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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
SC17141-2014
Radicación n.° 66001-31-03-005-2005-00037-01
(Aprobado en sesión de cuatro de noviembre de dos mil catorce)
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil catorce (2014).
Se decide el recurso de casación que interpuso Lucy Stella Echeverri Noreña, respecto de la sentencia de 4 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido por la recurrente contra Agropecuaria del Norte Limitada y demás personas indeterminadas.
1. ANTECEDENTES
1.1. La pretensora solicitó declarar que adquirió por el modo de la prescripción extraordinaria el derecho de dominio del inmueble de la carrera 5ª #19-34 de Pereira, con matrícula inmobiliaria 290-38038, cuyas restantes características constan en el libelo genitor. En subsidio, en caso de oposición, reconocer a su favor, indexadas, el valor de las mejoras plantadas
1.2. Las súplicas las fundamentó en que a partir del 5 de octubre de 1976, posee materialmente el inmueble reclamado, en forma quieta, pública, pacífica y sin disputa de nadie, mediante actos de señora y dueña, como reparar la edificación existente, pagar servicios públicos, impuestos y valorizaciones y dar en arrendamiento los locales; y en que las mejoras levantadas le dan a la heredad un mayor valor y contribuyen a su buena conservación.
1.3. La sociedad convocada se opuso a las pretensiones, argumentando que la demandante ostentaba la posesión material únicamente desde el 1° de febrero de 2004, cuando cambió su calidad de ocupante del inmueble por autorización del arrendatario del mismo, señor Isaías Obed Rendón.
1.3.1. Con base en los mismos hechos, aunada a su condición de propietaria del inmueble, por compra hecha a Tufik Iza Irvi, según Escritura Pública 651 de 10 de marzo de 1982, ratificada con la número 5513 de 20 de diciembre de 2001 de las Notarías Tercera y Primera del Círculo de Pereira, ambas registradas, formuló demanda de reconvención, dirigida a obtener la restitución del bien raíz en cuestión y el pago de los frutos civiles y naturales.
1.3.2. La contrademandada se opuso a la acción de dominio, recabando el ánimo de señora y dueña, esta vez, desde septiembre de 1980, cuando dijo adquirió el predio a Tufik Iza Irvi, como consta en un documento privado.
1.4. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, mediante sentencia de 2 de septiembre de 2010, accedió a declarar la pertenencia y negó la pretensión reivindicatoria, argumentando que el título de propiedad de Agropecuaria del Norte Limitada, fue desvirtuado por la posesión veintenaria de Lucy Stella Echeverri Noreña, en todo caso, iniciada con anterioridad, en septiembre de 1980, cuando transmutó su simple condición precaria.
1.5. Inconforme con la decisión, la sociedad demandada reconveniente interpuso recurso de apelación.
2. LA SENTENCIA IMPUGNADA
2.1. En sentir del superior, la interversión del título de tenencia se contrae a febrero de 2004, dado que el documento de septiembre de 1980, es ineficaz e inidóneo para transferir posesión, pues carece de la connotación de promesa de compraventa, o de algo parecido, y porque no se encuentra reconocido por el tercero a quien se le atribuye, entre otras cosas fallecido, cual lo dijeron sus hijas.
2.2. Los recibos aportados por Lucy Stella Echeverri Noreña, agrega, corresponden a pagos de arrendamientos efectuados por ella en entidades bancarias autorizadas, en calidad de coarrendataria, entre el 5 de octubre de 1999 y el 5 de enero de 2004, cuando no volvió a consignar.
Las referidas consignaciones, subraya, no involucran una cuota mensual por concepto del precio de la casa adquirida mediante el documento de septiembre de 1980, según alega la demandante de la usucapión, porque tal circunstancia no se desprendía de su contenido.
Si bien, agrega, los testigos (…) hablan de la posesión de vieja data de ella, sus dichos carecen de credibilidad (…), porque parten de la creencia errada de que tenía ánimo de señora y dueña cuando (…) solo vino a transformar su papel de tenedora a poseedora en el año de 2004 (…)”.
2.3. Así las cosas, el Tribunal revocó la sentencia apelada y negó la prescripción adquisitiva. En su lugar, accedió a la reivindicación y reconoció a favor de la poseedora vencida el valor de las mejoras incorporadas al inmueble, en cuantía de $103’003.798.48, y le impuso la carga de pagar $25’500.000, por concepto de frutos.
3. EL RECURSODE CASACIÓN
3.1. El único cargo propuesto acusa la violación de los artículos 762, 763, 764, 765, 770, 780, 981, 2512, 2513, 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2531 y 2534 del Código Civil, 174, 183, 187 y 407 del Código de Procedimiento Civil, 41 de la Ley 57 de 1887 y 1° de la Ley 200 de 1936, como consecuencia de la comisión de errores probatorios.
3.2. Sostiene la recurrente que el escrito de septiembre de 1980, sí es eficaz e idóneo para demostrar la interversión del título de tenencia, así no sea contrato de compraventa o promesa de celebrarlo, porque allí el entonces propietario, Tufik Iza Irvi, se comprometió a vender el inmueble en $7’000,000 y Lucy Stella Echeverri Noreña a realizar las “(…) consignaciones mensuales a las oficinas de la inmobiliaria de Alfredo Vallejo de la ciudad de Pereira (…)”.
Con mayor razón, cuando no fue tachado de falso, ni siquiera por los herederos de su autor, en tanto es auténtico de conformidad con el artículo 252, numeral 3° del Código de Procedimiento Civil, y ha sido reconocido por Amparo García, testigo presencial de la negociación.
3.3. Sobre la mutación en cuestión, antes de febrero de 2004, la recurrente afirma que se desconoció lo manifestado por la subgerente de Agropecuaria del Norte Limitada, Alba Marina Iza Ossa, en cuanto sostuvo que “(…) hace unos 16 años que no volvieron a pagar arriendo (…)”.
Así mismo, por la gerente de la misma sociedad, María Clemencia Iza de Uribe, quien corroboró que la arrendataria “(…) no volvió a pagar ni a consignar nada (…)”, desde la muerte del padre de la testigo, “(…) consignaba en la cuenta de Bancolombia y (…) nunca más volvió a pagar (…)”.
En estas declaraciones, dice, “(…) existe un reconocimiento tácito de que lo que recibían mensualmente no eran arrendamientos sino pagos mensuales (…)”.
3.4. La posesión material por el tiempo suficiente, 20 años, para ganar el dominio del inmueble por el modo de la prescripción extraordinaria, al decir de la censura, también aparece reflejada en la abundante prueba documental y testimonial existente en el proceso, la cual no fue valorada, producto de la “(…) ausencia de análisis probatorio en conjunto (…)”.
Entre aquélla, los convenios de arrendamientos de locales comerciales construidos por la misma pretensora; los contratos de reparación, mantenimiento, adecuación y obras dentro del inmueble y los correspondientes recibos de su erogación, según se relaciona; y los también numerados pagos de servicios públicos, impuestos, en fin.
En la otra, las manifestaciones de Héctor Jairo Higuita Toro, Cecilia Echeverri Noreña, Luis Alberto Echeverri Noreña, Arturo Echeverri Noreña, José Darney Higuita Toro, Luisa Fernanda Fernández Betancourt, María Elena Higuita Echeverri y Sandra Cristina Naranjo Giraldo.
3.5. Solicita, en consecuencia, se case la sentencia recurrida y se confirme la del juzgado.
4. CONSIDERACIONES
4.1. Ninguna polémica existe sobre que Lucy Stella Echeverri Noreña, ostentaba el inmueble controvertido, inicialmente, a título de arrendamiento, y luego, en calidad de poseedora material. La discusión se reduce al momento en que la simple condición precaria se mudó en posesión material, pues mientras para el Tribunal el hecho ocurrió en febrero de 2004, ella lo retrotrae a septiembre de 1980.
4.2. La prescripción adquisitiva supone alterar el derecho real de dominio, uno de los más importantes en la construcción de la historia de la humanidad y de la riqueza, al punto que cuenta con un decisivo raigambre legal en todos los códigos civiles modernos, con un registro inmobiliario autónomo, con acciones judiciales propias, e inclusive con estatura constitucional, como en el caso colombiano en el artículo 58 de la Carta de 1991.
Siendo la propiedad tan trascedente, toda mutación en la titularidad, y con mayor razón, cuando se edifica a partir de la posesión material, hecho que forja y penetra como derecho, apareja comprobar certera y límpidamente la concurrencia de los elementos axiológicos que la componen. De ahí, toda fluctuación o equivocidad, toda incertidumbre o vacilación en los medios de convicción para demostrarla, torna deleznable su declaración. Por esto, con prudencia inalterable, la doctrina de esta Corporación, mutatis mutandis, uniformemente ha postulado:
“(…) No en vano, en esta materia la prueba debe ser categórica y no dejar la más mínima duda, pues si ella se asoma no puede triunfar la respectiva pretensión. De allí la importancia capital que ella reviste en este tipo de causas judiciales, más aun cuando militan razones o circunstancias que tornen equívoca o ambigua la posesión, la que debe ser inmaculada, diáfana y exclusiva, rectamente entendida, de lo que se desprende que no debe arrojar la más mínima hesitación. En caso contrario, no podrá erigirse en percutor de derechos.
“Esta Corte, sobre el particular bien ha señalado que ‘del detenido análisis del art. 2531 del C.C. se llega a la categórica conclusión de que para adquirir por prescripción extraordinaria es (…) suficiente la posesión exclusiva y no interrumpida por el lapso exigido…sin efectivo reconocimiento de derecho ajeno y sin violencia o clandestinidad’ (LXVII, 466), posesión que debe ser demostrada sin hesitación de ninguna especie, y por ello ‘desde este punto de vista la exclusividad que a toda posesión caracteriza sube de punto (…); así, debe comportar, sin ningún género de duda, signos evidentes de tal trascendencia que no quede resquicio alguno por donde pueda colarse la ambigüedad o la equivocidad’ (cas. civ. 2 de mayo de 1990 sin publicar, reiterada en cas. civ. 29 de octubre de 2001, Exp. 5800)”1.
Si la posesión material, por lo tanto, es equívoca o ambigua, no puede fundar una declaración de pertenencia, con las consecuencias que semejante decisión comporta. Lo contrario llevaría a admitir que el ordenamiento jurídico permite alterar el derecho de dominio, así respecto de la relación posesoria medie cierta dosis de incertidumbre.
4.3. En ese orden, para hablar de desposesión del dueño y privación de su derecho, el contacto material de la cosa con quien pretende serlo, aduciendo real o presuntamente “animus domini rem sibi habendi”2 requiere que sea cierto y claro, mayormente, si precede de un título precario, porque desde el punto de vista extrínseco, tanto el poseedor como el tenedor revelan sobre el bien un poder efectivo. La diferencia la hace, en palabras de esta Sala:
La interversión del estatus jurídico, en consecuencia, necesita reflejarse en hechos de abierto rechazo al verdadero propietario. El tenedor debe abrogarse el señorío del cual carece y pasar a una actitud de total rebeldía contra el verus domini, en adelante como auténtico dueño, mediante el ejercicio de actos positivos propios del domino (artículo 981 del Código Civil), desconociendo y disputando el derecho frente a quien autorizó la tenencia.
El designio del tenedor transformándose en poseedor, se halla asentado en una sólida doctrina de ésta Corte. Ya en sentencia del 15 de septiembre de 1983 dijo:
“Y así como según el artículo 777 del Código Civil, el simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión, quien ha reconocido dominio ajeno no puede frente al titular del señorío, trocarse en poseedor, sino desde cuando de manera pública, abierta, franca, le niegue el derecho que antes le reconocía y simultáneamente ejecute actos posesorios a nombre propio, con absoluto rechazo de aquél. Los actos clandestinos no pueden tener eficacia para una interversión del título del mero tenedor. Con razón el artículo 2531 del Código Civil exige, a quien alegue la prescripción extraordinaria, la prueba de haber poseído sin clandestinidad”.
Años más tarde sostuvo: “La interversión del título de tenedor en poseedor, bien puede originarse en un título o acto proveniente de un tercero o del propio contendor, o también, del frontal desconocimiento del derecho del dueño, mediante la realización de actos de explotación que ciertamente sean indicativos de tener la cosa para sí, o sea, sin reconocer dominio ajeno. En esta hipótesis, los actos de desconocimiento ejecutados por el original tenedor que ha transformado su título precario en poseedor, han de ser, como lo tiene sentado la doctrina, que contradigan, de manera abierta, franca e inequívoca, el derecho de dominio que sobre la cosa tenga o pueda tener el contendiente opositor, máxime que no se puede subestimar, que de conformidad con los artículos 777 y 780 del Código Civil, la existencia inicial de un título de mera tenencia considera que el tenedor ha seguido detentando la cosa en la misma forma precaria con que se inició en ella” (Sentencia de Casación de 18 de abril de 1989, reiterada en la de 24 de junio de 2005, expediente 0927)4.
En estas épocas de relectura de las fuentes formales del derecho y de revitalización de la doctrina probable, los precedentes citados fueron replicados posteriormente en la sentencia 52001-3103-004-2003-00200-01 del 13 de abril de 2009, expresando:
“(…) si originalmente se arrogó la cosa como mero tenedor, debe aportarse la prueba fehaciente de la interversión de ese título, esto es, la existencia de hechos que la demuestren inequívocamente, incluyendo el momento a partir del cual se rebeló contra el titular y empezó a ejecutar actos de señor y dueño desconociendo su dominio, para contabilizar a partir de dicha fecha el tiempo exigido de posesión autónoma y continua del prescribiente”.
4.5. Pues bien, en el caso, si el Tribunal concluyó que la mutación del título precario, arrendamiento, en posesión material, había ocurrido en febrero de 2004, se comprende, inclusive implícitamente, que conforme a las pruebas adosadas, ningún hecho anterior la acreditaba.
4.5.1. En primer lugar, por cuanto el documento de septiembre de 1980, al no ser contrato de compraventa, ni promesa de celebrarlo, no era “(…) eficaz ni idóneo para transferir posesión (…)”, y por no haber sido reconocido por la “(…) persona a quien se le atribuye (…) si se toma en cuenta que proviene de un tercero que ya falleció (…)”.
En segundo término, porque los recibos aportados (folios 17 a 19, C-2), correspondían a “(…) consignaciones de cánones de arrendamiento, realizadas por Lucy Stella Echeverri Noreña (la demandante), en su calidad de coarrendataria (…) desde octubre 5 de 1999 hasta el 5 de enero del 2004 (…)”; sin que, de otra parte, fuera dable aceptar que dichos pagos involucraban una cuota mensual por el pago de la casa (según el documento de septiembre de 1980, 19 años atrás), puesto que de su “(…) contenido no se desprende la prueba de tan relevante hecho (…)”.
Por esto, dijo, si bien varios testigos “(…) hablan de la posesión de vieja data de ella, sus dichos carecen de credibilidad, no tanto por ser sus parientes y allegados –que lo son en realidad- sino porque parten de la creencia errada de que tenía ánimo de señora y dueña cuando -como ya está dicho- solo vino a transformar su papel de tenedora a poseedora en el año de 2004 (…)”.
4.5.2. Desde luego, la mutación debe ser inequívoca, porque de otra manera no puede inferirse el ánimus domini de quien procura detentar la cosa para sí, y no en nombre de otro, pues como la misma Corte lo tiene sentado: “(…) el que los testigos hubiesen calificado y tenido los actos del detentador como de posesión, es cuestión francamente irrelevante mientras éste, insístese, no hubiere intervertido su calidad de tenedor en la de poseedor, y, por supuesto, demostrada tal circunstancia (…)” ( sentencia 016 de 22 de febrero de 2000).
4.5.3. Frente a ese panorama, si los errores de hecho probatorios hacen relación a la constatación material de los distintos medios de convicción en el proceso y a la fijación de su contenido objetivo, salta de bulto, al sentenciador de segundo grado no se le puede acusar de haber omitido apreciar la abundante prueba testimonial y documental relacionada en el cargo, porque así fuera reveladora del ánimo de señorío, el pago de arrendamientos también comportaba reconocer dominio ajeno.
En otras palabras, la posesión material alegada, luego del documento de septiembre de 1980, hasta febrero de 2004, resultaba equívoca o ambigua. En la lógica de la sentencia impugnada, la credibilidad de todo ese arsenal probatorio, en realidad, reviviría o se supeditaría al resultado de los demás yerros denunciados, respecto de la apreciación del referido escrito y de los recibos de consignación de cánones de arrendamiento.
4.5.4. La conclusión, sin embargo, permanece enhiesta, porque como pasa a verse, el Tribunal no incurrió en ninguna de las restantes equivocaciones imputadas.
4.5.4.1. Es cierto, en el mentado documento, el citado Tufik Iza Irvi, para entonces titular del derecho de dominio, quien precisamente lo transfirió a la sociedad Agropecuaria del Norte Limitada, dijo que “(…) me comprometo a la venta de la casa (….) a la señora Lucy Stella Echeverry Noreña (…)”, mediante el pago de una suma determinada.
En lo esencial, no diciéndose más, resulta claro que ahí no se observa la consumación de ningún hecho positivo de posesión material del suelo, de los aludidos en el artículo 981 del Código Civil, ejecutado por la señora Echeverry N. Es más, ni siquiera allí se habla de la entrega de la posesión material, ni mucho menos que haya sido recibida por ella. Y si la señora Amparo García, mencionada en el escrito como testigo de su elaboración, en su declaración nada diferente a su contenido relata, de su dicho tampoco puede darse por establecido el ánimo de señor y dueño para entonces investigado.
4.5.4.2. El error de eficacia probatoria, tampoco se estructura, porque fuera de aportarse el documento en copia auténtica y sin indicarse los motivos por los cuales no podía allegarse el original (artículo 268 del Código de Procedimiento Civil), efectivamente no aparece reconocido por el señor Tufik Iza Irvi, en tanto la presunción de autenticidad prevista en el artículo 252, numeral 3, ibídem, no era dable aplicarla, considerando que proviene de un tercero y no de la sociedad inicialmente demandada.
4.5.4.3. El Tribunal igualmente fincó la negativa a declarar la pertenencia en que hasta enero de 2004, cuando la primigenia demandante dejó de pagar arrendamiento del inmueble pretendido, intervirtió el título de tenedor en poseedor
En el cargo se refuta lo anterior, cuando tangencialmente se afirma que los pagos efectuados “(…) no eran arrendamientos (…)”, así como al recabarse en la “(…) calidad de poseedora del bien objeto del litigio por más de veinte años (…)”. No obstante, desde la óptica del error de hecho, el juzgador tampoco se equivocó al apreciar los recibos de consignación en entidades bancarias, porque en ninguna parte de su contenido se indica que haya sido para cubrir el saldo del precio de una supuesta compraventa.
Por el contrario, en los documentos que tuvo en cuenta para arribar a la citada conclusión, se observa claramente que, respecto del inmueble controvertido, se trata de “depósitos de arrendamientos”. Es más, en la parte reservada para la firma del depositante aparece nítido el nombre de “(…) Lucy Echeverri (…)”.
4.5.4.4. Si lo anterior fuera poco, el testigo Alfredo Vallejo Mazuera, comerciante de propiedad raíz, ligado directamente, a la sazón, con la administración del bien objeto de usucapión, para abundar en el aserto que se viene desarrollando, expone: “(…) los documentos firmados, denominados ‘fiduciaria depósitos de arrendamiento del Banco Popular’ eran los documentos mediante los cuales el señor Oved Rendón consignaba al Banco Popular el arrendamiento” (folio 41, C-5).
El mismo deponente, graficando el escenario real y la condición de tenedora de la demandante, más no de poseedora hasta el 2004, añade:
“(…) la oficina de arrendamientos desconoce totalmente cualquier arreglo sobre la compraventa de este inmueble y el valor recibido del señor Oved Rendón siempre fue manejado por nosotros como el pago de arrendamiento de ese inmueble, nunca lo tomamos como un abono al pago de la compra del inmueble, por lo tanto no estoy en capacidad de afirmar o negar que este negocio se haya llevado a cabo entre las dos partes y como pueden constatar en las consignaciones efectuadas en el Banco Popular por el señor Oved Rendón, este recibo dice fiduciaria de depósito de arrendamiento” (folio 42, C-5).
Precisamente el propietario del inmueble controvertido, recibía el canon de arrendamiento, recaudado por Vallejo, tal como éste lo afirma: “(…) El señor Rendón pagaba el arrendamiento y el señor Tufik Iza recibía el valor del arrendamiento, descontaba la comisión, esto durante todo el tiempo que administramos el inmueble” (folio 43, C-5). Y esa condición de tenedora en la demandante, también se halla vertida expresamente por el dicho de José Darney Higuita Toro, cuando expone, cuál fue el título como llegó la demandante a ocupar el bien: “(…) nosotros tomamos la casa en arrendamiento, la de la carrera 5ª número 19-34 en Pereira (…)” (folio 4, C-9); inferencia avalada de la misma manera por María Clemencia Iza de Uribe (folio 15, C-9), y por Alba Marina Iza hija de Tufik Iza (folio 3, C-8).
Y desde la perspectiva de Alberto Vallejo y del verdadero contenido de los documentos citados, el dicho de Luis Alberto Echeverry Noreña (folios 2-3, C-9), hermano de Stella Echeverry Noreña, pierde todo fundamento y se desvertebra en procura de mostrar a la demandante como poseedora material ab initio desde su presencia en el inmueble. Otro tanto, acontece con María Elena Higuita Echeverry, hija de Stella Echeverry Noreña (folio 7, C-9), y Sandra Cristina Naranjo Giraldo (folio10, C-9).
4.6. Así las cosas, el cargo está llamado al fracaso.
6. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 4 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido por Lucy Stella Echeverri Noreña contra Agropecuaria del Norte Limitada y demás personas indeterminadas.
Las costas en casación corren a cargo de la demandante recurrente. Como el recurso no fue replicada, en la liquidación inclúyase la suma de tres millones de pesos ($3’000.000), por concepto de agencias en derecho.
Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior, devuélvase el expediente a la oficina de origen.
JESÚS VALL DE RUTÉN RUÍZ
Presidente de la Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 COLOMBIA, CSJ. Civil. Sentencia 273 de 4 de nov. de 2005 expediente 7665.
2 Ánimo de quedarse con la cosa.
3 CSJ. Civil. Sentencia de 29 de abril de 2014, expediente 00771, reiterando fallos de 24 de junio de 2005 (expediente 0927) y de 20 de marzo de 2013 (expediente 00037).
4 Esta doctrina aparece expuesta igualmente en la sentencia No. 025 de 24 de junio de 1997, de esta misma Sala, para las hipótesis cuando el heredero transforma la posesión hereditaria en posesión propia, reiterada en sentencia dictada en el expediente 05001-3103-007-2001-00263-01, el 21 de febrero del 2011; así mismo se reproduce en la decisión casacional de fondo del 29 de agosto del 2000.