SC665-2019 (2009-00005-01)_1

2019

2 de julio de 2026admin14

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OCTAVIO  AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado  Ponente  
SC665-2019

Radicación  n° 05001 31 03 016 2009-00005-01

(Aprobado  en sesión de veintiocho  de noviembre de dos mil dieciocho)  
Bogotá,  D.C., siete (7) de marzo de dos mil  diecinueve (2019).  
Decide  la Corte el recurso de casación interpuesto por Luz Marina  Gómez Ramírez frente a la sentencia de 20 de febrero de  2014, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito  Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario que la  recurrente junto con Carlos Andrés, Jorge Mario, María  Isabel, José Fernando y Juan Felipe Ramírez Gómez,  promovieron contra Alejandro Quintero Osorio, Diana Patricia Restrepo  Ochoa y Seguros Generales Suramericana S.A.  
ANTECEDENTES  
1.-  Los actores pidieron declarar que sus contendores son civil y  solidariamente responsables de los perjuicios que sufrieron por el  accidente de tránsito ocasionado por el automotor de placa  MLH-607, de propiedad de los convocados y amparado por la aseguradora  citada, ocurrido el 3 de junio de 2007 en el Kilómetro 4 de la  Autopista Norte, a la altura del municipio de Copacabana – Antioquia,  en el cual perdió la vida su esposo y padre Luis Orlando  Ramírez Zuluaga.  
En  consecuencia, se les condene a la indemnización de perjuicios,  así:  
Para  Luz Marina Gómez Ramírez, la suma de setecientos  veintinueve millones de pesos ($729'000.000), por concepto de lucro  cesante, correspondiente a los ingresos dejados de percibir en su  calidad de cónyuge supérstite de Luis Orlando Ramírez  Zuluaga, teniendo en cuenta la edad de éste y descontando lo  concerniente a sus gastos personales. Además, por el  equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales  mensuales vigentes, por el menoscabo moral, y la misma cantidad por  daño a la vida de relación.  
Para  Carlos Andrés y María Isabel Ramírez Gómez,  por el detrimento material, la totalidad de los dineros destinados a  matrículas y demás gastos universitarios entre el 3 de  junio de 2007 y la fecha de expedición de los correspondientes  certificados por las entidades educativas.  
A  título de perjuicios morales, ciento cincuenta (150) SMLMV  para cada uno de los accionantes Carlos Andrés, Jorge Mario,  María Isabel, José Fernando y Juan Felipe Ramírez  Gómez.  
Igualmente,  exigieron la indexación de los  valores reclamados (fls.141 a 143 c.l).  
2.-  El sustrato fáctico del petitum  se contrae a lo siguiente (fls. 131 a 149 ib.):  
El  3 de junio de 2007, Alejandro Quintero Osorio conducía su  vehículo de placa MLH-607, en compañía de Diana  Patricia Restrepo Ochoa, por la Autopista Norte. Al llegar al  kilómetro 4, en el municipio de Copacabana, atropelló a  Luis Orlando Ramírez Zuluaga, quien iba caminando por el andén  y sufrió graves heridas, que a la postre le ocasionaron la  muerte. Para esa fecha, el occiso tenía 63 años de edad  y gozaba de buena salud.  
El  aludido rodante estaba asegurado mediante una póliza de  responsabilidad civil extracontractual, expedida por Agrícola  de Seguros, hoy Suramericana de Seguros S.A.  
La  actuación administrativa fue adelantada por la Secretaría  de Transporte y Tránsito de Copacabana. Una vez se practicaron  las pruebas correspondientes se expidió la Resolución  No.05212-001 de 17 de enero de 2008, en la cual estableció que  el carro circulaba a una velocidad superior a la permitida, declaró  responsable contravencionalmente al demandado por violación de  los artículos 55, 60, 61, 63, 68, 74, 106, 109 y 110 de la Ley  769 de 2002, y exoneró de responsabilidad al fallecido.  
La  Fiscalía 115 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de  Girardota le imputó al conductor el delito de homicidio  culposo. Sin embargo, agotadas las etapas del proceso, el Juez penal  de conocimiento lo absolvió por existir «dudas  en la forma como ocurrió el accidente»,  decisión apelada y confirmada por el superior.  
La  absolución en materia penal no exime al automovilista de su  responsabilidad civil por el ejercicio de una actividad peligrosa y  por lo tanto, los propietarios del vehículo deben responder  por los daños causados, como quiera que pesa sobre ellos una  presunción en ese sentido.  
La  víctima estaba al frente de su empresa, llamada «Constructora  Turipana», que le generaba unos  ingresos mensuales de $4'500.000 y su fallecimiento le generó  perjuicios irreparables a los accionantes.  
3.-  Los convocados se opusieron a las súplicas. (fls. 201 a 205  c.l).  
3.1.-  Alejandro Quintero Osorio y Diana  Patricia Restrepo Ochoa propusieron las excepciones de mérito  que denominaron «causa extraña:  fuerza mayor y caso fortuito», «culpa de la víctima  materializada en la aceptación de riesgos», «reducción  del monto indemnizable» y «excesiva e injustificada  tasación de los perjuicios».  
3.2.-  Seguros Generales Suramericana S.A.  elevó los medios defensivos que llamó «efectos  de la sentencia penal absolutoria en el proceso civil», «causa  extraña, fuerza mayor o caso fortuito», «causa  extraña en la modalidad de culpa exclusiva de un tercero»,  «inexistencia de la obligación de indemnizar por  ausencia de nexo de causalidad», «inexistencia de  solidaridad de parte de la compañía de seguros»,  «indebida acumulación de pretensiones», «exagerada  tasación de los perjuicios solicitados y falta de demostración  de los mismos», «límites del contrato de seguro  para el vehículo particular establecidas en las condiciones  generales del mismo», «exclusiones contempladas en las  condiciones generales del contrato de seguros responsabilidad civil  extracontractual» y «cualquier otra excepción que  se encuentre probada para que se declare de oficio de conformidad con  el art. 306 del C. de P.C.» (fls.  210 a 213 y 241 a 249 ib).  
4.-	El  a quo  culminó la primera instancia declarando probadas las  excepciones de «causa extraña:  fuerza mayor y caso fortuito» y  «efectos de la sentencia penal absolutoria en el proceso civil»  (fl.443 a 455, ib.).  
5.-  El superior confirmó lo decidido al desatar la alzada  interpuesta por los promotores (fls. 32 a 50 c. 7).  
FUNDAMENTOS DEL FALLO  IMPUGNADO  
El  Tribunal para arribar a su decisión, efectuó los  siguientes razonamientos:  
La  Ley 600 de 2000, en su artículo 57, disponía que «la  acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando  en el proceso penal se haya declarado, por providencia en firme, que  la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el  sindicado no lo cometió o que obró en estricto  cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa»  y como el Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004 no  trae una norma semejante, la doctrina ha sostenido la falta de  reglamentación del ordenamiento nacional en ese aspecto, por  lo que ha llenado ese vacío recurriendo a la noción de  «unidad de jurisdicción»,  de manera que no puede haber contradicción entre lo resuelto  por el juez penal y lo que provea sobre el  hecho causante del ilícito el funcionario civil.  
La  decisión penal absolutoria irradia sus efectos en el campo  civil, pero siguiendo los derroteros marcados por la Corte, el examen  que haga el juez civil, debe atender al contenido, a la sustancia, al  análisis que hizo el juez penal, de modo que si advierte que  la providencia penal «es en  realidad hueca, vacía de contenido, huérfana de todo  examen, puede no acogerla». Y si  advierte equivocaciones en la denominación utilizada para  decidir la absolución, deberá darle el real significado  de cara a los postulados de la responsabilidad civil, y en particular  de la causa extraña.  
A  continuación, procedió a reseñar la motivación  y decisiones de la especialidad penal; mencionó  el «dictamen rendido por el Centro  de Experimentación y Seguridad Vial de Colombia (C-5)»  allegado con la respuesta a la demanda, sin efectuar valoración  alguna al respecto, y advirtió que el peatón transitaba  en el mismo sentido que lo hacen los automotores «esto  es dando la espalda a los vehículos, siendo su obligación  transitar por el lado contrario, puesto que así no pone en  peligro su integridad física ya que puede observar de frente  los vehículos que transitan por la carretera»,  contraviniendo el artículo 58 de la Ley 769 de 2002.  
Finalmente,  manifestó que prohijaba la decisión  del juez penal, precisando que su alcance «en  términos de causalidad»  era «que  el sindicado no lo cometió,  estando ausente la responsabilidad penal y civil»,  y que los efectos de cosa juzgada penal absolutoria impedían  continuar con el ejercicio de la acción civil, pues de  conformidad con la jurisprudencia de la Corte, aquella «abarca  todas las hipótesis que caen bajo el denominador común  de causa extraña», lo que  es tanto como asegurar que «el  hecho generador de la responsabilidad que se imputa al procesado no  lo cometió éste».

6.-  Todos los integrantes del extremo  accionante formularon recurso de casación,  no obstante, el ad  quem al momento de pronunciarse sobre  la viabilidad del medio impugnativo, halló que solo a Luz  Marina Gómez Ramírez le asistía interés  para el efecto y en tal virtud únicamente concedió el  recurso por ella propuesto, denegándolo respecto de los demás  (fls. 86 – 97, c. 7).  
LA  DEMANDA DE CASACIÓN  
Se  formularon tres ataques con base en el motivo primero del artículo  368 del Código de Procedimiento Civil, el inicial por la vía  directa y los restantes, por la indirecta.  
Teniendo  en cuenta que los cargos segundo y tercero formulados por la  vía indirecta tienen vocación de  prosperidad, su estudio se efectuará a la par, lo que se  justifica porque combaten el pilar que sustenta la resolución  adversa a sus aspiraciones y se dirigen a demostrar el yerro fáctico  en que incurrió el sentenciador al haberle conferido carácter  de cosa juzgada en el proceso civil a las determinaciones emitidas en  el penal y ambos tienen por  propósito que se reexamine  a fondo el objeto de la litis.  
