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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
AC1218-2016
Radicación n.° 11001-02-03-000-2016-00452-00
Bogotá D. C., cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
Decide la Corte el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Primero (1°) Civil del Circuito, Sistema Procesal Oral, de Montería y Séptimo (7°) Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro de la ejecución promovida por Banco Bilbao Viscaya Argentaria Colombia S. A. contra José Guillermo Anaya López.
1. ANTECEDENTES
1.1. Con base en un pagaré el actor pidió librar orden de pago por $89’589.071 más intereses. El libelo lo dirigió al juez civil del circuito de Montería y en él identificó al opositor como “(…) domiciliado en (…) Montería (…)” (fl. 3).
1.2. Después de haber dictado mandamiento de pago el 11 de mayo de 2015 (fls. 10-11), por autos de 19 de agosto (fl. 21) y de 12 de noviembre de 2015 (fls. 60-61) el Juzgado Primero Civil del Circuito, Sistema Procesal Oral, de Montería ordenó enviar el proceso a los juzgados civiles del circuito de Medellín, porque carecía de competencia, según el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. Dijo que la nueva dirección suministrada por el ejecutante para notificar al accionado es de Medellín (fl. 20).
1.3. El Juzgado séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, el 5 de febrero de 2016 dijo carecer de atribuciones ya que quien las tenía era aquel otro, debido a que no se puede confundir la dirección para notificar con el domicilio, y éste sigue siendo el mismo que con relación al demandado se indicó en la pieza inicial (fls. 62-63).
2. CONSIDERACIONES
2.1. Cuando se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, corresponde a esta Sala resolver el conflicto, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009.
2.2. La ley adjetiva prevé varios factores que permiten establecer a qué funcionario corresponde el conocimiento de cada pleito en particular: objetivo, subjetivo, territorial, funcional y conexidad. El territorial señala, como regla general, que el proceso deberá seguirse ante el administrador de justicia con jurisdicción en el domicilio del demandado, según el viejo principio: “actor sequitur fórum rei”.
2.3. El artículo 27 del Código General del Proceso señala –como lo hacía el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil–, que quien comience la actuación conservará su competencia, por tanto, el juez “(…) no podrá variarla o modificarla por factores distintos al de la cuantía que se indica en el inciso segundo de esta norma. Si por alguna circunstancia la manifestación del demandante resultare inconsistente…, es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para el efecto” (Auto 312 de 15 de diciembre de 2003, Rad. 00231-01); criterio que la Sala reiteró en providencias de 11 de marzo y 05 de septiembre de 2011, radicados 2010-01617-00 y 2011-01697-00, entre otras.
2.4. El Juzgado Primero Civil del Circuito, Sistema Procesal Oral, de Montería, después de librar la orden de pago, aseguró carecer de atribuciones para continuar a cargo del asunto, sin que las partes hubieren discutido o controvertido su facultad para adelantarlo. Si aceptó tramitarlo, no podía liberarse de él, motu proprio, como en forma errada lo realizó; sólo lo podrá hacer ante expresa declaración de inconformidad proveniente del demandado, situación que no ha sucedido, de donde forzosamente deberá continuarlo, conforme a la norma recién citada.
2.5. Es equivocado el razonamiento de ese funcionario cuando confunde la noción de lugar para recibir notificaciones con el concepto de domicilio, factor legal de competencia.
Al respecto la Corporación ha señalado:
“Menester es recordar, una vez más, cómo no puede confundirse el domicilio de las partes, que el numeral segundo del artículo 75 ibídem establece como presupuesto de todo libelo, con el lugar donde ellas han de recibir notificaciones personales, a que se refiere el mismo precepto en el numeral 11, con mayor razón siendo que aquél, a términos del artículo 76 del Código Civil, consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, en tanto que éste tiene un marcado talante procesal imposible de asemejar con el aludido atributo de la personalidad” (Auto de 3 de mayo de 2011, Radicación #2011-00518-00).
2.6. Se asignará entonces el asunto al aludido funcionario.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero: Declarar que el Juzgado Primero (1°) Civil del Circuito, Sistema Procesal Oral, de Montería es el competente para continuar conociendo del ejecutivo en referencia.
Segundo: Enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Séptimo (7°) Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, haciéndole llegar copia de esta providencia. Ofíciese.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado