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Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
Magistrado ponente
SC2642-2015
Radicación n° 11001-31-03-030-1993-05281-01
(Aprobado en sesión de cinco de mayo de dos mil catorce)
Bogotá, D. C., diez (10) de marzo de dos mil quince (2015).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante, señor Jorge Edilson Morales Brausin, frente a la sentencia proferida el 28 de julio de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, en el proceso que él adelantó en contra de los señores Ramón Horacio Morales Olaya, Margoth Morales de Morales y Jaime Arturo Mora Ramírez.
ANTECEDENTES
1. En la demanda que obra del folio 18 al 23 del cuaderno No. 1, respecto de los contratos de compraventa del predio denominado “San Ramón”, ubicado en la vereda “El Silencio” del municipio de Caparrapí, departamento de Cundinamarca, identificado además con los datos y linderos suministrados en tal libelo, contenidos en las escrituras públicas Nos. 2758 y 2759, las dos del 29 de julio de 1992, y 3335 del 9 de septiembre del mismo año, otorgadas todas en la Notaría Trece de esta capital, se solicitó, en síntesis, en forma principal, que se declararan “nulos”, por haberse expedido “sin el consentimiento expreso del vendedor y por existir causa y objeto ilícito”; y, subsidiariamente, que “están resuelt[o]s por lesión enorme”.
Como consecuencia de uno u otro pronunciamiento, se reclamó, además, que se ordenara la cancelación del registro de dichos instrumentos públicos en la matrícula inmobiliaria No. 167-0005665, “a fin de que dicho inmueble forme parte de la sucesión intestada de señor RAMÓN MORALES PALACIOS”; y se condenara a los demandados a pagar “los frutos percibidos” desde “la fecha de admisión de esta demanda”, conforme tasación pericial.
2. Para sustentar los mencionados pedimentos, se adujeron los hechos que pasan a compendiarse:
2.1. El señor Ramón Morales Palacios residía en el municipio de Caparrapí y en el mes de julio de 1992, su hijo, Ramón Horacio Morales Olaya, lo trasladó a la residencia de éste, para atenderlo, debido a la grave enfermedad que finalmente provocó su muerte, acaecida el 11 de setiembre del citado año.
2.2. Meses después de ocurrido el referido deceso, el demandante se comunicó con el señor Ramón Horacio Morales Olaya para adelantar las diligencias tendientes a dar inicio al correspondiente proceso de sucesión del mencionado causante, manifestándole el segundo que este último
“le había hecho la escritura sobre el predio denominado San Ramón y que por consiguiente le ofrecía por el derecho que le correspondía (…) la suma de TRES MILLONES DE PESOS a fin de que dejaran las cosas en el estado en que se encontraban y evitar de esta forma la nulidad o resolución de las escrituras efectuadas por su padre” (f. 20).
2.3. Como se desprende de las escrituras públicas Nos. 2758 y 2759 del 29 de julio de 1992, mediante la primera, el señor Ramón Morales Palacios dio en venta al señor Jaime Arturo Mora Ramírez un lote de aproximadamente siete (7) fanegadas, segregado del de mayor extensión denominado “San Ramón”; y a través de la última, el citado adquirente enajenó dicho predio a los esposos Margoth Morales de Morales y Ramón Horacio Morales Olaya.
2.4. A su turno, en la escritura 3335 del 9 de septiembre de 1992, el señor Morales Palacios transfirió a los prenombrados cónyuges la parte del inmueble “San Ramón” que se había reservado, documento en el que se dejó constancia que aquél “por impedimento físico no pudo firmar, dejó impresa la huella dactilar del índice derecho, lo hizo en su lugar JAIME ARTURO MORA RAMÍREZ”, la misma persona que figuró como comprador y vendedor, respectivamente, en los negocios jurídicos relacionados en el punto anterior.
