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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
STC14848-2015
Radicación n.° 11001-02-03-000-2015-02201-00
(Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil quince)
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015).
Decídese la acción de tutela instaurada por José Homero Pulido en frente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, integrada por los magistrados María Julia Figueredo Vivas, José Horacio Tolosa Aunta y Luis Armando Tolosa Villabona, el Juzgado Civil del Circuito de Ramiriquí y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de dicho municipio.
1.- El petente depreca la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por los funcionarios recriminados dentro del juicio ordinario de nulidad de escrituras y subsidiariamente de simulación relativa que María del Carmen viuda de Jiménez, María Eugenia Jiménez Benavides, Humberto Jiménez Benavides, José Silvestre Jiménez Benavides, Edelmira Jiménez de Torres, Hilda María Jiménez Benavides, Luz Marina Jiménez Benavides, Ana Elvia Jiménez Benavides, Luis Fernando Jiménez Ruiz, José Alfredo Jiménez Ruiz, Sandra Milena Jiménez Ruiz, Carmen Rosa Jiménez Ruiz Montaña, Carlos Julio Jiménez Quincos les formularon a Modesto Jiménez Benavides, Jairo Jiménez, Carmen Rosa y Flor Alba Jiménez Melo.
2.- Arguyó en confuso escrito, como sustento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1.- Adquirió «un predio rural en el Municipio de Nuevo [C]olón a MODESTO JIM[É]NES BENAVIDES, foliado con f.m.i. No. 090-46782 de la OR.I.P. DE RAMIRIQU[Í], el cual estaba libre de gravámenes».
2.2.- El sub lite se formuló en contra de los demandados de marras, «quienes no eran titulares de derecho y se tenía que por lo menos vincular[lo], como último propietario».
2.3.- No obstante, acota, dicho trámite se adelantó «sin ni siquiera vincular[lo] como Litis consorte necesario, y se falló, […] y se decretó la nulidad, cuando no hay mérito para ello, pues si era nula esta compra venta las demás también porque a todos los doce hermanos se les adjudic[ó] de la misma manera, y lo sentenciado debería ser una LESI[Ó]N ENORME, pero esto no se sol[i]cit[ó] en las pretensiones».
2.4.- Asevera que «[n]i el magistrado ponente, ni los que firmaron, observaron que a to[do]s los hermanos del vendedor de [su] predio, les adjudicaron lo mismo, la misma forma y el mismo derecho el de recibir una heredad, pero los [j]uzgadores en una falacia ordenan que solo la compraventa [suya] es nula», siendo que en ese negocio jurídico «no hay ninguna ilegalidad» y si la hubiere «sería una lesión enorme pero porque a […] los otros se les reconoce el derecho, y a [él] se [le] niega hay desigualdad y hay matoneo es estigmatizar sin ninguna razón, […] y SI NO TODO SER[Í]A UNA NULIDAD SIN DISTINCI[Ó]N ALGUNA».
3.- Solicita, conforme a lo relatado, que se disponga la «suspensión de la sentencia» dictada en el sub lite y «[c]omo consecuencia de lo anterior se ordene la nulidad de todo lo actuado en los dos tr[á]mites tanto en el JUZGADO DE RAMIRIQUI COMO EN EL TRIBUNAL DE TUNJA, y en la Oficina de [R]egistro de Instrumentos Públicos de Ramiriqu[í], POR HABER INCURRIDO EN LAS VIAS DE HECHO EN NO NOTIFICAR[LO] PERSONALMENTE, como orden[a] la ley, en estos casos máxime que [es] el [ú]ltimo titular de los derechos».
4.- Comoquiera que los magistrados Luis Armando Tolosa Villabona y Ariel Salazar Ramírez se declararon impedidos, tal manifestación les fue aceptada por proveído de 13 de octubre de 2015.
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS
Guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
El concepto de «vía de hecho» fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el ámbito jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y la ordenación contemplada en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución» (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).
2.- Observada la recriminación planteada, resulta evidente que el censor, al estimar que se incurrió en causal especial de procedibilidad constitucional por defecto procedimental absoluto, persigue que se invalide la totalidad de lo actuado en el sub júdice habida cuenta que, esgrime, no fue notificado del auto admisorio de la demanda cuando así debió procederse pues es «el [ú]ltimo titular de los derechos».
3.- Obra como acreditación atañedera con el preciso motivo de reclamación, la sentencia de segundo grado dictada dentro del sub examine (fls. 88 a 109).
4.- Aquilatada la censura materia de pronunciamiento, consistente en que en el sub júdice se adelantaron las etapas propias hasta emitirse sentencia de primer y segundo grado, no obstante que presuntamente no se le notificó al querellante el auto admisorio del libelo demandatorio, lo cual, alega, le cercenó el privilegio de ejercitar su defensa, corresponde relevar que en el particular asunto emerge la improcedencia del amparo rogado de acuerdo al numeral 1º, del artículo 6º, del Decreto 2591 de 1991, ya que el ordenamiento legal contempla mecanismos alternativos de resguardo erigidos para controvertir los hechos en que soporta su dolencia, concretamente, el recurso extraordinario de revisión (artículos 379 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil) con el que el censor, si lo estima del caso, puede ventilar ante la autoridad competente la anomalía aquí planteada (eso sí, siempre que se ejerciten en oportunidad de cara al precepto 381 ejúsdem), o sea, la relativa con, itérase, presuntamente eludirse su convocación al pleito ordinario reseñado en los antecedentes.
Por supuesto, no es dable pretender el reemplazo de los instrumentos legales mediante esta vía, porque el juez de tutela no puede actuar como si fuera el competente, según aquí se persigue.
4.1.- Esta Corporación, al pronunciarse relativamente a un asunto que guarda simetría con el ahora auscultado, sostuvo que:
[E]xisten mecanismos alternativos de resguardo que le permiten a los actores controvertir los hechos en que soportan su dolencia, concretamente, la invocación de nulidad (artículo 140 numeral 8º del Código de Procedimiento Civil) y el recurso extraordinario de revisión (artículos 379 y subsiguientes ejúsdem) con el que ellos, si lo estiman del caso, pueden ventilar ante el juzgador natural las irregularidades aquí planteadas, o sea, las tocantes con, se repite, supuestamente soslayarse su correcta vinculación al litigio declarativo que les fuera instaurado como herederos determinados de su progenitora María Idaly Ocampo Tangarife (q. e. p. d.) (CSJ STC, 19 oct. 2015, rad. 00261-01).
4.2.- La Corte ha asumido constantemente la postura anteriormente referida, conforme pasa a evidenciarse mediante la citación de algunos precedentes que acogen el aserto elevado, todos ellos en virtud a la existencia del extraordinario medio impugnativo de la revisión, que se impone como tópico de su denegación conforme al postulado de la subsidiariedad.
En efecto, la Sala tuvo la oportunidad de precisar que:
[E]s evidente que concurre la causal de improcedencia contemplada en el Art. 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, pues el ordenamiento jurídico consagra medios ordinarios de defensa, ciertamente eficaces, que le permiten a la accionante controvertir mediante otro mecanismo legal, concretamente el incidente de nulidad o, en su defecto, el recurso de revisión, los hechos que soportan la queja constitucional, de manera que puede poner en conocimiento del juez competente las irregularidades aquí planteadas, entre ellas, la indebida notificación del mandamiento de pago (CSJ STC, 24 sep. 2008, rad. 00144-01).
A la par, determinó que:
Del examen de los fundamentos de la acción y de las copias aportadas, resulta evidente la improcedencia de la acción impetrada, pues el actor, de considerarlo pertinente, puede interponer, entre otros, el recurso extraordinario de revisión con miras a alegar la eventual falta de citación al proceso (CSJ STC, 6 ago. 2009, rad. 01304-00).
Asimismo, relevó:
[E]l ordenamiento legal consagra medios concretos de resguardo que le permiten al quejoso controvertir, a través de alternas sendas jurídicas, los hechos en que soporta la queja constitucional, específicamente, el recurso de revisión (artículos 379 a 385 del Código de Procedimiento Civil) con que puede poner en conocimiento del juez competente las irregularidades aquí planteadas, esto es, la falta de notificación que en su respecto obró del auto admisorio de la demanda (artículo 380, numeral 7°, ejusdem), que manifiesta acaeció en el aludido proceso de deslinde y amojonamiento que culminó con sentencia de 9 de junio de 2011, en que fue demandada su difunta esposa (CSJ STC, 29 ago. 2011, rad. 00349-01; citada, entre otras, en CSJ STC, 5 dic. 2013, rad, 00404-01).
Semejantemente, puso de presente que:
[A]dvierte la Sala que la protección invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional vía, toda vez que se desconoce el principio de subsidiariedad exigido para la prosperidad del amparo impetrado, teniendo en cuenta que el ordenamiento legal consagra medios concretos de resguardo que le permiten al actor controvertir, a través de alternas sendas jurídicas, los hechos en que soporta la queja constitucional, específicamente, el incidente de nulidad (C.P.C., art. 140) y el recurso extraordinario de revisión (artículos 379 y sucesivos de la ley civil adjetiva) con que él puede poner en conocimiento del funcionario competente la irregularidades aquí planteadas, esto es, la «indebida notificación» por no habérsele vinculado a dicho juicio ordinario (CSJ STC12408-2015, 15 sep. 2015, rad. 00273-01).
5.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgará la protección reclamada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado.
Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese
RAFAEL H. GAMBOA SERRANO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