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LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
STC096-2018
Radicación nº 66001-22-13-000-2017-01243-01
(Aprobado en sesión de diecisiete de enero de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte la impugnación del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 24 de noviembre de 2017, que negó la tutela interpuesta por Javier Elías Arias Idárraga, frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, y el Procurador General de la Nación, trámite al cual fueron vinculados el Banco Davivienda, la Procuradora Judicial II para Asuntos Civiles, la Alcaldía de Pereira, el Defensor del Pueblo, y el Ministerio Público de la Regional Risaralda.
ANTECEDENTES
1. Obrando en su propio nombre, el actor promovió el amparo tras considerar que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso «art 13, 83 CN», en el trámite de la acción popular «2015-233», por cuanto lo «conden[ó] en agencias en derecho, aduciendo, sin probar [su] mala fe».
2. En consecuencia, solicita que «se revoque la condena a [su] contra, pues nunca la tutelada probó [su] mala fe olvidando que la mala fe es igual que la temeridad es objetiva y nunca subjetiva, debe ser probada (…) se ampare [su] tutela y se ordene a la tutelada, parar, frenar el abuso de poder y ordene aplicar art 38 ley 472/98» (ff. 6 y 7, cd. 1).
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS
1. La Alcaldía Municipal de Pereira, adujo la falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó que fuera desvinculada del trámite (ff. 18 y 19, ídem).
2. El despacho judicial convocado, relató brevemente el trámite surtido en la acción popular 2015-00233, y precisó que frente a la sentencia de primera instancia Arias Idárraga formuló recurso de apelación el cual fue declarado desierto, por lo que pidió no tutelar los derechos invocados (ff. 27 y 28, ídem).
3. La Procuraduría Regional Risaralda informó que para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21 de la ley 472 de 1998 ha designado a diferentes profesionales de esa entidad, en virtud de las acciones populares presentadas por el accionante, plantea además que la situación argüida por el actor es ajena a su función, por lo cual pide su desvinculación del trámite (f. 30, ídem).
4. El Banco Davivienda S.A., a través del representante legal suplente solicitó que se denegara el amparo, e indicó que el 17 de mayo de 2017 se profirió la sentencia de la mentada acción popular negando las pretensiones y condenando en costas al promotor, decisión que fue apelada por Javier Elías, pero dado a que este no se hizo presente en la audiencia de sustentación y fallo fue declarado desierto el recurso (ff. 44 y 45, ídem).
FALLO DEL TRIBUNAL
Negó la salvaguarda con fundamento en que se incumplía el presupuesto de la subsidiariedad, por cuanto «el accionante dejó de emplear los medios ordinarios de protección con que contaba en ese proceso para controvertir las providencias por medio de las cuales el juzgado accionado le impuso condena en costas y aprobó la liquidación que de estas se hizo» (ff. 47 a 51, ídem).
LA IMPUGNACIÓN
La formuló el accionante sin exponer argumentos adicionales (f. 53, ídem).
CONSIDERACIONES
1. Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira vulneró las prerrogativas invocadas por el querellante al condenarlo en costas en la acción popular n° «2015-233».
2. La reiterada jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido, en línea de principio, que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure vía de hecho», y en el entendido que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC7941-2016).
3. Para el estudio que se realiza, se encuentra demostrado que el demandante desperdició los mecanismos ordinarios de defensa con los que contaba para controvertir las decisiones que ahora reprocha en esta excepcional sede constitucional, pues quedó acreditado en el expediente que el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primer grado fue declarado desierto por cuanto no compareció a la audiencia de sustentación y fallo, y frente a la providencia de 15 de septiembre de 2017 mediante la cual se aprobó la liquidación de las costas no formuló ningún reproche (ff. 21 a 26, ídem).
3. En tal condición, encuentra esta Sala que el amparo deprecado está llamado al fracaso, por cuanto se incumple el presupuesto de la subsidiariedad, pues está demostrado que el promotor obró con incuria al prescindir de la utilización de los mecanismos ordinarios de defensa judicial con los que contaba en el proceso para cuestionar el asunto que es objeto de queja en el presente trámite.
En virtud de lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que:
«el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposición oportuna de los medios de resguardo diseñados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acción de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protección previstos por el orden jurídico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que serían el fruto de su propia incuria, tanto más si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le está vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su órbita funcional autónoma y quebrantar el debido proceso» (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01).
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo objeto de impugnación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito y oportunamente remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA