STC943-2018

2018

1 de julio de 2026admin14

Asistente Jurídico Inteligente

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AROLDO WILSON  QUIROZ MONSALVO

Magistrado  ponente  
STC943-2018

Radicación  n.° 76111-22-13-000-2017-00231-02

(Aprobado  en sesión de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho)  
Bogotá,  D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018).  
Decide  la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el  1º de noviembre de 2017 por la Sala Civil – Familia del  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la acción  de tutela promovida por  el Operador Portuario Work Express J y G Ltda. contra  el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, a cuyo trámite  fueron vinculados las  partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja  constitucional.  
ANTECEDENTES  
1.	La  sociedad accionante reclama la protección de los derechos  fundamentales al debido proceso y acceso a la administración  de justicia, presuntamente vulnerados por el despacho judicial  accionado.

En  consecuencia, solicita, «se  deje sin efecto la totalidad de la actuación adelantada por el  Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura – Valle del  Cauca, en el proceso ordinario de Pertenencia, por prescripción  adquisitiva de dominio por vía extraordinaria, propuesta por  Jairo Eliecer Martínez González y Nicolás  Alberto Castaño Marín, contra el Operador Portuario  Work Express J y G Ltda. y otros, desde la presentación de la  demanda, incluido el auto admisorio de la misma, el cual se realizó  sin el cumplimiento de los requisitos legales» (folios  1 a 37, cuaderno 1).  
2.	De  lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se  extrae que su queja se sustenta, en síntesis, en lo siguiente:  
2.2.	Indicó  la sociedad quejosa que el 15 de marzo de 2015, el estrado judicial  convocado admitió a trámite la demanda, situación  que, en su sentir, fue irregular, pues tal escrito no cumplía  con el lleno de los requisitos legales para tal efecto, resaltando,  además, que en el predio objeto de controversia, «exist[ían]  comunidades allí asentadas, las que están sin  identificar y… así continuó el despacho, sin  constituir la Litis, desconociendo los derechos de [esos]  poseedores»; asimismo,  destacó que su notificación y emplazamiento no fue en  debida forma, por lo que se le coartó la posibilidad de tener  un apoderado de confianza, a más que el curador ad litem  nombrado para su defensa, sólo intervino con la contestación  del libelo inicial.  
2.3.  Sostuvo que el despacho criticado adelantó el proceso bajo los  parámetros del Decreto 1400 de 1970 y el Código General  del Proceso, sin tener en cuenta la Ley 1561 de 2012, por medio de la  cual se establecía el proceso verbal especial para otorgar  títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles  urbanos y rurales de pequeña entidad económica,  situación por la que se quebrantó el debido proceso,  pues dicha norma, en concordancia con el numeral 7º del artículo  375 Estatuto Procesal vigente, establecían la instalación  de una valla, a fin de informar a la comunidad respecto del juicio  adelantado, situación que, para el caso concreto, no ocurrió.  
2.4.  Anotó que el Juzgado accionado valoró indebidamente las  pruebas practicadas en el proceso, pues tal y como se constató  con el dictamen pericial practicado y el testimonio de Cerveleon  Caicedo Valencia, en el fundo objeto de litis vivían «80  familias»,  quienes, por una parte, no fueron convocadas al juicio; y por otro  lado, tenían la calidad de poseedores, por lo que los  demandantes no podían cumplir con los requisitos legales para  adquirir por prescripción el predio.  
2.5.  Refirió que, el 12 de mayo de 2017  el estrado judicial accionado accedió a las pretensiones,  declarando la pertenencia, el dominio pleno y absoluto del inmueble a  favor de los demandantes, al tiempo que ordenó a la oficina de  Registro de Instrumentos Públicos de Buenaventura la  inscripción de la sentencia en el folio de matrícula  inmobiliaria nº 372-478; determinación que quebrantó  sus garantías de primer grado, habida cuenta de que se  desconoció la calidad de poseedora inscrita que tenía,  conforme lo indicaba el certificado de tradición del aludido  predio.  
LA  RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  
1.	El  Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura instó la  improcedencia del resguardo por incumplir con el requisito de  subsidiariedad, pues la accionante pudo cuestionar las decisiones al  interior del proceso a través de los mecanismos procesales  procedentes; que le garantizó el debido proceso a la gestora,  pues fue representada por curador ad litem, quien agenció sus  intereses; que ejerció control de legalidad en cada una de las  etapas procesales; que el juicio se adelantó con Código  de Procedimiento Civil, inclusive, hasta el auto que dio apertura a  la práctica de pruebas, posteriormente continuó con el  Estatuto General del Proceso (folio 466 y 467, cuaderno 1).  
2.  	Advising & Consulting Abogados S.A.S., quien actuó en  calidad de curador ad litem de la gestora, de John Henry Fierro Díaz  y de las personas indeterminadas, coadyuvó la salvaguarda, al  considerar que hubo una indebida integración de la litis,  pues, en su parecer, al juicio no fueron llamados la Nación,  la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Defensa  Jurídica del Estado y el Distrito de Buenaventura, entidades  que tenían interés directo por tratarse de predios  baldíos; que los demandados fueron indebidamente notificados,  además, porque no se cumplió con lo dispuesto en el  artículo 375 del Código General del Proceso, esto es,  la instalación de la valla en el predio con la información  del proceso; pidió declarar la nulidad del juicio, incluido el  auto admisorio de la demanda (folios 468 a 472, cuaderno 1).  
3.  Luz Estrella López Arcila coadyuvó la acción de  tutela, al considerar que tenía interés en la decisión  de la misma; sostuvo que era propietaria del predio denominado «villa  del mar», identificado  con matrícula inmobiliaria nº 372-5936, el que  inicialmente había sido asignado por el INCORA  a  Jorge Miguel García Villamil; que en abril de 2016, junto con  la comunidad, suscribieron un contrato de compraventa con la  Asociación de Vivienda e Ingeniería de Colombia Techo y  Familia, sin embargo, dicha sociedad no pudo realizar las obras  porque Jairo Martínez, quien alegó ser poseedor del  inmueble «el  vergel», las  impidió, por lo que lo denunció por perturbación;  que el proceso criticado era nulo, por no integrar debidamente a la  sociedad accionante (folios 497 a 502, cuaderno 1).  
4.  Jairo Eliecer Martínez González y Nicolás  Alberto Castaño Marín manifestaron que los hechos de la  salvaguarda eran «una  narración del acontecer procesal y en parte…  apreciaciones y conceptos jurídicos de la accionante»;  que  la demanda fue admitida con el cumplimiento de todos los requisitos  de ley; que para Buenaventura «no  opera[ba] la medición UAF», por  lo que la norma aplicable, al caso concreto, era el artículo  407 del Código de Procedimiento Civil, y no la Ley 1561 de  2012; que no había lugar a instalar la valla informativa,  pues, para el momento de presentación de la demanda, esto es,  en el 2014, el Código General del Proceso no se encontraba  vigente; que con las pruebas testimoniales se había reconocido  su calidad de «amos  y señores del predio», dando  fe de las mejoras; que han permitido que una comunidad de más  de 80 familias se instale en el predio a título de mera  tenencia, colaborándoles con los materiales de construcción  para sus casas; que el bien objeto de usucapión era a todas  luces privado; que de conformidad con la jurisprudencia  constitucional (CSJ STC1776-2016) los predios poseídos por  particulares se presumían privados y no baldíos, a más  que la acción supralegal no era el mecanismo idóneo  para establecer la naturaleza del bien, por lo que las supuestas  irregularidades de los procesos de pertenencia debían  debatirse a través del recurso extraordinario de revisión  (folios 601 a 611; 705 a 742, cuaderno 1).  
5.  Proyectos y Obras de Ingeniería Colombiana –PROINCOL  S.A.S-  coadyuvó la acción tuitiva, al argumentar que el  proceso de pertenencia se adelantó con irregularidades,  destacando la indebida notificación de todos los titulares de  los derechos reales de dominio, de posesión y mejoras  registrados en el folio de matrícula inmobiliaria nº  372-478 (folios 617 y 618, cuaderno 1).  
6.  La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  Buenaventura informó que el 27 de junio de 2017, ingresó  la solicitud de inscripción de la sentencia nº 18 de 12  de mayo anterior, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito  de esa urbe, en el folio de matrícula inmobiliaria nº  370-478; que el 12 de julio de ese año, devolvió las  diligencias sin registrar, tras advertir que el predio objeto de  litigio no tenía titularidad de pleno dominio, por lo que era  de propiedad del municipio y, en consecuencia, imprescriptible; que  el día 21 de ese mes, el despacho nuevamente insistió  en el registro, petición a la que accedió con la  anotación nº 15, pues no tenía los elementos de  verificación ni competencia para establecer si el fundo era o  no objeto de usucapión, registro que continuaba vigente  (folios 694 a 699, cuaderno 1).  
7.  La Superintendencia de Notariado y Registro se opuso a su vinculación  a la salvaguarda, tras relacionar sus competencias de conformidad con  el Decreto 2163 de 2011; añadió que no ha vulnerado las  prerrogativas de la sociedad actora (folios 748 a 750, cuaderno 1).  
8.  La Agencia Nacional de Tierras solicitó negar las pretensiones  de la accionante; sin embargo, pidió declarar la nulidad de la  totalidad del proceso de pertenencia criticado, al considerar que no  se encontraba definida la naturaleza jurídica del bien, por lo  que podía ser del estado y por ende imprescriptible; resaltó,  en síntesis, con apoyo en la jurisprudencia constitucional, la  improcedencia de los procesos de pertenencia para adquirir los bienes  baldíos; que la prescriptibilidad de un inmueble se derivaba  de que estuvieran en el comercio y fueran de propiedad privada, de  conformidad con el certificado de tradición, mientras que los  baldíos sólo podían adquirirse mediante título  traslaticio de dominio otorgado por esa entidad (folios 754 a 764,  cuaderno 1).  
9.  Alonso  Rodríguez Valencia aportó escrito indicando actuar como  mandatario judicial del Operador Portuario Work Express J y G Ltda.,  sin anexar poder especial para actuar en este trámite  constitucional, por lo que su manifestación no se tiene en  cuenta  (folios 773 a 779, cuaderno 1).  
LA SENTENCIA  IMPUGNADA  
El  a-quo  constitucional  concedió el amparo al considerar que, al margen de las  pretensiones de la acción de tutela, lo cierto era que el  Juzgado accionado había proferido una decisión sin  motivación, derivada de la inobservancia de los precedentes  jurisprudenciales en punto a la imprescriptibilidad de los predios  baldíos y la presunción de tales de los bienes que  carecían de antecedentes registrales, advirtiendo que para el  caso concreto, el inmueble objeto de la declaratoria de prescripción  adquisitiva de dominio, denominado «El  Vergel»,  nunca  había contado con titular de derecho de dominio, destacando  que el mismo se encontraba alinderado con terrenos baldíos;  concluyendo que el fallador no había valorado debidamente la  naturaleza del fundo, previo a impartir el trámite respectivo;  en consecuencia, dispuso:  
…DECLARAR  LA NULIDAD  de todo lo actuado en el proceso de pertenencia radicado bajo el  número 2014-00126 en el JUZGADO  PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA, incluyendo  el auto admisorio de la demanda, dejando a salvo las pruebas  practicadas, respecto a las cuales, en todo caso deberá  garantizarse el derecho de contradicción frente a quienes no  han tenido esa posibilidad.  
…ORDENAR  al juez accionado que dentro de los CINCO (5) DÍAS siguientes  a la notificación de esta sentencia, vuelva a valorar los  requisitos de admisión de la demanda, atendiendo, ente otras,  las consideraciones de esta providencia y que debe tramitar el asunto  bajo las reglas del Código General del Proceso al haberse  surtido el tránsito de legislación.  
…OFICIAR  a la Oficina de Instrumentos Públicos de Buenaventura, para  que, en caso de haber procedido a tramitar el registro de la  sentencia del 12 de mayo de 2017 que acá se anula, elimine  dicha inscripción (folios  788 a 792, cuaderno 1).  
LA IMPUGNACIÓN  
La  formularon  Jairo Eliecer Martínez González y Nicolás  Alberto Castaño Marín, reiterando, en síntesis,  los argumentos expuestos al contestar la  tutela, a los que adicionaron que el precedente jurisprudencial CSJ  STC1776-2016  establecían la improcedencia del ruego constitucional en  asuntos como el aquí tratado (folios 806 a 839, cuaderno 1).  
CONSIDERACIONES  
1.	Conforme  al artículo 86 de la Constitución Política, la  acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido  para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o  amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas  y, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya  naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a  los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de  defensa judicial.  
Por  lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y  providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y  limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho,  cuando «el  proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de  los medios ordinarios previstos en la ley»  (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se  cumpla el requisito de la inmediatez.  
2.	Del  examen de la demanda de amparo se extrae que a través de ella  se cuestiona el fallo proferido el 12 de mayo de 2017 por el Juzgado  Primero Civil del Circuito de Buenaventura, el cual declaró  que Jairo Eliecer Martínez González y Nicolás  Alberto Castaño, por la vía de la prescripción  extraordinaria adquisitiva de dominio, obtuvieron la propiedad del  predio denominado «El  Vergel», ubicado  en la quebrada Mondomo,  del municipio de Buenaventura – Valle del Cauca, e identificado  con matrícula inmobiliaria nº 372-478;  determinación que critica la parte accionante porque, en  síntesis, sostiene que a la misma se arribó sin el  pleno de los requisitos legales, inclusive, desde la admisión  de la demanda, resaltando una indebida notificación e  integración del contradictorio.  
2.1.	Delimitado  lo anterior, de entrada debe advertirse que en un asunto de similares  contornos al de ahora, la  Corte Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, a  través de la sentencia T-548/16 revocó la de 16 de  febrero de 2016, mediante la cual esta Sala de Casación Civil  había denegado el resguardo allí rogado por el INCODER  respecto a un juicio de pertenencia diferente al aquí  criticado (STC1776-2016); para tal efecto, la primera colegiatura  señaló allí la forma en que debe interpretarse  lo prescrito en los artículos 1º y 2º de la ley 200  de 1936, aquel modificado por el 2º de la ley 4ª de 19731,  y 48 de la ley 160 de 19942,  que desarrollan la consagración de dos presunciones en lo que  tiene que ver con los bienes baldíos desde la hermenéutica  constitucional, indicando:  
…el mismo  sistema jurídico ha reconocido la existencia de dos  presunciones, una de bien privado y otra de bien baldío, que  pareciesen generar un conflicto normativo. No obstante, cuando se  analizan de forma sistemática permiten entrever la  interpretación adecuada ante la cual debe ceder nuestro  sistema jurídico.  
En  tal sentido, los artículos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936 no  entran en contradicción directa con las referidas normas del  Código Civil, el Código Fiscal, el Código  General del Proceso, la Ley 160 de 1994 y la Constitución  Nacional, ya que al leerse en conjunto se descubre que el conflicto  entre estas es apenas aparente. Lo anterior, debido a que la  presunción de bien privado se da ante la explotación  económica que realiza un poseedor,  y, como se observó, en lo que se refiere a los bienes baldíos  no se puede generar la figura de la posesión sino de la mera  ocupación.  
Por lo  anterior, no se puede concluir que una norma implique la derogatoria  de la otra o su inaplicación, sino que se debe comprender que  regulan situaciones jurídicas diferentes y que deben ser  usadas por el operador jurídico según el caso. Es por  ello que el legislador, de forma adecuada, previo cualquiera de estas  situaciones en el Código General del Proceso, brindándole  al juez que conoce del proceso de pertenencia las herramientas  interpretativas para resolver el aparente conflicto normativo, así  como las herramientas probatorias para llevar a una buena valoración  de la situación fáctica. Reconociendo, sin lugar a  dudas, que en todos los casos en los que no exista propietario  registrado en la matrícula de un bien inmueble, debe  presumirse que este es un bien baldío.  
En  conclusión, el juez debe llevar a cabo una interpretación  armónica y sistemática de las diferentes normas  existentes en torno a tan específico asunto, tales como los  artículos 1º de la Ley 200 de 1936; 65 de la Ley 160 de  1994, 675 del Código Civil, y 63 de la Constitución  Política, sin desconocer que existe una presunción  iuris  tantum en  relación con la naturaleza de bien baldío, ante la  ausencia de propietario privado registrado, pues tal desconocimiento  lo puede llevar a incurrir en un defecto sustantivo por aplicar una  regla de manera manifiestamente errada, sacando la decisión  del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica  aceptable  (CC  T-548/16 y T-488/14).  
2.2.	Por  ende, no es que exista una interpretación errada, lo que  aconteció fue que la Corte Constitucional acudiendo a la  hermenéutica del balance o ponderación3  frente a un conflicto interpretativo de estas dos presunciones (una  que beneficia al particular que explota el terreno del que se  desconoce dueño, que puede consolidar el dominio a través  del modo de la ocupación, siempre y cuando cumpla los  presupuestos de los artículos 1º y 2º de la ley 200  de 1936; la otra señalada en el canon 48 de la ley 160 de  1994, prevé ante la inexistencia de propietario conocido se  presume que es un bien baldío), mediante una interpretación,  crea una jerarquía axiológica no dada por el  legislador, derogando para el caso en particular la primera de  aquellas presunciones y privilegiando la segunda.  
2.3.	Por su parte,  esta Sala de Casación Civil, a través de la sentencia  revocada por la Corte Constitucional, llegó a una conclusión  diferente, privilegió la presunción de la explotación  económica a favor del particular; y sacrificó la que  beneficia al Estado, partiendo de la base que el fin que se busca con  la ley 200 de 1936 es la explotación económica del  predio y no su inactividad, que no genera ganancia alguna, ni para el  propio Estado, y sí se le garantiza el derecho que tiene el  campesino de acceder a la tierra.  
2.4.	Por  lo tanto, se trata de dos interpretaciones diversas ante un conflicto  -no de yerro alguno- ante lo cual la guardiana de la Constitución  adoptó una decisión aplicando la interpretación  de ponderación de intereses, sobre la cual la doctrina ha  dilucidado.4  
2.5.	En ese orden,  teniendo en cuenta el mentado pronunciamiento de la Corte  Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, así  como por respeto a la institucionalidad en tratándose de  precedentes, que deben observarse en virtud del principio de igualdad  y la coherencia del sistema jurídico, la presente providencia  se edificara en la interpretación adoptada por esa  Corporación.  
Tal  acogimiento va en concordancia con lo que ha venido señalando  la doctrina especializada, según la cual «[u]na  decisión de un tribunal o un juez, tomada después de un  razonamiento sobre una cuestión de derecho planteada en un  caso, y necesaria para el establecimiento del mismo, es una  autoridad, o precedente obligatorio, para el mismo tribunal y para  otros tribunales de igual… rango, en subsiguientes casos en que se  plantee otra vez la misma cuestión; pero el grado de autoridad  de dichos precedentes depende necesariamente de su acuerdo con el  espíritu de los tiempos o el juicio de subsiguientes  tribunales sobre su corrección como una proposición  acerca del derecho existente o real».5  
2.6.	Se  destaca, también, que para  arribar a las conclusiones contenidas en la referida sentencia  T-548/16, el máximo órgano patrio en lo constitucional,  además de lo atrás expuesto, consignó, en lo  medular, que:  
…la  acción de tutela se presenta con el fin de que se revoque el  fallo del 14 de noviembre de 2014 proferido  por el  Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja,  el cual decretó  la prescripción adquisitiva del domino en favor de…  Rosa  Lilia Ibagué Cuadrado,  respecto del predio denominado “Miravalles” ubicado en la  vereda Casa Blanca del municipio de Sora…  
Según  la entidad accionante (Incoder en liquidación) el referido  fallo  incurrió en distintas causales de procedencia de la acción  de tutela contra sentencias. Principalmente por cuanto: (i) el  Juzgado… debió identificar que el predio… al  carecer de antecedentes registrales era baldío,  (ii) el juzgado debió vincular al Incoder al proceso de  prescripción para que esta entidad estableciera  con certeza la naturaleza del bien objeto de litigio y  (iii) se sustrajo  de la propiedad del Estado el referido predio sin tener competencia  para ello.  
Tanto  el Juzgado accionado como los jueces de tutela que conocieron del  amparo consideran que: (i) la acción de tutela no es  procedente para anular el proceso adelantado y (ii) no es claro que  el predio…  sea baldío, y en esa medida la carga de la prueba respecto de  la naturaleza del bien, recae en el Incoder y no en el prescribiente.  Así mismo, ponen de presente que la sentencia T-488 de 2014  habilitó al Incoder para adelantar el mayor proceso de  recuperación de bienes baldíos en la historia, pero que  al no estar acompañada de un proceso de titulación  masiva, estas acciones han sido vistas por un amplio sector social  como injustas políticas expropiatorias.  
8.2.  Estudio de la procedencia de la acción de tutela…  
De  los antecedentes expuestos esta Sala encuentra que en el caso  concreto la acción de tutela es la herramienta idónea  para perseguir la salvaguarda de los derechos alegados por el  Incoder,  como se pasa a exponer: 

 

8.2.1.  Relevancia constitucional del asunto.   
En el presente  caso cumple con este requisito. En primer lugar, porque la discusión  se circunscribe a la posible vulneración de los derechos  fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración  de justicia, al principio de justicia material y la prevalencia del  derecho sustancial, con ocasión de la decisión  proferida en instancia judicial respecto al decreto de la  prescripción adquisitiva de dominio a favor de un particular,  de un bien cuya naturaleza pareciera no estar bien definida.

 

En segundo  lugar, por la disparidad de posiciones existentes entre los jueces de  la República al interpretar las normas referentes a las  presunciones que deben imperar respecto de los bienes baldíos.  Esto, al encontrarse que esta situación ha sido definida de  una forma por la Corte Constitucional y de otra por la Sala Civil de  la Corte Suprema de Justicia, siendo esta última la posición  que adopta el Tribunal que resuelve la segunda instancia de la tutela  que aquí se revisa.  
Finalmente,  porque en el presente caso podría estar en juego un bien rural  del Estado, cuya protección requiere de respuestas inmediatas  y mecanismos eficaces que garanticen el cumplimiento de los fines  establecidos en el artículo 64 de la Constitución  Política y la salvaguarda del patrimonio público.  
8.2.2.  Agotamiento de los recursos judiciales.  
Referente  al requisito de subsidiariedad, la Sala de Casación Civil de  la Corte Suprema de Justicia indicó que “si la tesis  central del resguardo presupuesto por el INCODER, se edifica en que  el bien es baldío, esto es, imprescriptible, el ordenamiento  le ofrece un recurso extraordinario eficaz para someter a juicio sus  pretensiones constitucionales, en defensa del patrimonio público  por medio del recurso extraordinario de revisión ante el juez  competente, indicium rescindens del cual aún no ha hecho uso”.  
Al respecto,  resulta necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo  379 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula lo  atinente a la procedencia del recurso extraordinario de revisión  en materia civil…  
A continuación,  el artículo 380 del mencionado estatuto procesal establece las  causales taxativas de procedencia de dicho recurso…  
Teniendo  en cuenta lo anterior, así como los antecedentes de la demanda  de amparo interpuesta por el INCODER (en liquidación), la  causal contenida en el numeral 7º del artículo 3806  del Código de Procedimiento Civil7,  sería la única que podría eventualmente  ajustarse al caso bajo estudio. Sin embargo, tal como lo advierte la  misma Sala de Casación Civil en el numeral 4.3. De las  consideraciones del fallo de segunda instancia en sede de tutela,  para la fecha en que fue adelantado y fallado el proceso de  pertenencia, el ordenamiento procesal no contemplaba, como el actual,  el deber de vincular al Incoder en ese tipo de actuaciones, lo que  implica que no podría alegarse una indebida notificación  o la omisión de haber sido citado al proceso.  
Ahora bien, el  literal c del numeral 1 del artículo 625 del Código  General del Proceso establece que en los asuntos ordinarios de mayor  cuantía que se encontraran en curso al momento de entrar a  regir la nueva normativa procesal, y ya se hubiere surtido la etapa  de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará  con fundamento en la legislación anterior y, proferida la  sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva  legislación.  
No  obstante, ha de recordarse que las causales de procedencia del  recurso de revisión, son las mismas en los dos códigos  y  que estas son taxativas8  y que ninguna de ellas hace referencia a la causa que motiva la  presente acción de tutela, es claro que no existe otro  mecanismo judicial idóneo para procurar la defensa de los  derechos que el Incoder estima vulnerados, por lo que se desestima el  incumplimiento del requisito de subsidiariedad.  
8.2.3.  Principio  de inmediatez.  
Encuentra  la Sala que el tiempo para examinar la inmediatez en la presentación  de la acción de tutela, no puede ser contado desde la fecha en  que fue proferida la sentencia cuya nulidad se procura, sino desde la  fecha en que el accionante tuvo conocimiento de dicha decisión  y de que la misma podría recaer sobre un bien baldío.  
Así,  se observa en el expediente que el INCODER (en liquidación)  fue informado, por parte de la Registradora Principal de Instrumentos  Públicos de Tunja, acerca de la suspensión a prevención  del registro de la sentencia de pertenencia a que se sustrae este  asunto, mediante escrito radicado el 27 de mayo de 2015 y la  demanda constitucional fue interpuesta 12 de agosto del mismo año.  Es decir, que transcurrieron menos de 3 meses desde la fecha en que  el Incoder fue informado sobre la declaración judicial de  pertenencia y aquella en la que se presentó la tutela objeto  de estudio, tiempo que se considera razonable por la Sala para haber  dado inicio a la presente acción, máxime si se tiene en  cuenta que mediante Sentencia T-488 de 2014 esta Corporación  ordenó al Incoder que, conforme al informe que debía  remitirle la Superintendencia de Notariado y Registro, adelantara  los procedimientos de recuperación de baldíos a los que  hubiera lugar.  
Con  todo, corresponde advertirse que el requisito de inmediatez debe  observarse con cierta flexibilidad en estos casos, ya que se busca la  recuperación de bienes que son sustancial y  constitucionalmente imprescriptibles, por lo que la procedencia de la  acción que garantiza su defensa debe analizarse de acuerdo a  la naturaleza de estos….  
8.3.  Requisitos especiales de procedibilidad…  
8.3.1. Defecto  fáctico.  
En  el caso que ocupa la atención de la Sala, se encuentra que el  Juzgado Primero  Civil del Circuito de Tunja  siendo conocedor de que el bien objeto de litigio no contaba con  antecedentes registrales y, por ende, el inmueble carecía de  dueño reconocido9,  surgían elementos de juicio para pensar, razonablemente, que  el predio en discusión podía tratarse de un bien baldío  y en esa medida no era susceptible de apropiación por  prescripción.  
Tal y como  establecen las normas citadas en el acápite 5 de la presente  sentencia, existen motivos suficientes para presumir que un bien que  no cuenta con antecedentes de registro es un bien baldío,  situación que el juez de conocimiento no analizó en  ningún momento, tal y como se desprende de la sentencia por  medio de la cual declaró la prescripción adquisitiva  del bien en cuestión.  
En  consecuencia, el juzgado no solo omitió valorar pruebas sobre  la situación jurídica del predio “Miravalles”  y desconoció las reglas de la sana crítica, sino que  también omitió sus deberes oficiosos para la práctica  de pruebas conducentes que determinaran si realmente era un bien  susceptible de adquirirse por prescripción.  
En efecto, este  último solo tuvo en cuenta las declaraciones de un vecino y  dos hermanos de la accionante, así como las observaciones de  una inspección judicial para concluir que el accionante había  satisfecho los requisitos de posesión, pero al analizar si el  bien era susceptible de prescripción, le bastó con  concluir que era un bien prescriptible, sin traer a colación  ningún razonamiento jurídico sobre el tema.  
Ahora bien, al  momento de contestar la presente acción de tutela realiza todo  un ejercicio argumentativo en el que afirma que el bien objeto del  proceso de pertenencia es un predio que se encuentra en el comercio y  trae a colación jurisprudencia de la Corte Suprema de  Justicia, tal como la proferida el 28 de agosto de 2000 en el  expediente bajo radicado 5448 que, según afirma es una  directriz que desde antaño ha sido acogida por juzgados y  tribunales de todo el país, a partir de lo cual se ha  dispuesto en numerosas ocasiones la apertura del correspondiente  folio de matrícula inmobiliaria para fundos que carecían  del mismo.  
Al respecto,  estima la Sala que estos argumentos no suplen la ausencia de  valoración probatoria en el fallo aquí demandado.  
Aunado a lo  anterior, el juez omitió el deber que le asiste de ejercer sus  potestades para esclarecer los hechos o circunstancias que rodean las  pretensiones de la demanda y sus implicaciones. Si bien la  normatividad que imperaba al momento de proferir el respectivo fallo  de pertenencia no obligaba la vinculación del Incoder, al no  tenerse la certeza de la calidad jurídica del inmueble objeto  del proceso de pertenencia, el juez debió decretar pruebas  oficiosas como disponer que el citado instituto precisara la  naturaleza del inmueble objeto de prescripción.  
Así,  encuentra la Sala que el juez no solo omitió estudiar el  certificado de tradición y libertad del inmueble, sino que  omitió también solicitar un concepto al Incoder sobre  la calidad del predio, presupuesto sine qua non para dar continuidad  al proceso de pertenencia, toda vez que de la calidad del inmueble se  deriva su competencia.  
Sea esta la  oportunidad para aclarar que la Sala no establece que la carga  probatoria respecto a la naturaleza del bien deba recaer sobre el  particular o sobre el Incoder, lo que se reprocha es la omisión  del juez para procurar la certeza acerca de que el terreno ostente la  calidad de ser un inmueble privado y no del Estado, característica  determinante de la competencia del funcionario.  
8.3.2. Defecto  orgánico.  
De igual  manera, al haber omitido dilucidar la naturaleza jurídica del  bien, incurrió el juzgador de instancia en una falta de  competencia para decidir sobre la adjudicación del mismo, como  quiera que de tal claridad depende establecer cuál es la  autoridad competente para disponer sobre la posible adjudicación  del inmueble.  
Nótese  entonces, que al no estar acreditado que el bien objeto del proceso  de pertenencia es un inmueble privado, el juez tampoco puede tener  clara su competencia para conocer del asunto, debido a que de  tratarse de un bien baldío, la autoridad competente para  pronunciarse acerca del reconocimiento del derecho de dominio sobre  el predio sería el Incoder (en liquidación) ahora en la  Agencia Nacional de Tierra, tal y como lo determina el numeral 11 del  artículo 4 del Decreto 2363 de 2015, en concordancia con el  artículo 65 de la Ley 160 de 1994.  
De  esta manera, tal como se indicó anteriormente, en el asunto  objeto de esta providencia se observa la falta de competencia del  Juzgado Primero  Civil del Circuito de Tunja  para disponer sobre la adjudicación de un terreno respecto del  cual no existe claridad ni certeza de que se trate de un bien  privado, lo que constituye un defecto orgánico que no solo  resulta insaneable, sino que además vulnera abiertamente el  derecho al debido proceso, por lo que habrá lugar a declarar  violado este principio.  
8.3.3. Defecto  Sustantivo  
Tal y como se  desprende de la sentencia que aquí se juzga, así como  de las diferentes manifestaciones del juez en el marco del proceso de  tutela, este pareciese haberse remitido a hacer un análisis  exclusivo de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 200  de 1936.  
Sin embargo,  debe decirse que un análisis profundo de esta norma se extraña  en el fallo de instancia. En tal decisión, el Juez Primero  Civil del Circuito de Tunja trae a colación algunas normas del  Código Civil, recalca lo relativo al proceso de pertenencia,  la prescripción, la figura de la posesión y la suma de  posesiones, pero no hace ninguna referencia a la Ley 200 en la parte  dogmática, así como tampoco lo hace en el caso en  concreto.  
Sin embargo, es  claro que el registro que existe en la Oficina de Instrumentos  Públicos muestra un predio que se encuentra debidamente  inscrito, pero que nunca ha contado con un titular del derecho de  dominio, situación que no suscitó ninguna clase de duda  fáctica o sustantiva en el juez, como hasta ahora se ha visto.  
En  consecuencia, al no haberse generado tal duda en el juzgador este  omitió por completo el estudio jurídico del asunto, y  falló sin tener en cuenta ninguna de las normas estudiadas en  el acápite 4 del presente fallo. Por lo anterior, terminó  por omitir llevar a cabo una interpretación armónica y  sistemática del ordenamiento jurídico a la luz de  principios y valores constitucionales y tomó una decisión  sin aplicar las normas pertinentes para el caso, que posiblemente lo  hubiesen llevado a dictar un fallo diferente, o por lo menos a  vincular al Incoder (en liquidación), ahora ANT, al proceso de  pertenencia.  
Así  las cosas, el yerro advertido por el registrador era evidente en  tanto la decisión judicial recaía sobre un terreno que  carecía de un propietario registrado, por lo cual era  razonable pensar que se trataba de un bien baldío, tal y como  lo presumen el Código Fiscal y la Ley 160 de 1994. De igual  manera, en la nota devolutiva se advirtió que los ocupantes de  tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de  poseedores sino una simple expectativa, de acuerdo al marco legal  vigente. Dicha argumentación fue presentada oportunamente por  el registrador en el acto administrativo mediante el cual se opuso  inicialmente al registro y que puso sobre aviso al Incoder.  
De tal  forma que, tanto la Oficina de Registro, el Incoder y esta  Corporación han caído en cuenta de la ausencia de  estudio que se hizo por parte del juez del proceso de pertenencia en  un proceso en el que se adjudicó un bien que puede  constituirse como baldío. Debe en consecuencia indicarse que  el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja adolece de  un defecto sustantivo…  
8.4.  Aclaraciones  finales…  
8.4.6.	Finalmente,  al notarse que la sentencia del 16 de Febrero de la Sala Civil de la  Corte Suprema de Justicia ha generado una serie de decisiones de  jueces de nivel Municipal y del Circuito, contrarias a los  precedentes de esta Corporación, es necesario solicitar a la  Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” que envíe  copia de la presente providencia a todos los Juzgados Civiles,  Promiscuos y Tribunales Superiores de Distrito del país, con  el fin de recordar a los jueces que en el marco de los procesos de  pertenencia, donde no se tenga claridad de la calidad del bien objeto  del litigio, se debe vincular a la Agencia Nacional de Tierras,  incluso en aquellos regidos por el Código de Procedimiento  Civil.  Igualmente deberá llevar a cabo un proceso de pedagogía  sobre esta sentencia y la T-488 de 2014, con el fin de evitar una  escalada de acciones de amparo por parte del Incoder (en  liquidación), hoy Agencia Nacional de Tierras, en contra de  decisiones de pertenencia adoptadas por jueces de la República.  (CC  T-548/16)  
3.	De  cara al caso concreto que en esta ocasión ocupa la atención  de la Corte, al margen de los hechos narrados en la acción  tuitiva, con fundamento en las anteriores premisas, sin duda, se  muestra necesaria  la intervención del Juez Constitucional, en orden a  salvaguardar los derechos invocados por la sociedad accionante,  habida cuenta de que el estrado judicial acusado incurrió  en diferentes defectos fácticos y sustantivos, pues, además  de omitir analizar las consecuencias derivadas de los antecedentes  registrales del predio «El  Vergel»,  objeto de usucapión, dejó de lado  la  práctica de pruebas a fin de establecer la naturaleza jurídica  del mismo y pasó por alto que, existiendo duda en punto a que  su propietario fuera un particular, resaltando que de certificado  matrícula inmobiliaria se extraía solo una falsa  tradición y venta de mejoras y posesiones, que no un titular  de derecho real, por lo que se debía presumir que era un bien  baldío y, por tanto, imprescriptible.  
En  el sub  exime, se  itera, en la sentencia proferida el 12 de mayo de 2017 por el Juzgado  Primero Civil del Circuito de Buenaventura, se incurrió en  «vía  de hecho»,  al adjudicar la propiedad, por la vía de la prescripción  extraordinaria adquisitiva de dominio, del predio denominado «El  Vergel», a  Jairo Eliecer Martínez González y Nicolás  Alberto Castaño Marín, considerando que éstos  habían cumplido con todos los presupuestos axiológicos  para resultar beneficiados con la mentada figura jurídica.  
Lo  anterior, porque ninguna trascendencia dio el juzgador accionado a la  naturaleza jurídica de tal fundo, omitiendo el deber de  efectuar un análisis conjunto del material probatorio respecto  a tal aspecto e, incluso, de ser oportuno, decretar de oficio la  práctica de las pruebas que se mostraran como necesarias para  adoptar su decisión (artículos 179, 180 y 187 del  Código de Procedimiento Civil y 169, 170 y 176 del Código  General del Proceso), resaltando que de lo acopiado, en principio,  dicho predio contaba, según el folio matrícula  inmobiliaria nº 372-478, con los antecedentes de una falsa  tradición, sin un titular de derechos reales, con lo que,  además, dejó de lado la valoración, incluso, de  las documentales aportadas, como los certificados expedidos por la  Superintendencia de Notaria y Registro y las inspecciones judiciales  en punto a su valor suasorio de cara a determinar si realmente era un  inmueble susceptible de adquirirse por prescripción, pasando  por alto el principio de seguridad jurídica y las pruebas que  de oficio hubiera podido decretar a fin de tener certeza en punto a  la identificación puntual del fundo.  
En  efecto, observa la Sala que respecto al valor probatorio dado por la  sede judicial acusada al folio de matrícula inmobiliaria, pese  a haber advertido, cuando estudio la suma de posesiones, que la  anotación nº 1 iniciaba con una falsa tradición,  situación que no fue saneada, en punto a la naturaleza del  predio objeto de prescripción, en la sentencia del juicio de  pertenencia se consignó que:  
De conformidad  con el artículo 2518 del Código Civil se gana por  prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces  o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído  con las condiciones legales. Como también los otros derechos  reales que no están especialmente exceptuados.  
Mientras que el  artículo 2519 siguiente prevé que los bienes de uso  público no se prescriben en ningún caso. Entonces, son  prescriptibles, y por ende susceptibles de adquirirse mediante el  proceso de pertenencia, todas las cosas corporales que pueden ser  apropiables y los derechos reales no exceptuados; por tanto, se  excluyen los bienes sobre los cuales el propietario ejerce todos sus  poderes, los bienes del Estado (de uso público y fiscales) y  aquéllos sobre los cuales existe prohibición legal para  usucapir, como son las cosas que están fuera del comercio, sin  que en éstas se deban incluir los bienes embargados por  decreto judicial, sino que como tales deben entenderse los que no  obstante ser susceptibles de apropiación, por su propia  naturaleza o por disposición legal, no pueden ser objeto de  propiedad particular exclusiva, como la atmósfera, el mar,  armas de guerra (monopolio estatal), etc.; las servidumbres  discontinúas de todas clases y las continuas inaparentes, los  ejidos municipales, los derechos reales de hipoteca, prenda y censo.  
Y concluyó  que:  
En  relación con el bien inmueble objeto de litigio en este  asunto, no se encuentra a la luz de los requerimientos legales,  ningún impedimento para que el bien objeto de este proceso,  consistente en un inmueble (lote de terreno) descrito líneas  arriba, sea objeto de la declaratoria de pertenencia pretendida por  el actor, toda vez que se trata de una cosa corporal que puede ser  objeto de la posesión humana y que no se encuentra enmarcada  dentro de las prohibiciones legales para la prescripción de  bienes, ya que como se puede apreciar al folio de matrícula  inmobiliaria que se aporta, es de propiedad privada sobre la cual  cabe la prescripción, luego de haberse poseído por  cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos  legales conforme lo establece el artículo 2512 del Código  Civil (folios  422 a 446, cuaderno 1).  
4.	Basta  volver sobre los apartes atrás transcritos de la decisión  del despacho acusado para concluir que allí no existió  una debida valoración de las probanzas recaudas de cara a las  consecuencias sustanciales derivadas de las mismas, como lo exige el  ordenamiento jurídico, relievando que el predio objeto de  usucapión no tenía titular de derechos reales,  resultando un inmueble que no era susceptible de adquirirse por  prescripción,  por lo que, siguiendo las conclusiones de la Corte Constitucional a  las que se hizo mención líneas atrás, debía  presumirse que constituía baldío imprescriptible, a  menos que al interior del juicio se demostrara lo contrario, lo que  obligaba al funcionario judicial acusado a decretar y practicar los  medios de convicción suficientes con el fin de esclarecer la  real naturaleza jurídica del predio, lo que no hizo.  
Aunado  a lo anterior, respecto a la presunción de la naturaleza  jurídica del predio, el accionado erró al no aplicar el  precedente jurisprudencial, pues, se reitera, al carecer dicho fundo  de propietario privado registrado, el mismo debía presumirse  baldío.  
En efecto, la Sala  en casos de similares contornos, ha sostenido que:  
Por  otra parte, le otorgó valor probatorio a un certificado  expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  que, por las circunstancias analizadas en acápites anteriores,  no era idóneo, pues no revelaba con toda certidumbre la  inexistencia de titulares de derechos reales, y adelantó el  proceso contra el poseedor que precedió al actor, quien no  tiene la condición de titular de un derecho real principal,  con lo cual contravino lo estatuido por el numeral 5º del  artículo 407 del estatuto procesal, que determina las personas  contra las cuales debe dirigirse la acción…  (STC12184-2016,  1° sep. 2016, rad. 00014-02).

