STC1790-2018

STC1790-2018
Radicación n.° 13001-22-13-000-2017-00404-01
(Aprobado en sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho)

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

La Corte decide la impugnación formulada contra el fallo proferido el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en la acción de tutela promovida por Aura Carolina Murcia Martínez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Mejengué.

I. ANTECEDENTES

A. La pretensión

La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y trabajo, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial accionada quien no aceptó la solicitud que formuló a efectos de que se aplazara la audiencia que se había programado para el 3 de octubre de 2017 dentro del proceso ejecutivo que ESE Hospital Divina Misericordia promovió contra Salud Vida EPS.

Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto la referida decisión, así como todas aquellas que se hubiesen tomado en la diligencia realizada y se disponga realizarla nuevamente.

B. Los hechos

1. Ante el incumplimiento en el pago de las facturas generadas por la prestación de servicios médicos, el ESE Hospital de la Misericordia de Cartagena convocó SALUDVIDA EPS a audiencia de conciliación, la cual se realizó el 31 de agosto de 2016.

2. En dicha ocasión, las partes acordaron que la cantidad adeuda por los servicios médicos que se prestaron durante el 28 de diciembre de 2010 y el 30 de junio de 2016 era de $1.477’532.570 pesos y que los mismos serían cancelados en 24 cuotas mensuales de $61’563.857 cada una, pagaderas a partir del 14 de octubre de 2016.

3. Teniendo en cuenta que la EPS convocada incumplió el pago acordado, en ente hospitalario presentó demanda ejecutiva en su contra, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena.

4. En auto de 18 de enero de 2017 el despacho judicial mencionado libró mandamiento de pago y ordenó la notificación de la ejecutada.

5. Enterada de la actuación, la entidad demandada con el fin de formular las excepciones previas que estimó pertinentes, presentó recurso de reposición contra el mandamiento de pago, alegando que existía falta de competencia originada en los numerales 1 y 5 del artículo 28 del CGP, cláusula compromisoria, ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales y trámite inadecuado.

6. Con el fin de resolver las excepciones formuladas por la parte demandada, y proceder al decreto de pruebas pertinente, mediante auto de 14 de septiembre de 2017 se convocó a las partes para audiencia que se realizaría el martes 3 de octubre de 2017 a las 9:00am.

7. Mediante escrito radicado el lunes anterior, la apoderada judicial de la entidad convocada, aquí accionante, solicitó el aplazamiento de la audiencia programada para el día siguiente, toda vez que ante su estado de embarazo, por prescripción médica emitida el 30 de septiembre, se le restringieron los viajes por tierra que tengan una duración superior a tres horas. Explicó que su residencia y domicilio se encuentra en Cartagena.

8. En la fecha y hora programadas, el despacho estableció la improcedencia de aceptar la excusa presentada por la quejosa, de atender que la misma contó con la oportunidad de sustituir el poder que le fue otorgado, así las cosas, procedió a continuar con la audiencia programada.

9. La abogada acude al amparo constitucional por estimar que sus garantías fundamentales le fueron vulneradas, pues contrario a lo indicado por el despacho judicial no contó con el tiempo suficiente para sustituir el poder que le fue otorgado, en tanto la incapacidad aducida fue prescrita el sábado previo a la realización de la diligencia.

C. El trámite de la primera instancia

1. El 1 de noviembre de 2017 se admitió la acción de tutela y se ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 23, c.1]

2. El juzgado accionado remitió copia del acta de la diligencia programada e indicó que no ha vulnerado los derechos de la reclamante.

Saludvida EPS solicita que se acceda a las pretensiones de la tutela, en tanto la negativa en la aceptación de la excusa por ella presentada, repercute directamente en la defensa de sus intereses dentro del proceso ejecutivo cuestionado.

3. En fallo de 16 de noviembre de 2017 el Tribunal superior de Cartagena denegó el amparo por estimar que la reclamante carece de legitimación para cuestionar las decisiones emitidas en el proceso cuestionado, en tanto la misma no es parte en el referido litigio.

4. Inconforme con lo anterior, la apoderada judicial impugnó la decisión refiriendo que si se vulneran sus derechos fundamentales, en tanto la negativa en el aplazamiento limita el libre ejercicio de su profesión.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuando el amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de autoridades públicas y aun de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a la jurisdicción estuviera habilitado para ello.

Lo anterior porque siempre se ha considerado que así se trate de un procedimiento breve y sumario y, por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar el respeto a requisitos como el de la legitimación.

2. En armonía con esos postulados, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, que regula la acción de tutela, determina que aquella se podrá ejercer por la «persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante».

Para facilitar la defensa de derechos ajenos, también estableció la presunción de autenticidad de los poderes otorgados y la agencia oficiosa cuando el titular de las garantías constitucionales no esté en condiciones de promover su propia defensa, pero en tal caso, así deberá manifestarse en la solicitud.

3. Sobre este tema, la Sala se ha pronunciado de la manera que sigue:

«(…) ningún tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervención acaece como agente oficioso, deberá manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa» (CSJ STC, 9 feb. 1996, rad. 2822; 9 oct. 1998, rad. 5429; 19 feb. 2002, rad. 00159-01; 24 feb. 2004, rad. 00219-01; y 11 Mar. 2009, rad. 00001-01, entre otras).

Así mismo, en lo relativo a la actuación en sede de tutela a través de apoderado, la jurisprudencia constitucional ha precisado que:

(…) [dentro de] los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala señala que el mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional (CC T-531/02; reiterada en CC T-1025/06).

Por último, frente a actuaciones cumplidas en el trámite de una acción judicial o de providencias dictadas dentro de ésta, se ha considerado que «cualquier actuación, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquéllas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulneró algún derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes allí intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte» (CSJ STC, 6 mar. 2012, rad. 2012-00357-00; reiterada, entre muchas otras, en STC, 22 ene. 2015, rad. 2014-02929-00).

4. En el sub judice, la acción de tutela la promueve quien aduce que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales dentro del proceso ejecutivo donde figura como apoderada judicial de Saludvida EPS, empero, observa la Sala que la gestora del amparo no cuenta con poder especial para representar en esta acción constitucional, los intereses de tal entidad, ni tampoco ostenta la condición de parte o tercero reconocido en el trámite que critica en sede constitucional, para de allí derivar la eventual vulneración de sus garantías constitucionales.

Luego, siendo evidente que la reclamante carece de poder especial para impetrar el amparo y que no es parte ni tercero reconocido en el proceso que cuestiona, surge patente que no ostenta legitimidad para acudir a este mecanismo excepcional de protección en nombre de la parte demandada en el proceso ejecutivo, ni para aducir que con la actuación allí desplegada resultaron afectados sus derechos, máxime cuando su inasistencia a la audiencia no generó la imposición de multa económica en su contra.

En ese orden, únicamente contando con mandato especial de quien funge como demandante en el trámite cuestionado, la tutelante lograría la legitimación necesaria para hacer uso de esta herramienta constitucional, a efectos de solicitar la protección, como quiera que, como quedó dicho, cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garantías que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, y no a sus apoderados o representantes.

5. Con todo, si se hiciera abstracción de la falencia antes advertida, observa la Sala que la determinación adoptada por el estrado judicial accionado no es irracional ni caprichosa, en tanto el operador estudió la prescripción médica allegada por la apoderada judicial y estableció que la misma contó con el tiempo suficiente para sustituir el poder que ella le fue conferido en otro profesional.

Al respecto, indicó el despacho accionado que de acuerdo con la excusa arrimada a la apoderada judicial «se le ha prohibido el trasporte por carretera por más de tres horas, porque ella reside en Cartagena.» sin embargo, estimó que en cualquier estado del proceso y durante el periodo de gestación de aquella, la imposibilidad en el transporte se mantendría «porque ella no va poder asistir bajo estas condiciones, además, -indicó- la ley prevé que los apoderados pueden sustituir en otro apoderado en el momento que no puedan comparecer a la audiencia» razón por la cual, concluyó que «la solicitud de aplazamiento, pedida por la apoderada de Saludvida EPS no se tomará en cuenta.»

Motivaciones que no pueden considerarse contrarias al ejercicio de la profesión de la hoy reclamante, pues verificado el contenido de la excusa por ella arrimada, se advierte que en la misma, si bien existe una recomendación respecto de los viajes por largos periodos de tiempo, no se da una incapacidad que le impida completamente el desplazamiento dentro de la ciudad de su residencia, lo que demuestra que contó con el estado de salud adecuado y el tiempo suficiente para concretar la sustitución del apoderamiento que le fue conferido.

De allí que se concluya, que la pretensión de la tutelante se circunscribió, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que el juzgador se fundó para arribar a tal conclusión, inconformidad que, naturalmente, excede el ámbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente el funcionario judicial tiene entera libertad para realizar una libre hermenéutica de las normas, sin llegar, por supuesto, al límite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.

Lo pretendido por la peticionaria del amparo, es anteponer su propio criterio al del accionado, y atacar, por esta vía, la decisión que la desfavoreció, finalidad que resulta ajena a la de la acción de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia más dentro de los juicios. 

No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto fáctico, ni por ninguna otra actuación caprichosa que el accionado tomó su decisión, pues los motivos que adujó en su providencia constituyen una interpretación judicial perfectamente válida y razonable, por lo que no se avizora la configuración de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias y, por tanto, no se advierte violación a los derechos fundamentales del tutelante.

6. Consecuente con lo anterior y al constatarse la improcedencia del amparo, el fallo impugnado debe ser confirmado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de fecha y procedencia anotadas

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala

MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA