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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
STC2068-2015
Radicación n°. 41001-22-14-000-2014-00352-01
Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015).
Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2014, mediante la cual la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva negó la acción de tutela promovida por Leydi Yohana Quintero Marulanda y Cristian Julián Soto Ortiz, en representación de su menor hijo Julián Esteban Soto Quintero, en contra de los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Noveno Civil Municipal de esa misma ciudad, vinculándose a María Rubiela Soto de Pastrana, Carlos Jimmy Soto Tovar y a la célula judicial Primera de Familia de esa localidad.
ANTECEDENTES
1. Los gestores demandaron la protección constitucional de los derechos de su representado al debido proceso, defensa, igualdad, mínimo vital, vida digna y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas, dentro del pleito ordinario de nulidad de escritura pública que le promovió Jimmy Soto Tovar a María Rubiela Soto de Pastrana.
2. Arguyeron, como sustento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1. La referida demanda correspondió al Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva, el que “de oficio” ordenó y decretó inspección judicial y valoración médica a la señora Julia Tovar de Soto, quien residía con su hija –demandada-, designando perito para tal efecto (fl. 8 cdno. 1).
2.2. La prueba se practicó el 21 de julio de 2010, siendo atendida la comitiva por la pasiva, «enterándose de los pormenores de la misma». En la diligencia el Juez le corrió traslado al auxiliar de la justicia del cuestionario presentado por el demandante y le otorgó un término de 15 días para rendir la experticia médica (fl. 8 ib.).
2.3 El citado profesional allegó en tiempo el dictamen que concluyó que «dicha señora se encontraba con discapacidad mental de dos (2) años atrás, es decir desde 2007, circunstancia clínica-médica, que vuelve y convierte a la finada en mención en INCAPAZ jurídica y legalmente hablando, según lo consagrado en el art. 1502 del C.C.; por tanto los actos jurídicos que suscribió en dichas condiciones médicas la causante JULIA TOVAR DE SOTO Y/O ROJAS (q.e.p.d.), están viciados de nulidad absoluta careciendo de total validez» (fl. 8 cdno. 1).
2.4. La «vendedora y cedente Julia Tovar de Soto» falleció el 25 de agosto de 2010, es decir al mes y cuatro días de haberse practicado dichas pruebas y, como consecuencia el demandante ostenta la calidad de causahabiente de su madre adoptante con vocación hereditaria a título universal (fl. 9 cdno. 1).
2.5. El gestor de la acción ordinaria cedió los derechos litigiosos a su nieto, el menor Julián Esteban Soto Quintero, amparado por pobre, por lo que este último se encuentra legitimado para ejercitar la tutela (fl. 9 ib.).
2.5 Los funcionarios acusados incurrieron en vía de hecho por defecto fáctico sustantivo y error probatorio al desconocer las decisiones proferidas por el juez de familia así como su autonomía para decretar y practicar “de oficio” las pruebas de inspección judicial y valoración médica, desatendiendo los artículos 180, 244 y 300 del C.P.C. (fl. 9 ib.).
3. Pidieron, en consecuencia, se ordene a los jueces reprochados proferir nuevamente las providencias cuestionadas de primer y segundo grado, ajustadas a derecho.
Subsidiariamente solicitaron que se ordene aclarar, corregir y adicionar la decisión de alzada en el sentido de exonerar del pago de costas al menor cesionario y amparado por pobre, de conformidad con el artículo 163 del C.P.C. (fls. 1 y 2 cdno. 1).
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1. El ad quem solicitó denegar el amparo deprecado porque en aplicación del precedente jurisprudencial que señala que toda prueba recaudada de manera ilegal por vulneración flagrante del derecho de la parte contra quien se aduce, debe ser declarada nula, al encontrar serios yerros al momento del decreto y práctica del dictamen pericial realizado sobre la persona de Julia Tovar de Soto desatendiendo de manera absoluta las normas de procedimiento, confirmó la determinación de primera instancia que las excluyó del debate jurídico (fl. 466 cdno. 1b).
2. El a quo manifestó que la demanda fue conocida inicialmente por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de esa localidad y que por virtud de resolución de la excepción previa contemplada en el numeral 2 del artículo 97 del C.P.C. fue remitida a ese estrado.
Seguidamente expuso que en proveído de 16 de mayo de 2014 rechazó de plano la solicitud de nulidad que le presentó el demandante, quien considera que esa célula judicial carecía de competencia para conocer del proceso, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 124 del C.P.C., frente a la cual formuló reposición y apelación, siendo negado el primero el 18 de junio de 2014 y, el segundo inadmitido por el ad quem con proveído del 30 de julio siguiente, que fue recurrido y con providencia de 9 de septiembre se mantuvo la decisión.
Además, allegó copia de la providencia de 4 de septiembre de 2014 que declaró la nulidad de las pruebas decretadas y practicadas por el Juzgado Primero de familia (fol. 474 a 491 cdno. 1 b).
3. La titular de la Célula Judicial vinculada señaló que la demanda se inició en esas dependencias, pero que fue remitida al Juzgado Noveno civil Municipal, y que en la fecha en que se practicó la inspección no se encontraba ejerciendo el cargo en ese estrado, desconociendo por completo el trámite procesal brindado al asunto (fls. 468-469 cdno. 1 b).
4. La demandada, en síntesis, se opuso a la prosperidad de la acción señalando que los medios probatorios que se anularon fueron solicitadas por la actora y no ordenados de oficio; que a su progenitora le efectuaron una valoración y no un examen médico y que para el momento en que se realizó, la paciente estaba dormida. Agrega que la actitud del demandante ha sido siempre actuar en amparo de pobreza para evadir las costas judiciales (fls. 508 a 513 cdno. 1b).
El cedente, insistió en el amparo solicitado por considerar que no se tuvo en cuenta que la inspección y experticia médica fueron ordenadas y evacuadas “de oficio” y que la contraparte gozó a cabalidad de todas las garantías constitucionales y legales, sin embargo, por omisión y negligencia no realizó pronunciamiento alguno al momento en que se le corrió traslado del dictamen; amen que en el auto que aceptó la reforma al libelo introductorio las excluyó por considerarlas nulas (fol. 530 a 534 cdno. 1b).
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal negó el amparo, por considerar que no se presenta ninguna vía de hecho en las providencias judiciales objeto de inconformidad pues el a quo al resolver fundamentó apropiadamente su decisión siguiendo lineamientos adjetivos sobre vulneración al debido proceso, determinando que dichas pruebas son violatorias de ese derecho por cuanto se decretaron a solicitud del demandante antes de notificar a la pasiva, sin que tuviera la posibilidad de controvertirlas en su oportunidad legal, lo que también se predica del auto que negó la reposición y concedió la alzada y de la providencia de segunda instancia que hace un análisis de los medios demostrativos ilegales e ilícitos, su recaudo y la etapa probatoria para concluir que existió la transgresión alegada y confirma el auto.
Seguidamente hace énfasis en que los mecanismos probatorios fueron solicitados por la parte actora por lo que para su decreto y práctica debía ceñirse a la ley, conforme al artículo 402 del C.P.C., cumplida la audiencia del artículo 101 de la misma codificación y comoquiera que se ordenaron en el auto admisorio, antes de notificar a la demandada se configura la violación alegada generando la nulidad supralegal, sin que exista en ello el exceso de rigor procedimental invocado y fundamentado en la Sentencia T-531 de 2010 de la Corte Constitucional, que es clara al afirmar que se configura en relación con problemas de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, por una exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales, es decir que «siendo recaudadas las pruebas o pudiendo hacerlo sin violación al debido proceso, éstas no sean apreciadas adecuadamente debido al exceso de rigor procedimental».
LA IMPUGNACIÓN
La formularon los representantes del menor accionante, aduciendo que la dejaban «sustentada con los mismos argumentos jurídicos esbozados en el expediente y la tutela respectivamente» (fl. 558 ibídem).
CONSIDERACIONES
1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la vía idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’», y bajo los presupuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).
El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y los postulados contemplados en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepción la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución» (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).
2. Observada la inconformidad planteada, es evidente que el reclamante, considera que los funcionarios judiciales acusados incurrieron en causal específica de procedibilidad por defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto y prevalencia del derecho sustancial, al proferir las decisiones de 4 de septiembre de 2013 y 9 de septiembre de 2014 que declararon nulas la inspección judicial y dictamen pericial sobre la persona de Julia Tovar de Soto (q.e.p.d.), desconociendo las resoluciones proferidas por el Juez de familia así como su autonomía para decretar y practicar “de oficio” tales pruebas, desatendiendo los artículos 180, 244 y 300 del C.P.C.
3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:
a) Demanda de nulidad de Escritura Pública que Carlos Jimmy Soto Tovar le formuló a María Rubiela Soto de Pastrana, en la cual solicita, entre otras pruebas, la designación de perito que dictamine sobre el tiempo que la señora Julia Tovar de Soto (q.e.p.d) lleva padeciendo la pérdida de la memoria (demencia senil), del habla, cuál es el origen de dicha incapacidad, y, que se le efectúe valoración visita familiar e informe mediante experticia del estado de salud físico y mental.
b) Proveído de 14 de mayo de 2010 que admitió la demanda ordinaria y ordenó, la «valoración por neuropsiquiatría de la señora JULIA TOVAR DE SOTO, para que dictamine a cerca de las condiciones y demás aspectos solicitados por el demandante, para lo cual designa al doctor JAVIER GÓMEZ CERÓN, profesional especializado en la materia», y la «valoración por médico legista especializado en psiquiatría» de la citada señora, para lo cual dispuso oficiar «al Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses en esta ciudad» (fl 34 cdno. 1).
c) Autos de 7 y 15 de julio del mismo año, que reiteran practicarle a la referida señora «examen judicial» (fls. 58 a 59 ib.).
d) Acta de inspección realizada el 21 de julio con presencia del neuropsiquiatra designado (fl. 63 cdno 1).
e) Experticia rendida el 29 de julio siguiente, (fls. 65 a 70 ib.).
f) Decisión de 3 de agosto de esa anualidad que dio traslado del dictamen a las partes (fl. 71 ib.).
g) Acta de notificación personal a la demandada el 21 de julio de 2010 (fl. 64 ib.).
h) Contestación de la demanda, presentada el 18 de agosto (fl. 73 a 80 ib.).
i) Providencia de 30 de septiembre de 2010 que tiene en cuenta la contestación de la demanda (fl. 83 cdno. 1).
k) Escrito de excepción previa de falta de competencia y resolución de la misma de 12 de julio de 2011 (fls. 267 a 270 y 285 a 290 cdno. 1 a).
l) Auto de 4 de septiembre de 2013 que declaró nulas las pruebas de inspección y dictamen pericial verificados sobre la persona de Julia Tovar de Soto y condenó en costas al demandante (fls. 345 a 350 cdno. 1 a).
m) Proveído de 16 de mayo de 2014 que deniega el recurso contra la decisión anterior y concede la alzada. (fls. 403 a 409 cdno. 1 b).
n) Fallo del 9 de septiembre de 2014 que confirmó la providencia apelada y condenó en costas al demandante (fls. 449 a 453 cdno. 1 b).
4. En el caso concreto, y de conformidad con el recuento realizado en el punto anterior, no se observa proceder constitutivo de vía de hecho que amerite la intervención del «juez constitucional» comoquiera que las decisiones proferidas por los funcionarios acusados están motivadas en la normatividad que rige el tema probatorio y se hallan conformes con jurisprudencia existente al respecto, por lo que tal argumentación no le compete controvertirla al juez de tutela por no constituirse en otra instancia, y dado que no luce arbitraria o antojadiza sino que por el contrario, responde a la interpretación razonable de los principios que orientan el juicio, sin que al respecto se logre demostrar algún yerro superlativo que indique la necesidad inmediata de restaurar la vigencia de alguna garantía fundamental.
En efecto, el juzgado municipal acusado, luego de analizar los precedentes relacionados con el debido proceso y con la nulidad que prevé el canon 29 de la Carta Política, señaló que en tratándose de pleitos ordinarios, el decreto de pruebas y etapa probatoria se produce luego de notificada la parte demandada, vencido el término de traslado y verificada la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., de forma que antes de esas últimas etapas «constituye violación al debido proceso» el decretarlas y practicarlas «máxime si ello se ejecuta antes de la notificación de la admisión de la demanda al demandado, pues así es flagrante la transgresión del derecho de defensa», al adelantarlas «sin estar vinculado al proceso», pero que en el sub examine al admitirse el libelo por el juzgado que conoció en primer término se dispuso la realización de dictamen pericial «o valoración médico legal de la señora JULIA TOVAR DE SOTO, como también prueba documental solicitándose estas a varias entidades (fl.18), […] providencias estas que se emitieron antes de notificarse a la parte demandada».
Conforme a tal proceder concluye que se evidencia una transgresión a las reglas de procedimiento para estos casos, lo que trae como consecuencia la vulneración al debido proceso pues la pasiva no estaba vinculada al juicio cuando se dispuso el decreto y práctica de tales medios de demostración, no pudiendo pronunciarse sobre los mismos, siendo violatorio de tal derecho la ordenación probatoria sin la vinculación de la contraparte, dado que la notificación de la pasiva se efectuó el día en que se realizó la inspección judicial para que el profesional de la medicina examinara a la citada persona para efectos de rendir experticia; la que es puesta en conocimiento cuando aún corría el término del traslado de la demanda, corroborándose la infracción a esa garantía fundamental en la obtención de las pruebas (fls. 345 a 350 cdno 1 a).
A igual conclusión se llega respecto de la decisión del ad quem, quien confirma la providencia recurrida, para lo cual analiza precedentes jurisprudenciales frente al tema de la nulidad que prevé el artículo 29 de la norma superior; hace una distinción entre la prueba ilegal y la ilícita, indicando que la primera afecta el debido proceso desde el punto de vista procesal formal y la segunda que lo trasgrede igualmente pero desde una perspectiva sustancial, en tanto es obtenida violando derechos fundamentales; considerando además que no todo desconocimiento de las formalidades que establece el legislador para la obtención de un determinado medio demostrativo, hace necesaria su exclusión, porque cuando se trata de irregularidades menores, que no afectan la estructura del juicio ni el derecho de defensa, no resulta imperativa su sustracción.
Además, en su análisis hace referencia al momento en que deben aportarse, decretarse y efectuarse los medios probatorios, aún de oficio –C.P.C. art. 180, y que para que el juez pueda apreciarlas, éstas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al sumario dentro de los términos y oportunidades señaladas para ello –art. 183 Ib.-.
Finalmente señala que en el presente caso «el decreto y la práctica de las pruebas de la inspección judicial y dictamen pericial realizado sobre la señora JULIA TOVAR DE SOTO, inobservaron las reglas del rito procesal, modificando incluso su estructura misma, puesto que si bien estas fueron pedidas a instancia de parte en el momento oportuno (con el escrito de la demanda), su decreto fue realizado en el auto admisorio de la demanda y su práctica aconteció incluso con anterioridad a la notificación de la demandada a la señora MARIA RUBIELA SOTO DE PASTRANA, eventualidad que determina que tales pruebas , ingresaron al proceso en forma subrepticia o a espaldas de la contraparte, vulnerándose así el principio de contradicción probatoria» (fls 450 a 453 cdno. 1 b)
Sobre el particular ha dicho esta Corporación que
«(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resultado de una actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo análisis» (CSJ STC 27 Sep. 2013, rad. 02177-00, reiterada el 20 feb., rad. 00255-00).
Así mismo, como lo ha sostenido esta Colegiatura, la circunstancia de que la decisión adoptada en la providencia censurada resulte desfavorable a una de las partes en litigio, es cuestión que en si misma considerada, escapa al ámbito del juzgador constitucional, como quiera que este:
«No puede entrar a descalificar la gestión del juzgador, ni a imponerle una determinada hermenéutica, máxime si la que ha hecho no resulta contraria a la razón, es decir no se está demostrando el efecto apuntado en la demanda , ya que con ello desconocerían normas de orden público (…) y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al último para definir el conflicto de intereses» (CSJ STC 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada entre otras en la STC 7 abr, 2011, rad. 00604-00).
5. Por otra parte, advierte la Sala la improcedencia de la acción de tutela frente a la pretensión subsidiaria del quejoso amparado en pobreza de que por este medio se le exonere del pago de costas, de conformidad con el artículo 163 del Código Adjetivo Civil, por cuanto, si bien impugnó la decisión de primera instancia por otras razones, ningún reparo le mereció el tema de la condena y, frente al fallo de segundo grado no hizo uso de los recursos, concretamente el de reposición previsto en el artículo 348 ibídem.
En este sentido se ha insistido que por la naturaleza subsidiaria de la tutela, no tiene cabida cuando la persona agraviada en sus derechos dejó de utilizar los mecanismos ordinarios previstos al interior del respectivo juicio para censurar la correspondiente decisión, o cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento, por tanto las partes «…quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que serían el fruto de su propia incuria» (CSJ STC, 13 sep. 2007 rad. 2007-01380; citada entre otras, el 13 jun. 2011 rad. 00046-01 y 10 may. 2012, rad. 00105).
7. Así las cosas, se impone confirmar el fallo impugnado, conforme a las razones expuestas en precedencia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas, por las razones planteadas en la parte motiva.
Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