5.	Luego,  la patente falta de ponderación  de los medios de convicción obrantes en el expediente del  proceso de pertenencia, la indebida presunción aplicada a la  naturaleza del fundo allí denunciado y la omisión del  deber del juez de decretar pruebas oficiosamente, constituyen  defectos que vulneraron el debido proceso; nótese que ante la  ausencia de un titular de derechos reales de aquél,  circunstancia que el fallador pasó por alto, previo  a dictar sentencia, el juzgador debió proceder al decreto de  las pruebas que fueran necesarias, en tanto que las recaudadas eran  insuficientes para determinar que el inmueble era de dominio privado  y, por ello, susceptible de adquirirse por prescripción.  
Además,  el tutelado también debió proceder en la forma  antedicha para establecer las personas contra las cuales debió  dirigirse la acción de pertenencia, o la ausencia de ellas,  ello al observar que si bien la Oficina de Registro de Instrumentos  Públicos de Buenaventura certificó las anotaciones del  folio de matrícula inmobiliaria nº 372-478, de donde se  evidenciaba la falsa tradición y las declaraciones de mejoras  y ventas de posesiones, que no un titular de derecho real, respecto  del predio denominado «El  Vergel»,  pudo convocar a las entidades del Estado para esclarecer tal  situación y no lo hizo.  
En  cuanto a la procedencia del resguardo en tratándose de  falencias en la valoración probatoria, ha dicho la Corporación  que:  
Es  preciso en este punto memorar que según el artículo 187  del Código de Procedimiento Civil [hoy  176 del Código General del Proceso] “[l]as  pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las  reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades  prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de  ciertos actos. (…) El juez expondrá siempre  razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.  Precepto que armoniza con el artículo 304 del citado estatuto  [hoy  280 del Código General del Proceso] que  contempla que la motivación de la sentencia “deberá  limitarse al examen crítico de las pruebas”,  disposiciones que no fueron debidamente observadas por el funcionario  de segundo grado al preterir, se insiste, el examen de los  instrumentos de convicción referidos en el párrafo  precedente, configurando así una vía de hecho.  
Sobre  el punto, ha explicado la Sala que “[u]no  de los supuestos que estructura aquella es el defecto fáctico,  en el que incurre el juzgador cuando sin razón justificada  niega el decreto o la práctica de una prueba, omite su  valoración o la hace en forma incompleta o distorsionando su  contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material  probativo en conjunto o le confiere mérito probativo a un  elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si  bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo  probatorio en el cual deben fundar su decisión y formar  libremente su convicción, inspirándose en los  principios científicos de la sana crítica  (artículo  187 del Código de Procedimiento Civil), también es  cierto que jamás pueden ejercer dicho poder de manera  arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderación  de los medios de persuasión implica la adopción de  criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador;  racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada  elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la función  de administración de justicia que se le encomienda a los  funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente  incorporadas al proceso” (CSJ  STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00; reiterada en STC, 7 mar. 2013,  rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01).  
6.	Por  esa línea, también se evidencia que en su decisión  el  juzgador accionado incurrió en falta de motivación,  pues dejó de lado aspectos relevantes que para el caso  concreto demandaban pronunciamiento expreso de su parte, pues pasó  por alto lo referente a la naturaleza jurídica del predio y su  imprescriptibilidad, desatendiendo sus deberes como juez respecto a  motivar adecuada y suficientemente los fallos que se emitan como  conclusión de los litigios puestos a su consideración.  
Esta  Corporación, sobre la falta de motivación de las  sentencias proferidas por los funcionarios judiciales, ha sido  enfática en señalar que:  
…la  motivación de las providencias judiciales es un imperativo  dimanado del debido proceso en garantía del derecho de las  partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad  intelectual desplegada por el operador jurídico frente al caso  materia de juzgamiento, razón por la cual no puede ser  anfibológica…  (CSJ  STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00;  reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00; y en CSJ  STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01).  
Y que:  
…el  artículo 304 del Código de Procedimiento Civil [hoy 280  del Código General del Proceso] consagra que la sentencia  deberá ser motivada, lo cual se limitará al examen  crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de  equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las  conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y  citando los textos legales que se apliquen, de suerte que la omisión  de tal requisito o su motivación insuficiente o precaria son  razones justificadas para tildarla de vía de hecho, en la  medida que del cumplimiento cabal de tal exigencia depende, en grado  sumo, que las partes puedan hacer uso del derecho de defensa y  contradicción  (CSJ  STC, 24 sep. 2010, rad. 2010-00913-00; reiterada, entre otras, en CSJ  STC, 19 jul. 2013, rad. 2013-01486-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag.  2016, rad. 2016-01267-01).  
7.	Corolario  de lo discurrido en precedencia, se evidencia que la impugnación  propuesta está llamada al fracaso, destacando que el  precedente del cual suplican la aplicación, esto es, el CSJ  STC1776-2016, fue revocado por la Corte Constitucional con fallo  T-548/16, como se dejó dicho.  
Sin  embargo, se impone modificar el fallo del a-quo  constitucional,  en el sentido de invalidar únicamente la sentencia que puso  fin al proceso criticado, que no todo lo actuado en éste, con  el fin  de que la autoridad judicial acusada proceda  a recaudar  los medios de prueba necesarios para verificar el cumplimiento de la  totalidad de los presupuestos esenciales de la acción puesta  en su conocimiento, principalmente los referentes a la  prescriptibilidad del inmueble y a la titularidad de derechos reales  sujetos a registro sobre éste, y posteriormente profiera la  decisión que en derecho corresponda a fin de resolver la  litis,  teniendo en cuenta lo expuesto en esta providencia.  
8.  Finalmente, al margen de lo anterior, en punto a la pretensión  de la parte actora, respecto a que se declare la nulidad de todo lo  actuado en el proceso cuestionado por su supuesta indebida  notificación, así como las demás irregularidades  que aduce, se precisa que de conformidad con lo expuesto, son  situaciones que debe alegar al interior del juicio, previo a que el  fallador profiera nueva decisión, destacando que aquí  no se acreditó que así hubiera procedido ante aquél,  desconociendo el presupuesto de subsidiariedad que rige la  procedencia de esta salvaguarda excepcional.  
DECISIÓN  
En  mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala  de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la  República y por autoridad de la Ley, modifica  los  ordinales «SEGUNDO»  y «TERCERO»  de la parte resolutiva del fallo objeto de impugnación, bajo  el entendido de que con ocasión de la concesión del  resguardo rogado se declara  sin  valor ni efecto la sentencia proferida el 12 de mayo de 2017, que  declaró a Jairo Eliecer Martínez González y  Nicolás Alberto Castaño Marín propietarios por  prescripción extraordinaria de dominio del predio denominado  «El  Vergel»,  ubicado  en  la quebrada Mondomo, del municipio de Buenaventura – Valle del  Cauca, e identificado con matrícula inmobiliaria nº  372-478;  y en consecuencia, se ordena  al  Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura que, en el término  de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación  de esta providencia, proceda a efectuar las gestiones necesarias para  recaudar los medios de prueba que le permitan verificar el  cumplimiento de la totalidad de los presupuestos axiológicos  de la acción de pertenencia, principalmente los relativos a la  prescriptibilidad del inmueble y a la titularidad de derechos reales  sujetos a registro sobre el mismo, y posteriormente, en un término  que no podrá exceder de diez (10) días, profiera la  decisión que en derecho corresponda a fin de resolver el  litigio, atendiendo lo expuesto en la parte considerativa de esta  determinación y disponiendo las comunicaciones de rigor ante  la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva  para que efectúe las correcciones y adecuaciones a que haya  lugar.  
En  lo demás, se confirma  el fallo objeto de impugnación.  
Comuníquese  lo aquí resuelto, por el medio más expedito y eficaz, a  las partes, al a-quo  y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte  Constitucional para su eventual revisión.  
AROLDO WILSON  QUIROZ MONSALVO

Presidente de la  Sala  
MARGARITA  CABELLO BLANCO

Salvamento de voto  
ÁLVARO  FERNANDO GARCÍA RESTREPO  
LUIS ALONSO  RICO PUERTA  
ARIEL SALAZAR  RAMÍREZ  
OCTAVIO AUGUSTO  TEJEIRO DUQUE  
LUIS ARMANDO  TOLOSA VILLABONA

Salvamento de voto

SALVAMENTO DE  VOTO  
Radicación  n.° 76111-22-13-000-2017-00231-02  
Nuevamente  es la oportunidad para reiterar a la Sala mayoritaria que disiento  “in  radice”  de la decisión acogida en el presente asunto.  
1.  En el caso resulta exótica la tutela, por cuanto instituida  para dejar a salvo los derechos fundamentales, la Sala, motu  proprio,  en lugar de dispensar o negar la protección solicitada, la  alzó contra la misma accionante, para desconocer, sin nadie  protestárselo, lo obtenido en un proceso. En otras palabras,  supuso que en contra de alguien, la autoridad judicial denunciada,  había cometido una falta con trascendencia constitucional.  
En  efecto, el caso es que la promotora del amparo venía exigiendo  invalidar la sentencia definitoria del juicio de pertenencia  subexámine  aduciendo que se habían desconocido sus prerrogativas como  poseedora del fundo allí inmiscuido. No obstante, aun cuando  se accedió a anulación del fallo deprecada, ello se  hizo para condicionar la admisión de la demanda, en contra del  libre acceso responsable a la administración de justicia, a la  verificación de la naturaleza del bien y a la totalidad de los  presupuestos axiológicos de la pretensión,  principalmente, los relativos a la posibilidad de la prescripción  adquisitiva y a la titularidad de derechos reales sujetos a registro,  todo ante la aparente ausencia de antecedentes registrales;  obsérvese, nada se definió en torno al quebranto  denunciado por la gestora.  
2.  Como se viene acotando, la posición mayoritaria de esta  Colegiatura modificó el otorgamiento del resguardo, aun cuando  no en el sentido solicitado por la querellante, tras razonar que el  juzgador acusado incurrió en los siguientes defectos:  
“(…)  [L]a patente falta de  ponderación de los medios de convicción obrantes en el  expediente del proceso de pertenencia, la indebida presunción  aplicada a la naturaleza [de  baldío] del  fundo allí denunciado y la omisión del deber del juez  de decretar pruebas oficiosamente, constituyen defectos que  vulneraron el debido proceso; ante la ausencia de un titular de  derechos reales de aquél, circunstancia que el fallador pasó  por alto, previo a dictar sentencia, el juzgador debió  proceder al decreto de las pruebas que fueran necesarias, en tanto  que las recaudadas eran insuficientes para determinar que el inmueble  era de dominio privado y, por ello, susceptible de adquirirse por  prescripción”.  
“Además,  el tutelado también debió proceder en la forma  antedicha para establecer las personas contra las cuales debió  dirigirse la acción de pertenencia, o la ausencia de ellas,  ello al observar que si bien la Oficina de Registro de Instrumentos  Públicos de Buenaventura certificó las anotaciones del  folio de matrícula inmobiliaria Nº 372-478, de donde se  evidenciaba la falsa tradición y las declaraciones de mejoras  y ventas de posesiones, que no un titular de derecho real, respecto  del predio denominado “El Vergel”, pudo convocar a las  entidades del Estado para esclarecer tal situación y no lo  hizo (…)”.  
3. Por tanto, no  se definió de fondo la súplica constitucional; se  insiste, disiento de la decisión adoptada en la determinación  objeto de este pronunciamiento y con la argumentación sustento  de la misma. Estimo necesario salvar voto, por cuanto, allí se  desconoce la línea jurisprudencial que sobre la problemática  suscitada construyó esta Corte en reiterados fallos. Debieron  contemplarse los motivos nodales que por vía de esta acción  se vienen planteando a la judicatura, con respecto a los procesos  adquisitivos del derecho de dominio, tal como se plasmó en las  sentencias STC1776 de 16 de febrero de 2016, rad. 2015-00413-01,  STC5364 de 28 de abril de 2016, rad. 2016-00032-01 y STC7954 de 16 de  junio de 2016, rad. 2016-00018-01.  
3.1.  Si  la tesis central de lo resuelto en este ruego se edifica en que el  bien presumiblemente es baldío, esto es, imprescriptible, esa  conjetura carece de asidero legal, por cuanto, como pasa a  explicarse, no es admisible deprecar tal calidad esgrimiendo  solamente la ausencia de certificado expedido por el Registrador  de Instrumentos Públicos o, de existir ese documento, cuando  en el mismo se consigna la inexistencia de titulares del derecho de  dominio inscrito, ni tampoco, como aquí acontece, en los  eventos en los que existen inscripciones en ese documento, pero en  las mismas no se establece el título originario de dominio.

Aceptar esa  postura desconoce numerosos preceptos legales que avalan la  pretensión de los demandantes en el pleito cuestionado.  
Según  el canon 762 del Código Civil, “(…) [l]a  posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo  de señor y dueño (…)”,  por tanto, quien detenta esta calidad se reputa propietario mientras  “otra  persona no justifique serlo”,  y, por consiguiente, quien así posea desplegará todas  las prerrogativas y obligaciones propias de ese señorío.  
La  anterior, es la más importante y cardinal presunción,  que por centurias han plasmado las Codificaciones Civiles, conjugando  las tesis de Savigny y de Ihering, para tener por propietario al  poseedor mientras otra persona no justifique serlo, así se  dejó definido en el canon 700 del Estatuto Sustantivo Chileno  de 185510,  elaborado por Andrés Bello con sustento en las normas análogas  implementadas en Francia y España; el cual sirvió de  antecedente y sostén al Código Colombiano sancionado en  1873, así como a las legislaciones emitidas sobre la materia  en  Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá.  
Por  tanto, es un precepto con validez no sólo en el ordenamiento  colombiano, sino también en el latinoamericano y en el derecho  continental europeo. Se trata de una presunción iuris  tantum  que exalta la posesión en el ordenamiento civil, y de  consiguiente, la imposibilidad de desconocerla, hasta tanto no se  desvertebren los fundamentos fácticos que la edifican.  
3.2.  En un pronunciamiento, con la solidez que difumina la Corte de 1937,  esta Sala especializada adoctrinó:  
“(…)  La presunción  consagrada por el art. 762, en su inc. 2º, del C.C., tanto  favorece al poseedor demandado como al poseedor demandante. Establece  en términos generales, no sólo para efectos del juicio  reivindicatorio sino también para todos los de la posesión,  que el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no  justifique serlo. La posesión es un hecho que proporciona  ventajas jurídicas. Ordinariamente no se hace resaltar sino  los que aprovechan al poseedor demandado, como la de no sufrir el  peso de la prueba y como la de estar en vía de hacerse dueño  por prescripción. Pero también están las que  protegen al poseedor demandante; como la misma usucapión; como  la de iniciar acciones posesorias, como la de promover, si es  regular, la publiciana, etc. El molestado en la posesión de la  cosa o el despojado de ella, tiene en la presunción del art.  762 un medio fácil de que se respete su derecho. No  necesita probar dominio sino posesión. Protegiéndose  esta se protege su propiedad presunta  (…)”11  (subrayas fuera de texto).  
3.3.  Como  si no bastara la más que centenaria presunción de la  regla del Código de Bello, inserta en nuestro ordenamiento  privado, también se apuntaló, en forma más  precisa en relación con lo debatido aquí, en los  artículos 1° y 2° de la Ley 200 de 193612,  postulando que se “(…) presume  que no son baldíos, sino de propiedad privada  (…)”  los inmuebles rurales poseídos por particulares, cuando  aquéllos son explotados económicamente “(…)  por  medios positivos propios del dueño, como las plantaciones o  sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual  significación (…)”.  Y en sentido contrario, también se consignó otra  presunción, suponiendo baldíos aquellos terrenos  agrarios que no son objeto de aprovechamiento “en  [es]a  forma”13,  precisamente como epítome de la consagrada en el artículo  675 del Código Civil: “(…) Son  bienes de la Unión las tierras que estando situadas dentro de  los límites territoriales, carecen de otro dueño  (…)”.  
Sin duda, las  presunciones mencionadas guardan relevancia para el entendimiento de  lo que la ley considera como terreno baldío, pues si el  particular lo explota económicamente por medio de hechos  positivos, propios de dueño, como las plantaciones y  sementeras y otros de igual significación, se ha de entender  que es propiedad privada; y si el Estado discute esa calidad tiene  que demostrar lo contrario, esto es, acudir a la otra presunción:  no se ha explotado económicamente el predio y, por tanto,  conserva la condición de bien inculto baldío.

La presunción  relacionada con los predios rurales que no se reputan baldíos,  obliga al Estado a demostrar lo contrario, esto es, que no se dan las  circunstancias que la ley exige para tener en cuenta que un fundo es  de esa naturaleza. Entonces, un terreno, que no sea de los  clasificados como reservados, que sea ocupado con la incorporación  de actividades económicas de explotación como destaca  la ley, se debe respetar.  
Por  sabido se tiene que un terreno baldío es del Estado y es  imprescriptible como el ordenamiento jurídico nacional lo ha  consagrado desde 1882, en la Ley 48, artículo 3: “(…)  Las  tierras baldías se reputan de uso público y su  propiedad no prescribe contra la Nación  (…)”; pasando por el Código Fiscal (Ley 110 de  1912) que dispuso en el artículo 61: “(…) El  dominio de los baldíos no puede adquirirse por prescripción  (…)”.  Además, la Ley 160 de 1994, artículo 65, impuso la  regla de que la propiedad de los terrenos baldíos  adjudicables, sólo pueden adquirirse mediante título  traslaticio de dominio otorgado por el Estado; y, al mismo tiempo,  los ocupantes meramente precarios de tierras baldías, por ese  solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código  Civil y frente a la adjudicación por el Estado sólo  existe una mera expectativa.  
Con  una rotunda reiteración en el ahora derogado Código de  Procedimiento Civil, artículo 407, incorporado con idéntica  redacción en el canon 375, numeral 4, de la Ley 1564 de 2012,  se consigna: “(…) La  declaración de pertenencia no procede respecto de bienes  imprescriptibles o de propiedad de entidades de derecho público  (…)”.  
De vieja data esta  Sala ha conceptuado en casación al respecto:  
“(…)  [E]l requisito [para]  ser prescriptible el objeto materia de pertenencia, es, el de no  tratarse de bienes de uso público ni pertenecer ellos a  entidades de derecho público (Art. 407 núm. 4, C. de  P.C.), no significa sin embargo que, frente a la prescripción  extraordinaria y respecto de fundos rurales, el actor esté en  la obligación de demostrar que el bien no es baldío,  por haber salido del patrimonio del Estado [e]  ingresado al de los  particulares, pues esa exigencia no la impone el legislador, que por  el contrario consagra el principio de prueba de dominio en su favor,  al disponer [ello]  en el artículo  1 de la Ley 200 de 1936 (…)”.  
“(…)  [N]o es válido  sostener que, ante la ausencia de derechos reales en el certificado  de registro inmobiliario correspondiente, éste tenga que  considerarse baldío, ni tampoco que si la Ley autoriza en esas  condiciones el inicio del proceso de pertenencia es para que (…)  se acredite por el actor [el  cumplimiento de] las  condiciones de los artículos 3 y 4 de la Ley 200 de 1936  (…)”14.  
4.  En  el asunto bajo examen, se hace necesario definir o identificar si el  predio, que fuera prescrito por el allá accionante para la  declaración de pertenencia, es baldío, por la elemental  consideración que si resulta efectivamente serlo podría  alegarse o sostenerse que la prescripción, definida en el  proceso en comentario, es contraria al ordenamiento en cuanto la  naturaleza del bien impide una declaración de dominio en ese  sentido; o, por el contrario, para concluir que es propiedad privada  y, por consiguiente, sujeto y objeto, con seguridad jurídica,  al reconocimiento del dominio por prescripción.  
Si  el predio se presumía bien privado, y de ese modo se demostró,  la prescripción adquisitiva declarada por el Juzgado tutelado  goza de pleno sustento de legalidad, no solo por lo advertido  precedentemente sino porque se cumplió con el rito exigido en  la norma adjetiva vigente.  
En  este tipo de litigios, corresponde al Juez verificar y controlar la  pertinencia y legitimación de la pretensión invocada,  aplicando para ello lo previsto en el Código General del  Proceso, así como en las disposiciones particulares sobre la  materia. Ha de observar especial celo en la instrucción y  valoración probatoria, y en la utilización de las  disposiciones sustantivas a fin de constatar la existencia de  elementos de juicio suficientes para declarar la prescripción  adquisitiva de dominio, y evitar, a toda costa, que estos pleitos se  utilicen para concentrar la propiedad, destruir reservas y  ecosistemas, aniquilar bosques, selvas o fuentes hídricas,  etc.; o para apropiarse de baldíos nacionales aportando  pruebas deleznables, o adelantando procedimientos espurios.  
Un  análisis constitucional como el subjúdice  se  enfila exclusivamente a determinar el quebranto o no de garantías  fundamentales, sin que pueda el juez de tutela inmiscuirse en el  pleito, en aras de establecer si el acervo probatorio resultaba o no  suficiente para declarar la pertenencia.  
5.  De otra parte, debe  precisarse que el certificado expedido por el registrador de  instrumentos públicos, es exigido en los juicios de  pertenencia15  con la única finalidad de “(…) identificar  los legítimos contradictores de la pretensión, que no  son otras personas que en él figuren como titulares de  derechos reales, pero en manera alguna [sirve  para] demostrar  que el bien es de propiedad privada (…)”16.  
Por tanto, en caso  de no constar en ese documento inscrito ningún particular  titular del derecho de dominio, no se colige la calidad de baldío  del fundo, sino que, para formar adecuadamente el contradictorio, se  dirige la demanda en contra de personas indeterminadas.  
Sobre el  particular, la Corte Constitucional expresó:  
“(…)  El certificado  expedido por el registrador de instrumentos públicos, de que  trata el numeral 5o. del artículo 407 del C.P.C., demandado,  constituye un documento público (C.P.C., art. 262-2) que  cumple con varios propósitos, pues no sólo facilita la  determinación de la competencia funcional y territorial  judicial para la autoridad que conocerá del proceso -juez  civil del circuito del lugar donde se encuentre ubicado el inmueble  (C.P.C., art. 16-5)-, sino que también permite integrar el  legítimo opositor, por cuanto precisa contra quien deberá  dirigirse el libelo de demanda”.  
“Así  se tiene que, el sujeto pasivo de la demanda de declaración de  pertenencia estará conformado por la persona o personas que  aparezcan en el aludido certificado como titulares de derechos reales  principales sujetos a registro -propiedad, uso, usufructo o  habitación- sobre el bien en litigio, a quienes se les  notificará del auto admisorio de la demanda, permitiéndoles  iniciar la correspondiente defensa de sus derechos. Si en ese  documento no se señala a nadie con tal calidad, porque no hay  inscrito o no se ha registrado el bien, se daría lugar al  certificado negativo, obligando dirigir la demanda contra personas  indeterminadas (…)”.  
“(…)  Puede suceder que  en relación con el bien exista total certeza por parte del  Registrador sobre la ausencia de registro de dichos derechos reales  en cabeza de alguna persona y en ese orden de ideas no tenga ninguna  dificultad para expedir el certificado negativo respectivo donde  conste que "no aparece ninguna" persona como titular "de  derechos reales sujetos a registro". Caso en el cual podrá  admitirse la demanda en contra de personas indeterminadas y darse  curso a la actuación en los términos señalados  en el Código de Procedimiento Civil  (…)”  (subrayas fuera de texto)17.  
En un reciente  fallo conceptuó acerca de la pertinencia de ese elemento  demostrativo:  
“(…)  La exigencia de  aportar el folio de matrícula inmobiliaria para acreditar la  propiedad sobre los predios sobre los cuales se reclamaba no  implic[a]  una actuación arbitraria o caprichosa por parte de la  autoridad judicial accionada. Antes bien, con ella se da cumplimiento  a las disposiciones del Código Civil que disciplinan la  transmisión de dominio sobre los bienes raíces, la cual  requiere el otorgamiento de escritura pública y su  correspondiente inscripción en la oficina de registro de  instrumentos públicos. Por tratarse de una solemnidad exigida  por la ley, la constancia de la inscripción en el registro  como prueba de la tradición de bienes inmuebles no admite ser  suplida por testimonios u otros medios probatorios  (…)”18.  
Admitir  lo aducido en el fallo del cual se disiente, equivale a revertir  injustificadamente la carga de la prueba en detrimento de los  particulares para favorecer a una entidad pública, cuando,  contrariamente, es deber del Estado propender por garantizar el  acceso a la administración de justicia sin mayores trabas que  las previamente estatuidas en la Ley.  
El  hecho de que supuestamente no aparezca anotado en la Oficina de  Registro de Instrumentos Públicos del lugar de ubicación,  un predio rústico con el nombre de persona como propietaria,  no puede constituir indicio suficiente para pensar que se trata de un  bien baldío, y por tanto imprescriptible, ni puede apreciarse  que deriva inferencia que lleve a esa conclusión.  
6.  Al  rompe, las  disquisiciones precedentes demuestran con suficiencia la inviabilidad  de otorgar el amparo en los términos expuestos por la mayoría  de la Sala y con fundamento en el precedente de la Corte  Constitucional expuesto en la sentencia T-488 de 201419,  en el cual, una de sus Salas de revisión de tutelas, con  salvamento de voto, en un caso de similar acontecer fáctico,  equivocadamente omitió aplicar la presunción de  propiedad privada fijada en la Ley 200 de 1936, sustentando tal yerro  solamente en que en el certificado expedido por registrador de  instrumentos públicos del inmueble reclamado “no  figuraba persona alguna como titular de derechos reales”.  
En su lugar, debió  analizarse a profundidad el reclamo elevado por la empresa actora,  para determinar si existieron los vicios alegados en el escrito  genitor.  
6.1.  Las presunciones ampliamente debatidas en este escrito, previstas en  los arts. 1, modificado por el 2 de la Ley 4 de 1973, 2 y 3 de la Ley  200 de 1936, consistentes: la primera, en que “(…) se  presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los  fundos poseídos por particulares, entendiéndose que  dicha posesión consiste en la explotación económica  del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como  las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y  otros de igual significación económica  (…)” (art. 1); y la segunda, “(…)  presum[ir]  baldíos  los predios rústicos no poseídos en [esa]  forma  (…)”,  han sido desarrolladas por la doctrina de esta  Corte, siguiendo las tesis de R. Von Ihering, en las sentencias  siguientes: Cas. del 24 de julio de 1937, XLV, 329; Sent. S. de n.  G., del 9 de marzo de 1939, XLVII, 798;  Cas. del 18 de mayo de 1940,  XLIX, 311. La del art. 1 de la Ley 200 de 1936, modificado por el 2  de la Ley 4 de 1973: “(…) Se  trata de una presunción a favor de los particulares y en  contra de la Nación con que el art. 1 reformó la  presunción tradicional de dominio establecida por los arts.  675 del C.C. y 44 del C. F.  (…)” (Sent. 22 de junio de 1956, LXXXIIII, 74; 31 de  julio de 1962, XCIX, 172).  
Las  dos, complementarias entre sí, hallan asiento sólido en  la propia ley y en la doctrina jurisprudencial de esta Corte; pero  cuando, la decisión de tutela T-488 de 2014 encuentra defecto  fáctico en el proceder del juez de la pertenencia porque en el  predio  “Lindanal”  “(…) no  figuraba persona alguna como titular de derechos reales  (…)”, y al mismo tiempo el prescribiente reconoció  “(…) que  la demanda se propuso contra personas indeterminadas  (…)”, y pese a ello el juez  consideró que “(…)  el  bien objeto de la demanda es inmueble que “puede ser objeto de  apropiación privada” (…)”,  y como secuela, surgían “(…) indicios  suficientes para pensar razonablemente que el predio en discusión  podía tratarse de un bien baldío y en esa medida no  susceptible de apropiación por prescripción  (…)”,  y de consiguiente, se incurría en  desconocimiento del precedente y en defecto orgánico por  incompetencia, infringe rectamente y de tajo, tanto las presunciones  citadas e instaladas en el ordenamiento patrio desde 1936, que han  servido de apoyo a innumerables decisiones políticas para la  reforma agraria del país y a repetidas sentencias judiciales.  
Así  mismo, desecha la abigarrada doctrina probable de esta Corte, luego  reiterada en las sentencias de casación del 16 de diciembre de  1997, expediente 4837; del 28 de agosto de 2000, exp. 5448,  reiterando la del 9 de marzo de 1939, G. J. XLVII, p. 798; según  las cuales, se presume “(…) que  no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos  por particulares  (…)” (art. 1 de la Ley 200 de 1936, modificado por el 2  de la Ley 4 de 1973), cuando hay explotación económica  del suelo con actos positivos propios de dueño; y por  supuesto, a la sentencia C-383 de 2000 de la propia Corte  Constitucional, cuando juzgó la exequibilidad de la regla 407  del entonces vigentes Código de Procedimiento Civil sobre la  posibilidad de demandar a indeterminados con apoyo en certificado  registral negativo, en el imperio del Código procesal de 1970.  
6.2.  Bajo el entendimiento de la sentencia T-488 de 2014, por vía  de la revisión eventual de una acción constitucional  “interpartes”  y resuelta por una Sala de decisión, donde uno de los  integrantes salvó voto parcialmente, adviértase, no  solo se descartan las reglas 1, 2 y 3 de la Ley de Tierras del  treinta y seis, como se viene discurriendo; también resultan  quebrantados, por integrar conceptualmente el mismo plexo normativo,  el art. 12 ejúsdem,  modificado por el art. 4 de la Ley 4 de 1973, y de contera, los arts.  51 y 52  de la Ley 9 de 1989. El art. 12  por medio del cual se estableció  “(…) una  prescripción adquisitiva del dominio en favor de quien,  creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías, posea en  los términos del artículo 1 de esta Ley, durante cinco  (5) años continuos, terrenos de propiedad privada no  explotados por su dueño en la época de la ocupación,  ni comprendidos dentro de las reservas de la explotación, de  acuerdo con lo dispuesto en el mismo artículo  (…)”; prescripción que cubre exclusivamente “(…)  el  terreno aprovechado o cultivado con trabajos agrícolas,  industriales o pecuarios y que se haya poseído quieta y  pacíficamente durante los cinco (5) años continuos y se  suspende en favor de los absolutamente incapaces y de los menores  adultos  (…)” (ejúsdem).  El 51 de la Ley 9 de 1989, en cuanto reduce la prescripción  extraordinaria y ordinaria de dominio para viviendas de interés  social a los términos de 5 y 3 años respectivamente;  preceptiva última que morigera la obligación de  presentar el certificado del registrador.  
6.3.  Del mismo modo, desconocería la Ley 1561 de 2012, derogatoria  de la Ley 1182 de 2008, cuyo propósito ha sido, según  el Congreso colombiano, el de promover el acceso a la propiedad  mediante un proceso especial, que fija competencia en los jueces  municipales, no en el Incoder en Liquidación, hoy Agencia  Nacional de Tierras, para “(…) otorgar  título de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles  urbanos y rurales de pequeña entidad económica, y para  sanear títulos que conlleven la llamada falsa tradición,  con el fin de garantizar seguridad jurídica en los derechos  sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el  despojo o abandono forzado de inmuebles  (…)” (art. 1 de la Ley 1561 de 2012).  
La  Ley 1561 de 2012 autoriza al juez para otorgar título de  propiedad a “(…) [q]uien  tenga título registrado a su nombre con inscripción que  conlleve la llamada falsa tradición, tales como la enajenación  de cosa ajena o la transferencia  de derecho incompleto o sin antecedente propio, de conformidad con lo  dispuesto en la ley registral,  lo saneará, siempre y cuando cumpla los requisitos previstos  en esta ley  (…)” (subrayas de la Sala, art. 2 de la misma Ley). Y  dentro de los anexos de la demanda, deberá adjuntarse según  el art. 11, si la pretensión es titular la posesión,  “(…) certificado  de tradición y libertad o certificado de que no existen o no  se encontraron titulares de derechos reales principales sobre el  inmueble  (…)”.  
6.4.  Es cierto. En el  artículo 48 de la Ley 160 de 1994 se determina el  procedimiento de clarificación de la propiedad de predios  rurales a cargo del Incoder en Liquidación, hoy Agencia  Nacional de Tierras, pero el mismo no puede imponerse como paso  previo o prerrequisito al juicio de pertenencia o de cualquiera de  los asuntos previstos para usucapir autorizado a los jueces para su  trámite. Tampoco ese precepto 48, ni otros, han abolido del  ordenamiento las presunciones contenidas en el Código Civil, y  en los cánones 1º y 2º de la Ley 200 de 1936,  estudiadas en precedencia.

Si  el juicio se halla con efectos de cosa juzgada bajo los cánones  del C. P. C. o de las disposiciones agrarias contempladas en el  Decreto 2303 de 1989 o de una diferente, no puede removerse tan caro  instituto por esta vía para decirse que debe aplicarse con  efectos retroactivos, la ahora benéfica disposición del  C. G. del P., que impone la citación del Incoder en  Liquidación, hoy Agencia Nacional de Tierras y de otras  entidades, para esa clase de litigios.  
No obstante,  corresponde al juez ser extremadamente cauto al declarar el dominio,  tomando las medidas pertinentes para prevenir el fraude o la  apropiación indebida de los bienes fiscales, como el caso de  los baldíos.  
Claro,  en este escenario que se plantea a los jueces, es bienvenido el  precepto 375 del C. G. del P., num. 620,  en concordancia con el canon 48 de la Ley 160 de 1994, porque  contribuye a solucionar hacia el futuro, problemas de diferente  orden, que no es del caso abordar, en relación con la  concentración o redistribución de la tierra en pocas o  muchas manos, la productividad de las mismas, clarificación de  tradiciones entre los intereses del Estado respecto de los  particulares para reputarlos o no como bienes de dominio privado, los  fundos reservados y los destinados para cualquier servicio o uso  público, así como la delimitación y  clarificación de las tierras de resguardo o las adjudicadas a  las comunidades negras, vigencia de las presunciones, deberes  judiciales, protección ambiental; incidencia de la minería,  parques, reservas naturales; en fin, en cuestiones como la  actualmente planteada a esta Corte. Sin duda, como ya se anunció  en páginas anteriores, la concurrencia del Estado con adecuada  y técnica defensa de éste, permitirá zanjar  equitativamente las múltiples controversias que sobre la  naturaleza y finalidad del suelo desde el punto de vista  constitucional, demandan una lectura dinámica en consonancia  con los principios, valores y derechos constitucionales frente a la  propiedad territorial. Pero, itérase, es sólo a partir  de la vigencia del C. G. del P., que se obliga al juez del proceso  declarativo según la regla 375 numeral 6, citar a esas  entidades públicas, en el caso de pertenencia de inmuebles.  
La  regla 48 de la Ley 160 de 1994, recientemente reglamentada por el  Ministerio de Agricultura, a través del Decreto Nº 1071  de 2015, es un instrumento de indiscutible valor para el Incoder en  Liquidación, hoy Agencia Nacional de Tierras, pues estatuye  los procedimientos administrativos de clarificación de la  propiedad, y de deslinde y recuperación de baldíos. Ese  trámite no ha sido parte ni es exigencia de los procesos a  cargo de los jueces, y de ningún modo  extingue la posibilidad de reclamar la usucapión de inmuebles  agrarios.  
Nótese,  el objeto de la Ley 160 de 1994 fue el de “(…) crea[r]  el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino,  (…)  establece[r]  un subsidio para la adquisición de tierras, (…)  [y]  reforma[r]  el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (…)”,  y de su contenido no brota derogación ni modificación,  expresa o tácita, explícita o implícita, de la  filosofía establecida en la Ley 200 de 1936, ni mucho menos,  de la más que centenaria presunción contenida en el  inciso 2º del canon 762 del Código Civil, como en su  oportunidad si lo hizo la inexequible Ley 1152 de 200721,  en relación con las premisas debatidas aquí de la Ley  200.  Aquélla regla 48, establece unos procedimientos  gubernativos a cargo del Incoder en Liquidación, hoy Agencia  Nacional de Tierras, para clarificar la propiedad, incluyendo la  forma de acreditar el derecho, determinar las pertenecientes al  Estado y a los particulares, así como la ocupación  indebida de baldíos, y en ella, limita la competencia a la  titulación de los bienes adjudicables; entre otros, los  baldíos, clasificación dentro de la que no caben los  que no son baldíos por estar cobijados por la presunción  de propiedad prevista en la Ley 200 de 1936.  
6.5.  No sobra agregar, que por la misma senda, y según las  determinaciones tomadas en esa acción, se repudiaría la  historia registral del país, que se caracteriza por ser  incompleta y anacrónica. Un registro imparcial e integral no  puede imponerse exclusivamente a los particulares; pero finalmente,  esa decisión, traduce la confusión entre la prueba con  el mismo derecho de propiedad.  
6.6.  La Corte Constitucional ha expedido numerosa jurisprudencia sobre el  tema agrario, tales como las sentencias SU-23522  y SU-42623  de 2016, en las cuales se puso de relieve el problema de acceso a la  tierra por parte de la población campesina víctima, así  como las dificultades que trae consigo la recuperación de  terrenos irregularmente apropiados por particulares, o por criminales  y grupos al margen de la Ley, todo ello, debido a la equivocada,  contradictoria e incompleta política estatal de repartición  de bienes.  
En  esas providencias es loable el esfuerzo de la Corte Constitucional  para formular solución a tan crítico asunto,  propendiendo por la adopción de medidas eficaces y prontas  para librar los baldíos de la tenencia indebida por parte de  terceros o de avivatos de los bienes públicos. Sin embargo,  esos pronunciamientos tienen un fundamento fáctico diferente a  la problemática del sublite.  Además, esta disidencia jamás ha negado la existencia  de los bienes baldíos, los cuales hacen parte del patrimonio  público y requieren de un control estatal estricto.

Asimismo,  ese alto Tribunal expidió los fallos T-54824  y T-54925  de 2016, en los cuales, reiteró la postura edificada en la  providencia T-488 de 2014 ya citada. En la sentencia T-549 de 2016,  esa Corporación, como algo novedoso en su línea  tutelar, reconoció expresamente que en nuestro sistema  jurídico coexistían las dos presunciones, aparentemente  contradictorias entre sí, “una  de bien privado  y  otra de bien baldío”,  la primera, contenida en el artículo 1º de la Ley 200 de  1936, y la segunda en los cánones 762 del Código Civil  y 65 de la Ley 160 de 1994; sin embargo entendió que ese  conflicto normativo “aparente”  debía en todo caso resolverlo el Juez al momento de dirimir el  respectivo juicio de pertenencia.  
Empero,  esas determinaciones transitan por la desafortunada senda trazada por  la providencia T-488  de 2014, sin añadirle nuevos elementos, salvo la admisión  de la existencia y vigencia de las presunciones de la Ley 200 de  1936. Es de advertir, la propia Corte Constitucional se contradice,  pues, luego de ventilar la vigencia de esas presunciones, a renglón  seguido  infiere que “en  todos los casos en donde no exista propietario registrado en la  matrícula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un  bien baldío”.  Esa conclusión invade no solo la esfera decisional del juez al  momento de zanjar un conflicto de usucapión, sino que le  impone al prescribiente la obligación de demostrar el carácter  privado de su fundo, invirtiendo irrazonablemente la presunción  en contra del usuario de la administración de justicia, del  poseedor y del ciudadano. Además desconoce que las fuentes  históricas de información oficiales previstas para la  indagación de la propiedad y las sucesivas transferencias  desde el dominio regalista español no resultan confiables,  incluso para el propio Estado, pues los datos oficiales de catastro y  registro, además de insuficientes, escuetos y caóticos,  siguen hoy sin modernizarse ni depurarse26.  Esta negligencia es endémica y no puede trasladarse al  ciudadano como si éste fuera el responsable de la omisión  histórica del estamento oficial.  
Debe  recordarse que las autoridades públicas por tener  responsabilidad de administrar el catastro y el registro de los  baldíos de la Nación, así como de las tierras  privadas, étnicas y las áreas protegidas, deben generar  una confianza legítima y seguridad jurídica para los  destinatarios de tales datos y, en general, para todos los asociados,  derechos que no pueden quebrantarse prima  facie  por la negligencia del Estado en el ejercicio de dicha tarea.  
Se  vislumbra que en aquellas memoradas decisiones, el Máximo  Tribunal Constitucional procura desconocer la facultad legalmente  atribuida a los jueces naturales del derecho real de dominio de  decidir juicios de pertenencia cuando no hay titular inscrito en el  folio de matrícula inmobiliaria del inmueble cuyas  declaratorias de pertenencia se reclaman, pretiriendo la numerosa  normatividad y doctrina judicial, incluso, la dictada por el propio  juez constitucional, con efectos erga  omnes,  no interpartes,  con carácter imperativo por tratarse de providencias  proferidas en acciones constitucionales de inexequibilidad, tal como  se evidencia en la supra citada sentencia C-275 de 2006, según  la cual:  
“(…)  Puede suceder que  en relación con el bien exista total certeza por parte del  Registrador sobre la ausencia de registro de (…)  derechos reales en cabeza de alguna persona y en ese orden de ideas  no tenga ninguna dificultad para expedir el certificado negativo  respectivo donde conste que "no aparece ninguna" persona  como titular "de derechos reales sujetos a registro". Caso  en el cual podrá admitirse la demanda en contra de personas  indeterminadas y darse curso a la actuación en los términos  señalados en el Código de Procedimiento Civil  (…)”  (subrayas fuera de texto)27.  
En  el asunto objeto de disenso no hay lugar a conceder el resguardo en  los términos esbozados por la posición mayoritaria,  pues los jueces accionados no han incurrido en quebranto  iusfundamental  en  la forma definida por esta Corte, pues se han limitado a aplicar  razonada y válidamente la legislación aplicable a la  usucapión, inclusive, se insiste, ese debate ni siquiera fue  el que suscitó la interposición del auxilio, el cual,  en últimas, quedó huérfano de análisis.  Las decisiones de las que he venido disidiendo están  proscribiendo injustificadamente la posibilidad de iniciar ese tipo  de pleitos en contra de personas indeterminadas, en eventualidades  avaladas legalmente, por la sentencia C-275 de 2006 imponiendo, de  paso, una carga indebida tanto a las personas interesadas en promover  acciones de pertenencia, como a los Jueces y Magistrados.  
Sin  lugar a dudas, la situación expuesta constituye una afrenta a  los derechos al debido proceso y al acceso a la administración  de justicia, menoscabando los principios de legalidad y de seguridad  jurídica, así como el imperativo supralegal  según  el cual: “(…) Los  jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al  imperio de la ley  (…)”; postura en contravía de los artículos  29, 228, 229 y 230 de la Constitución Política28  y 8, 9 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos29.

7.  En  los anteriores términos, dejo consignado el anunciado  salvamento. Claro, el escenario propio debió ser el juicio  casacional, dada la finalidad política y de coherencia  doctrinaria que corresponde a ese recurso extraordinario, en su  función nomofiláctica para fijar criterios y pautas en  la solución de casos. No obstante, como el problema jurídico  se planteó medularmente por vía de tutela, afectando  derechos fundamentales, compelía entonces abordar el fondo de  la cuestión.  
Fecha,  ut  supra.  
LUIS  ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado  
1  	«Artículo  	1°… Modificado,  	Articulo. 2°, L. 4 de 1973.  	Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los  	fundos poseídos por particulares, entendiéndose que  	dicha posesión consiste en la explotación económica  	del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño,  	como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados  	y otros de igual significación económica.  	
El  	cerramiento y la construcción de edificios no constituyen por  	sí solos pruebas de explotación económica pero  	sí pueden considerarse como elementos complementarios de  	ella. La presunción que establece este Artículo se  	extiende también a las porciones incultas cuya existencia se  	demuestre como necesaria para la explotación económica  	del predio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de  	este, aunque en los terrenos de que se trate no haya continuidad o  	para el ensanche de la misma explotación. Tales porciones  	pueden ser conjuntamente hasta una extensión igual a la mitad  	de la explotada y se reputan poseídas conforme a este  	Artículo.  	
Artículo  	2°…Se  	presumen baldíos los predios rústicos no poseídos  	en la forma que se determina en el Artículo anterior».

2  	«Artículo  	48…  	El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, previa obtención  	de la información necesaria, adelantará los  	procedimientos tendientes a:  	
1. Clarificar  	la situación de las tierras desde el punto de vista de la  	propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio  	del Estado.  	
A partir de la  	vigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad privada sobre  	la respectiva extensión territorial, se requiere como prueba  	el título originario expedido por el Estado que no haya  	perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente  	inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en  	que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término  	que señalan las leyes para la prescripción  	extraordinaria.  	
Lo dispuesto  	en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por medio  	de títulos debidamente inscritos con anterioridad a la  	presente Ley, no es aplicable respecto de terrenos no adjudicables,  	o que estén reservados, o destinados para cualquier servicio  	o uso público.  	
2. Delimitar  	las tierras de propiedad de la Nación de las de los  	particulares.  	
3.  	Determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos  	baldíos…».

3  	Ricardo Guastini. Filosofía del Derecho. Distinguiendo.  	Estudio de teoría y metateoría del derecho. Editorial  	Gedisa. Págs. 167 a 169.

4  	Ob. Cit.

5  	Victoria Iturralde Sesma, El precedente en el common  	law, pág.  	31, citando a la definición de Chamberlain, cit. en R.  	Moschzisker, 1924, pág. 409.

6  	“ARTÍCULO  	380. Causales. Son causales de revisión: //7. Estar el  	recurrente en alguno de los casos de indebida representación  	o falta de notificación o emplazamiento empleados en el  	artículo 152, siempre que no haya saneado la nulidad”.

7  	Ordenamiento  	procesal vigente al momento de ser fallado el proceso de  	pertenencia.

8  	Artículo 380 del Código de Procedimiento Civil y  	artículo 355 del Código General del Proceso.

9  	El  	artículo 675 del Código Civil se refiere a los baldíos  	y es así como prescribe: "Son  	bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas  	dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño".

10  	“(…)  	Art.  	700. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con  	ánimo de señor o dueño, sea que el dueño  	o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra  	persona que la tenga en lugar y nombre de él”.

“El  	poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no  	justifique serlo (…)”.

11  	CSJ.  	Civil. Sentencia de 13 de marzo de 1937, XLIV, 713.

12  	“(…)  	Art.  	1. Modificado por el artículo 2 de la Ley 4ª de 1973. Se  	presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los  	fundos poseídos por particulares, entendiéndose que  	dicha posesión consiste en la explotación económica  	del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño,  	como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados  	y otros de igual significación económica”.

“El  	cerramiento y la construcción de edificios no constituyen por  	sí solos pruebas de explotación económica pero  	sí pueden considerarse como elementos complementarios de  	ella. La presunción que establece este Artículo se  	extiende también a las porciones incultas cuya existencia se  	demuestre como necesaria para la explotación económica  	del predio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de  	este, aunque en los terrenos de que se trate no haya continuidad o  	para el ensanche de la misma explotación. Tales porciones  	pueden ser conjuntamente hasta una extensión igual a la mitad  	de la explotada y se reputan poseídas conforme a este  	Artículo (…)”.

“(…)  	Art.  	2. Se presumen baldíos los predios rústicos no  	poseídos en la forma que se determina en el artículo  	anterior (…)”.

13  	Los preceptos transcritos de la Ley 200 de 1936 están  	vigentes y son aplicables, pese a haber sido derogados por la Ley  	1152 de 2007; pero por virtud a la declaratoria de inexequibilidad  	de esta última normativa mediante sentencia C-175 de 2009,  	recobraron todo su vigor.

14  	CSJ.  	Sentencia de 31 de octubre de 1994, exp. 4306, citada posteriormente  	en el fallo de 28 de agosto de 2000, exp. 5448.

15  	“(…)  	Art.  	407. (…)  	5.  	A la demanda deberá acompañarse un certificado del  	registrador de instrumentos públicos en donde consten las  	personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a  	registro, o que no aparece ninguna como tal. Siempre que en el  	certificado figure determinada persona como titular de un derecho  	real principal sobre el bien, la demanda deberá dirigirse  	contra ella (…)”.

16  	CSJ.  	Sentencia de 28 de agosto de 2000, exp. 5448.  
18  	Corte Constitucional, sentencia SU-636 de 7 de octubre de 2015.

19  	“En  	este caso concreto, la Corte [Constitucional]  	encuentra que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué  	(Casanare) recibió reporte de la Oficina de Instrumentos  	Públicos de Paz de Ariporo indicando que sobre el predio “El  	Lindanal” no figuraba persona alguna como titular de derechos  	reales. En este mismo sentido, el actor Gerardo Escobar Niño  	reconoció que la demanda se propuso contra personas  	indeterminadas. Pese a ello, el Juzgado promiscuo consideró  	que el bien objeto de la demanda es inmueble que “puede ser  	objeto de apropiación privada”.

“Así  	planteadas las cosas, careciendo de dueño reconocido el  	inmueble y no habiendo registro inmobiliario del mismo, surgían  	indicios suficientes para pensar razonablemente que el predio en  	discusión podía tratarse de un bien baldío y en  	esa medida no susceptible de apropiación por prescripción  	(…)”.

20  	“(…)  	en el auto admisorio [se] deberá (…) informar de la  	existencia del proceso a la Superintendencia de Notariado y  	Registro, al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural  	(Incoder), a la Unidad Administrativa Especial de Atención y  	Reparación Integral a Víctimas y al Instituto  	Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) [o a las entidades  	que las sustituyan] para que, si lo consideran pertinente, hagan las  	manifestaciones a que hubiere lugar en el ámbito de sus  	funciones (…)”.

21  	Recuérdese, la  	Corte Constitucional mediante sentencia C-175 de 2009 declaró  	inexequible esa norma.

22  	En esa providencia se ordenó a la Agencia Nacional de Tierras  	proseguir el proceso de recuperación del predio denominado  	Hacienda “Veracruz”,  	el cual estaba en posesión de la familia Marulanda,  	relacionada con grupos paramilitares.

23  	En ese decurso se amparó el derecho al acceso a la tierra de  	la comunidad campesina El Porvenir, esto es, “(…) en  	favor de la población campesina que cumpla con los requisitos  	para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los  	predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423  	del 30 de julio de 2014, expedida por el Instituto Colombiano de  	Desarrollo Rural  	(…)”, ý se ordenó la conformación  	de una Mesa de Trabajo Interinstitucional con el propósito de  	tramitar céleremente los pedimentos de titulación de  	baldíos de las personas de ese colectivo.

24  	En ese asunto se declaró  	nulo el fallo que culminó el proceso de pertenencia tramitado  	por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja respecto del  	fundo “Miravalles”,  	localizado en la vereda Casa Blanca del municipio de Sora, Boyacá,  	cuya extensión es de 5 hectáreas,  	pues  	al no contar tal heredad con “antecedente  	registral”,  	debía presumirse que “podía  	tratarse de un baldío, siendo forzosa la citación del  	Incoder al juicio de usucapión”.

25  	Tal sentencia invalidó  	el pleito de pertenencia que llevó a cabo el Juez Promiscuo  	Municipal de Aquitania, atinente al inmueble rural “El  	Mortiño”,  	ubicado en la vereda de Daito, de esa misma localidad,  	pues  	tal bien no tenía “antecedente  	registral”,  	pudiendo ser un baldío, debiendo entonces “vincularse  	obligatoriamente al Incoder”.

26  	Así lo constató recientemente la Corte Constitucional  	en el Auto 222 de 23 de mayo de 2016, expedido con ocasión  	del seguimiento de las órdenes “estructurales”  	de la sentencia T-488 de 2014, emitidas al Incoder en Liquidación,  	hoy Agencia Nacional de Tierras, particularmente sobre la  	responsabilidad de esa entidad de conformar un inventario de baldíos  	en el país.

27  	Corte  	Constitucional, sentencia C-275 de 5 de abril de 2006.

28  	“(…)  	Art.  	29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones  	judiciales y administrativas”.“Nadie podrá ser  	juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le  	imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la  	plenitud de las formas propias de cada juicio (…)”.

“(…)  	Art.  	228. La Administración de Justicia es función pública.  	Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán  	públicas y permanentes con las excepciones que establezca la  	ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los  	términos procesales se observarán con diligencia y su  	incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será  	desconcentrado y autónomo  	(…)”.

“(…)  	Art.  	229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la  	administración de justicia. La ley indicará en qué  	casos podrá hacerlo sin la representación de abogado  	(…)”.

“(…)  	Art.  	230. Los jueces, en sus providencias, sólo están  	sometidos al imperio de la ley”.

“La  	equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y  	la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial  	(…)”.

29  	“(…)  	Art.  	8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser  	oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo  	razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e  	imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la  	sustanciación de cualquier acusación penal formulada  	contra ella, o para la determinación de sus derechos y  	obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro  	carácter”.

“2.  	Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su  	inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.   	Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a  	las siguientes garantías mínimas:

“a)  	derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor  	o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del  	juzgado o tribunal; “b) comunicación previa y detallada  	al inculpado de la acusación formulada; “ c) concesión  	al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la  	preparación de su defensa; “d) derecho del inculpado de  	defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su  	elección y de comunicarse libre y privadamente con su  	defensor; “e) derecho irrenunciable de ser asistido por un  	defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según  	la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por  	sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido  	por la ley; “f) derecho de la defensa de interrogar a los  	testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia,  	como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz  	sobre los hechos; “g) derecho a no ser obligado a declarar  	contra sí mismo ni a declararse culpable, y

“h)  	derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

“3.  	La confesión del inculpado solamente es válida si es  	hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

“4.  	El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser  	sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

“5.  	El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea  	necesario para preservar los intereses de la justicia. (…)”.

“(…)  	Art.  	9.  	Nadie  	puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de  	cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.   	Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en  	el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a  	la comisión del delito la ley dispone la imposición de  	una pena más leve, el delincuente se beneficiará de  	ello  	(…)”.

“(…)  	Art.  	25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un  	recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo  	ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos  	que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la  	Constitución, la ley o la presente Convención, aun  	cuando tal violación sea cometida por personas que actúen  	en ejercicio de sus funciones oficiales.

“2.  	Los Estados Partes se comprometen:

“a)  	a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema  	legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona  	que interponga tal recurso;

“ b)  	a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

“ c)  	a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de  	toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso  	(…)”.

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