3. El Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá, al que por reparto correspondió el conocimiento del asunto, admitió el libelo introductorio con auto del 14 de octubre de 1993 (fl. 24, cd. 1), que notificó personalmente a los accionados en diligencias cumplidas los días 15 y 18 de noviembre del mismo año (fls. 29, 31 y 32, cd. 1).
4. Los tres demandados, por intermedio de un mismo apoderado judicial y en un solo escrito, respondieron el que diera origen a la controversia y, en tal virtud, se opusieron a sus pretensiones y se pronunciaron sobre los hechos allí aducidos (fls. 36 a 40, cd. 1).
5. Tramitada la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia del 6 de julio de 2010 (fls. 339 a 356, cd. 1), en la que optó por “ACOGER las pretensiones principales invocadas en la demanda” y, consecuencialmente, declarar “que son simulados o aparentes y por lo mismo de ellos no vierte efecto jurídico alguno”, los contratos de compraventa contenidos en las escrituras públicas Nos. 2758 del 29 de julio de 1992 así como la 3335 del 9 de septiembre del mismo año, ambas suscritas en la Notaría Trece de esta capital.
Como secuela de las anteriores determinaciones, el operador judicial dispuso la inscripción del fallo y la cancelación del registro de dichos títulos, en la matrícula inmobiliaria correspondiente; estimó infundada la objeción que por error grave la parte demandada propuso en relación con el dictamen pericial rendido en el proceso; ordenó a los demandados restituir al inmueble denominado “San Ramón”; levantó la inscripción de la demanda; y condenó a los accionados en las costas.
6. Apelado que fue, por los demandados, el fallo de primer grado, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, lo revocó mediante el suyo del 28 de julio de 2011 (fls. 115 a 129, cd. 2).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Luego de historiar el trámite del litigio, de afirmar la satisfacción de los presupuestos procesales, de memorar que en las pretensiones principales del libelo introductorio se solicitó la nulidad de los contratos allí mismos especificados y de referirse a este instituto de manera general, el Tribunal advirtió que, pese a ello, el sentenciador de primera instancia
“interpretó que el demandante reclam[ó] la nulidad relativa de los contratos de venta por simulación, pero bien mirado el libelo, no se ve de dónde pudo arribar a esa conclusión, porque no se infiere de lo expresado en el petitum, ni de la causa petendi y al único fenómeno que alude el señor Morales Brausin es a la nulidad de los instrumentos públicos” (fl. 121, cdno. 2).
2. Insistió en que la acción intentada no estuvo encaminada a que se reconociera que el “concierto de voluntades” procuró “dar visos de legalidad a un acto meramente ficticio para mantener oculta la real intención que motivó la celebración del que colocaron a la vista de todos”, que es lo que “caracteriza la simulación”, sino más a bien a que se declarara que las transferencias cuestionadas fueron resultado del indebido
“aprovechamiento de las condiciones de salud del vendedor a tal punto, que según el demandante, aquél no habría consentido en los negocios jurídicos, lo que constituye el fundamento de la nulidad rogada; de ahí que era sobre la nulidad y no sobre si las ventas eran simuladas, que el a quo debió pronunciarse” (f. 123).
3. Con tal entendimiento de la acción, el ad quem destacó que la apelación “no hace más que poner acento en la falta de legitimación del demandante” y que ese es un aspecto
que incumbe definir de manera previa a la resolución del petitum planteado, como quiera que atiende a la titularidad del derecho de acción o del de contradicción, de modo que importa establecer si las partes tienen la calidad requerida para ser contradictores legítimos en el juicio, pues si se resuelve negativamente ese primer cuestionamiento, aunque no se inhabilita el pronunciamiento del fallo, no es posible acoger las pretensiones de la demanda (f. 123).
5. Descendió al caso concreto llevado a su conocimiento y señaló que “la legitimación del demandante para incoar la acción, deviene de su calidad de heredero del señor Ramón Morales Palacios”, que el a quo encontró probada con el documento que obra a folio 2 del cuaderno principal.
6. En tal orden de ideas, aseveró que ese elemento de juicio “no acredita fehacientemente la calidad de heredero del demandante”, puesto que, aplicados los artículos 102 y 105 del Decreto 1260 de 1970, se tiene que
la certificación aportada tuvo por base el documento que se incorporó como prueba en esta instancia al folio 101 del cuaderno segundo, en el que se evidencia que la persona denunciante frente al hecho del nacimiento de Jorge Edilson Morales Brausin es distinta de aquella a la cual se le atribuye la paternidad, esto es, de Ramón Morales Palacios y en esas condiciones, había de demostrar el reconocimiento del padre como hijo extramatrimonial a la luz de lo previsto en el artículo 1º de la ley 75 de 1978 (sic), o el vínculo matrimonial de éste y Raquel Brausin (registro civil de casados) para tenerlo por legítimo, pero sin [la] declaración aludida ni la señalada probanza del casamiento, el documento así expedido no es apto para probar parentesco, vale decir, con ese folio no era posible acreditar la condición que de heredero legitima al señor Jorge Brausin (sic) en la acción (f. 125).
7. Añadió que la certificación traída aquí como prueba, inobservó el mandato del artículo 110 del ya citado Decreto 1260 de 1970;y que en cumplimiento de la prueba oficiosa decretada en segunda instancia, la Registradora Municipal del Estado Civil de Caparrapí, refiriéndose a dicho documento,
indicó que el funcionario de la época ‘transcribió los datos del folio original por cuanto en su momento no se expedía copia del [r]egistro [o]riginal, pero de igual manera no se está certificando ninguna paternidad’, aclarando que se entregó un facsímil autenticado del registro civil de nacimiento de Morales Brausin, ‘tomada del folio original 272 tomo 16 el cual reposa en esta oficina, por tanto no se está certificando que el señor JORGE EDILSON MORALES BRAUSIN sea hijo de RAMÓN MORALES’ (fl. 112 cdno. 2) (f. 126).
8. Coligió, en definitiva, que de las pruebas existentes en el proceso “no se puede desprender que el demandante tenga la calidad de heredero del señor Ramón Morales” y que, por consiguiente, existe “certeza de [su] falta de legitimación”, “exceptiva que se declarará de oficio” y que, per se, determina el fracaso de la acción.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
De los dos cargos propuestos por el recurrente, mediante auto del 11 de febrero de 2013 (fls. 23 a 35, cd. 3), se desechó el primero y se admitió a trámite solamente el segundo, al que, por ende, circunscribirá la Sala su estudio.
CARGO SEGUNDO
1. Con apoyo en el numeral 2º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se denunció el fallo del Tribunal por ser incongruente.
2. Para sustentarlo, el censor memoró con detalle, por una parte, las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda y, por otra, los hechos invocados en sustento de las mismas.
3. Igualmente puso de presente que los accionados “contestaron la demanda” y que “si bien es cierto se opusieron a las pretensiones de la actora y aceptaron algunos hechos y otros los negaron u otros lo[s] aceptaron parcialmente, no propusieron excepciones de ningún orden”.
4. Seguidamente el impugnante advirtió que “en el transcurso del proceso, los demandados jamás pusieron en ‘tela de juicio’ la calidad de hijo de JORGE EDILSON MORALES BRAUSIN de RAMÓN MORALES PALACIOS q.e.p.d.; ni siquiera hicieron mención de este hecho en sus alegatos de conclusión y solamente en la sustentación del recurso de apelación, salió a relucir esta controversia, denotándose una clara y flagrante deslealtad procesal, no solamente para con JORGE EDILSON MORALES BRAUSIN, sino para con la administración de justicia, y sin embargo el honorable tribunal superior de Bogotá por intermedio de su Sala de Decisión Civil, incurre en esa misma conducta desconociendo la calidad de hijo de mi poderdante, de RAMÓN MORALES PALACIOS q.e.p.d.; APOYANDO su decisión en el Decreto 1260 de 1970 art. 102, el que no había nacido a la vida jurídica el día 4 de [a]gosto de 1949, fecha en que se sentó el Registro Civil de Nacimiento de JORGE EDILSON MORALES BRAUSIN”.
