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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
Magistrado Ponente
SC12112-2014
Radicación N° 73001-31-03-003-2007-00152-01
(Discutido y aprobado en sesiones de veinticuatro de febrero, treinta y uno de marzo y ocho de abril de dos mil catorce)
Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014)
Se decide el recurso de casación interpuesto por la sociedad demandante Escobar y Arias S.A. contra la sentencia del 31 de enero de 2011, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario que la recurrente entabló contra Carlos Eduardo Espinosa González y Mauricio Jaramillo Martínez.
I. ANTECEDENTES
A. Mediante demanda, repartida al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, la sociedad actora convocó a proceso ordinario a los aludidos demandados, a efectos de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
Primero, que se declare que los demandados celebraron válidamente un contrato de mutuo con la demandante.
Segundo, que se declare que como consecuencia de decisiones judiciales del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué y del Tribunal Superior de Ibagué, el pago pretendido con los documentos denominados ‘pagaré’ nunca se dio; pues los formatos preimpresos, de formas Minerva números P-5520772 y P-5520811, suscritos y reconocidos ante notario por los demandados, al no reunir los requisitos para ser tenidos como títulos valores ni tampoco los fijados para ser títulos ejecutivos, no cumplieron la función de pago que les reconoce el inciso 1º del artículo 882 del Código de Comercio.
Tercero, que se declare que los demandados se han enriquecido sin justa causa, por no haber realizado el pago de la obligación surgida del contrato de mutuo, expresada en los documentos mencionados, y que, como consecuencia de ello, la sociedad actora se ha empobrecido patrimonialmente.
Cuarto, que como corolario de lo anterior se ordene a los demandados resarcir a la actora las siguientes sumas: $50.000.000,oo de que trata el documento denominado pagaré número P-5520772, y $450.000.000,oo de que trata el otro de los mencionados, en ambos casos con intereses del 2.5% mensual -tasa vigente certificada por la Superintendencia Financiera para el 24 de agosto de 2001-, así como los intereses moratorios liquidados desde la notificación de la demanda y hasta su pago en efectivo.
Quinto, que se declare que continúa vigente la hipoteca abierta de primer grado y cuantía indeterminada que constituyó Carlos Eduardo Espinosa González en favor de la sociedad Escobar y Arias S.A., mediante escritura pública número 526 del 30 de agosto de 2001, aclarada por escritura 596 del 4 de octubre de 2001 ambas de la Notaría Sexta de Ibagué.
B. Como causa de pedir, la demandante adujo, en síntesis, que los demandados recibieron de ella, a título de mutuo, directamente o a través de otras personas, diferentes sumas de dinero cuyo pago garantizaron con dos documentos, denominados “pagaré”, emitidos por valor de $50.000.000,oo y $450.000.000,oo, que suscribieron y reconocieron ante notario. Para seguridad de dichas deudas, Carlos Eduardo Espinosa González constituyó hipoteca abierta de primer grado y cuantía indeterminada sobre unos inmuebles, en favor de la sociedad actora mediante escritura pública 526 del 30 de agosto de 2001, aclarada por escritura 596 del 4 de octubre de la misma anualidad, corridas ambas en la Notaría Sexta de Ibagué.
Como los deudores y la adquirente de un lote de los hipotecados con las escrituras mencionadas no atendieron el pago de las obligaciones, la sociedad Escobar y Arias S.A., en ejercicio de la acción cambiaria, inició el cobro ejecutivo de los documentos mencionados, dirigiendo la demanda contra Carlos Eduardo Espinosa y contra Luz Patricia Gallo Buitrago, adquirente de uno de los lotes, personas estas respecto de las cuales el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué libró mandamiento ejecutivo, cuya notificación se surtió con los curadores ad litem que les fueron designados, quienes adujeron que los mencionados documentos no eran títulos valores -por no señalarse en ellos el beneficiario ni aparecer indicada la forma de vencimiento de la obligación- y que la garantía hipotecaria aludida no es exigible pues las deudas perseguidas fueron adquiridas antes de la constitución de la hipoteca.
Agrega la demandante que el juzgado de conocimiento, mediante providencia del 19 de octubre de 2005, revocó el mandamiento de pago al considerar que la ausencia de determinación del beneficiario genera la inexistencia del título valor que se pretendía creado, lo que condujo a que la actora formulase recurso de reposición y en subsidio apelación, aduciendo que no era de la esencia el señalamiento del nombre del beneficiario en el título pues cuando no se incluye se entiende que éste es al portador, quien se legitima con su simple exhibición. El juzgado confirmó el auto recurrido lo que provocó el conocimiento de la causa por parte del Tribunal, Corporación que al desatar la apelación, mediante providencia del 17 de abril de 2006, confirmó la decisión revocatoria de mandamiento ejecutivo pues consideró que la demandante no era tenedora legítima de los documentos aducidos como título de recaudo, y por tanto estos no constituían títulos ejecutivos. Agregó que en cuanto a su exigibilidad también presentaban los documentos espacios en blanco que tornaban las obligaciones como no exigibles.
La actora indica que como consecuencia de las anteriores decisiones, “carece de documentos idóneos para obtener el recaudo ejecutivo de las sumas de dinero prestadas a los señores Mauricio Jaramillo Martínez y Carlos Eduardo Espinosa González, lo cual genera un empobrecimiento injustificado de la sociedad demandante” (fl. 173, c. 1). Como aquellos recibieron de esta los dineros sin que a la fecha los hubiesen pagado y como los documentos “devinieron en inexistentes como pagarés y carentes de requisitos para constituir títulos ejecutivos se ha generado en cabeza de ellos un enriquecimiento injustificado” (ibídem.), se tipifica la figura del enriquecimiento sin causa consagrada en el artículo 831 del Código de Comercio, acción que ejerce.
C. Los demandados, en escritos separados, dieron contestación a la demanda formulando oposición a la prosperidad de las pretensiones. Adujeron ambos, como excepciones de mérito, la prescripción de la acción de enriquecimiento sin causa, fundada en lo previsto en el artículo 882 del Código de Comercio, y la inexistencia de dicho enriquecimiento por ausencia de los elementos que lo estructuran.
D. La primera instancia culminó con fallo (fls. 342 a 355 y su adición obrante a fls. 371 a 379, c. 1) en el que el juzgado de conocimiento declaró probada la existencia del contrato de mutuo celebrado el 24 de agosto de 2001 entre la sociedad Escobar y Arias S.A. y los demandados Carlos Eduardo Espinosa González y Mauricio Jaramillo Martínez, por valor de $500.000.000,oo, sin estipulación de intereses moratorios ni de plazo por no estar demostrada. Declaró asimismo que la obligación no ha sido satisfecha por lo que debe ser cancelada debidamente indexada y, además, que continúa vigente la hipoteca abierta de primer grado a que se aludió en la demanda.
