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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
STC10423-2015
Radicación n.°76111-22-13-000-2015-00216-01
(Aprobado en sesión de cinco de agosto de dos mil quince)
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil quince (2015)
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo de tutela proferido el veinticuatro de junio de dos mil quince por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la acción de tutela promovida por Raúl García Calderón, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, actuación a que se ordenó vincular a Diego Botero Bueno, Sigifredo Hoyos, Oscar Marín Gómez, Bilier López, Francisco García, Nora Aguirre, Gerardo Escobar, María Eucaris Marín, Roberto García, Celmira Giraldo, Rodrigo Millán, Yesid Cabezas, Ángel María Valencia, Gloria Lucy Soleibe de Sierra, Julián Fernando Soleibe, María Eugenia de Soleibe, Dora Ligia Guerrero Vásquez, María Soelia Guerrero Vásquez, Sinforiano Bermúdez, Mauricio Alejandro Bedoya Ferro, Fernando Ruiz García, María Emma Fernández de Pinzón, Gaspar Aristizábal, Otilia Marulanda viuda de Cardona, María Eugenia Roldan, Pedro Luis Soleibe Arbeláez, Rafael Antonio González Márquez, María Sobeyda Cardona, José Elebidier López, Francisco Eduardo García Duque, María Nohelia Restrepo Rodríguez, Carlos Rodrigo Millán, Rafael Antonio González Márquez, José Rogelio González Morales, Banco de Bogotá sucursal Cartago, Banco Santander sucursal Cartago, Banco de Occidente sucursal Cartago, Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, Cámara de Comercio de Cartago, la Dirección de Impuestos y Aduanas de Tuluá, Liquidador Rodrigo Peláez Palomo, Liquidador Álvaro Rengifo Parra, Liquidador Jorge Arbey Vanegas Parra, Sociedad García López Ltda. Almacenes uno y dos, Mario Javier Jordán (Personero Municipal de Cartago), y al Fondo de Capital Privado Alianza Konfigura Activos Alternativos administrado por Alianza Fiduciaria S.A.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial, que considera vulnerados por la autoridad accionada pues en el trámite del proceso concordatario que adelanta, se ha apartado del procedimiento establecido en la Ley 222 de 1995.
En consecuencia, pretende que se decrete el desistimiento tácito del trámite liquidatorio promovido por el señor José Rogelio González Morales como heredero de Rafael Antonio González, y se ordene el levantamiento de las medidas cautelares solicitadas en el proceso.
B. Los hechos
1. El 21 de enero de 2002 el accionante promovió una demanda de concordato, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, despacho que el 8 de febrero de ese mismo año lo admitió como persona natural a la celebración del concordato y dispuso la notificación de los acreedores y entidades públicas.
2. Mediante auto de 19 de julio de 2002 el aludido despacho corrió traslado de los créditos presentados para que el deudor o los acreedores pudieran objetarlos.
3. El 5 de marzo de 2003 el estrado judicial declaró surtida la etapa concordataria y con proveído de 13 de marzo de 2003 dio inició al trámite de liquidación obligatoria de los bienes del deudor.
4. Después de intentar diferentes acuerdos de pago, con providencia del 21 de julio de 2009 se dispuso la apertura de la liquidación judicial, y con auto de 17 de febrero de 2010 se reconocieron unos pagos que efectuó el accionante a algunos de sus acreedores.
5. El 16 de marzo de 2012 fue admitido como acreedor Rogelio González Morales en su calidad de heredero de Rafael Antonio González y el 26 de enero de 2015 el despacho dispuso que se continuara el tramite liquidatorio respecto de aquel y se declarara el desistimiento tácito de los demás acreedores. Esta decisión no fue recurrida.
C. El trámite de la primera instancia
1. Por auto del 10 de junio de 2015, se admitió la acción de tutela, se ordenó enterar al accionado y vincular a las partes, terceros e intervinientes dentro del proceso objeto de queja constitucional. [Folio 441 y 442, c.1]
2. Dentro de la oportunidad concedida, la Cámara de Comercio de Cartago sostuvo que sus funciones son regladas, por lo que no puede dar conceptos en este asunto, y que revisadas sus bases de datos, el actor no se encuentra matriculado como persona natural.
La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca señaló que el actor no indicó sobre qué actuación se ha generado demora judicial, pero que de oficio inició una vigilancia administrativa, y que no existe legitimidad pasiva, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, tras realizar un recuento de las actuaciones surtidas, indicó que si bien la providencia que admitió el proceso concursal fue notificada por estado, el deudor conoció de la misma y cumplió con las medidas adoptadas en ella, decisión que no controvirtió y respecto de la que han transcurrido trece años desde que se emitió, que la publicación del edicto emplazatorio es una carga del deudor, y que el señor Rafael Antonio González ya había sido reconocido como acreedor en el concordato.
Agregó que el actor ataca providencias ejecutoriadas y que no fueron objeto de reproche, que no controvirtió el auto de 16 de marzo de 2012 que aceptó la sucesión procesal de Rafael Antonio González pero pretende que se decrete el desistimiento tácito sin haber elevado esa petición, que las quejas que expone no las planteó en el escenario natural, que al encontrarse el proceso en la etapa de liquidación obligatoria el impulso procesal le corresponde al promotor, quien actúa a través del liquidador, y que no es procedente levantar las medidas cautelares por ser la garantía del pago de los créditos.
La Dirección de Impuestos y Aduanas de Tuluá refirió que no existen actuaciones de cobro adelantadas por esa Dirección en contra del accionante, ni obligaciones tributarias pendientes de pago a su cargo.
El Banco de Occidente solicitó su desvinculación del trámite porque en el año 2012 le cedió la acreencia del actor al Fondo de Capital Privado Alianza Konfigura Activos Alternativos administrado por Alianza Fiduciaria S.A.
Los señores Mauricio Alejandro Bedoya Ferro, Carlos Rodrigo Millán, Sinforiano Bermúdez, Julián Fernando Soleibe, Gloria Lucy Soleibe de Sierra, María Eugenia Roldan de Soleibe, Roberto García, Oscar Marín Gómez, María Eucaris Marín, José Elebidier López, Francisco Eduardo García López, informaron los estados de sus acreencias.
3. En sentencia de 24 de junio de 2015, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Buga denegó el amparo al considerar que no cumplía con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues el accionante no interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación frente a los autos de 8 de febrero de 2002, 13 de marzo de 2003 y 16 de marzo de 2012, los cuales alcanzaron firmeza y fueron proferidos los dos primeros hace más de diez años y el último hace un poco más de tres años.
Agregó que respecto de las solicitudes de decretar el desistimiento tácito y en consecuencia el levantamiento de las medidas cautelares, no advertía que el peticionario hubiere utilizado los medios judiciales para obtener la satisfacción de su pretensión.
4. Inconforme con esta determinación, el accionante la impugnó, para lo cual insistió en los argumentos expuestos en su escrito inicial e indicó que cumple con el requisito de la inmediatez porque la violación de sus derechos es actual y que debía declararse la nulidad de todo lo actuado desde el auto que admitió la demanda [Folios 597 a 607, c.1]
II. CONSIDERACIONES
1. La jurisprudencia de la Corte ha sido invariable al señalar que son dos los principios esenciales que orientan la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política: la inmediatez y la subsidiariedad.
Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jurídica con el cual se produzca la vulneración de garantías constitucionales de terceros, como también que se desnaturalice el mismo trámite, en tanto la protección que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneración o amenaza actual.
Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:
… aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la acción, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección y, también, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC 2 ago. 2007, Rad. 00188-01)
Más adelante, la Corporación señaló:
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses”. (CSJ STC 29 abr. 2009, Rad.00624-00)
Así las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acción de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneración de los derechos de terceros.
2. Del análisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque no atiende ninguno de los postulados que vienen de reseñarse.
En efecto, el accionante cuestiona en su solicitud de tutela los proveídos de 8 de febrero de 2002 (el actor fue admitido como persona natural a la celebración del concordato), 19 de julio de 2002 (el despacho corrió traslado de los créditos presentados para que el deudor o los acreedores pudieran objetarlos), 13 de marzo de 2003 (el despacho dio inició al trámite de liquidación obligatoria de los bienes del deudor), y 16 de marzo de 2012 (fue reconocido Rogelio González Morales como heredero del acreedor Rafael Antonio González), en tanto que acudió al amparo constitucional el 9 de junio de 2015.
Estas circunstancias dejan en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo constitucional dejó trascurrir más de doce años respecto de los tres primeros autos y tres años frente al último, lapso superior al que la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales [6 meses], máxime cuando no es suficiente el argumento de que la vulneración es actual porque los proveídos que ataca fueron proferidos hace varios años y guardó silencio frente a ellos, además de que no expuso un motivo que justificara su tardanza para impetrar el resguardo.
3. De otra parte, la solicitud de amparo tampoco atiende el principio de subsidiariedad, pues el promotor tuvo a su alcance otros mecanismos de defensa idóneos para cuestionar las referidas providencias.
En efecto, si a juicio del accionante las providencias de 8 de febrero de 2002, 19 de julio de 2002, 13 de marzo de 2003 y 16 de marzo de 2012 no se encontraban ajustadas a derecho, debió formular los medios de impugnación establecidos por el legislador para plantear tal debate al interior del proceso, sin que su incuria sea justificable en forma alguna.
Asimismo, tal como lo informó el despacho, el accionante tampoco ha elevado solicitud encaminada a que se decrete el desistimiento tácito del trámite liquidatorio adelantado por Rogelio González Morales como heredero de Rafael Antonio González, y por ende, el levantamiento de las medidas cautelares.
Recuérdese que la acción de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse sólo cuando en el escenario natural del respectivo trámite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, únicamente es permitida la revisión del desarrollo procesal respecto de las garantías propias de cada juicio, pero en ningún momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constitución o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevaría a invadir su órbita de acción y a quebrantar la Carta Política.
En ese orden, no puede admitirse que a través de este trámite constitucional se provea la solución de cuestiones que correspondía dirimir al juez natural en la instancia que no se adelantó porque el accionante no utilizó los medios de defensa que contempla la norma adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de aquellas vías ordinarias contempladas por la ley.
4. Por consiguiente, se confirmará la decisión impugnada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