5. Al final, el recurrente señaló que “[e]s palmario entonces, que el H. Tribunal Superior, violó el artículo 29 superior, el artículo 305 del C.P.C., al haber dictado un fallo, por hechos extraños a los aducidos en la demanda, o de las pretensiones aducidas en la misma y sobre excepciones que no fueron propuestas por la pasiva y que por consiguiente no pudieron ser controvertidas por la actora; estructurándose en esta forma la causal de casación invocada y contenida en el numeral segundo del art. 368 del C.P.C.”.
CONSIDERACIONES
1. La demanda, por una parte, y su contestación, por la otra, son, en principio, los linderos de todo litigio, dentro de los cuales le resulta obligatorio moverse al juez que conozca del mismo, al punto de que, al decidirlo, le está vedado, en términos generales y salvedad hecha de excepciones específicamente contempladas, dejar sin resolver algún aspecto de la controversia (citra petita), superar tales límites (ultra petita) o actuar por fuera de ellos (extra petita).
Así lo prevé el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, cuando establece que
“[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…). No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta. (…). Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”.
2. Empero ésa, que es la regla general, no corresponde a un deber absoluto, como quiera que el mismo legislador, en el artículo 306 de la citada obra, consagró que “[c]uando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.
Ostensible es, pues, que en tratándose de hechos constitutivos de una excepción, esto es, de situaciones jurídicas concretas que enerven o desvirtúen total o parcialmente la pretensión, el juez está obligado a su reconocimiento oficioso, salvo cuando se trate de la “prescripción, compensación y nulidad relativa”, las cuales el sentenciador no puede motu proprio declarar, como quiera que en estos tres supuestos es siempre necesario que el demandado haya formulado expresamente la respectiva excepción en la contestación del libelo introductorio o de la reforma del mismo.
3. En el presente proceso, como ya se registró, el Tribunal concluyó que el actor no demostró debidamente su condición de heredero del señor Ramón Morales Palacios y, por ende, su legitimación para promover la acción en los términos que consignó en la demanda, lo que lo condujo, en últimas, a inferir el fracaso de la totalidad de las súplicas en ella elevadas.
4. La Sala, de ataño, tiene definido que la
“[n]ota característica de la excepción, que la distingue del concepto de defensa en el sentido lato arriba mencionado, es, pues, conforme se deja dicho, la de que aquella supone la alegación de hechos nuevos impeditivos o extintivos del derecho pretendido por el actor. A aquella característica y a esta diferenciación se ha referido la Corte en los siguientes términos: ´La excepción en el derecho ritual constituye una noción inconfundible con la defensa del demandado. La excepción es un medio de defensa, mas no engloba toda la defensa. La defensa en su sentido estricto estriba en la negación del derecho alegado por el demandante. Y la excepción comprende cualquier defensa de fondo que no consiste en la simple negación del hecho afirmado por el actor, sino en contraponerle otro hecho impeditivo o extintivo que excluye los efectos jurídicos del primero y por lo mismo de la acción (…) (LIX, pág. 406)” (CSJ SC de 9 de abril de 1979, G.J., T. CXXX, págs. 18 y 19; se subraya).
Y, adicionalmente, que
“la legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste, motivo por el cual su ausencia desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo” (CSJ SC de 14 de marzo de 2002, Rad. 6139; se subraya).
En complemento de lo anterior, debe señalarse que, en estrictez,
“la legitimación en la causa, bien por activa o por pasiva, no es una excepción sino que es uno de los requisitos necesarios e imprescindibles para que se pueda dictar providencia de mérito, ora favorable al actor o bien desechando sus pedimentos, porque entendida ésta ‘como la designación legal de los sujetos del proceso para disputar el derecho debatido ante la jurisdicción, constituye uno de los presupuestos requeridos para dictar sentencia de fondo, sea estimatoria o desestimatoria. Y en caso de no advertirla el juez en la parte activa, en la pasiva o en ambas, deviene ineluctablemente, sin necesidad de mediar ningún otro análisis, la expedición de un fallo absolutorio; de allí que se imponga examinar de entrada la legitimación que le asiste a la parte demandante para formular la pretensión’ (sentencia de casación N° 051 de 23 de abril de 2003, expediente 76519)” (CSJ SC de 23 de abril de 2007, Rad. 1999-00125-01; se subraya).
Sin embargo de lo anterior, no escapa a esta Sala que cuando en su defensa el demandado aduce hechos tendientes a refutar el derecho que pretende el actor, y precisamente los trae al proceso buscando desconocer la titularidad de cualquiera de las partes, o de ambas, respecto del objeto material o jurídico debatido, ha de tramitarse como excepción esta particular forma de oposición, que se dirige derechamente a enervar la legitimación en la causa activa o pasiva, entendidos estos conceptos por la Corte, siguiendo a Chiovenda como “la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva)». (Instituciones de Derecho Procesal Civil, 1, 185)” (G.J. CCXXXVII, v1, n.° 2476, pág. 486. En igual sentido, G.J. LXXXI, n.° 2157-2158, pág. 48, entre otras).
6. Fluye de lo que se deja expuesto, el fracaso del cargo que se examina, puesto que, independientemente de que el Tribunal, en el punto segundo de la parte resolutiva de su fallo, hubiese expresado que declaraba oficiosamente la excepción de falta de legitimación del actor, la actividad decisoria de esa autoridad, en su pura esencia, se circunscribió a explorar tal condición de “prosperidad de la pretensión debatida en el litigio”, y el no hallarla comprobada, lo determinó a desestimar las pretensiones de la demanda, de donde mal podía el recurrente afirmar que con esa conducta, el ad quem reconoció excepciones no propuestas por la parte demandada e hizo de su fallo un pronunciamiento incongruente.
7. Ahora bien, si se admitiera, como consecuencia del referido pronunciamiento expreso contenido en el proveído impugnado, que el ad quem sí se pronunció sobre una excepción de fondo que los accionados sólo vinieron a insinuar en los alegatos que presentaron en la segunda instancia, tampoco se encuentra que la sentencia cuestionada sea inconsonante, pues el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil lo habilitaba para efectuar un pronunciamiento semejante.
Precisamente, para negar un cargo por incongruencia propuesto frente a una sentencia desestimatoria de las pretensiones por haberse colegido la carencia de legitimidad en el demandante, la Corte observó que:
“Por tal razón, el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, contrariamente a lo que parece entender el recurrente, no consagra talanquera alguna que le impida al juez decidir de manera oficiosa sobre la legitimación de las partes, aspecto éste que, como ya se dijera, por constituir una de las condiciones de prosperidad de toda reclamación judicial, está siempre obligado a examinar con miras a decidir sobre su concesión, como tampoco lo concerniente a la excepción de contrato no cumplido, toda vez que el aludido precepto solamente restringe esa facultad en lo que concierne con las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa, las cuales, como es sabido, comportan un poder del demandado encaminado a aniquilar la pretensión del actor, de manera que ésta subsistirá solamente si aquél se abstiene de ejercer su derecho potestativo” (CSJ SC de 14 de marzo de 2002, Rad. 6139; se subraya).
8. El cargo estudiado, por ende, no está llamado a prosperar.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, NO CASA la sentencia del 28 de julio de 2011 proferida en el presente proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Descongestión.
Costas en casación a cargo de la parte recurrente. En la respectiva liquidación, inclúyase como agencias en derecho la suma de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000), como quiera que la parte opositora replicó en tiempo la demanda con la que se sustentó dicho recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA