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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
STC14509-2015
Radicación n.° 11001-02-03-000-2015-02490-00
Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015).
Decídese la acción de tutela impetrada por Alady Lucía Quitián Escárraga frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, integrada por los magistrados Homero Mora Insuasty, Carlos Alberto Romero Sánchez y César Evaristo León Vergara, con ocasión de la ejecución impulsada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali y otros –COOTRAEMCALI- contra la aquí accionante.
1. ANTECEDENTES
1. La actora reclama el amparo a las garantías al debido proceso, acceso a la administración de justicia y propiedad, presuntamente quebrantadas por la autoridad jurisdiccional querellada.
2. Como fundamento de su reproche, asevera que el asunto materia de reparo fue impulsado con apoyo en un pagaré otorgado por ella con espacios en blanco los cuales “(…) [se] diligenci[aron] con el N° 2046230, fecha 05 de octubre de 2010 y por el valor de $42.448.900,00 (…)”.
Relata que en los hechos de la demanda se expresó como negocio causal del enunciado título la existencia de un préstamo otorgado para la compra de un vehículo por $16.100.000, garantizado con prenda sin tenencia, contrato “(…) al que [se] le había aplicado la cláusula aceleratoria porque la [deudora] no había cumplido con la renovación de la póliza pactada en dicho contrato (…)”.
Señala que formuló las excepciones denominadas
“(…) ineptitud sustantiva de la demanda, improcedencia de la acción ejecutiva, ausencia de causa petendi, inexistencia de pacto obligacional, obligación no vencida, incapacidad sustantiva del título ejecutivo (…) abuso del derecho, abuso de la posición dominante, intervención de un tercero-caso fortuito: imprevisible e irresistible y mala fe (…)”.
Asimismo, destaca haber alegado el pago de la obligación, toda vez que la acreencia
“(…) fue amortizada con los descuentos de [su] salario (…), aplicados en el período del 15 de octubre de 2010 al 15 de abril de 2013, por valor total de $71.331.264,oo más el valor de los aportes por valor de $14.661.031.oo que ahorr[ó] durante los 22 años que estuv[o] afiliada a la Cooperativa y que [ésta] cruzó contra la misma obligación del pagaré. Razón por la cual (…) se solicitó se tuviera como cancelada la [deuda] (…)”.
Indica que en el asunto se decretaron y practicaron como medidas cautelares el embargo y secuestro del citado rodante y el descuento de sus “(…) salarios, primas legales y extralegales y demás emolumentos, hasta por el 50% (…)”.
En fallo de 3 de diciembre de 2014, el a quo declaró la prosperidad de los medios exceptivos y dispuso la terminación del litigio, determinación apoyada, puntualmente, en que la demandante llenó el pagaré por un valor contrario a la realidad, por cuanto el contrato de prenda ascendió a $16.100.000; además, porque el referido título fue diligenciado “(…) para cobrarse obligaciones personales desconocidas dentro del proceso (…)”.
Añade que para esa autoridad, conforme a la sentencia C-383 de 1997, el extremo actor incoó una ejecución “mixta”, pues siendo insuficiente el vehículo aludido para cancelar la acreencia denunciada, la Cooperativa deprecó la consumación de otras cautelas.
Apelada esa providencia por su contraparte, el Tribunal la revocó el 26 de agosto de 2015 y, en su lugar, resolvió decretar no acreditadas las excepciones y seguir el compulsivo en los términos del mandamiento de pago.
Ese pronunciamiento se cimentó en que el pagaré presentado para el cobro tenía pleno mérito ejecutivo, pues fue diligenciado no sólo por el valor del préstamo de compra de vehículo, sino por las demás obligaciones adeudadas por la tutelante, cuestión realizada ante su exclusión de la Cooperativa; además, se arguyó que la petente no “infirmó” la validez del instrumento ni su legitimidad.
Esa colegiatura destacó que se estaba frente a un compulsivo “singular”, por cuanto la acreedora no hizo uso del derecho accesorio de prenda, toda vez “(…) que no acompañó los documentos correspondientes exigidos por el artículo 554 del C. de P. C. (…)”; asimismo, acotó la intrascendencia de la “cláusula aceleratoria” contenida en el negocio de adquisición del rodante, pues aunque se estipuló como incumplimiento de los compromisos contractuales la no renovación de la póliza de seguro, ese contrato no fue objeto de recaudo.
Advierte que si bien reclamó la corrección y/o adición de la sentencia reseñada, apoyada en la no resolución de lo concerniente a la satisfacción de la acreencia cobrada con los descuentos de su nómina y en la imprecisión referente a su aceptación en torno a avalar “(…) el pleno mérito cambiario (…)” del pagaré, en proveído de 21 de septiembre de 2015 se desestimó su pedimento.
Añade que la autoridad accionada incurrió en vía de hecho, por cuanto (i) desconoció que en el libelo adujo provenir el pagaré del contrato de compra de vehículo y no de otras acreencias; (ii) tuvo por cierto que dicho instrumento se diligenció ante el retiro de la actora de la Cooperativa, cuando ese documento fue llenado dos (2) años antes de la ocurrencia de ese suceso; (iii) sostuvo equivocadamente encontrarse la tutelante en mora a pesar de no obrar prueba de ello; (iv) relegó los pagos deducidos de sus prestaciones y la apropiación de sus aportes por parte de la Cooperativa; y (v) desechó la jurisprudencia constitucional citada por el a quo.
3. Pide, para evitar un perjuicio irremediable, revocar la decisión del Tribunal y ratificar la de primer grado.
1. Respuesta del accionado
El Colegiado querellado adujo no haber cometido irregularidad en la providencia fustigada, pues además de no demostrarse que la Cooperativa hubiese llenado el pagaré con espacios en blanco en forma abusiva, se esclareció que
“(…) la emisión del pagaré no obedeció únicamente al préstamo para vehículo, o al incumplimiento sobre la vigencia de un seguro que la deudora debía tomar, [igualmente] se coligió que las causas para proceder al llenado del pagaré obedecieron a la exclusión de la asociada de la cooperativa, y que el saldo resultante del cruce de sus aportes con los débitos obligacionales corresponde al importe del pagaré adosado a la ejecución (…)”.
“Se dejó sentado también que la amortización o pago no estuvo sometido a plazo, cuotas periódicas o instalamentos y por tanto no podría haber anticipación o extinción del mismo como con esfuerzo lo exponía la demandada (…)”.
2. CONSIDERACIONES
1. Examinado el reclamo y las probanzas adosadas, se colige la prosperidad del resguardo por hallarse quebrantado el derecho al debido proceso invocado por la accionante.
2. En efecto, revisada la sentencia emitida en segunda instancia dentro del trámite materia de reproche, con la cual se revocó la del a quo y se ordenó seguir adelante la ejecución y el proveído de 21 de septiembre de 2015, donde se negó la adición de ese pronunciamiento, se colige una motivación insuficiente en lo concerniente a la resolución de los medios exceptivos incoados por la aquí petente.
En efecto, se encuentra que la Corporación denunciada restringió el problema jurídico a determinar
“(…) si el documento base de recaudo está dotado de mérito ejecutivo que imponga proseguir la ejecución o, de opuesto modo, si la ausencia de algún requisito frustra su cobro compulsivo (…)”.
Así, tras argüir el hecho de estar en presencia de una ejecución singular y no “mixta”, por cuanto no se hizo uso del derecho de prenda y en el plenario no obró “(…) ni el certificado de su existencia y menos de su vigencia, ni tal certificado fue expedido con una antelación no superior a un mes, cual lo precisa de manera perentoria el artículo 554 del C. de P. C. (…)”, destacó que el instrumento objeto del litigio se suscribió con espacios en blanco, empero no se esgrimió ni probó desatención de las instrucciones pactadas para su diligenciamiento ni invalidez de la firma estampada en el mismo.
Adicionalmente, sobre el contenido del cartular acotó:
“(…) [E]s claro que las causas para proceder al llenado del pagaré obedecieron a la exclusión de la asociada de la cooperativa, y entonces se realizó el cruce de sus aportes con los débitos obligacionales quedando un saldo que corresponde al importe del pagaré adosado a la ejecución (…)”.
“Queda definido entonces que la emisión del pagaré no obedece únicamente al préstamo para vehículo, o al incumplimiento sobre la vigencia de un seguro que la deudora debía tomar, sino que atendida la exclusión de la cooperada y el alto monto de las obligaciones adquiridas con la cooperativa, mismas que acusaban mora, se procedió a su cuantificación arrojando un saldo en contra de la otorgante de que da cuenta el título valor, habida cuenta que los descuentos realizados eran insuficientes para cubrir las cuotas de los créditos (…)”.
“En efecto, de la lectura desprevenida del pagaré (…) se desprende sin hesitación que la amortización o pago del capital adeudado no estuvo sometido a plazo, cuotas periódicas o instalamentos; en sentido contrario, atendida su literalidad vinculante se tiene que el día 27 de diciembre de 2011 la otorgante deudora debía pagar la suma de $42.448.900.00, es decir la totalidad de la obligación dineraria adquirida. Este pagaré por demás fue llenado atendiendo estricta y cabalmente las instrucciones impartidas por su suscriptor, aspecto que no ha sido objetado jamás (…)”.
“Así las cosas, si bien en la cartular se acude a la figura del decaimiento del plazo en su cláusula tercera, debe repararse en que obedece más a un formato predispuesto, pero palmariamente inaplicable al caso por la simple pero poderosa razón que la amortización o pago no estuvo sometido a plazo, cuotas periódicas o instalamentos únicos eventos en que según nuestro ordenamiento jurídico se permite o faculta acudir a este tipo de pactos, cuya constitucionalidad ha sido validada (…)”.