Ambas partes interpusieron apelación, que el ad quem desató con la sentencia objeto del recurso extraordinario, en la que al revocar la del a quo, en su lugar denegó las pretensiones.
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
En el acápite correspondiente al estudio de los presupuestos procesales, encuentra el Tribunal reparos sobre el denominado como “demanda en forma”, y en concreto sobre las pretensiones deducidas en el libelo. Al advertir que si bien es deber del juez interpretar la demanda para desentrañar la verdadera intención del demandante y que por ello le está vedado al juzgador suplantar lo presentado por el actor, con apoyo en pasaje jurisprudencial de esta Sala, en el que se resalta ese deber de interpretar sin desfigurar la realidad ni transformar la esencia de lo solicitado, afirma el ad quem que el juzgado de primera instancia se equivocó al considerar que las planteadas eran dos acciones diferentes, “lo que conduciría …. inexorablemente a una indebida acumulación dando lugar a un fallo inhibitorio” (fl. 85, c. Tribunal). Pero, agrega, “lo cierto del caso es, que la demanda incoada se centró en una acción de enriquecimiento injusto en la que la totalidad de lo pedido se plantea como principal, la existencia del desplazamiento patrimonial, a partir del comportamiento asumido por los hoy contendientes y las consecuencias pertinentes a su comprobación, de manera que sobre este aspecto el reproche sale avante” (fl. 85, c. Tribunal).
Seguidamente, y previa advertencia de que su competencia es ilimitada dado que la providencia del a quo fue recurrida por ambas partes, se apresta la Corporación de segundo grado a examinar la procedencia de la actio in rem verso. Al destacar en primer lugar sus elementos estructurales jurisprudencialmente exigidos, se detiene en el atinente a que el demandante carezca de cualquier otra acción, bien sea derivada de un contrato, un cuasicontrato, el hecho ilícito o la ley, condición que le otorga su carácter residual, y que lo lleva a indicar que “debió adelantarse previamente la acción respectiva tendiente a la efectivización del título con el que se documentó el mutuo con intereses, provocando un pronunciamiento de fondo con carácter de cosa juzgada respecto de éste y no a través de un interlocutorio sin tales características” (fl. 87, ejusdem), pues –agrega- en la decisión adoptada en el proceso ejecutivo el mismo Tribunal ya había advertido que no se había valorado allí, en el auto que desestimó el mandamiento de pago, la eficacia sustantiva del documento presentado para la ejecución, “pues es un hecho cierto que los títulos valores pueden tener espacios en blanco que deben ser llenados o presumidos si la literalidad del documento y la ley así lo permite, y por tanto dicho documento continúa incólume en cuanto a lo que allí literalmente se encuentra expresado…” (f. 88). Y, tras reiterar que el título permanece “incólume”, en vista de que no ha sido debatido y de él emanan las acciones propias de su contenido, concluye que siendo la de enriquecimiento sin causa una acción subsidiaria, no procede en este caso por el simple hecho de que el actor haya preferido esa vía.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN. CARGO ÚNICO
Se acusa la referida sentencia de haber violado indirectamente los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, 1602, 1603, 1617, 2221, 2224, 2225 y 2232 del Código Civil; 620, 643, 831, 882, 884, 1163, 1164 y 1166 del Código de Comercio y 76 y 82 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia error de hecho en la interpretación de la demanda.
Luego de resaltar que el sentenciador “se entregó a la tarea de interpretar la demanda, porque así lo proclamó” (fl. 20, c. Corte) el casacionista lo tilda de poco laborioso porque, en su sentir, únicamente dedicó unas cuantas líneas a dicha faena, para sólo indicar que aquel libelo se había centrado en una acción de enriquecimiento injusto en donde todo lo pedido se planteó como principal. Señala que el yerro del Tribunal consistió en despreciar el texto íntegro de la demanda al centrarse “en unas cuantas palabras”, que no eran las más esenciales, pues si se la aprecia “en un espejo librado de impurezas” (fl. 22, c. Corte), puede verse que lo planteado en el libelo genitor consiste en que hubo un mutuo entre la sociedad Escobar y Arias S.A., de una parte, y Mauricio Jaramillo y Carlos Eduardo Espinosa de la otra; y que como la restitución del dinero no se produjo en forma voluntaria, aquella se vio precisada a acudir a los tribunales para coaccionar el pago. Primero lo intentó por el proceso ejecutivo y ahora lo hace por uno de conocimiento, sin que en ningún caso se hubiese puesto en duda el contrato mismo o que los demandados no quieren pagar lo que deben. Lo que sucedió fue que el proceso ejecutivo “sobrevino inane porque los juzgadores determinaron, por providencias ejecutoriadas, que los documentos anexados a aquella demanda no tenían la condición de título ejecutivo. Más todavía: determinaron que esos documentos, aunque denominados ‘pagarés’, no eran tales, dado que echaron en falta requisitos que son de la esencia de los pagarés” (ib.).
Agrega la censura que en la demanda ordinaria la actora cumplió con dar cuenta cabal de los hechos en forma breve expresando lo que pretendía, “que no era otra cosa que el deseo de cualquier acreedor de recaudar el crédito que había surgido de un contrato de mutuo” (fl. 23). Y con miras a demostrar dicho aserto transcribió apartes de los hechos narrados en la demanda y las pretensiones deducidas, con su particular explicación en apoyo de la tesis que sustenta su acusación. En lo medular, el cargo señala que si bien es cierto que la demandante se refirió en la pretensión tercera a que los deudores se habían enriquecido, tal declaración no la solicitó a secas sino que la pedía porque estos se habían negado a pagar. Adujo asimismo que en los fundamentos de derecho, la demanda hizo referencia a los artículos que disciplinan el contrato de mutuo y la obligación del mutuario de restituir.
De allí que el impugnante sostenga que era inadmisible que el Tribunal dejara de lado lo esencial de la causa litigiosa, esto es, “que mediante un proceso de cognición se deje bien establecido el mutuo y su incumplimiento” pues “todo, absolutamente todo, apunta hacia el costado contractual que une a la actora con los demandados” (fl. 25). En su lugar, forzó el texto de la demanda y sus anexos para ir a parar a una pésima interpretación de la misma, por haberse detenido en el menos importante de los elementos para interpretarla, cual es el del bautizo de la acción (enriquecimiento injusto), menospreciando de esta manera el principio legendario que se expresa con el aforismo “dame los hechos y te daré el derecho”.
