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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
STC545-2016
Radicación n. 17001-22-13-000-2015-00628-011
(Aprobado en sesión de veintisiete de enero de dos mil dieciséis)
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis (2016).
La Corte decide la impugnación formulada contra el fallo proferido el cuatro de noviembre de dos mil quince por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Manizales, en las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Javier Elías Arias Idarraga contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad y la Defensoría del Pueblo Regional Caldas; trámite al que fueron vinculadas la Procuraduría General de la Nación, la Personería, la Alcaldía Municipal de Manizales, así como las entidades de carácter particular demandas en las acciones populares génesis de estas quejas.
I. ANTECEDENTES
-
La pretensión
El ciudadano solicitó la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administración de justicia, que considera vulnerados por la sede judicial accionada, al no haber notificado sus acciones populares Nos. 2015-0128, 2015-0150, 2015-0147, 2015-0148, 2015-0257, 2015-0143, 2015-0140, 2015-0136 y 2015-0133, a la autoridad administrativa encargada de proteger los derechos colectivos invocados, pese a haber transcurrido varios meses desde la emisión del auto admisorio en cada una de ellas.
Por tal motivo, pretende que se ordene al tutelado «…comunicar y notificar mi acción, al Alcalde Municipal donde ocurre la vulneración, a fin que sea tenido (…) como vinculado o parte procesal». Por otra parte, solicitó enviar copia de esta actuación a su correo electrónico y a la oficina judicial de reparto para que adelante acciones de tutela contra la Defensoría del Pueblo por negarse a presentar demandas de esta naturaleza a su nombre. [Folios 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 y 43, c.1]
B. Los hechos
1. El 21 de mayo de 2015, el tutelante promovió múltiples acciones populares, contra diversas Compañías de carácter privado con sede en la ciudad de Manizales, por prestar servicios públicos en locales comerciales que no cuentan con guía o intérprete y en otros casos, sanitarios para la atención de usuarios en condición de discapacidad auditiva y/o física.
2. Al Juzgado Primero Civil del Circuito de aquella ciudad, correspondió por reparto conocer las demandas que se radicaron con los números 2015-0150, 2015-0128, 2015-0133, 2015-0136, 2015-0140, 2015-0143, 2015-0147, 2015-0148 y 2015-0257.
3. Mediante proveído del 1º de junio, se ordenó requerir información para determinar la persona natural o jurídica accionada en la primera acción mencionada, mientras que por autos de mayo 29, junio 1º, junio 2º y agosto 26 de 2015, se admitieron a trámite las demás.
4. Ante la manifestación del reclamante, acerca de que no adelantaría las gestiones necesarias para notificar a sus demandadas ni a la comunidad, la sede tutelada ordenó proceder a ello mediante autos de julio 14, 16 y 24 y octubre 21. Por otra parte, el 18 de agosto, inadmitió la demanda radicada bajo el No. 2015-0150, por imposibilidad de establecer quién es el accionado, por lo que requirió al actor popular para que lo aclarara.
5. Los días 28 y 29 de septiembre, el quejoso solicitó vincular a las actuaciones cuestionadas a la Alcaldía Municipal de Manizales, como ente encargado de velar por la protección de los derechos colectivos invocados.
6. En proveídos de los días 20, 21 y 22 de octubre, se accedió a ello, para lo cual se libraron las comunicaciones de rigor y se entregaron las diligencias en el Centro de Servicios Judiciales, donde se encuentran surtiendo las respectivas comunicaciones. En la última calenda, se dispuso el rechazo de la demanda cuyo extremo pasivo no se determinó.
7. El reclamante acude a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protección a sus garantías fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, desconoce la perentoriedad de sus acciones constitucionales, al no notificar el auto admisorio a la Alcaldía Municipal de Manizales. [Folios 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 y 43, c.1]
C. El trámite de la primera instancia
1. El 22 de octubre de 2015 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, acumuló y admitió las acciones de tutela y ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 46-49, c.1]
2. El Juez accionado remitió copia de algunas piezas procesales de cada acción constitucional y argumentó que el acto procesal que el quejoso reclama, ya fue surtido en tres de los procesos tal como se dispuso en providencia del 22 de octubre de 2015 y que la falta de tal comunicación en el radicado 2015-0150, obedece a que esa demanda fue rechazada. [Folios 71-178, c.1]
Por su parte, la Alcaldía Municipal de Manizales indicó que es ajena a los hechos en los cuales se fundamentan los reclamos constitucionales. [Folios 179-186, c.1]
A su turno, la Defensoría del Pueblo, aseguró que el actor obra con temeridad y mala fe al indicar en sus demandas que esa institución se ha negado a formular acciones de tutela en su favor, pues en múltiples actuaciones ha explicado las razones por las cuales ello no es procedente y los jueces del amparo han adoptado las decisiones de rigor, por lo que se trata un asunto que ya fue materia de estudio y decisión en sede de tutela. [Folios 187-197, c.1]
Por último, la Personería Municipal, consideró que el acto de notificación, cuya materialización reclama el tutelante, es de su exclusiva carga y responsabilidad, por lo que manifestó atenerse a lo probado en el presente trámite. [Folio 199, c.1]
3. El 4 de noviembre de 2015 el Tribunal, negó el amparo deprecado, tras señalar que se configura un hecho superado frente a ocho de las nueve acciones constitucionales acumuladas, mientras que en la última, no advirtió vulneración alguna por cuanto la vinculación deprecada, no era necesaria al haberse rechazado la demanda. En relación con las quejas expuestas contra la Regional Caldas de la Defensoría del Pueblo, estimó que el actor está en capacidad de acudir por sí mismo a la administración de justicia, como lo ha venido haciendo, de tal manera que ninguna afectación a sus garantías se causa con la decisión de tal institución a representarlo en sus gestiones. [Folios 201-207, c.1]
4. El quejoso impugnó la anterior determinación sin adicionar los motivos de su inconformidad. [Folios 257-259, c.1]
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela es una herramienta que busca la protección inmediata de las garantías de las personas ante la acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de algún otro medio de defensa judicial.
2. En el presente asunto, el accionante centró su inconformidad en el hecho de que la autoridad accionada no ha efectuado la notificación del auto admisorio de sus nueve demandas a las entidades estatales encargadas de velar por la protección del derecho colectivo reclamado, pese a tratarse de una acción constitucional, cuyo trámite es preferencial.
En relación con problemáticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podrían dar lugar a protección constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicación válida, es decir:
«…aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto ‘de un comportamiento desidioso, apático o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando ésta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas» (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01).
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que ‘… uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que tratándose de actuaciones judiciales o administrativas, éstas fuera de ser públicas, se cumplan sin dilaciones ‘injustificadas’, o sea, que el trámite se desenvuelva con sujeción a la legislación ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y términos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuación dentro de los periodos señalados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso…’ (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jamás puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los términos procesales, ya que el deber, por demás esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonomía e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales están instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el artículo 228 Superior.
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que ‘respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia cuando la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos. (…)’» (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00).
Al revisar el trámite del asunto sometido al conocimiento de la autoridad accionada, no se advierte, en ninguna de las acciones populares objeto de las quejas constitucionales acumuladas, una dilación que conlleve a dispensar la protección constitucional reclamada por el promotor del amparo, pues, en relación con las actuaciones radicadas con los Nos. 2015-0128, 2015-0147, 2015-0148, 2015-0257, 2015-0143, 2015-0140, 2015-0136 y 2015-0133, se pudo establecer que ya fueron puestas en conocimiento tanto de la Alcaldía Municipal de Manizales, como de las Superintendencias Financiera, en virtud de lo dispuesto en autos de octubre 20, 21 y 22.
Por su parte, la radicada con el No. 2015-0150, fue inadmitida en proveído del 18 de agosto y al no haber sido subsanada por el tutelante, fue rechazada en providencia del 22 de octubre de 2015, luego, improcedente se tornaba ordenar la pretendida vinculación.
Entonces, basta simplemente con analizar la diligencia que el fallador accionado ha empleado para lograr las notificaciones y publicaciones de las acciones populares génesis de este reclamo constitucional, según las disposiciones de la Ley 472 de 1998, ante la decisión del actor popular de no realizarlas y en obedecimiento a lo ordenado por el legislador para ese tipo de actuaciones.
De manera que más que incumplimiento a la perentoriedad de la acción popular, lo que se evidencia es la inactividad del promotor de esas demandas, así como un uso desmedido de los mecanismos judiciales, que ha contribuido a incrementar la carga laboral del juzgador cuestionado.
3. Para finalizar, la Sala estima necesario aclarar que como la queja principal del actor no está dirigida contra la Defensoría del Pueblo – Regional Caldas, respecto de quien simplemente manifiesta que no ha querido presentar acciones de tutela en su nombre y por ello lo hace directamente, asunto que ya fue dirimido en sede constitucional, no es posible hablar de que existe en este asunto temeridad.
Lo anterior, porque el fundamento angular de este reclamo, es la supuesta violación de derechos por parte del Juez 1º Civil del Circuito de Manizales, en los términos ya analizados.
4. Por lo expuesto, se confirmará la providencia impugnada.
De los fallos emitidos en este trámite, envíese copia al promotor del amparo a su correo, atendiendo a su solicitud. De las demás piezas procesales se expedirá fotocopia a su costa, por Secretaría.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito; de los fallos emitidos en este trámite, envíese copia al promotor del amparo a su correo; y, en su oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1Actuación a la que fueron acumuladas las tutelas con radicaciones Nos. 17001-22-13-000-2015-00630-00, 17001-22-13-000-2015-00633-00, 17001-22-13-000-2015-00634-00, 17001-22-13-000-2015-00638-00, 17001-22-13-000-2015-00642-00, 17001-22-13-000-2015-00645-00, 17001-22-13-000-2015-00650-00, 17001-22-13-000-2015-00651-00.
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