“En este contexto no puede esgrimirse que ha habido un abuso de la cláusula aceleratoria o que la misma frustra la ejecución por cuanto ataca la claridad de la obligación, cuando en estricto sentido debería hablarse de su exigibilidad; es más, todo cuanto orbita en torno a esta forma de extinción o decaimiento del plazo es por entero ajeno al thema probandum y decidendum por sustracción de materia, como quiera que en esta singular contención no se ha hecho uso de este clausulado, y toda la argumentación del recurrente cae en el vacío (…)”.
“Sería inane amén que inoficioso discurrir sobre la validez de la cláusula aceleratoria o si hubo abuso de la misma, o si afecta la exigibilidad de la obligación cuando es lo cierto e irrecusable que por la literalidad y autonomía del pagaré base del cobro no se concedió ningún plazo ni se establecieron cuotas periódicas para el pago y por tanto no podría haber anticipación o extinción del mismo, por obvias y elementales razones (…)”.
“(…) [Alady] Lucía Quitián Escárraga venía atendiendo regular y oportunamente las obligaciones contraídas con la cooperativa al punto que le siguieron descontando dinero con destino a Cootraemcali aun después de la fecha en que se aduce haber acaecido la mora, se precisa que si en gracia de discusión se advierte algún incumplimiento se debería a inconvenientes derivados de los descuentos por libranza que como empleada de las Empresas Municipales de Cali (…)”.
4. Por tanto, sí se encuentra la irregularidad enrostrada por la querellante, máxime si como ella lo adujo, a pesar de reclamarle al Colegiado censurado la adición de su pronunciamiento en el sentido de resolver, entre otras cuestiones, lo relativo al pago de las deudas cobradas, éste se negó a hacerlo en auto de 21 de septiembre de 2015, advirtiendo:
“(…) es palmario que la providencia emitida por esta Sala no dejó de resolver ningún punto de imperante pronunciamiento por disposición legal, pues luego de restarle mérito a los argumentos que llevaron al a quo a declarar probadas las excepciones, la Sala se ocupó a fondo de analizar las razones por las cuales los medios defensivos lanzados no alcanzaban a desvirtuar el mérito ejecutivo del documento compulsivo sin que quedare pendiente ningún medio defensivo por abordar (…)”.
5. Resulta necesario indicar que si bien la alzada fue incoada por el extremo actor, quien la sustentó en la inviabilidad de las excepciones acogidas por el fallador de primer grado, se imponía al Tribunal, conforme al inciso 2° artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, desatar cada una de las defensas de la accionante y, en particular, lo concerniente a la satisfacción de las deudas cobradas con el pagaré, pues, ciertamente, aunque el mérito ejecutivo del cartular no haya sido desvirtuado, según las elucubraciones de la Corporación atacada, correspondía determinar si, efectivamente, el monto reportado en el mismo había sido o no sufragado con los descuentos efectuados de la nómina de la tutelante y los aportes igualmente deducidos.
Como tal valoración estuvo ausente de los considerandos del fallador de segundo grado, surge claro, como arriba se señaló, el quebranto al debido proceso por falta de motivación.
6. Sobre el particular, esta Corporación ha indicado:
“(…) [S]ufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivación resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. Así, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente No. 2003-0526, se increpó al Tribunal por no ‘fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jurídicas que con rotundidad y precisión (…)’” [resolvieran el caso bajo su conocimiento], “(…) lo propio ocurrió en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recriminó al ad quem por no expresar las ‘razones puntuales’ equivalentes a una falta de motivación; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatención de ‘la exigencia de motivar con precisión la providencia’ (…)”1.
Por tanto, si en la providencia censurada no se incorporaron las consideraciones correspondientes en torno a lo memorado, se corrobora el quebranto del derecho fundamental previsto por el artículo 29 de la Constitución Política.
Varios principios y derechos en los regímenes democráticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicción del fallo y muestra la transparencia con que actúan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisión no habrá motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas válidamente recaudadas; los de seguridad jurídica y confianza legítima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional.
El deber de motivar toda providencia que no tenga por única finalidad impulsar el trámite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicción haga públicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resolución, de tal manera que tras conocérselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del análisis objetivo, amén de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso.
7. De acuerdo con lo discurrido, el amparo deprecado será concedido. En consecuencia, se le ordenará al accionado dejar sin efecto la providencia de 21 de septiembre de 2015 y resolver, nuevamente, la petición de adición de la sentencia de segundo grado incoada por la tutelante, conforme a los lineamientos trazados en este pronunciamiento.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Alady Lucía Quitián Escárraga frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, integrada por los magistrados Homero Mora Insuasty, Carlos Alberto Romero Sánchez y César Evaristo León Vergara, con ocasión de la ejecución impulsada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali y otros –COOTRAEMCALI- contra la aquí accionante.
En consecuencia, se les ordena a los funcionarios acusados que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento, dejen sin efecto la providencia de 21 de septiembre de 2015 y resuelvan, nuevamente, la petición de adición de la sentencia de segundo grado incoada por la tutelante, conforme a los lineamientos trazados en esta decisión.
SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
1 CSJ. Civil. 28 de marzo de 2008, exp. 2008-00384-00; véanse igualmente el fallo de de 16 de febrero de 2011, exp. 2010-00445-01, entre otros.