadas u otros vicios”. Por esto, a la parte actora, inclusive frente a la aprobación de la cuenta, no podía limitársele la posibilidad de revisarla o rastrearla, pero como ese derecho fue negado “no puede concluirse cosa diferente que el sentenciador equivocó su determinación”.
CONSIDERACIONES
1.- No existiendo reparo que hacer a los presupuestos del proceso, ni a la validez formal de lo actuado, se precisa, ante todo, que la sustitución de la sentencia de segunda instancia, respecto del recurso de apelación de los demandantes, se reduce únicamente a los temas que fueron quebrados en casación, no así a los que resultaron ilesos, porque bien o mal, ellos siguen amparados por la presunción de legalidad y acierto.
2.- Confrontada la sentencia apelada con el contenido del recurso de apelación, pronto se advierte que ninguna disquisición cabe hacer sobre la inaplicación de la Ley 546 de 1999, mediante la cual se reguló el sistema de financiación de vivienda a largo plazo, ni respecto del objeto específico del proceso, por cuanto fuera de que aquella evidentemente no gobernaba el caso, se trata de temas que resultan pacíficos.
2.1.- Con relación a lo primero, porque además de haber sido avalado por el sentenciador de segundo grado, en esos aspectos existe consenso entre las partes.
La entidad demandada, al decir que la “reliquidación prevista en la Ley 546 de 1999” cobijaba créditos individuales de “vivienda” “vigentes”, situación ajena al sub-judice, por tratarse de crédito de “constructores” cancelado con anterioridad.
Los demandantes, al sostener que dicha ley no era de recibo, pues el proceso tenía como mira un “crédito de construcción” “vencido”, que no “hipotecario” de vivienda, y al precisar que lo solicitado es que se tuviera en cuenta los efectos retroactivos del fallo de nulidad de un acto administrativo.
2.2.- Atinente al objeto jurídico del proceso, porque en forma expresa los sujetos en contienda identificaron, acorde con lo que desde la misma demanda emergía, que se trataba de dos grupos de pretensiones autónomas, distintas, en todo caso, a la acción de revisión de un contrato.
Los actores, cuando identificaron que todo se dirigía a que se devolvieran las sumas pagadas en exceso y sin fundamento legal. Primero, por haberse imputado indebidamente pagos a rubros distintos a capital e intereses y al no contabilizarse abonos efectuados; y segundo, al calcularse las unidades de UPAC con base en la fórmula ilegal e inconstitucional de la DTF, así como al incurrirse en anatocismo.
El banco demandado, al arropar dentro de un grupo de pretensiones el “reintegro de sumas de dinero que se considera fueron cobradas en exceso”; y en otro, la declaración en su contra sobre que, en general, cobró ilegalmente algunas cantidades, en concreto, al “indexar la obligación representada en UPAC, con base en el DTF”, en lugar del “IPC”.
3.- Superado lo anterior, pasa a examinarse, cuestión que también aparece involucrada en segunda instancia, si la sentencia de 21 de mayo de 1999, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se decretó la nulidad de la Resolución 18 de 30 de junio de 1995, emitida por el Banco de la República, surtía efectos hacia el pasado.
3.1.- Los apelantes insisten en la aplicación de esa tesis, pero como lo decidido en el punto por el Tribunal no fue desvirtuado en casación, las súplicas de la demanda, relativas a que se indexara las UPAC’s con base en el IPC, no pueden ser de recibo, por las mismas razones señaladas por la Corte.
En primer lugar, porque como se dijo, una decisión de esa naturaleza, carecía de los efectos solicitados; y en segundo término, por cuanto la aprobación y ejecución del crédito, durante un año aproximado, también tuvo lugar bajo la vigencia de la Resolución 26 de 1994, la cual no fue objeto de anulación ni de suspensión; y de otra, en consideración a que ambos actos administrativos, en el fondo similares, fueron expedidos con base en el artículo 16, literal f) de la Ley 31 de 1992, norma que fue declarada inexequible mediante sentencia de 27 de mayo de 1999, pero sin afectar, como allí se indicó, las cuotas canceladas.
En últimas, debido a que, en palabras de la propia Corte en la sentencia de casación, “todo pago realizado antes de mayo de 1999, resultó válido, luego no es procedente pretender restitución alguna que derive de los aspectos fácticos y jurídicos valorados en esa determinación”.
3.2.- Pasa a estudiarse, entonces, si la convocada, al no tener que asumir hacia el pasado los efectos de la nulidad del acto administrativo en cuestión, incurrió en anatocismo, según la censura, porque al atarse la corrección monetaria de las UPAC’s, a la DTF, ese procedimiento comprendía un valor que actualizaba la moneda y otro de intereses, de ahí que la liquidación remuneratoria adicional exigida, en lo que concierne a la aplicación de estos últimos, “implicaba, necesariamente, un cobro de intereses sobre intereses”.
3.2.1.- Suficientemente es conocido que debido a la pérdida acelerada del poder adquisitivo del dinero, llevó a las autoridades monetarias a tomar medidas para conjurarla. Fue así como, mediante los los Decretos 677 y 1229 de 1972, se crearon las unidades de poder adquisitivo constante, con el fin de garantizar que los créditos hipotecarios para comprar vivienda y los dineros depositados en las cuentas de ahorro en UPAC, mantuvieran su capacidad de compra, toda vez que unos y otros reajustarían su valor de acuerdo con el incremento de la inflación.
Posteriormente, según los Decretos 1131 de 1984 y 1319 de 1989, el método de indexación de las UPAC’s, fue modificado, al introducir, adicional al índice de precios al consumidor, IPC, otro factor para calcularla, como es la DTF, esto es, la variación de las tasas de interés efectivas de captación de los certificados de depósito a término en bancos y corporaciones.
Por último, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 31 de 1992, artículo 16, literal f), la Junta Directiva del Banco de la República, mediante las Resoluciones Externas 6 de 1993, 26 de 1994 y 18 de 1995, ató la actualización de las UPAC’s, exclusivamente, a la DTF, en el equivalente al 74% de ésta.
Lo importante es que, en sus inicios, el cálculo de la corrección monetaria de las unidades de poder adquisitivo constante, se sujetó a la variación resultante del promedio de los índices nacionales de precios al consumidor, IPC, certificados por el DANE, sistema en el cual los intereses no protegían la inflación, sino que se calculaban sobre el capital actualizado. Los réditos cobrados, por lo tanto, eran los pactados, adicionales a la corrección monetaria, independientemente de la misma.
Igualmente, que si en el sistema de la DTF, la actualización de la UPAC se sujetaba al promedio ponderado de las tasas de intereses de captación, esto significa que tales intereses, por lo menos, tenían que ser iguales a la inflación, pues las personas no serían tan ingenuas de depositar dineros en las entidades financieras, a fin de recibir, al cabo del periodo contratado, en términos reales, menos de lo entregado, en contraste con las tasas de colocación, en cuyo caso, los bancos y corporaciones prestan el capital que captan a la DTF, adicionándole un margen de intermediación.
3.2.2.- En general, liquidar intereses sobre intereses remuneratorios pendientes, es una práctica que se encuentra prohibida, según los artículos 1617 y 2235 del Código Civil, y 886 del Código de Comercio, a no ser que, como lo indica esta última norma, en operaciones mercantiles, medie demanda judicial o exista acuerdo entre las partes, siempre y cuando, en uno y otro evento, se trate de intereses debidos con un año de anterioridad, o sean operaciones en que se permita la capitalización de intereses, como acaece con los créditos a largo plazo, en los términos del artículo 64 de la Ley 45 de 1990.
La Corte, por esto, tiene dicho que “en el derecho privado colombiano la generación y cobro de intereses sobre intereses -sin perjuicio de su permisión en caso de que se proceda a su capitalización (D. R. 1454 de 1989)-, es una posibilidad esencialmente restringida, al punto que en el campo civil, fue expresamente prohibida por la regla 3ª del artículo 1617 del Código Civil, y en materia mercantil se permitió sólo en dos supuestos consagrados, precisamente, en el artículo 886 del Código de Comercio: primero, cuando así lo acuerdan las partes después del vencimiento de la obligación; y el segundo, cuando se reclamen en demanda judicial, siempre y cuando, agrega el precepto, ‘que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un año de anterioridad por lo menos’”1.
La restricción tiene su razón de ser en que la permisión genérica del anatocismo conllevaría a estimular la usura, a incrementar de manera desbordada la cuantía de lo adeudado y a propiciar el abuso de los acreedores. De ahí que su procedencia es excepcional, precisamente, al decir de la Corte, “para no estimular la usura, ora directa, ora indirectamente, o fomentar un ruinoso espiral que acreciente, aceleradamente, el monto del débito, imposibilitando o por lo menos dificultando –en grado sumo- la solución de la obligación, en inobjetable desmedro de los derechos e intereses del deudor”2.
3.2.3.- Pues bien, en el caso no se remite a duda que el crédito de que se trata debía cubrirse en unidades de poder adquisitivo constante, con los “intereses efectivos” o “corrientes” y de “mora”, a las tasas establecidas, liquidados, unos y otros, en UPAC’s. Igualmente, que la corrección monetaria de dichas unidades no estuvo vinculada al IPC, sino a la DTF.
Según el escrito de apelación, lo anterior constituía anatocismo, porque a partir de la Resolución 18 de 1995, citada, “el cobro de un interés remuneratorio sobre las unidades de UPAC calculadas con base en la DTF implicaba el cobro de intereses sobre intereses, pues el interés remuneratorio se calcula sobre la totalidad de la fórmula de UPAC y, por consiguiente, sobre el interés contenido en la DTF, pues como se sabe (…), el DTF no sólo incluye la actualización del valor del dinero, sino también una remuneración o interés al ahorrador”.
a) No obstante, cabe precisar que lo que en principio está prohibido al acreedor es cobrar intereses sobre intereses que con anterioridad ha cobrado al deudor dentro de una misma operación. Y de acuerdo con lo antes transcrito, en ningún momento se están exigiendo intereses sobre montos previamente adeudados por los obligados, ahora demandantes, a título de intereses. Simplemente se afirma que no han debido aplicarse a ciertos componentes que dentro del sistema de la DFT, como fórmula de corrección de las UPAC’s, ya constituían intereses.
En el proceso se encuentra demostrado que la práctica prohibida dicha no ocurrió. En coherencia con lo explicado, en el dictamen pericial evacuado a instancia de la Corte, se indica que el cobro de intereses sobre intereses surge cuando la “base o capital para el cálculo de los intereses, es incrementada por los intereses no cubiertos y sobre esta base acrecentada se aplican o liquidan intereses”.
Como lo señaló el auxiliar de la justicia, “verificando los saldos de la totalidad del crédito se aprecia que coinciden con el histórico de pagos. Teniendo en cuenta cada uno de los abonos y los desembolsos se concluye que la entidad bancaria para este crédito en particular no incrementó los saldos del crédito con cuotas no pagadas por ninguno de los conceptos, por tanto bajo este concepto no se realizó cobro de intereses sobre intereses”.
b) Los apelantes sostienen que el cobro de intereses sobre la corrección monetaria, es una forma de anatocismo, porque de conformidad con los artículos 884 del Código de Comercio y 64 de la Ley 45 de 1990, el reajuste de las unidades de poder adquisitivo constante, UPAC, computa como intereses.
Sin embargo, al decir que para evitar la práctica prohibida la “entidad financiera hubiera podido calcular el interés remuneratorio sobre los componentes de las unidades de UPAC que no constituyeran ya interés”, significa que dentro de esos componentes, existen algunos rubros que no aplican como corrección monetaria, entendiendo que su cálculo es el producto de un proceso deflactado, y que por esa razón es dable liquidar, en esa específica parte, los intereses procedentes.
En el dictamen aludido, es cierto, se habla del cobro de dichas sumas sobre la corrección monetaria de los dieciocho desembolsos en la cantidad de $8’765.724, a partir de señalarse que la metodología utilizada, en la época, para actualizar las UPAC’s, contenía un factor de inflación. Por esto, allí se concluye que si esa corrección es considerada como interés, esto implica “cobro de intereses” sobre la misma, en la medida en que se aplican réditos a los “saldos actualizados en UPAC”.
