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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
STC10699-2015
Radicación n.° 19001-22-13-000-2015-00137-01
(Aprobado en sesión de cinco de agosto de dos mil quince)
Bogotá, D. C., doce (12) de agosto de dos mil quince (2015).
Decídese la impugnación interpuesta frente a la sentencia de 30 de junio de 2015, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, dentro de la tutela instaurada por M. A. B. M. en contra del Juzgado Promiscuo de Familia de Caloto, con ocasión del juicio ejecutivo por alimentos promovido por A. L. O. R. en representación del menor XXX, trámite extensivo a la Procuraduría Judicial de Infancia, Adolescencia y Familia y a la Defensoría de Familia, ambas de esa capital.
1. ANTECEDENTES
1. El promotor solicita la protección de los derechos al debido proceso, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.
2. Sostiene, como base de su reclamo, en síntesis, lo siguiente (fls. 1 a 7):
2.1. A. L. O. R. impetró el juicio ejecutivo materia de esta salvaguarda en contra del ahora actor, M. A. B. M., reclamando el pago de las cuotas de alimentos adeudadas por aquél al menor XXX.
2.2. El Juzgado tutelado libró mandamiento de pago el 2 de diciembre de 2014, determinación atacada a través de reposición por el aquí petente, argumentando que “(…) la liquidación adjuntada por la demandada (sic) [es] injustificada e irracional (…)”, pues comprende valores no incluidos en el título base del recaudo.
2.3. La anterior providencia fue confirmada el 26 de febrero de 2015, al zanjarse el señalado remedio horizontal.
2.4. Contestó la demanda y propuso las excepciones de “(…) prescripción de las obligaciones dinerarias, caducidad de la acción ejecutiva, pago parcial, cobro de lo no debido, temeridad, mala fe y enriquecimiento sin causa (…)”.
2.5. Cuestiona además que la allí demandante haya aportado como título copia simple de la conciliación pábulo del cobro judicial.
2.6. El 17 de abril de 2015, el despacho invalidó lo actuado desde el 10 del mismo mes y año, “(…) reajustando el proceso al artículo 520 del Código de Procedimiento Civil (…)”; decisión en la cual se afirmó que “(…) la única excepción procedente es el pago (…)”, en atención a lo reglado en el canon 152 del Decreto 2737 de 1989, por remisión efectuada por la Ley 1098 de 2006.
2.7. Acota que no se le puede impedir proponer medios exceptivos dando aplicación al Decreto 2737 de 1989, en lugar de los preceptos que regulan el juicio ejecutivo singular en el Código de Procedimiento Civil.
2.8. Por lo antelado, supone cercenados sus “(…) medios de defensa, así como su debido proceso (…)”, por cuanto “(…) bajo las renuentes decisiones caprichosas proferidas en contra de [sus] intereses y el rumbo erróneo dado por el Juzgado, no es difícil prever cual va a ser la decisión final que se va a tomar (…)”.
3. Implora ordenar “reajustar” el pleito censurado.
1.1. Respuesta del accionado y vinculados
a. El Juzgado Promiscuo de Familia expuso:
“(…) [P]or medio de auto de 17 de abril de 2015, se decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del 10 de abril de 2015, con el objeto de reajustar el trámite a lo reglado exclusivamente por el Código de Procedimiento Civil, es decir, seguir el proceso conforme con el artículo 510 de esa norma, sin tener en cuenta la modificación realizada por el artículo 31 de la Ley 1395 de 2010. Además se declaró abierta la etapa probatoria, sin que el reajuste efectuado pueda ser considerado una vía de hecho (…)” (fls. 65 y 66).
b. A. L. O. R. se opuso a la tutela, porque “(…) dentro del ejecutivo, el demandado ha ejercido en todo momento su derecho a la defensa (…)” (fls. 72 y 73).
c. La Procuraduría Judicial Veintidós de Infancia, Adolescencia y Familia aseveró que en caso de “(…) establecerse la vulneración aducida por la parte tutelante (…) estarían llamadas a prosperar sus pretensiones (…)” (fls. 74 y 75).
d. La Defensoría de Familia guardó silencio.
2. La sentencia impugnada
Negó la salvaguarda tras inferir:
“(…) [E]l asunto cuestionado por vía de amparo todavía no ha sido resuelto con determinación de mérito, pues la última actuación data del 22 de junio de 2015, calenda en la que se corrió traslado a las partes para alegar, y, se debe agregar, que el juez aún cuenta con amplias facultades para reexaminar la idoneidad del título y ejercer control de legalidad sobre dichas actuaciones (…)” (fls. 76 a 82).
1.3. La impugnación
La formuló el promotor exponiendo que ruega el amparo como mecanismo transitorio, pues:
“(…) [E]s sumamente vulnerario (sic) y perjudicial que el juez constitucional estime que estando probada la vulneración, espere a que se tenga que proferir necesariamente una decisión final para evidenciar un daño y una vulneración de [sus] derechos fundamentales (…)” (fls. 91 a 95).
2. CONSIDERACIONES
1. Se duele el quejoso, M. A. B. M., por cuanto dentro del comentado subexámine, (i) se libró mandamiento de pago con sustento en una copia simple de la conciliación aportada como título y por valores no contenidos en ésta; y (ii) se le “cercenó su derecho de defensa” pues en la decisión de 17 de abril de 2015, sólo se admitió la excepción de pago, en atención a lo establecido en el artículo 152 del Decreto 2737 de 1989.
2. Respecto de los ataques enfilados contra la validez del documento contentivo de la obligación, es evidente el fracaso de la protección deprecada, porque ese tópico puede ser reestudiado en la sentencia, aún no dictada, momento procesal oportuno para revisar de nuevo si el instrumento objeto de cobro coactivo en realidad reúne los requisitos previstos por la ley civil para ser tenido como tal.
La posibilidad de que el juzgador de instancia analice el título adosado al memorado pleito y, por esa senda, defina si le asiste o no razón al ejecutado, aquí quejoso, le cierra el paso a esta justicia dada su naturaleza residual.
Sobre ese tema esta Sala ha dicho:
“(…) [E]n los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los términos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el título ejecutivo (…) Sobre esta temática, la Sala ha indicado que ‘la orden de impulsar la ejecución, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario análisis de las condiciones que le dan eficacia al título ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuación procesal; por lo tanto, no funda la falta de competencia la discrepancia que pueda surgir entre la preliminar orden de pago y la sentencia que, con posterioridad, decida no llevar adelante la ejecución por reputar que en el título aportado no militan las condiciones pedidas por el artículo 488 del C. de P. Civil (…)”1 (subrayas fuera de texto).
3. En punto a la censura elevada frente a la providencia de 17 de abril de 2015, delanteramente corresponde precisar que si bien M. A. B. M. no formuló el recurso de reposición procedente frente esa decisión, de conformidad con la regla 348 del Código de Procedimiento Civil, esta situación en principio tornaría inviable estudiar de fondo el presente resguardo por inutilizar ese medio de defensa; empero, al ponderar la cuestión aquí planteada, la omisión resulta intrascendente respecto a la magnitud de la violación del derecho al debido proceso examinado, teniendo en cuenta que las excepciones son el medio de defensa principal para el extremo pasivo de un juicio.
3.2. Esta Sala ha variado la interpretación dada al citado texto normativo. En primer momento señaló que de la lectura del mismo se deducía su aplicabilidad solamente cuando se ejecutaban obligaciones alimentarias originadas en sentencia judicial, excluyendo de la regla expresamente a los títulos contenidos en otro tipo de documentos2, como por ejemplo, una conciliación. En otro pronunciamiento, si bien se calificó como razonables los argumentos de un juzgador que aplicó a rajatabla la limitación de aceptar exclusivamente el medio exceptivo de pago, en ese fallo se dejó claro que era plausible “(…) una interpretación menos rigurosa sobre lo que en materia de excepciones cabe admitir en este tipo de asuntos (…)”3.
En el presente evento, en aras de salvaguardar los derechos del extremo pasivo en este tipo de juicios, se admitirá que en todos los casos, sin importar el origen del documento pábulo del cobro judicial, es válido proponer excepciones de mérito diferentes a las de pago, efectuando una interpretación amplia del precepto 509 del Código de Procedimiento Civil, como pasa a explicarse.
3.3. La señalada regla 152 del Decreto 2737 de 1989 fue expedida en vigencia de la Constitución de 1886, por ende, emerge la imperiosa necesidad de interpretarla conforme al contenido del precepto supralegal al debido proceso estatuido en la regla 29 de la Carta Política de 1991. Asimismo, refulge el deber de analizarla en concordancia con los artículos 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil4, porque existen eventualidades en las cuales, un caso en particular amerita, por parte del funcionario judicial, el estudio de las causas extintivas de las obligaciones diferentes a las de pago.
Cercenar una posibilidad amplia de defensa equivaldría a instituir una especie de responsabilidad objetiva, autorizando el proveimiento de condenas sin fórmula de juicio, en detrimento de la potestad de los sujetos procesales para controvertir las pretensiones de la contraparte, desnaturalizándose la garantía iusfundamental al debido proceso, cuyo núcleo esencial se compone, entre otras, por el derecho a emplear medios legítimos e idóneos para ser oído y vencido en juicio o para obtener decisiones favorables.
Como colofón de lo expresado, es menester memorar la sentencia de 29 de marzo de 19905 dictada por la Sala Plena de esta Corte, en la que, haciendo uso de las facultades establecidas en el artículo 214 de la Constitución Política de 1986, declaró inexequible el canon 107 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por cuanto:
“(…) [A]l prescribir la norma acusada que en el proceso ejecutivo laboral no se admiten incidentes ni excepciones distintas de la de pago verificado con posterioridad al título ejecutivo, se vulnera el principio del debido proceso contenido en el artículo 26 del Estatuto Superior, que garantiza el derecho de defensa, que equivale al de no ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio razonablemente estructurado, el de igualdad de las partes en el proceso, el de contradicción de la pretensión opuesta, por cuanto el demandado en dicho proceso no puede ejercer válidamente ninguna actuación con el fin de demostrar que lo asiste el derecho, como tampoco puede aducir ningún hecho destinado a quitarle eficacia o validez al título con el que se le ejecuta con merma injustificada de su patrimonio”.
“En efecto, el demandado en un juicio ejecutivo laboral sólo puede demostrar el pago para que se declare extinguida la obligación, a pesar de existir otros hechos jurídicos que también la extinguen, como por ejemplo la prescripción, la compensación, etc. Por otra parte, tampoco puede proponer incidentes corno el de nulidad o falsedad con los cuales precisamente se infirma la validez del título, ni tampoco puede recusar al Juez para lograr un fallo imparcial, pues la norma demandada no se lo permite, como le prohíbe igualmente alegar la nulidad del proceso que se adelanta o la de aquél del cual surgió la obligación que se le reclama, causada por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, todo lo cual deja al ejecutado en total indefensión (…)”.
La Corte Constitucional ha dicho sobre el contenido del debido proceso a la luz de la Carta Política vigente:
“(…) De manera general, hacen parte de las garantías del debido proceso: a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo. b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso (…) c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable (…). e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo. f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas (…)”6 (subrayas fuera de texto).
3.4. Tratándose de alimentos, el Código Civil instituye una diferenciación entre aquellos pendientes de ser reclamados y los ya causados, pues los primeros hacen parte del derecho a recibir alimentos, y “(…) no puede[n] transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse (…)” (art. 424), mientras que los segundos, al ser “(…) pensiones alimenticias atrasadas, podrán renunciarse o compensarse; y el derecho de demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor (…)” (art. 426).
De esta manera, al fijarse por el legislador la facultad de disponer de los alimentos causados, es menester para el Juez determinar si dentro de las excepciones propuestas por el ejecutado ha concurrido alguna circunstancia de las enunciadas en la norma transcrita, por ejemplo, venta, compensación o renuncia de los mismos.
3.5. Ahora, si cuando la obligación está contenida en una providencia judicial, se admiten las excepciones de “(…) pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia (…)” (inciso 6º del art. 335 del Código de Procedimiento Civil), mucha más libertad de defensa tendrá el convocado a juicio cuando exhibe una obligación clara, expresa y exigible consignada en un documento o fuente diversa, como la aportada en la actual conciliación.
Tampoco puede desconocerse la facultad para el extremo pasivo de proponer el incidente respectivo, cuando estime que el documento pábulo del cobro adolece de falsedad ideológica o material.
3.6. Por lo tanto, no le era posible al Juzgado querellado llegar a la decisión reprochada, pues le correspondía actuar conforme a las señaladas reglas 509 y 510 ibídem y los demás preceptos aplicables al caso, pues tal actividad, se itera, evidencia una lesión al debido proceso.
El Juez tiene el deber de estudiar las particularidades del caso en concreto, y justificar con argumentación debidamente sustentada el acogimiento o no de los medios exceptivos propuestos, observando igualmente las normas 411 y subsiguientes del Código Civil, reguladoras de los alimentos.
3.7. Lo antelado no supone desconocer el interés superior de los menores estatuido en el canon 44 de la Constitución Política de 1991, por cuanto, tal disposición bajo ninguna hermenéutica quiere significar que en pro suyo se sacrifiquen otras prerrogativas supralegales.
De cualquier forma, concierne al despacho tutelado, evacuar el trámite de las excepciones promovidas por el accionante y, al momento de decidir de fondo el asunto, tener en cuenta la situación de especial protección constitucional que le asiste al menor XXX.
4. Como colofón, se le ordenará a la autoridad accionada que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir del conocimiento de esta providencia, deje sin efecto auto de 17 de abril de 2015 y las actuaciones que de él pendan, en lo atañedero a la negación de las excepciones elevadas por M. A. B. M., y proceda a estudiar nuevamente ello, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones.
5. Por los anteriores argumentos, se impone la confirmación del fallo impugnado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia y CONCEDER el amparo deprecado.
En consecuencia, se ORDENA Juzgado Promiscuo de Familia de Caloto que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, deje sin valor y efecto el auto de 17 de abril de 2015 y las actuaciones que de él pendan, en lo atañedero a la negación de las excepciones elevadas por M. A. B. M., y proceda a estudiar nuevamente ello, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones.
SEGUNDO: Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
1 CSJ sentencia de 8 de noviembre de 2012, exp. 02414-00, reiterada el 15 y 28 de febrero de 2013, exp. 00244-00, 00245-00.
2 Esta Corte ha dicho sobre el particular: “(…) [L]a disposición últimamente citada sólo es aplicable para el cobro ejecutivo de alimentos provisionales y definitivos fijados en procesos de alimentos, pues se ubica a continuación de las normas que regulan el trámite de dicha clase de juicios y prescribe: “La demanda ejecutiva de alimentos provisionales y definitivos, se adelantará sobre el mismo expediente, en cuaderno separado…”. Es decir, se aplica en los casos de fijación de alimentos por el Juez de Familia o, en su defecto, por el Municipal del lugar de residencia del menor, merced a la iniciación de un proceso contencioso, por lo que mal podría extenderse en su parte restrictiva, esto es, en la prohibición de admitir excepciones distintas a la de pago, a los eventos en que la cuota alimentaria se fija por acuerdo de las partes en una audiencia de conciliación realizada ante un funcionario administrativo como lo es el Defensor de Familia (…)”, sentencia de 17 de noviembre de 1999, exp. 76246, reiterada en fallos de 10 de octubre de 2012, exp. 00104-01, y 6 de agosto de 2013, exp. 2013-0271-01, entre otros.
3 CSJ Civil, sentencia de 18 de septiembre de 2007, exp. 2007-0054-01.
4 “(…) Art. 509. En el proceso ejecutivo pueden proponerse las siguientes excepciones:”
“1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de mérito, expresando los hechos en que se funden. Al escrito deberá acompañarse los documentos relacionados con aquéllas y solicitarse las demás pruebas que se pretenda hacer valer”.
“2. Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o en otra providencia que conlleve ejecución, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7 y 9 del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida. En este evento no podrán proponerse excepciones previas ni aún por la vía de reposición”.
“Los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso, el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso pueda continuar; o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días, para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios. El auto que revoque el mandamiento ejecutivo es apelable en el efecto diferido, salvo en el caso de haberse declarado la excepción de falta de competencia, que no es apelable”.
“Art. 510. De las excepciones formuladas con expresión de su fundamento fáctico, se dará traslado al ejecutante por diez días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, adjunte y pida las pruebas que pretenda hacer valer”.
“Surtido el traslado, el juez convocará a la audiencia de que tratan los artículos 430 a 434 del C. P. C., o a la contemplada en el artículo 439, si el asunto fuere de mínima cuantía”.
“a) Si al dictar sentencia prospera alguna excepción contra la totalidad del mandamiento ejecutivo, el juez se abstendrá de fallar sobre las demás, pero en este caso el superior deberá cumplir lo dispuesto en el inciso 2o del artículo 306”;
“b) La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. La liquidación de los perjuicios se hará como dispone el inciso final del artículo 307”;
“c) Si las excepciones no prosperan, o prosperaren parcialmente, la sentencia ordenará llevar adelante la ejecución en la forma que corresponda, condenará al ejecutado en las costas del proceso y ordenará que se liquiden”;
“Cuando las excepciones prosperen parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 392”.
“d) Si prospera la excepción de beneficio de inventario, la sentencia limitará la responsabilidad del ejecutado al valor por el cual se le adjudicaron los bienes en el respectivo proceso de sucesión (…)”.
5 CSJ Civil, sentencia de 29 de marzo de 1990, exp. Nº 2009.
6 Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010.
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