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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
Magistrado ponente
STC4489-2015
Radicación n.° 76111-22-13-000-2015-00061-01
(Aprobado en sesión de quince de abril de dos mil quince)
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil quince (2015).
Se decide la impugnación formulada frente al fallo proferido el 24 de febrero de 2015, por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acción de tutela promovida por Carlos Amido Cáceres Gazo contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Medellín.
ANTECEDENTES
1. El actor reclama la protección de las prerrogativas esenciales al debido proceso, igualdad, trabajo y «acceso al desempeño de funciones y cargos públicos», presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas (fl. 7 cdno. 1).
En consecuencia, solicita que se ordene «la revisión de los documentos aportados para la prueba de valoración de antecedentes, para que [le] den respuesta de fondo, clara, precisa y congruente, permitiéndo[le] realizar una correcta reclamación frente a los resultados de [sus] pruebas (…) teniendo en cuenta que aún no se han elaborado la lista de elegibles»; que se disponga «la elaboración de un acta de revisión sobre los documentos aportados para la valoración de antecedentes, donde se dé un valor puntual a la educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano y a la experiencia profesional»; que le permitan «la reproducción fotostática o mecanismo de impresión de documentos soportes de [sus] antecedentes o elaborar una constancia donde se relacione el aporte de los documentos referidos con los cuales po[drá] presentar [su reclamación] con base en los hechos concretos y de manera objetiva (…)»; que se le ordene a los convocados que tengan en cuenta su «título profesional de administrador de empresas que puntúa ocho puntos en educación formal», en la experiencia profesional «los veintisiete (27) años en la Policía Nacional, un año y cuatro meses en la empresa Multiservicios Kaval y dos (2) años en el Instituto Crecer que suman cincuenta y cinco (55) puntos», en educación para el trabajo y desarrollo humano «la sumatoria de los cursos diplomado que serían cincos puntos», todo lo cual suma 68 puntos; y que se tenga en cuenta el cumplimiento de otros fallos de tutela (fls. 7 y 8, cdno. 1).
2. El accionante sustenta la queja constitucional, en síntesis, así:
2.1. Se inscribió en la Convocatoria Nro. 256 a 314 de 2013 de la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cargo No. 203216 de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
2.2. Efectuó el cargue de documentos, entre ellos, los de sus antecedentes laborales, por lo que fue admitido al acreditar los requisitos mínimos de experiencia y estudios. Allegó las certificaciones de la Policía Nacional en donde laboró 27 años, la de la empresa Multiservicios Kaval y la del Instituto Crecer, además de títulos de técnico, diplomados y cursos.
2.3. El 12 de diciembre de 2014 fueron publicados los resultados de la valoración de antecedentes en los que obtuvo como calificación 2.00 puntos, omitiéndose apreciar los de educación formal y la experiencia profesional en donde no le asignaron puntaje, por lo que solicita la corrección de dichos puntajes y le asignen en educación formal 8, en educación para el trabajo 5 y en experiencia 55, para un total de 68 puntos.
2.4. Formuló reclamación ante las entidades convocadas, empero, le fue ratificada su calificación con un formato de respuesta similar al que le dieron a los otros reclamantes del concurso.
2.5. Es transgredido su derecho al trabajo; fueron desconocidas las certificaciones que allegó y su trayectoria profesional; y le fueron reconocidos los antecedentes a otras personas a las que les fueron amparados derechos en acciones de tutela.
3. En respuesta a la demanda de tutela, la Comisión Nacional del Servicio Civil señaló, en compendio, que la presente acción excepcional no es procedente para discutir las reglas de la Convocatoria 283 de 2013, acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, pues el juicio de legalidad se encuentra radicado en la jurisdicción Contenciosa Administrativa; que el gestor no probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable; que con el título de administrador de empresas que aportó cumplió con el requisito mínimo de estudio requerido en la OPEC, por lo que no genera puntuación de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 460 de 2013; que los títulos de tecnólogo y técnico profesional no generan puntuación pues el artículo 39 del referido Acuerdo no establece calificación para ellos en empleos de nivel profesional; que los títulos de técnico en producción de información administrativa y técnico laboral de investigación judicial no cumplen con los parámetros de la Ley 30 de 1992 para ser valorados en educación formal; que en el campo de educación para el trabajo fueron valorados todos los certificados; que para que sea analizada la experiencia debe observarse lo previsto en el Decreto 2772 de 2005 modificado por el 4476 de 2007; que la valoración de antecedentes varió en el campo de educación para el trabajo y desarrollo humano de 0 a 5.0 puntos y en la experiencia de 0 a 1.80 puntos, sumando la calificación general de 2.0 a 6.80 puntos; que el trámite fue ajustado a la reglamentación existente; que la inscripción solo genera una expectativa frente al ingreso, por lo que no transgrede el derecho al trabajo; y que atendió la solicitud elevada por el accionante.
La Universidad de Medellín realizó las mismas consideraciones que la CNSC respecto de puntuación otorgada al accionante y refirió que no hay violación actual o inminente de los derechos fundamentales; que esta acción no es el mecanismo para cuestionar los resultados obtenidos en los procesos de selección de carrera administrativa; y que ha dado cabal cumplimiento a las reglas que rigen el concurso.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal constitucional negó el resguardo al considerar que al interior de este trámite la Comisión Nacional del Servicio Civil aumentó a 6.80 el puntaje de la valoración de antecedentes del accionante, tras revisar nuevamente la documentación; que se alteró el supuesto fáctico en el que se estructuró el reclamo, pues con la nueva determinación se dieron a conocer los fundamentos para otorgarle esa calificación; que si el accionante insiste en su inconformidad, puede atacar ese acto administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante los Jueces de lo Contencioso Administrativo; y que no demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
LA IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó el referido fallo reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y agregando que no le fueron garantizados los derechos invocados, pues solicitó la revaluación y posterior calificación de acuerdo a las condiciones requeridas; que no fue valorada su experiencia; y que a otros aspirantes sí se les ha reconocido su condición de administradores de empresas.
1. Al tenor del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo singular establecido para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o, en determinadas hipótesis, de los particulares.
También se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acción constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.
2. En el presente caso, el actor acude a la tutela al considerar que fueron transgredidos sus derechos fundamentales con ocasión de la calificación obtenida dentro de la Convocatoria 283 de 2013, solicitando que sean revisados nuevamente los documentos aportados y se aumente el puntaje obtenido en la valoración de sus antecedentes.
3. De los elementos de convicción obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado como quiera que el gestor cuenta con otros mecanismos de defensa para cuestionar la calificación otorgada en el concurso, la decisión frente a la reclamación, y las reglas del mismo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política en concordancia con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
En efecto, el peticionario, siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados para el efecto, puede acudir a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, concretamente mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad del puntaje obtenido (el que fue modificado en el presente trámite pero con el que no está de acuerdo) y la decisión de la reclamación frente al mismo, pues es en ese escenario en donde puede exponer sus inconformidades frente a los resultados obtenidos y allegar las pruebas que ahora pretende hacer valer.
Asimismo, si lo que pretende es discutir las reglas previstas en la Convocatoria No. 283 de 2013 y en los actos generales, impersonales y abstractos que se desprenden de ella, puede acudir a la referida jurisdicción Contenciosa Administrativa y formular la acción de nulidad.
Sobre el particular, la Sala ha indicado que:
(…) el acceso a los empleos públicos debe hacerse a través de un proceso de selección que privilegie el mérito como factor determinante, siendo imperativo e imprescindible que se realice una convocatoria pública, en la que se fijen las reglas de juego que regulen el concurso, con sujeción a la Constitución y a la ley. Es claro, entonces, que la convocatoria constituye el instrumento normativo, por excelencia, que garantiza el acceso a tales empleos de todos los aspirantes en igualdad de condiciones y, una vez consumada la inscripción, quedan sujetos a las pautas establecidas en ella, so pena de que su alteración rompa ese equilibrio, salvo que ésta sobrevenga por una decisión judicial legalmente ejecutoriada. Pues bien, en el evento de que alguno de los participantes esté en desacuerdo con dichas pautas, el cauce adecuado para impugnarlas, por regla general, es la demanda de nulidad de la convocatoria o del acto jurídico en el cual se fundamenta, ante el juez competente, por tratarse de un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, no susceptible, en principio, de la acción de tutela, por su naturaleza residual (…) (CSJ STC, 25 mar. 2010, rad. 2010-00003-01; reiterada, entre otras, el 3 jul. 2012, rad. 2012-00135-01; y 18 dic. 2012, rad. 2012-00041-01).
4. Es de destacar que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad y acierto, por lo que las controversias que ellos susciten deben ser expuestas ante la autoridad competente, escenario en el que es posible solicitar la suspensión provisional de dichos actos, conforme lo indicado en el numeral 3º del artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-.
Al respecto, la Sala ha precisado que
‘por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a través de las acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experimentó la situación que generó lo resuelto por la administración y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho (…)’. Además, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensión provisional del acto ilegal, razón por la cual no se justifica la intervención del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. Así las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmará, (…) la decisión de primera instancia que resolvió negar el amparo (CSJ STC 9 dic. 2011, Rad. 00330-01, reiterada en la CSJ STC 13 jul. 2012, Rad. 00153-01).
5. Finalmente, no se observa vulnerado el derecho a la igualdad, pues no obra evidencia de que la autoridad convocada hubiese otorgado al peticionario un trato injustificadamente distinto respecto de otras personas que estuvieren en idéntica situación, y en esa medida no es viable la intervención del juez constitucional.
Sobre el particular, la Sala ha precisado que:
‘cualquier decisión modificatoria de la situación actual de la accionante pondría en condiciones de desigualdad a los demás participantes del proceso de selección, atribución que por consiguiente sólo puede asumir la jurisdicción contencioso administrativa por ser la competente para decidir los conflictos que eventualmente podrían variar las reglas generales del concurso de marras (Sentencia 8 de abril de 2008, Exp. 00041-01)’ (CSJ STC 3 oct. 2012, rad. 00451-01).
6. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.
Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