Desde luego, si no todos los componentes de la corrección monetaria computa como intereses, cual se acepta, tendría que seguirse que la capitalización de que se habla, en lo pertinente, como práctica indebida, constituye un beneficio injusto de los bancos y corporaciones. Fuera de que esto no se encuentra probado, ello no resulta de recibo, porque una cosa es el método de cálculo de la UPAC, y otra, distinta, las características de las obligaciones pactadas bajo la misma unidad de cuenta y su sistema de amortización.
En esa técnica financiera se supone que durante la primera vida del crédito el interés que se cobra no es el causado y que el faltante, cuyo pago se posterga, es financiado. No se trata, por tanto, de una práctica prohibida, porque la corrección monetaria no es una remuneración por el riesgo o el uso del capital, sino, en palabras de los apelantes, a propósito de un escrito presentado ante la Corte, una vez evacuado el dictamen, “una forma de mantener el poder adquisitivo de una suma nominal de dinero en economías inflacionarias, por lo que el cobro de un interés sobre la corrección monetaria no es realmente el cobro de un interés sobre interés sino el cobro de interés sobre un valor dinerario que simplemente se ha actualizado”.
Y no se diga que al decaer la DTF, como fórmula de corrección monetaria de la UPAC, de hecho, la capitalización de intereses, en lo que corresponde, devino en prohibida, porque durante su vigencia, la entidad demandada no hizo nada diferente que aplicar el sistema de financiación que preveía la ley. Con mayor razón, cuando las decisiones judiciales al respecto espetadas, en general, quedaron privadas de efectos retroactivos, en el sentido de que los créditos y cuotas canceladas bajo ese sistema no quedaban afectados, todo lo cual, al resultar ileso en casación, como se dijo, es intocable en esta oportunidad.
4.- Descartado, en general, el anatocismo, pasa a examinarse si hay lugar a condenar a la entidad financiera demandada a restituir los intereses que fueron cobrados y pagados en exceso, tal como fue solicitado.
4.1.- Sobre el particular, le asiste razón a la parte apelante, porque como en el mismo dictamen se concluyó, punto sobre el cual ningún reproche cabe hacerse, pues además de la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos en el particular, fue rendido por un economista, menos cuando no fue objetado por ninguna de las partes, aunado a que como se corroboró en el escrito de aclaración, al comparar el extracto del crédito con las tasas de interés aplicadas, se encontraron, para el 12 de julio de 1997, fecha del saldo final del crédito, unos excedentes a favor de la parte demandante por la suma de $15’459.388.35, según se discrimina, una buena parte, debido a “un mayor valor imputado”, y otra, a un “menor valor imputado a los saldos insolutos”.
Lo anterior, desde luego, no es lo mismo a que se hubiere liquidado y exigido tasas de interés por encima de los topes legalmente permitidos, cuyas consecuencias son distintas, según los artículos 884 del Código de Comercio, vigente para la época, y 72 de la Ley 45 de 1990, como lo tiene precisado la Sala3. Desde luego, a partir de ser legales las tasas de interés tenidas en cuenta, aquí se trata, cual se dijo en la sentencia de casación, es de “revisar” y “rastrear” el crédito, para superar los errores que se presentaron en la cuenta de “pague o de finiquito” (artículo 880 del Código de Comercio).
Por esto, el perito indicó que para llegar a esa conclusión se respetaron en su “totalidad las cifras de AV VILLAS (fórmulas, abonos, tasas de interés remuneratorias TA y de mora, fechas de pagos, etc)”, en otras palabras, las “formulaciones, periodos, tasas, tipos de tasas, procedimientos, etc.”. No obstante, se presentaron (a) aplicaciones que no “contienen formulaciones implícitas sino datos enteros”, (b) existieron diferencias en “monto de intereses aplicados, unas veces a favor y otras en contra de ambas partes” y (c) aparecieron diferencias en cuanto al “número de días”.
En consecuencia, al quedar demostrado que la entidad demandada aplicó por concepto de intereses, indebidamente, la suma total de $15’459.388.35, de un lado, a “un mayor valor imputado”, y de otro, a un “menor valor imputado a los saldos insolutos”, procede la solicitada condena por dicho aspecto y en esa cantidad. Ahora, como se trata de un capital entregado, independientemente del concepto, la restitución comprenderá los intereses comerciales bancarios corrientes desde el 15 de julio de 1997, hasta la ejecutoria de la presente sentencia, sin perjuicio de los intereses moratorios que se causen con posterioridad.
4.2.- El dictamen pericial, igualmente, en el cómputo global del crédito, tiene en cuenta o “contempla (…) una condonación de intereses por la suma de $16’257.796”.
Esa cantidad también debe aplicarse en la revisión o rastreo final del crédito, por tratarse de una operación que efectivamente ocurrió, como así lo ratificó la entidad demandada, entonces acreedora, en la comunicación de 21 de marzo de 2000, allegada con la contestación de la demanda, según la cual esa específica cantidad quedó saldada o condonada con la expedición de una “nota crédito (…) para cancelar el crédito”.
Por esto, seguramente, en el escrito donde se solicitó aclaración del dictamen practicado a instancia de la Corte, la entidad convocada requirió al auxiliar de la justicia para que indicara si a la supuesta diferencia de intereses en favor de los demandantes, en el equivalente de $15’459.388.35, debía deducírsele la “condonación que hizo la demandada de $16’257.796”. Pasa, entonces, a examinarse si esta última cantidad había que restarla de aquélla, pues al tratarse de un punto netamente jurídico, el perito no era el llamado a elucidarla.
El artículo 1625 del Código Civil prevé que las obligaciones se extinguen, “en todo en parte”, por el fenómeno de la “remisión”. Esto significa, de conformidad con el artículo 1711, ibídem, que se trata de una liberación voluntaria del acreedor hacia el obligado de todo o de parte de la deuda, por las circunstancias que fueren, sin recibir nada a cambio o en pago.
Lo anterior, desde luego, es permitido tratándose de un acto enteramente dispositivo, cual ocurre en el caso, en donde la condonación o remisión de parte del capital o de los intereses, sólo mira la situación particular del acreedor. Y sí una de las formas de expresión de esa figura jurídica la constituye, al decir de la Corte, “el recibo del capital sin reserva alguna”, pues ello equivale a la “condonación de los intereses”, o la “destrucción o entrega del título de la deuda”4, a “su remisión”, con mayor razón ello es de recibo cuando así se consiente en forma expresa.
Si, en el su-judice, la obligación fue extinguida, en concreto, en la suma referida, por el fenómeno de la “condonación”, como así fue aceptado expresamente por la entidad demandada, es apenas natural entender que la quita parcial no hay que traerla ahora a su favor, porque al declararla saldada, no se puede aplicar lo que jurídicamente es inexistente.
5.- Pasa a estudiarse si las pretensiones relacionados con la imputación de pagos a rubros prohibidos, como verificación de linderos, visitas de obra, avalúos, estudios de títulos, timbres, seguros, en fin, negadas por el juzgado, eran de recibo.
5.1.- En el proceso ninguna polémica existe en torno a que efectivamente, en general, imputaciones de esa naturaleza fueron realizadas, sólo que para la parte demandada, se trataba de aplicaciones legalmente permitidas.
El representante de la demandada lo acepta en el interrogatorio, al decir que el Decreto 1730 de 1991, “autorizó a las entidades financieras el cobro de sumas de dinero por concepto de estudios de títulos, verificación de linderos, etc.”, inclusive que frente a la derogación de esa norma, había “libertad para fijar el cobro y el monto de dichos conceptos”.
La misma parte, en las alegaciones de instancia, defendió lo anterior, en general, cuando concluyó que en “desarrollo de la libertad de contratación era y es legal que se efectúen cobros como los advertidos, por tratarse de servicios adicionales a la actividad financiera respectiva y no se ha demostrado, es más ni siquiera lo aseveró la demanda, que esos cobros hayan sido abusivos o exagerados”.
5.2.- No se desconoce que las entidades financieras ejercen una posición dominante en las operaciones activas y pasivas que realizan con los usuarios de sus servicios, la cual se concreta, en sentir de la Corte5, en la posibilidad de imponer el contenido de un contrato, en la determinación unilateral de su configuración y en la posterior administración de su ejecución.
La razón de ser de lo anterior estriba en que los servicios financieros que ofrecen los bancos son demandados masivamente. Sin embargo, esto no significa que puedan abusar de su posición privilegiada, pues deben actuar dentro de ciertos límites, considerando que la actividad financiera tiene una función social, de ahí que por su carácter de interés público, se encuentra sujeta a controles e intervenciones del Estado, según lo previsto en los artículos 334 y 335 de la Constitución Política.
En materia de créditos, por lo tanto, la autonomía de la voluntad no es absoluta. En cuanto a intereses e imputaciones, por ejemplo, la ley no deja al arbitrio de los establecimientos de crédito señalar las tasas, ni aplicar los pagos que reciben como a bien lo tengan, sino que para dar seguridad a los distintos agentes económicos, determina una y otra cosa.
Por esto, con el fin de evitar la simulación de ciertos pagos, el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, prevé que “para todos los efectos legales se reputarán intereses las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aún cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento”.
Lo anterior significa que existen rubros autorizados que se justifican y que no se reputan intereses, porque en los términos de la norma, carecen de ese carácter los pagos recibidos “sin contraprestación distinta al crédito otorgado” y los que se hacen en “exceso de las sumas que señale el reglamento”. Por esto, no se pueden considerar intereses las sumas que no se cuentan para el calcular el interés bancario corriente, ni los servicios vinculados directamente con el crédito.
Entre los primeros, al decir de la Corte, a las entidades financieras les está prohibido cobrar “puntos relacionados con la inflación” y con el “porcentaje de utilidades a que tiene derecho la entidad crediticia en desarrollo de su negocio”, porque son conceptos que se entienden incluidos en la tasa de interés bancario corriente. Así mismo, los “gastos por administración del crédito, manejo de cartera, papelería, en fin, considerando, al tenor del artículo 4º de la Resolución 19 de 1998, emanada de la Junta Directiva del Banco de la República, que el ‘concepto de tasa de interés efectiva comprende, también, la totalidad de los costos financieros a cargo del deudor -cualquiera que sea su denominación- vinculados al préstamo o relacionados con él’”6.
Igualmente, como en el mismo antecedente se señaló, en general, tampoco puede adicionarse, por comprenderlo la tasa efectiva, “todo gasto que en desarrollo del crédito deba erogar la entidad bancaria, al margen de que lo justifique por ‘honorarios, comisiones u otros semejantes’ (…), como estudio de crédito, cuotas de administración o de manejo u otra equivalente, costos de operación, envíos de extractos mensuales, expedición y manejo de cupones de pago, nómina, implementación y desarrollo de tecnologías, entre otros, por tratarse de rubros que se hacen en función y mejora de su objeto social.
“En cambio, los servicios vinculados directamente al crédito que no se reputan intereses, se relacionan con los gastos cuya carga no le corresponde a la entidad financiera, sino al usuario, debido a que se realizan a raíz de la puesta en funcionamiento del respectivo servicio, como estudio de títulos, cargos por seguros, impuestos, avalúos, visitas a los predios, etc. En estos casos, lo que se prohíbe, de conformidad con el artículo 1168 del Código de Comercio, es simular tales costos, o exigir por los mismos conceptos, según el artículo 68, trascrito, sumas en exceso a las establecidas en las leyes o en los reglamentos”.
5.3.- Frente a lo anterior, surge claro que en el caso las pretensiones relacionadas con imputaciones a ciertos rubros, como estudio de títulos, avalúos, verificación de linderos, visitas de obra, seguros e impuestos, prohibidas, en sentir de los recurrentes, no pueden salir avante.
En primer lugar, porque si bien se encuentra acreditado que por esos conceptos se hicieron aplicaciones del orden de $21’386.306, cual se indicó en el dictamen pericial, no cabe duda que se trata de gastos que no corresponden a la entidad financiera, respecto de la prestación del servicio en sí mismo considerado, sino que se correlacionan con la solicitud del crédito. En segundo lugar, porque nadie ha desconocido que esos costos efectivamente se causaron, menos que hayan sido facturados exagerada o desbordadamente.
Con mayor razón, cuando en la cláusula décima de la hipoteca constituida para garantizar el pago del crédito, se estipuló que sería de cargo de la parte deudora, entre otras erogaciones, los relacionados con el pago de “impuestos”, o al decir de cada uno de los pagarés, los “gastos e impuestos”, los cuales se podrían deducir de cualquier suma a su favor.
6.- Finalmente, en cuanto que no se contabilizaron abonos efectuados, ninguna condena debe fulminarse, porque como se indicó en el dictamen practicado a instancia de la Corte, los contrastes entre la cifra cancelada por SAFINSA y la que manifiesta recibió AV VILLAS, “dependen estrictamente de cálculos” y porque son “diferencias conceptuales”.
Seguramente por esto, en el escrito presentado a propósito de la referida experticia, los demandantes concluyeron que con ese medio de convicción quedaba demostrada la “evidencia de pagos por otras expensas”, como visitas, avalúos, en fin; el “pago de intereses sobre la corrección monetaria”, lo cual es una “forma de cobro de intereses sobre intereses”; y un “cobro excesivo de intereses”; todo lo cual supra quedó analizado.
7.- Recapitulando, al demostrarse que se pagaron intereses, sin desbordar los límites legales, aunque aplicados indebidamente a un “mayor valor imputado” o a un “menor valor imputado a los saldos insolutos”, no todas las pretensiones debían negarse, como lo hizo el juzgado, razón por la cual en ese aparte la sentencia apelada debe ser revocada, para imponer la condena correspondiente, junto con los intereses corrientes respectivos, desde el 15 de julio de 1997, hasta la ejecutoria de la presente sentencia, sin perjuicio de los réditos moratorios que se causen con posterioridad.
Ahora, al establecerse que a cargo de la parte demandada se encontraron obligaciones en su contra, derivadas del crédito de constructor, como igualmente se concluyó en los dictámenes iniciales, así no haya coincidencia en cuanto a los valores, esto es suficiente para que, específicamente respecto de los honorarios de los peritos, las objeciones formuladas contra el primer dictamen resulten infundadas, en lo relativo a los aspectos contables, que es lo que se puede considerar de ese medio probatorio, pues en lo jurídico “inocuas e inanes” resultan las eventuales opiniones de los expertos7.
8.- En consecuencia, al quebrarse parcialmente la sentencia del Tribunal y al no prosperar la totalidad de las pretensiones, se procederá a reproducir, en lo pertinente, la parte resolutiva de aquella, con los ajustes respectivos, sin que haya lugar a condenar en costas, entendiéndose, en el contexto del resultado del proceso, que cada parte debe soportarlas.
DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, y en sede de instancia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley;
“RESUELVE:
“PRIMERO: confirmar la sentencia del 14 de noviembre de 2006, dictada en este asunto por el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de esta ciudad”, en cuanto negó las pretensiones, salvo en lo que respecta al pago en exceso de intereses, por la cantidad total de $15’459.388.35, lo cual se revoca, y en su lugar se condena al banco demandado a pagar dicha suma a los demandantes, junto con los intereses corrientes desde el 15 de julio de 1997, hasta la ejecutoria de la presente sentencia, sin perjuicio de los réditos moratorios que se causen con posterioridad.
“SEGUNDO”: Sin costas para ninguna de las partes en ambas instancias.
Notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
MARGARITA CABELLO BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ
JESÚS VALL DE RUTÉN RUÍZ
1 Sentencia de 5 de agosto de 2009, expediente 1999-01014
2 Sentencia 216 de 19 de noviembre de 2001, expediente 6094.
3 Vid. Sentencia de 25 de agosto de 2008, expediente 1999-01056.
4 Sentencia de 10 de julio de 2009, expediente 2000-00310.
5 Vid. Sentencias 125 de 19 de octubre de 1994 (CCXXXI-709/777), expediente 3972; y 002 de 2 de febrero de 2001, expediente 5670.
6 Sentencia de 14 de diciembre de 2011, expediente 2001-01489.
7 Cfr. Sentencia de 19 de octubre de 2011, expediente 00847.