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República de Colombia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
STC8592-2015
Radicación n°. 13001-22-21-000-2015-00056-01
(Aprobado en sesión de veinticuatro de junio dos mil quince)
Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil quince (2015).
Se decide la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida el 13 de mayo de 2015, mediante la cual la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, concedió la acción de tutela promovida por Rafael Javier Romero Marimon frente a la Dirección General de Sanidad Militar, trámite al que fueron vinculados el Director Naval de Cartagena, Fuerzas Militares de Colombia Ejército Nacional Comando General, Secretaría de Salud del Departamento de Bolívar y Dirección de Sanidad Naval – Armada Nacional.
ANTECEDENTES
1. El gestor demandó la salvaguarda de los derechos fundamentales de petición y salud, presuntamente vulnerados por la entidad encartada.
2. Arguyó, como sustento de su reclamo, en síntesis, los siguientes hechos:
2.1. Que prestó «servicio militar en el batallón de Vergara y Velasco del municipio de Malambo, Atlántico» y al terminar regresó a su «vida civil con afectaciones de salud de índole física y psicológica».
2.2. Que hasta el momento no se le ha realizado el examen médico de retiro, ni mucho menos la valoración de la junta clínica militar.
2.3. Que en razón a lo anterior, radicó petición el 25 de junio de 2014, solicitando a la dirección de sanidad castrense «la prestación de los servicios de salud que requiero en virtud de las lesiones que sufrí en ejercicio del servicio militar que presté a la nación, hasta que mis condiciones se restablezcan».
2.4. Que «a la fecha de la presentación de esta acción constitucional, la empresa accionada no ha dado respuesta a mi solicitud, incumpliendo de este modo con los términos establecidos por el legislador y vulnerando así mismo su derecho fundamental de petición».
3. Pide, conforme lo relatado, se ordene «a quien corresponda, la realización del examen de retiro médico» y, adicionalmente se «ordene a la dirección de sanidad militar realizar la calificación por parte de la junta médica militar».
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
El subdirector Operativo encargado de las funciones de la Dirección Hospital Naval de Cartagena contestó que «de acuerdo a lo informado por la oficina de Gestión de Medicina Laboral de este centro asistencial, remitió por competencia funcional la petición inicial mediante el oficio No. 2396-MD-CG-CARMA-SECAR-JEDHU-DISAN-DHONAC-SDA-CGSC-JGML del 29 de julio de 2014 por cuanto su solicitud está encaminada a la prestación de los servicios y este Establecimiento de Sanidad como apoyo institucional Ejército Nacional no ha recibido autorización alguna para ello, lo anterior de conformidad con el artículo 21 de la ley 1437 DE 2011» (Fl. 45).
La Secretaría de Salud de Bolívar, a través del Director Técnico de la Oficina Asesora Legal argumentó que esta situación «no le corresponde a la Secretaria de Salud Departamental, debido a que las Fuerzas Militares y de Policía tienen un subsistema de salud especial regulado por el Decreto 1795 de 2000 (sic), que los saca de la órbita del Departamento de Bolívar en lo referente al ejercicio de las funciones de coordinación y supervisión de que trata el artículo 43 de la ley 715 de 2001» (Fls 46-47).
La Dirección General de Sanidad Militar manifestó que «NO tiene funciones asistenciales, motivo por el cual no es la competente para dar solución de fondo a los asuntos que tienen que ver con la prestación de los servicios de salud».
Adiciona que «el llamado a dar solución de fondo a los requerimientos presentados por el accionante, señor RAFAEL JAVIER ROMERO MIRIMON, es el Señor Director de Sanidad de la Armada Nacional».
El Director de Sanidad del Ejército Nacional contestó que «respecto al derecho de petición presentado por el actor el 25 de junio de 2014, se encontró que en el Sistema Integrado de Medicina Laboral reposa la respuesta al mismo, de fecha 8 de septiembre de 2014, bajo los mismos argumentos anteriormente expuestos, pues esta Dirección no puede premiar la negligencia del actor, quien tres años después de su retiro de las Fuerzas Militares, pretende ser valorado por la Junta Medica (sic) cuando debía conocer el termino (sic) con el que contaba para ello, que en todo caso se encuentra mas que prescrito desde el año 2013. Así las cosas, frente al derecho de petición referenciado nos encontramos en presencia de un HECHO SUPERADO».
Agregó que esa entidad «no está vulnerando los derechos fundamentales del actor, pues a la fecha han transcurrido más de 3 años desde que el actor fue retirado del servicio sin que acudiera a realizarse sus exámenes de retiro y definir posteriormente su situación medico laboral, tiempo en el cual su organismo ha sufrido el desgaste normal que deviene del transcurso de los años y que difícilmente podría probar que tiene relación directa con las actividades desarrolladas en el Ejército Nacional, tal y como se le manifestó en la respuesta a su derecho de petición» (Fls 72-75).
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal concedió la salvaguarda por considerar que «las pretensiones del señor Rafael Javier Romero Marimón, van dirigidas a lograr su protección al derecho a la Salud y se ordene su calificación por parte de la Junta Medica Militar, y la realización de su examen de retiro; al respecto ninguna alegación hicieron las accionadas, como tampoco se allegó probanza alguna que permitiera controvertir los pedimentos del actor en cuanto a la omisión de habérsele realizado el examen médico de retiro».
Adicionó que «es plenamente procedente el ordenar la realización de la valoraciones médicas solicitadas por el señor Rafael Javier Romero Marimón, atendiendo que ellas le abrirían la posibilidad de ser atendido integralmente respecto a todos los padecimientos que asegura le aquejan como consecuencia de su prestación del servicio militar».
En consecuencia resaltó que «en el sub examine (sic), no se configuran la cosa juzgada o la temeridad de la acción de tutela, toda vez que revisada la actuación surtida por el Tribunal Contencioso Administrativo y que culminó con la sentencia que amparó el derecho a la salud del señor Romero; la situación fáctica génesis de aquel trámite se circunscribe a lograr su atención para el padecimiento de hernia inguinal, y por tanto los procedimientos seguidos se evidencia no versan sobre un mismo asunto».
Finalmente «accederá a brindar el amparo constitucional solicitado y se ordenará a las accionadas Director del Hospital Naval de Cartagena, Dirección de Sanidad Naval Armada Nacional, Dirección Sanidad Militar de Cartagena, y las Fuerzas Militares de Colombia Ejercito Nacional – Comando General para que el término de cuarenta y ocho (48) horas adelanten los procedimientos administrativos que sean necesarios para que se realice el examen de retiro al señor Rafael Javier Romero Marimon, así como la valoración por parte de la Junta Medico Militar de su estado de salud».
LA IMPUGNACIÓN
La formuló el Director del Hospital Naval de Cartagena aduciendo que «El señor Rafael Javier Romero Marimón, fue incorporado y prestó su servicio militar obligatorio en el ejército Nacional y no en la Armada Nacional a quien su honorable despacho está vinculando. Se tiene que el señor Rafael Romero Marión se encuentra activo en la base de datos del grupo de afiliación y validación de derechos de la Dirección General de Sanidad Militar a través de la Dirección de Sanidad de Ejército razón por la cual es esa Dirección la competente para autorizar la realización de la junta médico laboral que está ordenado (sic) mediante su proveído de fecha 13 de mayo del año en curso. Que la competencia para realizar los exámenes de la junta medico laboral es de la Dirección de Sanidad de Ejército a través de sus establecimientos de sanidad».
CONSIDERACIONES
1. Sea del caso precisar que el gestor con anterioridad promovió amparo de esta misma naturaleza, oportunidad en la que pidió, entre otras, la realización con urgencia de la «cirugía por hernia inguinal»; declarando en esta ocasión el Tribunal Administrativo de Bolívar, la vulneración de sus derechos a la salud, vida, dignidad humana e integridad física.
Por tanto, el planteamiento que ocupa la atención no versa sobre el mismo asunto por lo que no se tiene el menor viso de temeridad conforme al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
2. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que la acción de tutela fue instituida como una herramienta extraordinaria para el resguardo inmediato de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que se derive de la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en aquellos eventos previstos en la ley; del mismo modo, ha definido que «si bien la misma tiene un carácter breve y sumario, no por eso pueden obviar quienes a ella acuden la debida demostración de los hechos que invocan como generadores de la afectación que alegan padecer, ya que a estos les incumbe esa comprobación so pena de que decaiga el reclamo elevado por sustracción de materia» (CSJ STC 9 Dic. 2011, rad. N°. 02372-01).
3. El actor pretende que se ordene a la entidad que corresponda la «realización del examen de retiro médico» y adicionalmente a «la dirección de sanidad militar realizar la calificación por parte de la junta médica militar».
4. Del examen de las pruebas allegadas al expediente, la Corte observa, lo siguiente:
a) El 19 de junio de 2014 el defensor del pueblo seccional Bolívar en favor del accionante, formuló petición ante el Director de Sanidad Militar del Ejército Nacional y el Hospital Naval de Cartagena (fls. 5-6).
b) El 8 de septiembre del mismo año, el Oficial Jurídico de Medicina Laboral-DISAN, dio respuesta a la solicitud manifestando que «el usuario tenía el deber de realizar los exámenes médicos de su retiro dentro del término establecido en el Decreto 1796 de 2000 vigente para la época de su vinculación», por lo tanto «el proceso para convocar Junta Médico Laboral por Retiro, debe surtirse dentro del año siguiente a la fecha de retiro, en consecuencia, no es jurídicamente viable acceder realizar dicha Junta, ya que ha pasado más de un año desde el 05 de Mayo de 2012, fecha de retiro, por lo tanto la situación medico laboral se encuentra definida» (fl. 76).
5. En este orden de ideas, la Corte considera que el amparo otorgado ha de confirmarse, con la modificación que más adelante se expresará, comoquiera que se soslayó el postulado requerido, porque las instituciones querelladas no han realizado la «junta médica laboral» de retiro, con lo cual están vulnerando las prerrogativas fundamentales del actor.
La Corte Constitucional sobre el punto ha señalado:
«Por su parte el artículo 8 del Decreto 1796 de 2000, consagra la obligación de practicar un examen médico de retiro, con la misma rigurosidad prevista para el examen de ingreso, a todas aquellas personas que van a ser dadas de baja del servicio militar activo, con miras a asegurar que quienes cumplieron con la labor castrense, se reintegren a la vida civil en las óptimas condiciones de salud con las que ingresaron, o en caso contrario, para determinar el tipo de asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica que requieran mientras se logra su recuperación; obligación que para el caso es cuestión reviste suma importancia ya que el accionante había desarrollado ciertas enfermedades (varicocele grado II y escoliosis en la columna vertebral) durante el tiempo de servicio y con ocasión del mismo. Razón por la que requería la práctica de un examen clínico que determinara la procedencia de un procedimiento quirúrgico, con el fin de contrarrestar las secuelas que se han generado a raíz de sus quebrantos de salud.
Es entonces la omisión de realizar un examen médico detallado y minucioso al momento del retiro del actor- Decreto 1796 de 2000-, la que configura la vulneración de los derechos fundamentales del señor Jahnllier Benigno Mosquera Valoyes y, por consiguiente, la que impidió que se le restableciera totalmente su salud, imperativo que, reiteramos, es responsabilidad de las Fuerzas Militares al momento del retiro de quienes se encuentran prestando el servicio militar cuando al ingresar a la vida castrense se encontraban en perfectas condiciones pero resulta que a su retiro, éstos sufre grave detrimento debido a las enfermedades originadas durante la prestación del servicio obligatorio, las cuales, como en el presente caso, aún persisten e incluso podrían agravarse por lo que, de no ser atendido de manera oportuna, su salud y demás derechos fundamentales correrían mayores riesgos» (Sentencia T 737-2013).
6. Con relación a la calificación por parte de la junta médica militar es de resaltar que no existe fundamento alguno para que no se realice, máxime cuando se trata de una persona que prestó sus servicios a la Nación.
Recuérdese que al respecto señaló esta Corte que:
«(…) negarle el derecho a definir su situación médico-laboral definitiva conlleva a lesionar intereses superiores del petente, habida cuenta que, tratándose de una persona que prestó los servicios a la Nación, con secuelas adversas a su salud adquiridas como agente activo de la milicia debe ser objeto de especial protección, por lo que es procedente prohijar lo decidido por el Tribunal a quo con miras a fin de lograr una idónea calificación de su situación […], lo que obliga a aplicar en este asunto el trasunto precedente, en aplicación de la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4º de la Carta Política), pues en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones superiores» (CSJ STC 3 Sep. 2013, rad. 00173-01).
7. Ahora bien, es de señalar que los argumentos expuestos por la impugnante serán acogidos por la Sala en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1796 de 2000, el cual consagra que los entes competentes para llevar a cabo la valoración aquí pretendida están a cargo de la «La Dirección de Sanidad de cada Fuerza o de la Policía Nacional», lo anterior teniendo en cuenta lo manifestado por la recurrente en el sentido de que el interesado prestó su servicio militar obligatorio en el «Ejército Nacional y no en la Armada Nacional», por lo tanto corresponde a esa institución en la cual el quejoso cumplió «su servicio militar» adelantar dicha valoración; en consecuencia, se dejará sin efecto la orden impartida por el tribunal a quo únicamente frente al Hospital Naval de Cartagena; sin embargo, se deja claro que esa institución médica deberá seguir prestando la asistencia en salud al interesado, hasta que se logre su restablecimiento.
8. De conformidad con lo discurrido, se modificará el fallo objeto de opugnación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede, en el sentido de, NEGAR el amparo frente al Hospital Naval de Cartagena, sin embargo, se deja claro que esa institución médica deberá seguir prestando la asistencia en salud al interesado.
En todo lo demás se CONFIRMA la decisión de primer grado.
Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de la Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