IV. CONSIDERACIONES
A. Se sitúa el examen que el casacionista propone a la Corte, en determinar si la demanda genitora del proceso en verdad admite como única interpretación, la propuesta en el cargo, esto es, la de que en ese libelo su proponente depreca que se declare que éste como mutuante celebró un contrato de mutuo con los demandados; que la obligación de allí derivada a cargo de estos -consistente en devolver lo que recibieron por razón del contrato- no la han cumplido; y por tanto que se les conmine a ello. Y se dice que debe ser ésa la única, pues el error de hecho en la interpretación de la demanda, sobre el cual cabalga la acusación bajo estudio, para que sea motivo de casación de un fallo, tiene que ser evidente, ostensible, manifiesto, o sea que se imponga por sí solo de la simple lectura de la sentencia y su comparación con la demanda (CSJ SC 29 de nov. de 1995, rad. 4477; 1º de sep. de 1995, rad. 4489; 30 de jul. de 1996, rad. 4514, entre muchas otras), sin que pueda sostenerse que se configura cuando ese texto admite razonablemente varias interpretaciones, dentro de las cuales cabe la adoptada por el sentenciador (CSJ. G.J. CCXXV, 2ª parte, pag.185, G.J. CCXVI, 520, SC. de 1º de sep. de 1995, rad. 4489, entre otras), pues por razón de su oficio goza éste de esa discreta autonomía.
B. Con miras a verificar la existencia del anunciado error de hecho con carácter de evidente o manifiesto, ha de resaltarse que en la demanda sobre la que recae la acusación, aludió la sociedad Escobar y Arias S.A. al contrato de mutuo y a su incumplimiento, al devenir procesal y el fracaso que experimentó en el cobro ejecutivo de los títulos denominados “pagaré”, pero también al enriquecimiento sin causa, tanto en los hechos como en las pretensiones y hasta en las normas invocadas como fundamento de derecho.
En lo que hace al enriquecimiento injusto, acción por la que optó el Tribunal, la actora expresamente se refirió -en la causa petendi- a que como carecía de documentos idóneos para obtener el recaudo ejecutivo de las sumas prestadas, ello le generaba un empobrecimiento injustificado (hecho décimo octavo, fl. 173, c. 1); y a que como los demandados habían recibido directamente o por intermedio de terceros los dineros prestados por la actora, se habían enriquecido injustamente (hecho vigésimo), por lo que, “con todo lo narrado” se tipificaba la figura del enriquecimiento sin causa. Pero no la especie de esta figura a que alude el artículo 882 del Código de Comercio1, sino la prevista en el artículo 8312 de esa obra, que mencionó como fundamento de derecho, además de otras normas, como las regulatorias del mutuo.
Puede colegirse, prima facie, que al haber considerado el Tribunal como ejercitada por la actora la prenotada acción de enriquecimiento sin causa y no la de incumplimiento contractual, no anduvo ostensiblemente descarrilado, pues admitía ésa demanda tal exégesis, sobre todo con apoyo en la posición asumida por las partes.
Porque no puede perderse de vista la enfática postura que desde el comienzo y durante el proceso asumió la demandante sobre el tipo de acción que ejercía. Y con ella los demandados, quienes, entendiendo que se los convocaba para una acción de enriquecimiento injusto, respecto de ello se defendieron.
Y así lo percibió el Tribunal, pues en medio de su parquedad, indicó que llegaba a esa conclusión “a partir del comportamiento asumido por los hoy contendientes y las consecuencias pertinentes a su comprobación” (fl. 85, c. 6).
En efecto:
a) Desde la propia conciliación prejudicial se hizo evidente que la demandante se proponía, como indica el acta respectiva, “iniciar un proceso ordinario, por enriquecimiento sin causa, razón de ser de la citación a esta audiencia.” (fls. 6 y 7 cdno. 1)
b) En el poder conferido al apoderado judicial que hubo de presentar la demanda (fl. 2, c.1), la actora le otorgó facultades para que iniciara y llevara hasta su terminación un proceso ordinario de mayor cuantía, “en acción de enriquecimiento sin causa”.
c) Al contestar la demanda, ambos demandados hicieron referencia tanto a la prescripción de la acción de enriquecimiento sin causa como a la ausencia de sus elementos estructurales (fls. 200 a 208, c. 1).
d) En el traslado que le fue conferido para que se pronunciase sobre las excepciones, la actora guardó silencio en el punto que ahora formula, esto es, que la acción entablada no fue de enriquecimiento sin causa sino de cumplimiento contractual, pues solo pidió el decreto y práctica de una prueba testimonial.
e) En la audiencia de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, la actora se ratificó en los hechos y las pretensiones, remitiéndose a lo señalado en la demanda (fl. 225 cdno. 1).
f) En el alegato de conclusión, y con el acápite denominado “la acción propuesta”, claramente se refirió la demandante a que la incoada correspondía a la denominada “actio in rem verso” consagrada en el artículo 831 del Código de Comercio, dirigida a evitar que la demandante se empobreciera como consecuencia de la imposibilidad de recuperar los dineros prestados a los demandados.
Continuó por esa vía para resaltar, con transcripción de sentencia de la Corte, no solo los requisitos para la configuración de la actio in rem verso, dentro de los cuales figura el enlistado en el pasaje jurisprudencial como cuarto -atinente a que el demandante “…‘carezca de cualquiera otra acción originada en un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito o de las que brotan de los derechos absolutos(…)’” (fl. 334, c. 1)-, sino para precisar que, como en proceso anterior el Tribunal había concluido que los documentos presentados como base del cobro ejecutivo no eran títulos valores ni títulos ejecutivos, “la sociedad Escobar y Arias S.A. no tiene otra acción diferente a la que nos ocupa para recuperar la suma de dinero que prestó a los demandados y que estos amparados en la sentencia comentada en una supuesta prescripción de la acción de enriquecimiento cambiario, que no es de recibo en este caso, se niegan tozudamente a pagar. Luego, se da el cuarto presupuesto para la viabilidad de la declaración de enriquecimiento sin causa” (fl. 339, c. 1). Y ya antes había enarbolado el cumplimiento en este caso de los requisitos primero a tercero de la acción antes referida.
g) En la sustentación del recurso de apelación contra la sentencia del juzgado a quo -que declaró probada la existencia y vigencia del contrato de mutuo e insoluta la deuda, la que debía ser pagada debidamente indexada-, se ratificó la actora en que la acción por ella incoada era la de enriquecimiento sin causa, explícitamente analizada y desestimada por el juzgado.
Justamente, para fallar como lo hizo, consideró la autoridad judicial de primera instancia que en este asunto se había ejercitado la acción de enriquecimiento sin causa común y no la de enriquecimiento cambiario prevista en el artículo 882 del Código de Comercio, por cuanto la demandante no fundamentó su pretensión en la caducidad o prescripción de los títulos. Agregó que si bien era cierto que se encontraba demostrado el enriquecimiento de los demandados y el correlativo empobrecimiento de la demandante, ese desplazamiento patrimonial no carece de causa pues existe de por medio un contrato de mutuo, probado en el proceso, del cual se desprenden las acciones dirigidas a obtener el pago de la deuda, aspectos estos que enervan la prosperidad de la citada acción.
Pues bien, en la sustentación del recurso de apelación, la sociedad demandante no varió un ápice su primigenia posición. Bajo el acápite que intituló “la recriminación de los demandados a la sentencia”, resaltó que el fallo era claro al precisar que se había adelantado un proceso en ejercicio de la denominada actio in rem verso, consagrada en el artículo 831 del Código de Comercio y no en el 882 de ese estatuto. Y tras resaltar que el juzgado tenía facultades para interpretar la demanda y concluir reconociendo la existencia de un contrato de mutuo como fuente genitora de la obligación insoluta, memora que este desestimó la acción de enriquecimiento sin causa porque halló demostrada la existencia del contrato de mutuo. A lo que en forma empecinada replicó el apelante con estas palabras: “La ausencia de justificación del enriquecimiento del deudor y del empobrecimiento del acreedor no deviene de la ausencia de contrato genitor sino de la imposibilidad de hacerlo efectivo, en razón a que el título con el cual se buscó su recaudo se tuvo como inexistente por parte del honorable Tribunal Superior de Ibagué y se señaló que tampoco servía de título ejecutivo, razón por la cual el enriquecimiento y empobrecimiento se encuentran injustificados”. (f. 54, c 6).
De suerte que si alguna duda cabía en torno a la acción incoada a partir de la mera lectura del escrito genitor, ella quedó totalmente disipada desde los inicios mismos del proceso y quedó asimismo refrendado dicho esclarecimiento a lo largo de su trámite en la primera instancia, y también en la segunda en la que no hubo cambio alguno, ni siquiera al final, a pesar de dejarse de lado la acción de enriquecimiento según los planteamientos de la sentencia dictada por el a quo. Eso lo vio el Tribunal y le sirvió de apoyo para concluir que la acción incoada era la de enriquecimiento injusto.
Y tal soporte, el único de la sentencia en punto de la interpretación que de la demanda hizo el tribunal, no fue motivo de embate alguno. Y bien sabido es que como las sentencias llegan a la Corte amparadas por la presunción de acierto y legalidad, es tarea del recurrente derruir todos los pilares que la sustentan, de suerte que si queda al menos uno que le preste base suficiente la Corte debe mantenerla y por ende, el cargo no se abre paso.
Así pues, si se pensara que la claridad de la demanda no supera la posibilidad de una eventual confusión sobre el tipo de acción incoada, tendría cabida su interpretación, que fue lo que el Tribunal hizo, actividad de la cual la Corte ha dicho con insistencia que, cuando el sentenciador “al momento de dictar sentencia, observe que la demanda presenta defectos de orden formal, debe hacer acopio de toda la capacidad interpretativa que le reconoce la ley para elucidar las pretensiones o los hechos que las sustentan, de modo que de ese laborío pueda brotar la verdadera intención del libelista” (CSJ SC. de 11 de nov. de 2004, rad. 0115). “La interpretación, empero, debe hacerse en forma sistemática, razonada y lógica, respetándose en todo caso el principio dispositivo con el fin de no caer en la incongruencia por la suposición de hechos o pretensiones” (CSJ SC. de 30 de jul. de 1996, rad. 4514, y en el mismo sentido, SC. de 16 de feb. de 1995, rad. 4460; 31 de oct. de 2001, rad. 5906). Es decir, sobre la base de no dejar de lado su esencial misión de administrar justicia resolviendo de fondo el litigio de que conoce, cuando la demanda se ofrezca al juez, “vaga, confusa, intrincada o, en general, [que] se haga difícil conocer el planteamiento del demandante” (CSJ SC . del 11 de nov. de 2004, rad. 0115) debe emplear los poderes que, como el consagrado en el numeral 4º del artículo 37 del Código de Procedimiento Civil le confiere la ley, “para evitar providencias inhibitorias”.
Y un recurso de hermenéutica de que dispone es a no dudarlo, la diáfana postura procesal adoptada por el autor de la demanda, reveladora de la real intención explicitada unívocamente por él, como lo muestra este proceso, instrumento que utilizó el Tribunal, aun cuando sin ofrecer los datos concretos que le llevaron a concluir que la acción incoada era la de enriquecimiento injusto “a partir del comportamiento asumido por los hoy contendientes”, datos que esta providencia ha explicitado, de los cuales se concluye que con la aplicación de esta forma de interpretación, el caso queda despejado de toda duda y deja en consecuencia, la opción del fallador, dotada de un claro soporte fáctico.
En palabras de la Corte:
“teniendo en cuenta que como lo ha reiterado esta Corporación ‘es deber indeclinable del juzgador sobre todo cuando se halla frente a demandas que adolecen de imprecisión interpretarlas para desentrañar la verdadera intención del demandante, y que en esa tarea debe tener en cuenta todo el conjunto del libelo y además, si ello fuere menester para precisar su verdadero sentido todas las actuaciones desarrolladas no sólo en el curso del proceso sino también durante la génesis del litigio… ‘ (Sentencia del 19 de julio de 19 de 1985 G. J. CLXXX, pág. 175); se reitera, no existe el yerro que se le enrostra al Tribunal, puesto que la interpretación de la demanda está de acuerdo con los antecedentes del litigio, los que lejos de ser indiferentes tienen extraordinaria relevancia jurídica en su decisión, ya que gracias a ellos se llega a la inferencia lógica y racional que la intención del demandante es evidente …” (CSJ SC de 19 de may. de 1995. Subrayas fuera de texto).
Pero finalmente, lo cierto es que, para la Corte, más que una demanda con términos enmarañados, oscuros o que se presten a diversas interpretaciones, ésta que dio origen al proceso cuya sentencia se impugnó en casación puede ser tildada como una demanda elaborada con términos e ideas de suyo inteligibles pero realmente desenfocada, con alusión a peticiones y hechos impertinentes a la situación sub examine, a punto de que no obstante resaltarse que el origen remoto de la deuda es de naturaleza contractual, la única pretensión orientada a provocar condenas contra los demandados (Cuarta), se formuló “como consecuencia de lo anterior”, esto es de las pretensiones precedentes, articuladas todas secuencialmente para sustentar el alegado enriquecimiento sin justa causa de los demandados y el empobrecimiento correlativo de la sociedad actora. Por ello, con perspicacia y derroche de recursos argumentativos el casacionista intentó desestimar la acción de enriquecimiento, elección del Tribunal, disminuyendo cuanto puede -y a partir del solo texto de la demanda- todo lo que de esa acción se hubiere dicho allí, a la par que buscó exaltar la de cumplimiento contractual, con miras a proponer, por la vía del error de hecho, una interpretación del libelo genitor que en su sentir era la cabal, a despecho incluso de lo que con inocultable precisión hubo de sostener la demandante en las instancias, según se vio.
De este tipo de libelos, de tiempo atrás la Corte hubo de pronunciarse para indicar que:
“si bien es cierto que cuando una demanda es oscura, corresponde al juzgador interpretarla en busca del verdadero alcance de sus súplicas, tarea en la cual ha de proceder a la luz de los hechos mismos consignados en el libelo y en que se contiene la causa petendi, lo que quiere decir que no le es dado al sentenciador disociar de los hechos que motivan la demanda, el pedimento, si entre éste y aquéllos cabe, sin faltar a la lógica, la relación de causa a efecto, con todo no puede predicarse lo mismo cuando, siendo claros los términos de una demanda, su autor ha dirigido mal la acción o formulado un pedimento jurídicamente inconciliable con los motivos de la misma. Porque no es lícito al fallador sustituir al demandante en su pretensión, lo que, implicando incongruencia en el juzgamiento, sería arbitrario como atentatorio contra la seguridad de las partes en la causa, quienes tienen perfecto derecho a que ésta se discuta y decida única y exclusivamente dentro de los límites de la relación jurídico-procesal formada por las pretensiones de los contendientes oportunamente deducidas en el litigio. Así, si el demandado hubo de atenerse a los términos de la demanda, resultaría defraudado en su defensa si por el Juez pudiera dársele al pedimento un sentido distinto al claramente resultante del libelo” (CSJ SC. de 7 de dic. de 1962, G.J. T.100 No. 2261 a 2264, pág. 228. Resaltado fuera de texto).
No se presenta, pues, error en la interpretación de la demanda y mucho menos con los perfiles requeridos para la prosperidad del cargo, dado que al dictar su fallo el Tribunal apreció y valoró esa pieza procesal y lo hizo además según los dictámenes del propio demandante, explicitados a lo largo del proceso y a los cuales respondió la defensa, lo que en últimas devela con notoria fidedignidad el real y verdadero contenido que la demandante quiso plasmar en el libelo.
Y ya para terminar debe resaltarse otro aspecto no menos importante, que toca con el derecho de defensa así como con la lealtad procesal que las partes se deben, relativo a que como la postura del actor desde su escrito genitor fue siempre la de esgrimir una acción de enriquecimiento sin causa, postura que incluso siguió blandiendo hasta en la póliza que para la suspensión de los efectos de la sentencia recurrida en casación ofreció (fl. 100, c. 6) y le fue aceptada (fls. 105 a 108, ib.), abandonarla solo ahora en la sustentación del recurso de casación, en franca variación de la causa petendi que pacíficamente se había entendido como aducida por la demandante, tanto por ella misma como por la contraparte, impide sin duda que la Corte la estime a estas alturas, por constituir un medio nuevo inadmisible en el recurso extraordinario. En efecto, sobre la proscripción de los medios nuevos en casación la Sala de tiempo atrás ha sido enfática en no admitirlos. Dijo por ejemplo:
Quien invoca un medio nuevo no modifica sus pretensiones, sino que trata de alcanzar el mismo resultado buscado con la demanda, pero por una vía distinta.
Funda su pretensión en una relación de derecho que había descuidado hacer valer en las instancias del juicio. Esa misma finalidad jurídica basada en una relación de derecho no alegada en las instancias, es lo que puede calificarse de medio nuevo (CSJ G.J. tomo XLI bis, pág. 208)
Y en desarrollo de esa postura, ha venido indicando que
montado un cargo en casación por la causal primera, por vía indirecta, no permite al recurrente planteamientos destinados al ingreso de la litis de un hecho nuevo, porque una parte no puede quedar expuesta, en el recurso extraordinario a que la otra, a última hora, la sorprenda con aspectos no controvertidos o invocados en las instancias y, por tanto, con desconocimiento de la garantía constitucional de la defensa (artículo 26 Constitución Nacional)» (CSJ SC de 23 de jun. de 1988)” (CSJ SC rad. 064-1990).
El cargo, pues, no se abre paso.
V. DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia identificada en el epígrafe de esta providencia.
Costas a cargo de la impugnante. Para que sean incluidas en la respectiva liquidación, se fija como agencias en derecho la cantidad de $6’000.000,oo, por haber sido replicada la demanda.
Devuélvase el expediente al Tribunal origen.
Notifíquese,
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
MARGARITA CABELLO BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
(Salvamento de voto)
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
(Salvamento de voto)
República de Colombia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.° 73001-31-03-003-2007-00152-01
Con el acostumbrado respeto por la mayoría de la Sala, enseguida expongo las razones por las cuales salvo el voto, señalando porqué debió casarse el fallo recurrido.
1. El problema central que en rigor el censor propuso a esta Corte, versó sobre la interpretación de la demanda, en orden a deducir si fue solo una acción in rem verso la intentada ab initio de la controversia o si a su lado se dio otra, y escrutar, tras ello, si el Tribunal cayó en manifiesto dislate fáctico en su comprensión.
2. Sostiene la providencia de la que me aparto, que en la demanda sobre la que recayó la acusación la demandante aludió «(…) al contrato de mutuo y a su incumplimiento, al devenir procesal y al fracaso que experimentó en el cobro ejecutivo de los títulos denominados “pagaré”, pero también al enriquecimiento sin causa, tanto en los hechos como en las pretensiones y hasta en las normas invocadas como fundamento de derecho».
Y prosigue: «En lo que hace al enriquecimiento injusto, acción por la que optó el Tribunal, la actora expresamente refirió –en la causa petendi– a que como carecía de documentos idóneos para obtener el recaudo ejecutivo de las sumas prestadas, ello le generaba un empobrecimiento injustificado (hecho décimo octavo, fl. 173, c.1) y que como los demandados habían recibido directamente o por intermedio de terceros los dineros prestados por la actora, se habían enriquecido injustamente (hecho vigésimo), por lo que, “con todo lo narrado” se tipificaba la figura del enriquecimiento sin causa. Pero no la especie de esta figura a que alude el artículo 882 del Código de Comercio, sino la prevista en el artículo 831 de esa obra, que mencionó como fundamento de derecho, además de otras normas, como las regulatorias del mutuo”.
Con esa base, estima entonces que «(…) al haber considerado el Tribunal como ejercitada por la actora la preindicada acción de enriquecimiento sin causa y no la incumplimiento contractual, no anduvo ostensiblemente descarrillado, pues admitía esa demanda tal exégesis sobre todo con apoyo en la posición asumida por las partes.
“Porque no puede perderse de vista la enfática postura que desde el comienzo y durante el proceso asumió la demandante sobre el tipo de acción que ejercía. Y con ella los demandados, quienes, entendiendo que se los convocaba para una acción de enriquecimiento injusto, respecto de ello se defendieron.
«Y así lo percibió el Tribunal, pues en medio de su parquedad, indicó que llegaba a esa conclusión “a partir del comportamiento asumido por los hoy contendientes y las consecuencias pertinentes a su comprobación” (f. 85, c. 6)».
3. La equivocación en la que de ese modo cae, la origina el hecho de no haber puesto la atención, de modo preliminar, en la forma como aparecen agregadas las pretensiones invocadas por la actora en el acto genitor, pues solo a partir de establecer la especie de acumulación allí contenida, podía definirse, a ciencia cierta, si únicamente se trató de un pedimento de enriquecimiento sin causa, si él era simplemente secuencial de otro antelado, o si, a su lado habían otros con entidad propia.
4. Como se sabe, la teoría del derecho procesal distingue cuatro esquemas de acumular pretensiones en una demanda. El sucesivo y el simple o concurrente son dos de ellos, los cuales particularizo por venir al caso.
El primero ocurre cuando el reconocimiento de una o de varias pretensiones está condicionado a que prospere la primera, que sirve de soporte. Si ésta no es estimada, el juez no podrá estudiar las acumuladas de manera sucesiva, porque, itero, su análisis pende, con exclusividad, de que le hallé mérito a la que en este orden resulta ser estructural de todas. En tal sistema puede haber diversos pedimentos, mas el análisis y viabilidad de los sucesivos depende de la acogida del inicial. Si este es negado, será innecesaria cualquier conceptualización acerca de los acumulados, precisamente por ser dependientes, secuenciales o consecuenciales del primero. Por ejemplo, cuando se pide al juez declarar terminado el contrato de arrendamiento, y, como consecuencia, condenar al demandado a restituir la cosa, caso en el cual el funcionario resolverá sobre el desalojo solo si va camino a deshacer el respectivo lazo negocial.
Del último se dice que tiene lugar cuando el demandante formula varias pretensiones, pero todas ellas independientes unas de otras, por fundarse en relaciones jurídicas materiales también diversas, como cuando en una demanda ejecutiva singular se pide mandamiento de pago con fundamento en varios títulos ejecutivos, en los cuales las obligaciones derivadas de cada uno son independientes de las contenidas en los otros, o cuando con base en dos promesas de compraventa se proponen dos súplicas, pidiéndose en una de ellas la nulidad de uno de tales contratos y en la siguiente la del otro. Se trata de pedimentos distintos para que todos sean resueltos, por ser todos independientes entre sí.
Desde luego, alrededor de cada una de las peticiones agregadas bajo el sistema simple o concurrente, al mismo tiempo pueden existir, y casi siempre así acontece, acumulaciones sucesivas. En estos casos, cada pretensión concurrente contará con sus respectivas pretensiones acumuladas de manera sucesiva.
5. Conforme lo expresa la providencia objeto de este salvamento, en la pieza inicial del pleito la demandante deprecó:
Primero: Declarar «(..) que los demandados celebraron válidamente un contrato de mutuo con la demandante».
Segundo: Declarar «que como consecuencia de decisiones judiciales del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué y del Tribunal Superior de Ibagué, el pago pretendido con los documentos denominados ‘pagaré’ nunca se dio; pues los formatos preimpresos, de formas Minerva números -5520772 y T-5520811, suscritos y reconocidos ante notario por los demandados, al no reunir los requisitos para ser tenidos como títulos valores ni para ser títulos ejecutivo, no cumplieron la función de pago que les reconoce el inciso 1° del artículo 882 del Código de Comercio».
Tercero: Declarar «(…) que los demandados se han enriquecido sin justa causa, por no haber realizado el pago de la obligación surgida del contrato de mutuo, expresada en los documentos mencionados, y que, como consecuencia de ello, la sociedad actora se ha empobrecido patrimonialmente».
Cuarto: Como «(…) corolario de lo anterior se ordene a los demandados resarcir a la actora las siguientes sumas: $50’000.000,oo de que trata el documento denominado pagaré número T-5520772 y $450’000.000,oo, de que trata el otro de los mencionados, con intereses del 2.5% mensual, tasa vigente certificada por la Superintendencia Financiera para el 24 de agosto de 2001 así como los intereses moratorios liquidados desde la notificación de la demanda y hasta su pago en efectivo».
Quinto: Declarar «(…) que continúa vigente la hipoteca abierta de primer grado y cuantía indeterminada que constituyó Carlos Eduardo Espinosa González a favor de la sociedad Escobar y Arias S. A., mediante escritura pública número 526 del 30 de agosto de 2001, aclarada por escritura 596 del 14 de octubre de 2011 ambas de la Notaría sexta de Ibagué».
En la primera de las peticiones, ejerciendo acción contractual, la promotora del juicio expresamente pidió declarar que con la parte demandada ajustó un contrato de mutuo.
De accederse al preliminar petitum, solicitó declarar que el pago que se pretendió hacer a través de los señalados pagarés, por efecto de los proveídos dictados por el Juzgado Primero Civil del Circuito y por el Tribunal Superior de Ibagué, a la postre no existió; consecuencialmente, declarar que los demandados se enriquecieron sin justa causa, por no haber pagado las obligaciones surgidas del contrato de mutuo, y que seguía vigente la hipoteca de primer grado constituida por Espinosa González a favor de la actora mediante escritura 526 de 30 de agosto de 2001, y condenar a la opositora a resarcirle los quinientos millones de pesos de que tratan los pagarés.
No cabe duda, entonces, que por la forma como expuso esos pedimentos, la demandante echó mano de la acumulación sucesiva, a través de la cual pretendió que la jurisdicción reconociera la validez del mutuo allí especificado y como secuela de tal determinación, se adoptaran los otros pronunciamientos.
Fulge palmario, por tanto, la ejercida no fue la acción de enriquecimiento sin causa común, como se sentenció, sino la contractual, por cuyo conducto la demandante aspiraba a rescatar la eficacia del mutuo y obtener, por rebote, decisión en torno de los otros temas, incluida la hipoteca, otorgada para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Si la primera de las descritas súplicas busca se declare válido un pacto alcanzado entre las partes y si ella, en términos del artículo 831 del Código de Comercio, por su naturaleza es opuesta al enriquecimiento sin causa definido por el Tribunal, según lo reconoce la sentencia de la que me aparto, una recta, unívoca y límpida interpretación de la demanda debió haber llevado a comprender al ad quem, y ahora en casación a la Corte, que, pese a las expresiones usadas en la súplica tercera, la conducta desplegada a lo largo del proceso y en los alegatos de bien probado, cuanto procuraba la actora era el reconocimiento de los créditos originados a su favor en la mencionada relación negocial. A fortiori, si a la sazón no se pierde de vista que en la cuarta de las pretensiones demandó el resarcimiento en una suma igual al importe de los aludidos pagarés.
Por la forma como se presentaron las súplicas, es lo cierto, el juez de segundo grado no podía -y ahora la Sala no puede- habiéndose hallado idóneo el libelo casacional, sostener que la intentada fuese la acción de enriquecimiento sin causa, en últimas, deducida no solo por lo expuesto en precedencia, sino porque el sustrato de la causa petendi giró, en esencia, siempre alrededor del mutuo, de los instrumentos otorgados con ocasión del mismo y de las vicisitudes acaecidas en las instancias judiciales donde por la vía ejecutiva se intentó el cobro de lo mutuado.
Si la judicatura tras desechar el coactivo cambiario (Art. 780 del C. de Co.), y luego, el ad quem en la cognición propuesta al eludir el tratamiento de la cuestión por el sendero del art. 882 del C. de Co, entendió erróneamente el litigio a la luz del enriquecimiento común del artículo 831 ibídem, con relación al cual reconoció que una de sus condiciones estribaba en que el demandante careciera de otra acción, derivada de un contrato o de un cuasicontrato o de cualquiera otra fuente; ¿dónde está la respuesta jurisdiccional a la súplica primera sobre la validez del pacto de mutuo? En ninguna parte, pues la Corte, en el fallo del que me distancio, tampoco la provee.
La manera como se expusieron los pedimentos da margen, incluso, para admitir una acumulación simple o concurrente. En este orden, menester era resolver los pedidos derivados de la acción contractual y, por supuesto, los concernidos al de enriquecimiento sin causa, pues sí, conforme a la teoría, tal sistema de agregación se caracteriza por la independencia entre unos y otros, el juez precisado se hallaba a ello. Bajo este entendido no podía entonces emitir juicios sobre una y guardar silencio acerca de la otra: ambas súplicas debían ser despachadas.
El resumen del fallo opugnado pone de presente cómo el ad quem advirtió «(…) que la demanda (…) se centró en una acción de enriquecimiento injusto en la que la totalidad de lo pedido se plantea como principal (…)» (subrayo). Si de esa manera lo entendió, debió por tanto resolver una a una tales solicitudes, por cuanto al concebir cada una como principal, significa que había constatado una acumulación concurrente. Pese a ello, no se pronunció en torno de las restantes.
Acerca de la interpretación de la demanda la Sala tiene dicho:
«(…) [C]omo puede suceder que dicha pieza procesal se caracterice por ser confusa o ambigüa, ya en las peticiones ora en los hechos que le sirven de soporte, o en unas y otros, al no reflejar de manera precisa, fidedigna y exacta el verdadero querer del promotor del proceso, bien sea porque las ideas no fueron expresadas en la forma más adecuada o por la complejidad propia del asunto, entre otras causas, el juez, en su cardinal función de administrar justicia, tendrá que entrar en la tarea de interpretarla para, tras ese racional proceso, desentrañar la verdadera intención del demandante, pues, como se sabe, no se puede “sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal” (G. J., t. CCXXXIV, pag.234).
«(…) [E]sa labor de hermenéutica, dirigida exclusivamente con la intención de descubrir el propósito original de quien acude a la jurisdicción, el juez la podrá adelantar en la medida en que el escrito inicial de la controversia se lo permita sin desfigurar la realidad que por sí sola allí se patentice, es decir, en aquellos eventos en que al hacerlo no transforme la esencia de lo solicitado ni de las circunstancias fácticas en que el actor hubiere fundamentado esas pretensiones; pues, para expresarlo en sentido contrario, si el contenido integral de la mentada pieza ostenta claridad y precisión meridianas o si, en cambio, su oscuridad y confusión es de tal magnitud que objetivamente se hace imposible encontrar ese verdadero horizonte, entonces el fallador no podrá más que atenerse a la literalidad que le figure expuesta, con las consiguientes consecuencias para el accionante; desde luego que el sentenciador no goza de esta facultad interpretativa, ha dicho la Corte, por un lado, “cuando la imprecisión y oscuridad de sus términos es tal que obstaculice por completo la averiguación de lo que el demandante quiso expresar, evento en el que, so pena de incurrir en yerro fáctico, no es posible la interpretación porque se suplantaría la presentada por su autor, sustituyéndolo de esa carga consagrada en la ley de manera exclusiva para él”, y, por otro, en los casos en que el contenido del aludido escrito “sean de tal precisión y claridad que no dejen ningún margen de duda acerca de lo pretendido por el demandante, caso este último en el que el juez debe estarse a ellos en la forma como se los presenta el actor, por cuanto pretender una interpretación de los mismos lo conduciría a un yerro similar, que en ambos casos sería manifiesto”(G. J., t. CCXLIII, pags.112 y 113).
«Bajo el derrotero expuesto resulta incuestionable que el sentenciador incurrirá en la comisión de errores de hecho si al interpretar el libelo se aparta de los lineamientos expuestos, pues al hacerlo, estaría distorsionando el texto de la demanda, tergiversando o cercenando su prístino contenido, falencias que, de presentarse, por contera, configurarían la causal de casación prevista en el inciso 2º del numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando fueren evidentes y trascendentes, puesto que, como lo tiene dicho esta Corporación, “para que se configure el error en la interpretación de la demanda, es necesario como lo exige la ley, que ‘sea manifiesto’, ostensible o protuberante, es decir que salte a la vista de la simple lectura de la demanda, pues la actividad de interpretación solamente es atacable en casación ‘cuando fuere notoria y evidentemente errónea, lo que no se daría cuando entre varias interpretaciones razonables y lógicamente posibles, el Tribunal ha elegido alguna de ellas…´” (G.J., t. CCXXV, 2ª parte, pag.185).»( CSJ SC 162 de 11 de julio de 2005, Rad. 7725).
7. Dentro del marco de acceso a la justicia siguiendo los principios del art. 229 de la C. N. y del art. 230 ejúsdem, debió desecharse la interpretación parcial y aislada que se otorgó a la pretensión consecuencial de enriquecimiento realizada por el Tribunal de instancia para en su lugar, comprender la demanda en su contexto integral, advirtiendo que aquélla específica solicitud correspondía en forma necesaria e inescindible a una súplica con origen en el contrato de mutuo, dependiente causalmente de éste. De todas maneras, el enriquecimiento injusto no resultaba extraño porque la sustracción al pago del crédito por los deudores, como consecuencia del incumplimiento obligacional, sin duda, engendró un empobrecimiento correlativo de la parte demandada al no haber honrado sus deberes primarios de prestación insertos en aquélla convención.
Esa declaración demandada no era una solicitud autosuficiente e independiente per sé, ni la única, ni la exclusiva, tampoco estaba separada del conjunto de las otras; era una de las varias peticiones que formaba parte de un todo, y por lo tanto, debió fallarse, no atendiendo esa parte insular sino escrutando el todo, porque tal pretensión únicamente era la tercera derivada de la primera principal donde se reclamaba la existencia de un contrato de mutuo, éste sí, el auténtico manantial del petitum y de la causa petendi, como se sentenció en primera instancia.
La sentencia acusada y la que decidió el medio extraordinario, explica y toma partido por la parte, desechando el todo, cuando en realidad el todo del petitum y de la cuestión fáctica, era la razón de ser de la parte.
8. El rigor procedimental superó a la interpretación sistemática y axiológica, sacrificando el contenido material y el goce de los derechos subjetivos de la parte acreedora con relación a los deudores, quienes al final, emergen airosos con apoyo en unas reglas de procedimiento, que privilegiaron solo una de las cinco pretensiones, desconociendo la relación causal del contrato de mutuo deprecado en la primera pretensión. De haberse observado los preceptos enunciados en el cargo, vinculados todos directamente en la regla 228 de la Carta, habría prevalecido el derecho sustancial que regula el contrato de mutuo, y el legítimo interés de la parte acreedora para demandar el reconocimiento y pago de una obligación real, clara y expresa, exigible, aún hoy. La interpretación aislada de la reclamación tercera no podía erigirse en obstáculo para los derechos materiales de la sociedad demandante, porque entender el problema jurídico de ese modo, supone anteponer el medio y las formas para hacer nugatoria la realización del derecho material; mucho más, cuando la verdad real y jurídica campeaba en las pruebas fundantes del mutuo, y aún más, si se tiene en cuenta que la demanda de casación había superado con éxito, el riguroso umbral formal de su control, por haber sido admitido ese libelo extraordinario, sin reparo; y que de consiguiente, hacía plausible el ejercicio judicial por parte de la Corte del iudicium rescindes y, por supuesto, del iudicium rescissorium.
9. Y el punto no es para sorprenderse. Una mirada a la contestación de la demanda, pone de presente que el extremo pasivo no desestimó la existencia de la relación contractual. De tal manera que si sobre el particular hubo consenso, con mayor razón hallaba campo fértil, la posibilidad de decidir el fondo de la cuestión, dando por demostrada la relación causal del crédito, echada de menos por el ad quem.
9.1.- Es conocido, conforme al llamado sistema de la sustanciación, que al ser el escrito de demanda el lugar donde se concretan las pretensiones y los hechos que le sirven de soporte, el demandante debe determinar unas y otros, en orden a fijar los contenidos de defensa y contradicción, al igual que el marco dentro del cual la jurisdicción debe discurrir su actividad.
Se trata, entonces, de sintonizar a todos los sujetos procesales sobre lo mismo, en los aspectos relevantes materia de controversia, suficientes por sí, al decir de la Corte, para “(…) poner al descubierto desde un principio la conexión que debe haber entre el estado de cosas antecedente que originó el litigio, el fin que se aspira alcanzar al entablar la demanda y el tipo de pronunciamiento que se solicita para que sobre ella recaiga”3.
Logrado ese consenso, se comprende, desde luego, ninguna polémica puede suscitarse al respecto, porque el acuerdo alrededor de la materia discutida, supone que el libelo fue claro y preciso, o que a pesar de ser ambiguo u oscuro, su inteligencia no fue difícil superar. Ahora, si dentro de ese marco dialéctico fue definido el pleito, esto elimina por completo cualquier error de hecho en la apreciación de la demanda, en el entendido de que la decisión no pudo ser inesperada o sorpresiva.
10. De haberse fallado de fondo se habría protegido el principio de buena fe, regla de carácter universal pero también, límite a la libertad contractual y a la autonomía privada, que en nuestro ordenamiento ostenta raigambre constitucional (art. 83 C.N.). Esta institución es un estándar de conducta que configura la estructura del derecho, y como tal impone la observancia de rectitud, lealtad y honradez en las relaciones jurídicas porque apunta hacia la construcción de una ética social y jurídica; por tanto, en cada caso concreto debe guiar las obligaciones, la celebración y ejecución de los contratos. Todos los ordenamientos jurídicos fijan como reglas interpretativas el deber para las partes de someterse a lo plasmado en los contratos, a las consecuencias derivadas de la ley, y por supuesto, a la buena fe, porque esta no es un simple principio heterónomo, sino un relumbrante faro y una cláusula implícita que configura el contenido de los contratos. Cuando el deudor o el contratante se sustrae al cumplimiento de los deberes primarios de prestación en forma injustificada, y el acreedor insatisfecho reclama vehemente, formulando las pretensiones en forma adecuada, es deber fallar de fondo para proteger su derecho y la seguridad jurídica en el Estado constitucional. Mientras el obligado no cumpla o no demuestre una válida imposibilidad jurídica para repeler el cumplimiento obligacional, corresponde al juez en las diversas instancias, hacer eficaz el principio de la buena fe, como forma de materialización del derecho fundamental de acceso a la justicia.
11. Como al ver la realidad que fluye de la pieza inicial del pleito el Tribunal cometió palmar dislate fáctico, al creer erradamente que la cuestión se reducía apenas al enriquecimiento sin causa que juzgó, el cargo salía avante y, ante ello, la Corte debió casar la sentencia combatida.
Dejo así salvado mi voto.
Fecha ut supra
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Dice la norma: “La entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos-valores de contenido crediticio, por una obligación anterior, valdrá como pago de ésta si no se estipula otra cosa; pero llevará implícita la condición resolutoria del pago, en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de cualquier manera.
Cumplida la condición resolutoria, el acreedor podrá hacer efectivo el pago de la obligación originaria o fundamental, devolviendo el instrumento o dando caución, a satisfacción del juez, de indemnizar al deudor los perjuicios que pueda causarle la no devolución del mismo.
Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo; no obstante, tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un año”.
2 Dice la norma: “Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”.
3 CSJ. Civil Sentencia 018 de 23 de mayo de 1997, CCXLVI-1208, Volumen II.