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ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado Ponente
STC3855-2017
Radicación n.° 11001-22-03-000-2017-00187-01
(Aprobado en sesión de quince de marzo de dos mil diecisiete)
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el nueve de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en la acción de tutela promovida por la Sociedad Andalucía Diseño y Construcciones S.A.S. contra el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esta ciudad, trámite al que fueron vinculados todos los intervinientes del proceso objeto de la queja constitucional.
A. La pretensión
La Empresa accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia que considera vulnerados por la autoridad accionada, con ocasión en la mora que ha incurrido para resolver su solicitud de devolución de los dineros que fueron puestos a disposición del despacho en virtud del embargo.
Pretende, en consecuencia, se ordene al Juzgado accionado resolver la solicitud presentada el 13 de diciembre de 2016 y reiterada el 13 de enero de 2017 y, en consecuencia ordene la entrega de los títulos judiciales que se encuentren depositados en la cuenta del despacho por conceptos de embargos practicados por las entidades bancarias. [Folio 21, c.1]
B. Los hechos
1. La Empresa CS INDUSTRIAS METÁLICAS S.A.S. presentó demanda ejecutiva contra la Sociedad accionante el 5 de agosto de 2016.
2. El asunto le correspondió al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, autoridad que el 14 de septiembre siguiente libró mandamiento ejecutivo y se decretaron medidas cautelares, ordenándose el embargo y secuestro de los bienes muebles y enseres ubicados en la Calle 110 No. 9-25, oficina 1704 de esta ciudad por la suma de $698.000.000, el embargo de la cuota parte sobre los bienes con matrículas inmobiliarias Nos. 200-104328 y 200-46788 y el embargo y retención de dineros depositados en cuentas corrientes por la cantidad de $523.500.000.
3. La sociedad tutelante se notificó el 4 de octubre y presentó escrito el 6 de octubre siguiente en el que solicitó al despacho se abstuviera de practicar más medidas cautelares y se diera celeridad a su pretensión por cuanto a su juicio existe una extralimitación de embargos y abuso del derecho por parte del extremo activo.
4. De igual manera interpuso recurso de reposición contra el mandamiento el 7 de octubre, el cual se encuentra pendiente por resolver.
5. El 21 de octubre nuevamente la actora radicó memorial requiriendo el levantamiento de las medidas cautelares y garantizó la caución con una póliza expedida por Liberty Seguros S.A. con la anotación que se hacía indispensable resolver su solicitud por cuanto los bancos congelaron todas sus cuentas y están causándole perjuicios irremediables en sus finanzas.
6. Mediante auto fechado 5 de diciembre siguiente el juzgado aceptó la póliza presentada por la tutelante; se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y se señaló que previo a librar los oficios de desembargo, la actora deberá acreditar el paz y salvo de la Dian so pena que los mismos sean puestos a disposición de dicha entidad. [Folios 2-4, c.1]
7. El 13 de diciembre, la accionante solicitó la entrega de los depósitos judiciales que se encuentren a órdenes del juzgado por concepto de embargos, solicitud que fue reiterada el 13 de enero de 2017.
8. En criterio de la peticionaria del amparo, la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto no ha ordenado la entrega de los títulos embargados, omisión que le está causando graves perjuicios por cuanto no ha podido cumplir con sus obligaciones contractuales, pago de nómina y seguridad social de sus trabajadores. [Folios 19-22, c. 1]
C. El trámite de instancia
1. El 31 de enero de 2017, se admitió la acción de tutela, y se ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 24, c.1]
2. El Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá luego de hacer un breve recuento de la actuación, indicó que el 31 de enero de 2017, dispuso la entrega de los correspondientes títulos que han llegado al despacho, por lo que a su juicio considera que la «accionante pisa los linderos del abuso de este mecanismo constitucional, pues tiene a su disposición los mecanismos ordinarios y legales para la gestión de sus peticiones.» [Folios 28-29, c.1]
3. En sentencia de 9 de febrero de 2017, el Tribunal Superior de Bogotá, denegó el amparo, tras considerar que el juzgado accionado no incurrió en mora pues resolvió la solicitud de entrega de los dineros que se encontraban a disposición de proceso a la empresa accionante, a los nueve días hábiles de radicar la petición, esto es, el 31 de enero de este año, lo que configura un hecho superado por lo que caería al vacío la orden de resolver las peticiones elevadas al respecto por la quejosa. [Folios 48-53, c.1]
4. Inconforme la gestora impugnó el fallo para cuyo efecto señaló que si bien el juzgado ordenó la entrega de títulos, solicita a la segunda instancia que en caso que al momento de resolver la impugnación, el despacho accionado no haya hecho entrega real de los mismos, se revoque la decisión del A Quo. [Folios 54, c.1]
II. CONSIDERACIONES
2. Con respecto a problemáticas donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podrían dar lugar a protección constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicación válida, es decir «aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto ‘de un comportamiento desidioso, apático o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando ésta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas» (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01).
En tal sentido ésta Corporación indicó: «… uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que tratándose de actuaciones judiciales o administrativas, éstas fuera de ser públicas, se cumplan sin dilaciones ‘injustificadas’, o sea, que el trámite se desenvuelva con sujeción a la legislación ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y términos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuación dentro de los periodos señalados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso…». (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995).
Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jamás puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los términos procesales, ya que el deber, por demás esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonomía e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales están instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el artículo 228 Superior.
Sin embargo, puede suceder que dentro del trámite constitucional cese la vulneración o la amenaza acusada en el escrito de tutela, respecto de lo cual se ha entendido que si la acción se instituyó como mecanismo dirigido a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protección actual y cierta de aquellas garantías, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesación de los hechos causantes de la perturbación o amenaza; o por vía de imponer la abstención de actos transgresores.
Luego, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos en la queja, bien porque cesó la conducta violatoria, dejó de tener vigencia o aplicación el acto que vulneró el derecho, o se realizó la actividad cuya omisión constituía desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ahí que no tendría objeto impartir alguna orden, porque aquella caería en el vacío. Ante este panorama, el juzgador no puede más que declarar la carencia de objeto de la actuación constitucional.1
3. Descendiendo al caso sub exámine, advierte esta Corporación, que, concretamente, la solicitud formulada por la Sociedad accionante en el escrito de tutela, consistía en que se resolviera su solicitud de entrega de los depósitos judiciales que se encuentren a órdenes del juzgado accionado por concepto de embargos.
En desarrollo de esta acción constitucional y antes de que se emitiera la sentencia de primera instancia, la autoridad accionada acreditó haber proferido el auto fechado 31 de enero de 2017 que resolvió:
«Vista la petición obrante a folio 123 y en cumplimiento a lo decidido en auto de fecha diciembre 5 de 2016, se ordena la entrega de los dineros que se encuentren a disposición del presente proceso a la parte demandada» [Folio 41,c.1] aunado a que por información obtenida con el juzgado demandado se corroboró que el 17 de febrero de este año se hizo entrega de los títulos solicitados a la apoderada de la empresa tutelante. [Folios 4-5, c. Corte]
Al respecto, observa la Sala que con la emisión de tal decisión, se superó la alegada vulneración a los derechos invocados, en los términos en que la realizó la empresa tutelante y en ese orden, se colige que el hecho que originó la petición de amparo y en el cual se sustentó la súplica se encuentra superado y, en esa medida, carecería de objeto una orden de protección al respecto, pues se reitera antes de emitirse el fallo de primera instancia en esta tutela, la autoridad cuestionada resolvió la pretensión invocada de la forma antes expuesta.
4. De lo discurrido se concluye que el amparo invocado debía negarse, por lo que se impone confirmar el fallo que se revisó por vía de impugnación.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Sobre el hecho superado, véase sentencia de la Corte de 13 de abril de 2010, exp. 00135-01, reiterada en sentencias de 24 de octubre de 2011, exp. 00305-01 y 1º de agosto de 2012, exp. No. 00497-01.
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