SEGUNDO CARGO  
Se  invoca el numeral 1° del artículo 368 del Código de  Procedimiento Civil para denunciar la infracción indirecta de  los artículos 64, 1757, 2341, 2343, 2344, 2356 y 2357 del  Código Civil, por error de hecho en el análisis de las  pruebas, por interpretación contraevidente, que condujo al  Tribunal a dar por probado sin estarlo la incidencia de la cosa  juzgada penal absolutoria en este asunto.  
El  proceso penal le sirvió al sentenciador para estimar que el  accidente no fue generado por un hecho culposo imputable a Alejandro  Quintero Osorio, sino que se debió a la intervención de  otro rodante, que incidió en la trayectoria del que era  conducido por el demandado. No obstante, al deducir que la absolución  se produjo porque el inculpado no cometió el injusto penal, le  otorgó un alcance erróneo a las sentencias emitidas por  la jurisdicción penal.  
Al  Juez Penal de primer grado los elementos de convicción no le  proporcionaron "el convencimiento  de la responsabilidad de los acusados, más allá de toda  duda, tal como lo exige el artículo 7° de la Ley 906 de  2004, para dictar sentencia condenatoria en contra del inculpado. Lo  que en últimas se vislumbra en este proceso es una serie de  dudas sobre la responsabilidad del acusado, tal cual lo manifestó  su apoderado en el alegato conclusivo, por lo que en aplicación  del principio in dubio pro reo, deberán absolverse a favor del  acusado".  
La  Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín  consideró, que «la conducta  imprudente de este otro conductor, imprevisible e irresistible para  el acusado, sería la causa eficiente del fallecimiento del  señor Luis Orlando Ramírez, no la velocidad a la que  conducía el acusado Alejandro Quintero. Esta hipótesis  tiene suficiente fundamento en la prueba presentada en juicio. Y  mientras sea fundada y no sea posible infirmarla o descartarla, en  el peor de los casos se está en presencia de una duda  razonable, si no es que  constituye la evidencia de da ausencia de culpabilidad del acusado».  De este modo, el superior no modificó ni alteró la  ratio de la decisión de primera instancia, quedando en firme  lo concerniente a la duda razonable.  
En  esa dirección, la Sala Civil de dicha Colegiatura le hizo  decir a la prueba algo que ella no dijo, cuando manifestó que  el sindicado no cometió la conducta que se le atribuyó,  dado que la verdadera causa de absolución fue la duda  razonable.  
La  hipótesis de la presencia de un automotor adicional que  transitaba simultáneamente con el que le causó la  muerte a Luis Orlando Ramírez, resulta, además de poco  probable, insuficiente para desvirtuar la responsabilidad que surge  del artículo 2356 del Código Civil, puesto que la causa  extraña «no opera,  probatoriamente, con la simple alegación, afirmación o  especulación», sino con la  certeza de que aquel suceso inesperado efectivamente ocurrió y  por la prueba cierta de su intervención en el hecho dañoso.  
Lo  único probado tanto en la jurisdicción penal como en la  civil, es que un vehículo adicional transitaba por la vía  al mismo tiempo del que causó el siniestro, pero en ninguno de  los dos trámites se acreditó la incidencia de ese coche  «fantasma», del que solo se  afirmó que era un «Toyota o  Camioneta 4 x 4», sin suministrar  su real descripción, identificación ni trayectoria, por  lo que no quedó establecido un factor extraño con  alcance de romper el nexo causal.  
TERCER CARGO  
Con  fundamento en la causal primera, se afirma que la sentencia quebrantó  indirectamente los artículos 64, 1757, 2341, 2342, 2343, 2344,  2356, 2357, 2358 y 2359 del Código Civil, por error de hecho  en el análisis probatorio, cuando el ad  quem tuvo por demostrada, sin estarlo,  una causa extraña por ausencia de causalidad jurídica,  lo que generó que no aplicara las normas invocadas y declarara  que no podía «iniciarse o  proseguirse la acción civil».  
Las  pruebas recaudadas tanto en este como en el sumario criminal, así  como las decisiones allí tomadas, permiten concluir que el  Tribunal interpretó erróneamente los fallos de la  jurisdicción penal, al suponer que la absolución del  convocado se dio por no haber cometido el injusto, cuando la razón  de ello fue la duda acerca de su responsabilidad en el hecho  delictivo.  
De  otra parte, a la hora de declarar la cosa juzgada penal, solo tuvo en  cuenta la parte motiva de la providencia de segunda instancia  proferida dentro del procedimiento sancionatorio, más no la  resolutiva, que es la vinculante, según lo ha sostenido la  jurisprudencia de la Corte.  
Por  lo tanto, a partir de la documental, conformada por las sentencias  penales, no estaba justificado el fenómeno en comentario, por  lo que le hubiera correspondido el ad  quem realizar una valoración del  haz demostrativo en conjunto, acorde con la sana crítica, para  concluir que el acontecimiento externo, imprevisible e irresistible  no tuvo lugar.  
La  presencia del otro automóvil carece del grado de certeza que  requiere la prueba de un hecho extintivo de la pretensión  referida en el artículo 1757 del Código Civil y 177 del  Código de Procedimiento Civil, esto es, su plena acreditación  y su injerencia en el resultado dañoso, y en este caso el ad  quem se conformó con acoger una  «especulación valorativa de  otro juzgador».  
De  aceptarse la intervención de un segundo vehículo, ésta  no fue causa determinante del daño, a lo sumo, acarrearía  una responsabilidad solidaria por concurrir un tercero en la  materialización del siniestro, pero ese proceder no rompe el  nexo causal y, por ello, el juzgador no debió presumir la  exclusión de responsabilidad.  
Si  un vehículo fantasma impactó levemente el costado  izquierdo del guarda fango del automotor que impactó de   muerte a Luis Orlando Ramírez, ello no equivale a la certera  demostración de un factor extraño exclusivo y  excluyente de la responsabilidad civil en el ejercicio de una  actividad peligrosa.  
CONSIDERACIONES  
1.-  En el curso de las relaciones jurídicas que se generan entre  las personas, es natural que algunas circunstancias voluntarias o  involuntarias puedan ocasionar distintos impactos vistos desde los  diferentes ámbitos de la jurisdicción, particularmente,  es posible que un mismo hecho tenga relevancia tanto en el campo  civil en lo referente al resarcimiento del daño, como en el  penal si resulta constitutivo de un ilícito, siendo factible  también, que por su naturaleza y condiciones particulares de  acaecimiento solo tenga implicaciones en alguno de esos escenarios o  inclusive en ninguno de ellos.  
Ante  esta gama de posibilidades es preciso preguntarse en determinados  eventos, cuál es la trascendencia de una decisión  absolutoria en materia punitiva sobre una eventual reclamación  civil o un juicio de esa estirpe ya iniciado, y cuya causa petendi  se remonte a la misma situación  fáctica que originó la investigación criminal.  
En  respuesta a ese interrogante, de antaño el legislador penal en  los respectivos estatutos procedimentales había regulado los  denominados «efectos de la cosa  juzgada penal absolutoria», en  orden a esclarecer la suerte de las reclamaciones civiles derivadas  de los mismos hechos.  
Al respecto,  el Código de Procedimiento Penal adoptado por Ley 600 de 2000,  en su regla 57 disponía, «[l]a  acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando  se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante  del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o  que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en  legítima defensa», disposición  que rige para los delitos cometidos con anterioridad al 1° de  enero de 2005, por cuanto los cometidos con posterioridad quedan  sometidos a la Ley 906 de 2004, última que no reprodujo  ni consagró una norma similar a la reseñada, pues en su  artículo 21, consagra el principio de cosa juzgada sin hacer  mención  alguna a sus efectos en materia civil y en el 80  siguiente, solo refirió que la  «extinción  de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada.  Sin embargo, no se extenderá a la acción civil derivada  del injusto ni a la acción de extinción de dominio».  
Así,  teniendo en cuenta que la extinción de la acción penal  es una forma de «dar por terminada  la actuación cuando se presenta una circunstancia que impide  al Estado continuar con la pretensión punitiva, y de contera,  exonera al sujeto pasivo de la acción, de sufrir la imposición  de una sanción, al tener efectos de cosa juzgada»  (AP1529-2016), resulta palmario que la sentencia absolutoria no quedó  contemplada en esa disposición, por cuanto ella se profiere  agotada en debida forma la persecución punitiva, mientras que,  al tenor del artículo 77 ibídem,  son causales de extinción  «muerte del imputado o acusado,  prescripción, aplicación del principio de oportunidad,  amnistía, oblación, caducidad de la querella,  desistimiento, y en los demás casos contemplados por la ley».  
Colígese  de lo expuesto, que en la actualidad en el ordenamiento jurídico  colombiano no existe precepto legal que regule específicamente  los efectos en materia civil de la absolución penal por los  mismos hechos, cuando éstos se hayan presentado después  del 1° de enero de 2005, lo que en modo alguno significa que el  sentenciador en lo civil en cada caso concreto sometido a su  discernimiento, esté exonerado de pronunciarse acerca del  alcance que le confiere a un fallo de esa estirpe.  
2.-  De los efectos de la absolución  penal en el proceso civil.  
En  asuntos relacionados con la responsabilidad  civil originada en hechos que también  han sido o son materia de investigación  penal, el fallo absolutorio que llegue a  producirse en el campo punitivo puede o no tener efectos de cosa  juzgada.  
Lo  anterior porque, aún al amparo del principio de unidad de la  jurisdicción para evitar fallos contradictorios, la liberación  de responsabilidad penal tiene efectos relativos y no absolutos  respecto a la imposibilidad de iniciar o proseguir la pretensión  resarcitoria, pues al tener estas acciones connotaciones y  finalidades distintas, la primera de carácter privado  eminentemente encaminada a la satisfacción de requerimietos  patrimoniales y, la segunda, de naturaleza pública a cargo del  Estado en defensa de los intereses de la sociedad, las razones por  las cuales se conceda la absolución penal no necesariamente  liberan al responsable del daño de su reparación en la  acción que se inicie en su contra con ese propósito.  
Al  respecto, resulta provechoso iterar lo  expresado en SC de 12 oct. 1999, rad. 5253,  
Bajo  la premisa de que un mismo hecho puede generar diversas proyecciones  en el ámbito jurídico en general,  y particularmente en  los campos penal y civil,  el primero de los cuales sería  llamado a establecer la infracción de la ley punitiva y el  segundo a examinar el aspecto resarcitorio de la misma conducta,   ello sólo avista la eventualidad,  inconveniente como la que  más,  de que haya sentencias excluyentes,  siendo que,  por  imperio de la lógica,  la verdad no pudo ser sino una sola.   Muy grave se antoja,  por cierto,  que en tanto la justicia penal  proclame libre de culpa al sindicado,  la civil,  antes bien,  lo  condenase al abono de perjuicios.  
Puesta  en guardia ante tamaño despropósito, la legislación  ha pretendido establecer algunos diques para impedirlo, entre los  cuales destaca el secular principio de la cosa juzgada penal  absolutoria (…). Quiérese garantizar así una  dosis mínima de coherencia del sistema jurídico, y que,   por lo mismo,  el tráfico social no se resienta de manera  palmaria.  
En  aras de fijar las pautas para la definición  de estos cargos, es menester detenerse en el estudio del instituto de  la cosa juzgada penal absolutoria, considerando la falta de  regulación en el texto de la Ley 906 de 2004 y los precedentes  fijados en la materia.  
2.1.-  Para comenzar, se  pone de relieve lo dicho por la Corte  en SC de 14 mar. 19381,  en la cual dejó sentadas importantes premisas que ilustran el  tema y constituyen un invaluable aporte en la actualidad dado el  vacío normativo,  
[l]a  acción civil derivada de la sola culpa no puede ser afectada  ni detenida por la acción criminal, dada la diferencia de  causales y de fines. El estudio de aquélla y de la sola culpa  en que se basa no puede significar violación de la cosa  juzgada en el juicio criminal y establecida sobre el delito en la  sentencia dictada respecto de éste, tanto por las razones ya  expresadas, cuanto porque la controversia civil sobre la  indemnización no puede entenderse surtida y decidida en el  fallo de la autoridad en lo criminal que se ha concretado y debe  concretarse, en su caso, a absolver sobre el delito.

(…)  
Si  el juez en lo penal, conceptuando que no hubo delito, sobresee o  dicta sentencia absolutoria, el imputado queda libre en razón  del delito; y cualesquiera que hayan sido las razones de aquel  concepto, las que, como es de rigor, se exponen en la parte motiva  del fallo, éste deja juzgado sólo el delito, que es lo  que en la parte resolutiva se decide. (…).  
Una  sentencia condenatoria en lo criminal anticipa base firme a la del  pleito civil que se siga por la indemnización patrimonial  procedente del delito, en el caso de que esta acción no se  haya ejercitado conjuntamente con esotra; y una sentencia absolutoria  en lo penal o sobreseimiento definitivo, que a tanto equivale, no  prejuzga sobre la acción civil cuando después se  demanda indemnización aduciendo como fuente, no el delito  sobre el cual ya la autoridad competente juzgó en definitiva  absolviendo, sino la culpa civil, acerca de la cual la autoridad en  lo criminal no ha tenido por qué decidir, ya que la mera culpa  es algo diferente del delito, y que es éste y no la  indemnización lo sentenciado en el juicio criminal.  
(…)  En otras  palabras: si, por regla general, todo delito determina indemnización,  el sólo hecho de no hallarse delictuoso un acto dado no  autoriza para decir a  priori que  no hay lugar a indemnización, puesto que no es necesario a  ésta un delito como causa única y perfectamente puede  caber indemnización, aún sin pensarse en delito, tan  sólo porque haya culpa civil.  (Reiterada en SC 18 dic. 2009, rad. 1999-00533-01).  
2.2.-  De otra parte, cumple resaltar  que,  contrario a lo que acontece en vigencia de la Ley 906 de 2004, con  anterioridad el legislador sí se ocupó de establecer  los efectos de la absolución penal en los procesos de carácter  civil2,  y con base en esa normativa la Corte elaboró su jurisprudencia  sobre el fenómeno de la cosa juzgada penal absolutoria,  incluyendo una firme línea argumentativa en punto al deber del  juzgador en lo civil de auscultar los razonamientos que condujeron a  su homólogo a deducir el fracaso de la persecución  criminal, en aras de verificar si de ese  pronunciamiento emergía inequívocamente cuál fue  el verdadero motivo de absolución y si éste, a su vez,  era idóneo para romper el nexo causal y no un mero formalismo  de cotejo de conceptos, dado que sus  efectos no operan de manera automática o irrestricta.  
Así,  en la referida SC 12 oct. 1999, rad. 5253,  frecuentemente reiterada3,  al resolver sobre un asunto regido por el artículo 55 del  Decreto 050 de 1987, conforme al cual «La  acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando  en el proceso penal se haya declarado, por providencia en firme, que  el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el  sindicado no lo cometió o que éste obró en  cumplimiento de un deber o en legítima defensa»,  precisó:  
(…)  Obviamente que para que el supradicho alcance normativo sea de  recibo, requiérese que de la decisión penal brote  inequívocamente que la absolución descansa en una  cualquiera de las causas ya descritas;  porque  es natural pensar que la preceptiva en cita, atendidos sus peculiares  efectos, rechaza su aplicación en aquellos eventos en que,  como ocurre a menudo, el pronunciamiento penal se ofrece oscuro,  ambiguo y hasta contradictorio.  No puede olvidarse, a este propósito, los rasgos prominentes  que orientan tan delicado problema, empezando por tener siempre  presente que la autoridad de la cosa juzgada penal absolutoria sobre  lo civil, no se presenta frente a una decisión cualquiera,  pues es forzoso que, con arreglo a un principio admitido por todos,  el pronunciamiento penal, amén de necesario, sea cierto,  aspecto este último sobre el que aquí se está  llamando la atención con el objeto de indicar que tal  connotación exige que ese pronunciamiento no puede estar  afectado de dubitación o confusión algunas.  
El  principio se hace actuante sólo en los casos en que la  decisión penal sea unívoca; tan palmaria que no se  preste a interpretaciones diversas. Porque si para ello se requieren  elucubraciones más o menos intensas a fin de desentrañar  cuál fue el verdadero motivo de absolución, eso mismo  descarta la aplicación del postulado. De ahí que sea de  desear que los fallos penales sean refulgentes acerca de estos  puntos. -Subraya  intencional-  
(…)  la aplicación de la cosa juzgada a partir de la providencia  judicial de la que se viene hablando, no debe cumplirse en forma  ‘automática o ilimitadamente, ni puede conducir a hacer  tabla rasa de la  función atribuida por la Constitución y la ley mismas a  los jueces civiles, para que sean ellos quienes, previa la  tramitación del proceso correspondiente, decidan las  controversias entre particulares que no están atribuidas a  otras autoridades, como son aquellas en que se discute la  responsabilidad civil del que ha cometido delito o culpa, que ha  inferido daño a otro’ (art. 2341 C.C.)” (sentencia  número 249 de 13 de diciembre de 2000, no publicada aún  oficialmente); desde luego que ello es así, pues una de las  finalidades de esos mandatos no es establecer la supremacía de  una determinada especialidad de la administración de justicia  sobre otra sino implementar herramientas jurídicas para hacer  realidad la unidad de jurisdicción, como así lo ha  sostenido la Corte, entre otros, en el citado fallo de 12 de octubre  de 1999 (exp.#5253).  (cas.civ. sentencia de 16 de diciembre de 2004, [SC-237-2004], exp.  7459).  
En  efecto, siendo  diferentes la responsabilidad penal y la civil, “un  acto dado que escapa a la acción criminal o que no está  o no podría estar bajo ella, bien puede ser fuente de  indemnización pecuniaria”  (…) así,  cuando se absuelve por no ser penalmente culposa la conducta, una tal  decisión no excluye la responsabilidad civil, en tanto la  culpa civil es diferente de aquélla (…). -Subraya  intencional-.  
Otro  punto relevante tratado por la  jurisprudencia, atañe al entendimiento del concepto «el  sindicado no lo cometió»  referido en las normas penales que disciplinaban la materia4  con efecto de cosa juzgada penal absolutoria. Al respecto, la Corte  de manera constante abogó por la interpretación que se  avenía con las causales liberativas propias de la  responsabilidad civil, al estimar que aquel abarcaba todas las  modalidades constitutivas de «causa  extraña», en ese sentido,  en la citada SC de 12 oct. 1999, rad. 52535  expuso que la expresión en comentario,  
(…)  necesariamente abarca todas las hipótesis en que la absolución  penal se debió al reconocimiento de un hecho que rompe el nexo  causal indispensable para la configuración de la  responsabilidad civil; en reducidas cuentas, quedan comprendidas allí  todas las hipótesis que caen bajo el denominador común  de “causa extraña”. Evidentemente, llegarse a la  absolución porque se estima que medió el caso fortuito  o la fuerza mayor,  o el hecho de un tercero,  o la culpa de la  víctima,  es tanto como asegurar que el hecho generador de la  responsabilidad que se imputa al procesado no lo cometió éste.  Obsérvese bien que la ley,  al referirse al hecho,  no habla a  secas, como para que entonces no pudiera hablarse más que de  una participación física o material del sindicado,   sino que alude  es al hecho “causante” del perjuicio,   para aludir así al hecho jurídicamente relevante en la  producción del daño.  
Quizá  no está de más rememorar aquí con mayor énfasis  el celo con que el juez civil se aplicará a verificar una  cualquiera de tales causas, fijando  su atención especialmente en el aspecto intrínseco del  pronunciamiento penal, antes que en nomenclaturas que fácilmente  lo puedan distorsionar. En esto quiere ser insistente la Corte: si la  decisión penal no es lo suficientemente puntual al respecto,  la norma comentada rehusa su aplicación.   -Subraya  intencional-  
Con  posterioridad, en SC de 16 may. 2003, rad.  75766,  puntualizó la Sala,  
(…)  uno de los casos en que la acción civil se acalla por la  decisión penal absolutoria, es la que surge con la declaración  de que el sindicado no cometió el hecho causante del  perjuicio; situación en la que quedan comprendidos los  acontecimientos que dependen de lo que se ha denominado una “causa  extraña”,  vale decir, aquellos en que, cual sucede con el caso fortuito o la  fuerza mayor, entre el hecho y el daño se ha fracturado el  nexo causal, indispensable para la configuración de la  responsabilidad.

(…)  
Traduce  lo anterior, desde luego,  que en circunstancias como las descritas,  atento ha de estar el juzgador al contenido del pronunciamiento del  juez penal, como que lo que en el fondo proclama el punto, es que “al  caso fortuito se le tome por lo que es, con las características  que por ley lo definen, pues sin el debido desvelo que materia tan  delicada y rigurosa exige, llegaríase irremediablemente a un  enojoso formalismo” (Cas. Civ. sent. de 24 de noviembre de  2000, exp. 5365).  
2.3.-  Recientemente, en SC13925-2016 la Corte  introdujo un argumento adicional en refuerzo de la tesis de la  relatividad de la cosa juzgada penal absolutoria e incluso para  cuestionar su aplicación práctica, en el sentido que  esta no opera, entre otros eventos, cuando el juez penal declara que  el daño se presentó por un factor extraño a la  voluntad del sindicado, enfatizando en que ello es más  evidente en la actualidad dado que el Código de Procedimiento  Penal en vigor no consagra ninguna restricción al respecto.  Puntualmente, indicó:  
Es  cierto que existen circunstancias en las cuales el juez civil queda  sujeto a las declaraciones que hace la justicia penal, mas ello no es  una regla general ni mucho menos un principio absoluto, como  enseguida pasa a explicarse.  
(…)  es posible que un resultado que no supone ningún menoscabo  para la justicia penal, comporte un perjuicio jurídicamente  relevante y merecedor de resarcimiento para el juez civil.  
El  juez penal puede declarar, inclusive, la inexistencia de la conducta   punible y, sin embargo, el análisis de imputación que  realiza el juez civil puede concluir frente a la misma conducta que  el daño jurídicamente relevante es atribuible a un  sujeto como suyo, tal como acontece en los eventos de omisiones,  responsabilidad por medio de otro y responsabilidad derivada de  procesos u operaciones organizativas, como quiera que las  valoraciones sobre los hechos que realiza el juez civil están  determinadas por un marco axiológico distinto al que prefigura  los puntos de referencia del juez penal.  
Más  adelante, tras hacer referencia al contenido de la ya citada  sentencia de 16 de mayo de 2003 rad. 7576,  acotó que,  
Lejos  de demostrar la existencia del principio de la cosa juzgada penal  sobre lo civil, la anterior jurisprudencia lo refutó (aún  en vigencia del artículo 55 del Decreto 050 de 1987), porque  si el juez  civil tiene que ‘fijar su atención especialmente en el  aspecto intrínseco’ del pronunciamiento que hace el juez  penal respecto de la inexistencia del hecho o de una causa extraña,  entonces es innegable que aquél no puede declarar la excepción  de cosa juzgada si antes no revisa y valora el fondo de la decisión  penal a tal respecto, lo que evidentemente le resta toda su esencia a  la aludida figura.  
En  efecto, el fundamento de la teoría de la cosa juzgada penal  sobre lo civil es que una vez realizada una declaración por  parte del juez penal, la misma no puede ser analizada, cuestionada,  puesta en duda o refutada por el juez civil.  
Pero  si lo que  nuestra jurisprudencia ha dicho es que el juez civil está  obligado a analizar el mérito de la providencia penal en lo  que corresponde a la existencia del hecho causante del daño y  al ‘nexo de causalidad’, entonces el resultado del  proceso de responsabilidad extracontractual no está  condicionado de ningún modo por lo que se haya decido en la  instancia penal sino por lo que el juez civil considera en atención  a su propio marco jurídico–valorativo.  
La  cosa juzgada penal sobre lo civil, entonces, no sólo no es  absoluta sino que no opera cuando el juez penal declara la  inexistencia del hecho lesivo, o que el daño ocurrió  por una causa extraña a la voluntad del sindicado.  
Si  ello era así en vigencia del Decreto 050 de 1987, cuyo  artículo 55 consagraba los efectos de la cosa penal  absolutoria sobre la acción civil en los precisos casos  contemplados por esa disposición, es decir por inexistencia  del hecho, por ausencia del nexo causal, o por la existencia de una  causal de justificación, entonces con mayor razón tales  circunstancias no generan cosa juzgada sobre lo civil en vigencia del  actual ordenamiento adjetivo penal, pues éste no consagra la  aludida restricción.  
La  declaración penal de inexistencia de culpabilidad o de  absolución por ausencia de prueba de dicho elemento, por su  parte, no ha sido nunca objeto de cosa juzgada de lo penal en lo  civil, ni en el anterior Código de Procedimiento Penal ni en  el actual, lo que tiene su explicación en que ambas  jurisdicciones realizan el juicio de reproche desde una perspectiva  distinta. -subraya  intencional-.  
2.4.-  A manera de conclusión, puede afirmarse que la doctrina  jurisprudencial de esta Corporación, al margen de que exista o  no norma jurídica que regule los efectos de la absolución  penal en las causas patrimoniales, se ha preocupado por salvaguardar  el principio de unidad de la jurisdicción, sin menoscabar la  autonomía de la especialidad civil en lo relativo a la  competencia que le ha sido atribuida para juzgar la responsabilidad  de los particulares en los términos del artículo 2341  del Código Civil y normas subsiguientes, que constituyen el  manantial del denominado principio general de indemnización  por culpa.  
En  esas condiciones, si la Ley 906 de 2004 no previó esta  figura jurídica, significa que el Juzgador en lo civil no está  condicionado a efectuar un parangón o ejercicio de subsunción  entre una norma jurídica y la decisión judicial en la  esfera punitiva con miras a verificar si se ajusta a uno de los  eventos previamente definidos por el legislador, analizar la fuerza  de los argumentos y establecer su incidencia en el proceso a su  cargo.  
Sin  embargo, de allí no se desprende que en el actual estado de  cosas, el juez civil pueda ignorar la existencia de un fallo penal de  esa naturaleza, pues con independencia de que el legislador no haya  regulado el asunto, el principio de unidad de la jurisdicción  es un criterio orientador de su actividad que involucra evitar fallos  contradictorios en las diferentes áreas de la actividad  judicial, quedando compelido a valorar su alcance para acoger o  denegar el efecto de cosa juzgada respecto de la pretensión  indemnizatoria formulada por separado.  
3.-  En el sub  judice,  resulta palmario que la acción  no se edificó a partir de las consecuencias del delito como  fuente de la obligación resarcitoria, sino sobre la culpa. En  ese sentido, en la demanda se expuso con claridad que aunque  Alejandro Quintero Osorio fue exculpado penalmente en su calidad de  conductor del vehículo causante del accidente, ello «no  lo exime de la responsabilidad civil como propietario del automotor,  en el cual se desarrollaba una actividad de alto riesgo»,  enfatizando que la acción está soportada en el artículo  2356 del Código Civil.  
La  sentencia opugnada se erigió sobre  la repercusión conferida al fallo emitido por el Juzgado Penal  del Circuito de Conocimiento de Girardota al absolver al señor  Quintero Osorio del cargo como autor responsable del delito de  homicidio culposo de Luis Orlando Ramírez Zuluaga, que fuera  refrendado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.  
En  el criterio del juzgador civil, válidamente podía  sostenerse que,  
(…)  la decisión penal absolutoria irradia sus efectos en el campo  civil, pero  siguiendo los derroteros marcados por la rectora de la jurisdicción  ordinaria el examen que haga el juez civil, "debe atender al  contenido, a la sustancia, al análisis que hizo el juez penal,  de modo que si advierte el juez civil que la providencia penal es en  realidad hueca, vacía de contenido, huérfana de todo  examen, puede no acogerla.  Y si advierte equivocaciones en la denominación utilizada para  decidir la absolución, deberá darle a la causa de  exoneración el real significado de cara a los postulados de la  responsabilidad civil, y en particular de la causa extraña  como causa de exoneración".  
No  obstante esa precisión, además de las referencias  doctrinales y jurisprudenciales relacionadas con los efectos civiles  de tal absolución, lejos de escudriñar en los  fundamentos del análisis realizado por el sentenciador para  decidir de ese modo, su estudio posterior quedó circunscrito a  lo siguiente:  
–  Reseñar lo acontecido en el proceso punitivo, compendiando las  razones argüidas por la Sala Penal de ese mismo cuerpo colegiado  para convalidar la decisión del Juez de idéntica  especialidad.  
–  Por lo que concierne a los medios de  convicción obrantes en este proceso, solo efectuó dos  apreciaciones:  
En  primer término, mencionó el contenido de una copia  informal del «dictamen rendido por  el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Colombia  (C-5)» allegado con la respuesta  a la demanda, pero no efectuó valoración alguna al  respecto, ni precisó si le confería algún mérito  demostrativo. En segundo lugar, advirtió que el peatón  transitaba en el mismo sentido que lo hacen los automotores «esto  es dando la espalda a los vehículos, siendo su obligación  transitar por el lado contrario, puesto que así no pone en  peligro su integridad física ya que puede observar de frente  los vehículos que transitan por la carretera»,  contraviniendo el artículo 58 de la Ley 769 de 2002, sin  brindarle a esa inferencia ninguna aplicación práctica  en el fallo.  
–  A partir de esas premisas, manifestó  que prohijaba la decisión del juez penal, precisando que su  alcance «en términos de  causalidad» era  «que el sindicado no lo  cometió, estando ausente  la responsabilidad penal y civil»,  y que los efectos de cosa juzgada penal absolutoria impedían  continuar con el ejercicio de la acción civil, pues de  conformidad con la jurisprudencia de la Corte, aquella «abarca  todas las hipótesis que caen bajo el denominador común  de causa extraña», lo que  es tanto como asegurar que «el  hecho generador de la responsabilidad que se imputa al procesado no  lo cometió éste».  
Fueron  esas las apreciaciones que definieron la solución del caso,  sin que el fallador haya precisado cuál fue la modalidad de  factor extraño advertido en el proceso penal que convalidó  para sellar la suerte del asunto civil.  
Se  impone entonces auscultar si, mirada desde  el punto de vista de la responsabilidad atribuida a los aquí  demandados con soporte en el artículo 2356 del Código  Civil, tal y como lo concluyó el juzgador, la absolución  penal obedeció a una circunstancia constitutiva de causa  extraña con efectos civiles.  
3.1.-  Se resalta que en el proceso de  responsabilidad extracontractual por daños ocasionados en el  ejercicio de actividades peligrosas, la  víctima sólo está obligada a probar el daño  y la relación de causalidad, mientras que al autor no le basta  probar diligencia o cuidado, ni ausencia de culpa -dado que esta se  presume-, sino que debe acreditar plenamente la presencia de un  elemento extraño como causa exclusiva del daño, esto  es, fuerza mayor o caso fortuito, culpa de la víctima o  intervención de un tercero.  
Sobre  los aspectos eximentes, por su relevancia  para la definición de este asunto, vale la pena detenerse en  la modalidad conocida como intervención de un tercero, que  igualmente abarca los elementos de imprevisibilidad e  irresistibilidad propios de la fuerza mayor.  
Al  respecto, la Corte en SC 29 feb. 1964, GJ, t. CVI, pág. 1637,  precisó:  
(…)  La intervención de este elemento extraño configura una  causal de irresponsabilidad del demandado, siempre que el hecho del  tercero tenga con el daño sufrido por la víctima una  relación exclusiva de causalidad, pues en tal supuesto la  culpa del demandado es extraña al perjuicio.  
''Jurídicamente  no es cualquier hecho o intervención de tercero lo que  constituye la causa de exoneración de responsabilidad; es  necesario, entre otras condiciones, que  el hecho del tercero aparezca evidentemente vinculado por una  relación de causalidad exclusiva e inmediata con el daño  causado, anexa a la noción de culpa, se desplaza del autor del  daño hacia el tercero en seguimiento de la causalidad que es  uno de los elementos jurídicos esenciales integrantes de la  responsabilidad civil.  Cuando el hecho del tercero no es la causa determinante del daño  no incide en ninguna forma sobre el problema de la responsabilidad".  (0. J. LVI-298). -Subraya  intencional-.  
Posteriormente,  en SC de 8 oct. 1992, rad. 3446,  refiriéndose a la incidencia del hecho de un tercero en casos  donde el daño se produce por obra de una actividad peligrosa,  expuso que,  
(…)  el hecho de un tercero, alegado  para contrarrestar la presunción que se desprende de la prueba  de haberse causado el daño por motivo de una actividad  peligrosa, tiene que participar en buena medida de los caracteres  propios de la fuerza mayor exculpatoria, lo que al tenor de reiterada  doctrina jurisprudencial le impone a los falladores la obligación  de verificar la concurrencia de severas condiciones (…).  
(…)  puede sostenerse entonces que aquellas condiciones de las que depende  que a la intervención de un tercero puedan imprimírsele  los alcances plenamente liberatorios (…) son los siguientes:  a) Debe tratarse antes que nada del hecho de una persona por cuyo  obrar no sea responsable reflejo el agente presunto, vale decir que  dicho obrar sea completamente externo a la esfera jurídica de  este último; b) También es requisito indispensable que  el hecho fuente del perjuicio no haya podido ser previsto o evitado  por el demandado, ya que si era evitable y no se tomaron, por  imprudencia o descuido, las medidas convenientes para evitar el  riesgo de su ocurrencia, la imputabilidad a ese demandado es  indiscutible, lo que en otros términos quiere significar que  cuando  alguien, por ejemplo, es convocado para que comparezca a juicio en  estado de culpabilidad presunta por el ejercicio de una actividad  peligrosa, y dentro de ese contexto logra acreditar que en la  producción del daño tuvo injerencia causal un elemento  extraño puesto de manifiesto en la conducta de un tercero, no  hay exoneración posible mientras no suministre prueba  concluyente de ausencia de culpa de su parte en el manejo de la  actividad;  c) Por último, el hecho del tercero tiene  que ser causa exclusiva del daño,  aspecto obvio acerca del cual no es necesario recabar de nuevo sino  para indicar, tan sólo, que es únicamente cuando media  este supuesto que corresponde poner por entero el resarcimiento a la  cuenta del tercero y no del ofensor presunto, habida consideración  que si por  fuerza de los hechos la culpa de los dos ha de catalogarse como  concurrente y por lo tanto, frente a la víctima, lo que en  verdad hay son varios coautores que a ella le son extraños,  esos coautores, por lo común, están obligados a cubrir  la indemnización en concepto de deudores solidarios  que por mandato de la ley lo son de la totalidad de su importe,  postulado éste consagrado por el artículo 2344 del  Código Civil (…). –subraya  intencional-.  
Y  en SC de 18 sep. 2009, rad. 2005-00406-01,  se condensó la doctrina precedente, así:  
(…)  la intervención exclusiva de un tercero, esto es, de un sujeto  ajeno al autor y a la víctima por cuya conducta se causa el  daño; para  romper el nexo causal, además de exclusiva,  eficaz, idónea y determinante de la lesión,  pues “[c]uando   el hecho del tercero no es la causa determinante del daño no  incide en ninguna forma sobre el problema de la responsabilidad…”  (G. J. T. LVI, págs. 296 y 321), es  menester “que el hecho fuente del perjuicio no haya podido ser  previsto o evitado por el demandado”  (cas. civ. octubre 8 de 1992; 24 de marzo de 1939, XLVII, 1947, p.  63). -Subraya  intencional-  
4.-  A la luz de las aludidas pautas  jurisprudenciales,  de entrada se advierte  que los argumentos que sustentaron la absolución del  enjuiciado en la causa punitiva, distan mucho de encajar en lo que  desde el punto de vista de la responsabilidad aquiliana, puede  considerarse participación de un tercero en la ocurrencia del  hecho dañoso, con la virtualidad de romper el nexo de  causalidad, tal y como pasa a exponerse:  
4.1.-  En la  sentencia de primera instancia (fls. 391 – 406, cno. 2 ), para  absolver a Alejandro Quintero Osorio del cargo de autor del delito de  homicidio culposo de Luis Orlando Ramírez Zuluaga, el Juez  Penal de conocimiento estimó que la Fiscalía no cumplió  con su carga probatoria para desvirtuar la presunción de  inocencia.  
Particularmente,  le reprochó no haber demostrado que efectivamente por el hecho  de que el procesado se desplazara a una velocidad superior a los 60  k/h hubiese violado el deber objetivo de cuidado y fuera esa la causa  eficiente del accidente; así como desconocer la existencia de  un segundo vehículo involucrado en el suceso cuando el mismo  perito físico de medicina legal lo refirió en sus  conclusiones. En tal virtud, luego de efectuar el correspondiente  estudio del caso, acotó que, para el despacho,  
(…)  no fue el roce o el golpe que recibió Alejandro Quintero de un  segundo vehículo lo que en un principio produjera su  volcamiento, pues debe admitirse que el roce debió ser leve,  ya que no se evidencia en el guardafango mayores daños; pero  lo que no puede desconocerse es que para cualquier persona con un  adiestramiento normal en la conducción de vehículos, el  aparecimiento intempestivo de otro vehículo en la vía  que pretenda abruptamente sobrepasarlo, hasta el punto de embestirlo,  ocasionaría una lógica y natural reacción de  protección o de soslayo frente al peligro, que fue lo que  debió advertir el acusado y lo que finalmente lo condujo a  realizar una maniobra brusca que le hiciera perder el control de su  vehículo, para posteriormente arrollar y causarle la muerte al  peatón. Es obvio entonces que unos hechos vistos desde esta  perspectiva jamás serían constitutivos de condena  punible, ni siquiera a título culposo.  
A  continuación, concluyó:  
(…)  las pruebas practicadas e introducidas en el juicio oral en forma  legal y oportuna, no produjeron en este funcionario el convencimiento  de la responsabilidad de los acusados, más allá de toda  duda, tal como lo exige el artículo 7° de la Ley 906 de  2004, para dictar sentencia condenatoria en contra del inculpado.  
Lo  que en últimas se vislumbra en este proceso es una serie de  dudas insalvables sobre la responsabilidad del acusado (…) por  lo que en aplicación del principio de in dubio pro reo,  deberán resolverse a favor del acusado.  
4.2.-  Dicha decisión fue confirmada  por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín (fls. 182  – 190 ib.),  que en primer lugar precisó los elementos necesarios para  predicar la existencia de un homicidio culposo, deteniéndose  en el aspecto referente a que haya una relación de  determinación entre la violación del deber objetivo de  cuidado y la muerte de la persona, de tal manera que ésta no  sea atribuible a otra causa.  
Consideró  que en este caso el inculpado sí violó ese deber porque  desatendió reglamentos al desplazarse por la vía a una  velocidad superior a los 30 k/h que era la máxima permitida;  se ocupó luego de analizar si fue esa la causa determinante  del fallecimiento del señor Ramírez Zuluaga, para  concluir que la presencia de otro automotor en el lugar de los hechos  aducida por la defensa para sustentar su tesis de una fuerza mayor o  caso fortuito imposibles de prever y controlar para el procesado, era  altamente probable, al efecto señaló que,  
(…)  todos concuerdan en que el acusado (…) perdió el  control de su Renault antes de arrollar al señor Luis Orlando  Ramírez Zuluaga y así hay que convenirlo, pues solo de  esa manera se explica que el accidente hubiera sido tan aparatoso y  el automotor golpeara la acera, se volcara sobre si mismo y dejara  una huella de arrastre sobre el pavimento, que no de frenada, de  27,16 metros. Sólo que el Fiscal le atribuyó esa  pérdida de control del vehículo al exceso de velocidad  y el apoderado de las víctimas le da la misma explicación.  Pero la velocidad -que el perito presentado por la Fiscalía  calculó entre 54,2 y 60,3 kilómetros por hora- no  significa que un conductor pierda el control de su vehículo,  ni explica por sí sola ese hecho, si no interviene ningún  otro factor. De hecho, los vehículos suelen transitar a  grandes velocidades, sin que el conductor pierda su control, pues la  velocidad excesiva no es suficiente para que se presente un evento de  esa naturaleza, menos aún si el piso estaba seco.  
En  la hipótesis de la Fiscalía (…) no hay un factor  distinto que explique por qué el acusado perdió el  control de su Renault de manera tan aparatosa si conducía a 60  kilómetros por hora. Esta velocidad podrá estar por  encima de los reglamentos de dicha zona, pero no es excesiva, ni  explica que perdiera el control así sin más (…).  
Ese  vacío lo llena y explica la presencia de otro vehículo  que se le atravesó en su línea de manejo y lo golpeó  en la parte delantera izquierda, desplazándolo y haciéndole  perder el control. De este hecho dan cuenta los testigos Luis Carlos  Zuleta Grisales (…) y Diana Patricia Restrepo Ochoa (…)  quienes identifican el otro vehículo como una camioneta blanca  y estaban en condiciones de percibirlo, el uno porque era vendedor  ambulante y estaba frente al parqueadero de Comfama unos metros más  allá y la otra porque era pasajera del Renault.  
Seguidamente,  valoró otros vestigios que quedaron en el vehículo que  conducía el imputado referidos por los testigos y por los  peritos, aduciendo que si bien no se pudo establecer técnicamente  cuando se causaron las huellas de caucho en el guardafango, el bomper  y la farola izquierdos del carro, «no  es posible descartar que fuera ese día, ni hay forma de  hacerlo, más si los testigos dan cuenta de ese hecho y  concuerdan con su testimonio y los datos conocidos del caso. Más  aún, desde el levantamiento del croquis el agente de tránsito  dio cuenta de la intervención de otro vehículo».  
En  conclusión, expuso,  
[a]l  haber ocurrido los hechos como los describen los testigos presentados  por la defensa y lo tienden a confirmar las evidencias, la conducta  imprudente de ese otro conductor, imprevisible e irresistible para el  acusado, sería la causa eficiente del fallecimiento del señor  Luis Orlando Ramírez, no la velocidad a la que conducía  el acusado Alejandro Quintero. Esa hipótesis tiene suficiente  fundamento en la prueba presentada en juicio. Y mientras sea fundada  y no sea posible infirmarla o descartarla, en el peor de los casos se  está en presencia de una duda razonable, si no es que  constituye la evidencia de la ausencia de culpabilidad del acusado.  
4.3.-  Como puede verse, la Sala penal efectuó una apreciación  probatoria más amplia, incluyendo razonamientos para refrendar  la absolución desde la perspectiva concerniente a que la  conducta imprudente del conductor del segundo vehículo fue la  causa eficiente del fallecimiento de la víctima y no la  velocidad desarrollada por el inculpado.  
Ahora,  aunque en principio pudiera entenderse que  el sentenciador en lo criminal halló configurada la causal  liberativa de responsabilidad consistente en fuerza mayor o caso  fortuito, llama la atención que ninguna mención haya  efectuado en su fallo acerca de la aplicación del artículo  32 del Código Penal que consagra esa causal de ausencia de  responsabilidad, sino que llanamente confirmó la decisión.  
Así  las cosas, teniendo en cuenta la exposición argumentativa  posterior a la inferencia de que el conductor sí violó  reglamentos; podría resultar más adecuado entender que  lo que halló estructurado el juzgador penal de segundo grado  fue un factor extraño en la expresión «hecho  de un tercero».  
Sin  embargo, al margen de la calificación jurídica que se  le otorgue, lo cierto es que en la  conclusión reina la ambigüedad, por cuanto en últimas  se mencionan tres razones de refrendación del fallo, dado que  aunque en principio se dijo que «la  conducta imprudente de ese otro conductor, imprevisible  e irresistible para el acusado,  sería la causa eficiente del fallecimiento del señor  Luis Orlando Ramírez, no la velocidad a la que conducía  el acusado», a reglón  seguido se acotó que mientras esa hipótesis no fuera  infirmada «en el peor de los casos  se está en presencia de una  duda razonable, sino es que  constituye la evidencia de la  ausencia de culpabilidad del  acusado», pero sin efectuar  modificación alguna se confirmó la providencia  recurrida.  
4.3.1.  En cuanto al primer aspecto que sustenta el fallo, brilla por su  ausencia un expreso análisis respecto al porqué  consideró el sentenciador penal que la intervención de  un automotor adicional en ese escenario no pudo ser prevista o  evitada por el demandado que conducía el vehículo  causante del daño, ni explicitó de dónde dedujo  que la participación de ese tercero haya sido la causa  exclusiva del  accidente, de manera que esa deducción  deviene conjetural y  además se aleja de otros medios de convicción, como se  verá luego.  
En  SC de 23 jun. 2000, rad. 5475, la Corte  memoró los  tres criterios sustantivos encaminados a establecer cuándo un  hecho puede considerarse imprevisible,  a saber: «1)  El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la  probabilidad de su realización, y 3) El concerniente a su  carácter inopinado, excepcional y sorpresivo».  
En  la misma providencia, señaló que en  el lenguaje jurídico, la irresistibilidad,  debe entenderse como aquel estado  «predicable del  sujeto respectivo que entraña la imposibilidad objetiva de  evitar ciertos efectos o consecuencias derivados de la  materialización de hechos exógenos (…). En tal  virtud, este presupuesto legal se encontrará configurado  cuando, de cara al suceso pertinente, la persona no pueda – o pudo –  evitar, ni eludir sus efectos (criterio de la evitación).»   Y refiriéndose  específicamente a la fuerza mayor, agregó que la  jurisprudencia de esta Corporación,  ha entendido que este elemento  de la fuerza mayor,  
(…)  “Implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir  sus efectos. La conducta del demandado se legitima ante el imperativo  de justicia que se expresa diciendo: ad impossibilia nemo tenetur.”  (Sentencia del 31 de mayo de 1965, G.J. CXI y CXII pag. 126).  (…)  
A  lo anterior debe agregarse que estos  dos requisitos: la imprevisibilidad y la irresistibilidad, deben  estar presentes coetánea o concomitantemente, para la  concreción de este instituto jurídico exonerativo de  responsabilidad,  tal y como ha sido señalado en reiterada jurisprudencia de la  Corporación (Sentencias del 26 de julio de 1995 expediente  4785; 19 de julio de 1996 expediente 4469; 9 de octubre de 1998  expediente 4895, entre otras), de forma que si se verifica uno de  ellos, pero no los dos, no será posible concederle eficacia  alguna, ya que esta es bipolar. -Subraya  intencional-  
En  el caso en estudio, se echa de menos una  valoración detenida de los elementos enunciados por la  jurisdicción punitiva del Estado.  
Nótese  que si el argumento esgrimido por la Sala  Penal del Tribunal Superior de Medellín para restarle mérito  y calificar de mendaz el dicho de los testigos presentados por la  Fiscalía que aseguraron que ningún otro vehículo  transitaba por la vía al momento de ocurrencia del siniestro,  fue que aquella era «de alto  tráfico y muy congestionada, hasta el punto que se construyó  la doble calzada para agilizar el tráfico»,  resulta por lo menos contradictorio que haya estimado imprevisible  para el enjuiciado la presencia de otro vehículo que se le  atravesó en la línea de manejo, cuando a  contrario sensu, es ese un hecho  frecuente y nada excepcional para quienes ejercen la actividad de  conducción, que los obliga a comportarse con prudencia y  atención permanentes.  
De  otra parte, de cara a lo que constituiría la irresistibilidad,  no solo le restó trascendencia al hecho probado que el  conductor violó una norma imperativa de tránsito que  restringía a 30 k/h la velocidad máxima de  desplazamiento en el lugar, sino que desconoció lo conceptuado  al respecto en el informe pericial de física rendido por el  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses conforme al  cual,  
Respecto  a las marcas de llanta en el guardabarro, direccional y costado  lateral del  bomper delantero en el lado izquierdo del mismo, antes mencionadas,  se encuentra que dichas huellas corresponden a un roce de una llanta  de otro vehículo sobre las piezas del Renault 9 antes  mencionadas y este hecho corresponde a que ambos vehículos  estaban  haciendo un ángulo muy pequeño entre ellos, casi  paralelos,  mientras se marcó la llanta en las piezas del Renault 9, lo  que indica que entre dichos vehículos no se presentó un  impacto fuerte, solamente un roce, y este evento no es consistente  con el hecho de desviar el vehículo y posteriormente volcarlo,  si este se desvía y luego se vuelca, es por razones diferentes  al roce entre ellos de la forma descrita.  
No  puede soslayarse que, aún si se admitiera que la aparición  del otro automotor fue sorpresiva, en todo caso quedaría  latente la coautoría en la producción del daño,  dado que fenomenológicamente fue el vehículo de los  demandados el que atropelló al señor Ramírez  Zuluaga y comoquiera que, según lo estableció la  autoridad de tránsito, su conductor también incurrió  en una conducta imprudente al infringir una norma de tránsito  que restringía a 30 k/h la velocidad máxima permitida  en el sector donde ocurrió el accidente, esa conducta  igualmente pudo incidir en su capacidad de maniobra por lo que no  puede deducirse que el efecto del roce se tornó inevitable o  irresistible para el aquí convocado, o que la culpa del  conductor del otro vehículo fue la exclusiva y determinante  causa del accidente.  
Tan  así sería, que la Sala Penal para  descartar la teoría del caso de la Fiscalía en punto a  que la causa del accidente fue el exceso de velocidad, más  allá de desconocer la injerencia de esa violación del  deber de cuidado, lo que puso en duda fue que sin la presencia de  otro elemento extraño se hubiese producido el volcamiento que  impactó al peatón. En ese sentido, señaló  que la velocidad no explicaba por si  sola la pérdida de control, ni  era suficiente  para que se presentara un evento de esa naturaleza.  
Tal  argumento resultaba de peso para que, en la indagación sobre  los presupuestos del delito de homicidio culposo no fuera factible  determinar con grado de certeza que la única causa generadora  de la muerte de la víctima fue el exceso de velocidad del  inculpado. No obstante, desde el punto de vista de la responsabilidad  civil resulta insuficiente para predicar que la causa eficiente fue  la inmediata intervención de otro vehículo, pues, dada  la relatividad de lo que en determinado momento y lugar pueda  considerarse exceso de velocidad, en un caso como el presente ha de  tenerse en cuenta la norma imperativa fijada por la autoridad de  tránsito, porque es ese el racero más objetivo en orden  a definir si el accionar del demandado fue o no imprudente, y con  mayor razón, siendo éste el causante directo del daño,  con independencia de que en forma concurrente se haya  presentado  otro motivo exógeno.  
Así  las cosas, si la calificación del suceso como «imprevisible»  e «irresistible»  quedó desprovista de una concreta valoración de los  supuestos en que se edifica la fuerza mayor alegada a manera de  defensa del inculpado, no es posible predicar que su adecuación  tenga bases ciertas, pues siendo ese un fenómeno complejo, no  bastaba para deducir su configuración con repercusión  en esta causa civil, que ante la falta de claridad de la razón  por la cual el conductor del Renault 9 perdió el control de su  vehículo, «[e]se vacío  lo llena y explica la presencia de otro vehículo que se le  atravesó en la línea de manejo y lo golpeó en la  parte delantera izquierda, desplazándolo y haciéndole  perder el control».  
Por  lo expuesto, no puede admitirse el  postulado que la causa determinante y exclusiva de la muerte del  esposo y padre de los demandantes fue el hecho de un tercero, con  alcance liberatorio de responsabilidad penal extensiva a la acción  resarcitoria.  
4.3.2.-  Colígese de lo anterior, que le asiste razón a la  censura cuando afirma que en definitiva la absolución se  generó en la «duda  razonable» declarada por el juez  de primer grado.  
Ciertamente,  descartado como quedó el hecho de un tercero -imprevisible e  irresistible- como causa exclusiva del daño y por ende la  conclusión alusiva a que fue la conducta del otro conductor la  que determinó el fallecimiento de la víctima, la  decisión de segundo grado quedó  sustentada en los mismos fundamentos de la sentencia impugnada, es  decir, en la falta de convencimiento de la responsabilidad del  acusado «más allá de  toda duda» conforme al artículo  7° de la Ley 906 de 2004.  
Al  respecto, debe memorarse que la absolución  por duda en modo alguno repercute en la suerte del proceso civil, por  cuanto estando a cargo del Estado la demostración de la  responsabilidad de los implicados en el presunto ilícito, una  decisión de esa naturaleza pone en evidencia el fracaso del  ente instructor para convencer al juez del acierto de su tesis  delincuencial en contra del enjuiciado sobre quien, en esas  condiciones, se mantiene incólume la presunción de  inocencia.  
A  propósito de este tema, en SC 30  ago. 2010, rad. 1999-06826-01, dijo la Corte  
(…)  la absolución derivada de la incertidumbre probatoria no es lo  mismo que total inocencia, sino ausencia de diligencia del Estado en  demostrar con certeza la responsabilidad penal del inculpado. En  otras palabras, la duda razonable no equivale a inexistencia del  hecho, ni a que el sindicado no lo cometió, mucho menos a que  la conducta causante del perjuicio obedeció al cumplimiento  estricto de un deber legal o a que se encontraba justificada, sino  simplemente denota que el implicado debe ser absuelto por no haberse  esclarecido su responsabilidad.  
Sobre el  particular, la Sala de Casación Penal de la Corte tiene  explicado que la “absolución por duda en estricto  sentido no equivale a justicia, pues que ese estado de vacilación  impide conocer lo realmente acaecido y, por tanto, debe ser aplicada  como remedio extremo, último, toda vez que ni la víctima  ni el procesado pueden quedar plenamente satisfechos, en tanto la  declaración hecha no se fundamenta en la certeza, en la plena  convicción”.  
4.3.3.-  La «ausencia  de culpabilidad del acusado»,  mencionada en el último acápite de la motivación  del fallo penal, tampoco tiene aptitud para generar el referido  fenómeno. Según se señaló en la citada  SC13925-2016, este supuesto nunca ha sido objeto de cosa juzgada  penal extensible a lo civil, dado que ambas especialidades realizan  su juicio de reproche a ese respecto desde sus propias perspectivas,  además, se itera, tratándose de responsabilidad  aquiliana por actividades peligrosas, el elemento culpa se presume,  de manera que  debe ser desvirtuado por el agente llamado al  resarcimiento.  
En  consecuencia, si bien el citado accionado  fue absuelto de la conducta de homicidio culposo -decisión que  en el campo penal definitivamente hizo tránsito a cosa  juzgada-, no se deduce el mismo efecto en este proceso, por cuanto  siendo la culpa presunta civil y no el delito la fuente de la  obligación demandada, al no haberse demostrado en el caso  penal una eximente de responsabilidad con efectos en esta causa, no  existe razón para que las aspiraciones de la parte actora se  vieran frustradas sin análisis distinto a la aplicación  de los efectos de la decisión penal definitiva.  
5.-  Fluye de lo expuesto, que le asiste  razón a la censura al afirmar que se equivocó el  sentenciador en la apreciación de las sentencias penales y que  esa equivocación fue manifiesta y trascendente porque les dio  el alcance de cegar la acción civil por el efecto de la cosa  juzgada penal absolutoria, en contravía de  los artículos 2341 y 2356 del Código Civil.  
En  suma, prosperan los dos cargos auscultados, lo que impone casar la  sentencia recurrida y proceder a emitir pronunciamiento en sede de  instancia.  
No  habrá lugar a condena en costas por el recurso de casación,  dada la prosperidad de las acusaciones, de conformidad con lo  dispuesto en el numeral 1° del artículo 392 e inciso final  del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil8.  
SENTENCIA  SUSTITUTIVA  
1.-  Como punto de partida debe señalarse que, según lo  dilucidó el ad quem  al momento de pronunciarse sobre la viabilidad del recurso de  casación, solo a Luz Marina Gómez Ramírez le  asistía interés para el efecto y en tal virtud, el  único recurso concedido, admitido y sustentado fue el   propuesto por ella.  
En  esas condiciones, la competencia de la Corte en sede de instancia  queda limitada al estudio del recurso de apelación que en su  momento interpuso la señora Luz Marina, pues dada su calidad  de litisconsorte facultativa respecto de los demás promotores,  a la luz del artículo 50 del Código de Procedimiento  Civil, sus actos no redundan ni en provecho, ni en perjuicio de los  demás, por lo mismo, frente a los demás codemandantes  la sentencia resulta inmodificable, pues su suerte quedó  definida en el curso de las instancias ordinarias.  
2.-  El título XXXIV del Código Civil regula el  régimen de la «responsabilidad común por los  delitos y las culpas», cuyo sustento es el principio  general concerniente a que todo daño ocasionado debe  repararse. En ese sentido, al tenor del artículo 2341 ibídem,  «[e]l que ha cometido un delito o culpa, que ha  inferido daño a otro, es obligado a la indemnización,  sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o  el delito cometido».  
Para  el éxito de la pretensión indemnizatoria soportada en  la citada disposición, es menester que el reclamante acredite  la existencia de los elementos estructurales de la responsabilidad  endilgada, esto es, el daño, la culpa del obligado a responder  y el nexo de causalidad entre ellos.  
De  otra parte, el artículo 2356 del Código Civil, dispone  que «[p]or regla general todo daño que pueda  imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado  por ésta», norma a partir de la cual se ha edificado  el régimen de responsabilidad por el ejercicio de actividades  peligrosas con culpa presunta, ampliamente desarrollado por la Corte  en su Jurisprudencia, a partir de la emblemática SC de 14 mar.  1938, reiterada en SC 31 may. 1938 y en CSJ SNG 17 jun. 1938.  
Sobre estos precedentes, en  	SC9788-2015, memoró la Corte,

Ya  en CSJ SNG 17 jun. 1938, GJ t. XLVI, pág. 688 al citar la  anterior, dijo la Corte que «se trata en  la sentencia de mayo (…) de una culpa presunta para los casos  de riesgo creado, o sea cuando el daño se produce por alguno  de los elementos que en la civilización acarrean peligrosidad»  y que del artículo 2356 se hace emanar «una  presunción legal mixta, ya que se dice que no puede  desvanecerse por cualquier medio en contrario, sino por determinados  hechos» y en CSJ SNG 18 abr. 1939, GJ  t. XLVIII pág. 165 dejó claro que «[e]l  artículo 2347 del C.C., establece el principio de la  responsabilidad por hechos ajenos y el artículo 2356 del mismo  texto, sienta esta norma, bien se trate de responsabilidad directa o  indirecta», donde «los  ejemplos que allí se mencionan son ilustrativos y se refieren  a hechos en que el daño aparece en la cosa misma, por cierta  peligrosidad que en ella se transparenta»,  acotando que con base en ello «existe  una presunción de responsabilidad en contra del agente  respectivo, en los casos de daños causados por ciertas  actividades que implican peligros, inevitablemente anexos a ellas».  
Posición  que se ha mantenido constante y es así como en SC 27 feb.  2009, rad. 2001-00013-01, se dijo que  
(…)  la responsabilidad civil es uno de los campos del derecho privado en  el que más se ha advertido la necesaria adaptación del  Derecho a las realidades de los tiempos, lo cual ha obedecido, en  buena medida, a los efectos que en materia de daños han  producido nuevas problemáticas sociales derivadas,  particularmente, de los avances científicos y tecnológicos  que, por una parte, han provocado el surgimiento, en lo que aquí  interesa, de distintas actividades que califican como peligrosas o,  dicho de otra forma, conllevan una mayor exposición o riesgo  para los asociados, entre las cuales, aunque sólo a título  ilustrativo, pueden citarse los medios de transporte que con la  utilización de diversas formas de energía superan  velocidades antes no alcanzadas, la construcción de  estructuras con diversa finalidad de magnitudes cada vez mayores, la  instalación de plantas nucleares, o el establecimiento de  centrales eléctricas que se sirven de fuerzas naturales, como  las del agua, el calor o el viento, y, por otra parte, han conducido  a la revisión de los criterios tradicionales de prevención  y de evitación de daños, con el propósito de  determinar con la mayor precisión posible hasta dónde  ha de responder el sujeto cuyo comportamiento antijurídico se  examina, y a partir de qué parámetro se puede  considerar que el daño ha sido el producto de una causa  extraña a él.  
A  partir de la presunción de culpabilidad que rige en las  acciones de responsabilidad extracontractual por  daños ocasionados en el ejercicio de actividades peligrosas,  se itera, la víctima sólo  está obligada a probar el daño y la relación de  causalidad, mientras que al autor para exonerarse está  obligado a acreditar la presencia de un elemento extraño como  causa exclusiva del daño, esto es, fuerza mayor o caso  fortuito, culpa de la víctima o intervención de un  tercero.  
En  ese sentido, en SC 26  ago. 2010, rad. 2005-00611-01, la Corte de manera enfática  expuso,  
3.-  Para abordar la providencia de reemplazo, se parte del hecho  incontrovertido del fallecimiento del señor Luis Orlando  Ramírez Zuluaga como víctima del accidente de tránsito  acaecido el 3 de junio de 2007, en el que resultó comprometido  el vehículo de placa MLH-607 de propiedad de Alejandro  Quintero Osorio y Diana Patricia Restrepo Ochoa (fls. 83, c. 1),  asegurado mediante póliza de responsabilidad civil  extracontractual por Compañía Agrícola de  Seguros S.A., Suramericana de Seguros S.A. para la fecha de  presentación de la demanda, por virtud del contrato de cesión  celebrado entre esas compañías (fls. 73 – 79,  ib.).  
4.-  Como se analizó en precedencia,  dado que el daño cuya indemnización se reclama tuvo  ocurrencia en el ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la  conducción de vehículos automotores cuyo régimen  de responsabilidad se edifica en el artículo 2356 del Código  Civil, le basta al afectado demostrar la existencia del daño y  la relación de causalidad entre este y la actividad de esa  estirpe, recayendo en el causante para exonerarse de responsabilidad,  la carga de demostrar la ruptura del nexo de causalidad, es decir,  que en la generación del suceso medió una causa extraña  -fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo de la víctima o  intervención de un tercero-. Los convocados enfilaron sus  esfuerzos a ese cometido mediante la proposición de medios de  defensa.  
El   a quo,  tras categorizar el asunto en el ámbito de las actividades  peligrosas y la consecuente forma de exoneración del causante  del daño, acotó que de la motivación de la  sentencia de segunda instancia proferida en el proceso punitivo,  emergía que «la  absolución del demandado se produjo por esa causa extraña  (culpa exclusiva de un tercero), quien con su comportamiento  imprudente determinó la ocurrencia de una serie de sucesos,  cuyo rebote trajo como consecuencia la muerte del señor Luis  Orlando Ramírez Zuluaga»,  y concluyó que el  pronunciamiento penal hacía tránsito a cosa juzgada con  efectos en materia civil por virtud del principio de «unidad  de jurisdicción».  
A  partir de ese razonamiento, decidió declarar probadas las  excepciones propuestas por los demandados denominadas «causa  extraña: fuerza mayor y caso fortuito y efectos de la  sentencia penal absolutoria en el proceso civil».  
Las  razones de disenso planteadas por vía de apelación, en  esencia, se concretaron a cuestionar el  alcance que el fallador en lo civil le confirió a las  providencias que finiquitaron el juicio penal, así como a las  características de imprevisibilidad e irresistibilidad con que  se calificó la intervención de otro automotor en la  escena de los hechos, dado que la valoración efectuada en el  juicio penal a lo sumo podía ser aceptada para la exoneración  de responsabilidad en ese campo, más no en un proceso de  responsabilidad civil por el ejercicio de una actividad peligrosa.  
Comoquiera  que en el estudio de los cargos de  casación acogidos se le  confirió razón a la recurrente sobre esos precisos  aspectos, concretamente, que en este evento  no era factible extender los efectos de la cosa juzgada penal  absolutoria a la acción civil dadas las marcadas divergencias  entre esas dos modalidades de acciones, es claro que la decisión  del a quo  de declarar probadas las excepciones interpuestas por los accionados  en ese sentido no puede mantenerse en firme, siendo menester acometer  el estudio de los demás enervantes.  
4.1.-  Los contradictores también excepcionaron «causa  extraña: fuerza mayor y caso fortuito»  y «causa extraña en la  modalidad de culpa exclusiva de un tercero». Resaltaron  que la presencia de otro vehículo en el lugar de los hechos  que intentó sobrepasar y golpeó fuertemente el carro de  los demandados, se tornó imprevisible e irresistible para el  señor Quintero Osorio, siendo el otro conductor quien provocó  el fatal accidente.  
Al  respecto, basta señalar, como se explicó a espacio al  desatar el recurso extraordinario, que en este evento no se  acreditaron los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad  connaturales a esas dos especies de factor extraño para  predicar que fue uno de ellos la causa determinante del hecho dañoso,  pues a lo sumo, la presencia de otro vehículo en ese escenario  pudo contribuir al resultado, pero no se demostró que hubiese  sido su causa exclusiva y determinante. A esa argumentación se  remite, sin necesidad de efectuar disquisiciones adicionales para  resolver estas defensas.  
4.2.-  También alegaron los convocados  «culpa de la víctima  materializada en la aceptación de riesgos»; «reducción  del monto indemnizable» e «inexistencia de la obligación  de indemnizar por ausencia de nexo de causalidad».  
Se  memora que el eximente conocido como «hecho  de la víctima» se presenta  cuando la actuación de aquella constituyó la causa  exclusiva o concurrente del daño. Sobre el particular, en SC  19 may. 2011, rad. 2006-00273-01, reiterada  en SC5050-2014, dijo la Corte,  
En  lo que concierne a la conducta de la víctima, en tiempos  recientes, precisó la Corte:  
"5.  (…) se puede señalar que en ocasiones el hecho o la  conducta de quien ha sufrido el daño pueden ser, en todo o en  parte, la causa del perjuicio que ésta haya sufrido. En el  primer supuesto –conducta del perjudicado como causa exclusiva  del daño-, su proceder desvirtuará, correlativamente,  el nexo causal entre el comportamiento del presunto ofensor y el daño  inferido, dando lugar a que se exonere por completo al demandado del  deber de reparación. Para que el demandado se libere  completamente de la obligación indemnizatoria se requiere que  la conducta de la víctima reúna los requisitos de toda  causa extraña, en particular que se trate de un evento o  acontecimiento exterior al círculo de actividad o de control  de aquel a quien se le imputa la responsabilidad. En el segundo de  tales supuestos -concurrencia del agente y de la víctima en la  producción del perjuicio-, tal coparticipación causal  conducirá a que la condena reparatoria que se le imponga al  demandado se disminuya proporcionalmente, en la medida de la  incidencia del comportamiento de la propia víctima en la  producción del resultado dañoso.  
"La  importancia de la conducta de la víctima en la determinación  de la reparación de los daños que ésta ha  sufrido no es nueva, pues ya desde el derecho romano se aplicaba en  forma drástica la regla, atribuida a Pomponio, según la  cual “quod si quis ex culpa sua damnun sentit, non intellegitur  damnum sentire”, es decir, que el daño que una persona  sufre por su culpa se entiende como si no lo hubiera padecido, lo que  condujo a un riguroso criterio consistente en que si la víctima  había participado en la producción del daño, así  su incidencia fuera de baja magnitud, en todo caso quedaba privada de  reclamación.  
(…)  
“[…]  Precisado lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pacífica  en señalar que para  que el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la  determinación de la obligación reparatoria, es  indispensable que tal conducta incida causalmente en la producción  del daño y que dicho comportamiento no sea imputable al propio  demandado en   cuanto que él haya provocado esa reacción en la  víctima. Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si  se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de  culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte  causal de su actuación, independientemente de que se pueda  realizar un juicio de reproche sobre ella. (…).  
Por  todo lo anterior, la doctrina contemporánea prefiere denominar  el fenómeno en cuestión como el hecho  de la víctima,  como causa concurrente a la del demandado en la producción del  daño cuya reparación se demanda." (cas.civ.  sentencia de 16 de diciembre de 2010, exp. 1989-00042-01). -Subraya  intencional-  
En  orden a demostrar esas defensas -culpa de  la víctima y reducción del riesgo indemnizable-, los  propietarios del vehículo adujeron que el peatón se  desplazaba por una vía de alta circulación vehicular  «asumiendo imprudentemente un  grave riesgo toda vez que el lugar por donde se desplazaba no era  zona peatonal sino una cuneta de una autopista»,  por lo que en el evento de imponerse una condena debía  aplicarse el artículo 2357 del Código Civil.  
Para  resolver sobre estos medios exceptivos, se  valorarán las copias trasladadas del proceso penal que se  surtió con ocasión de los mismos hechos, dado que  fueron decretadas y allegadas al proceso con apego a lo previsto en  el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, así  como los interrogatorios de parte y los testimonios recibidos en este  proceso, veamos:  
En  el croquis del accidente de tránsito  elaborado por el funcionario de la Secretaría de Transporte y  Tránsito de Copacabana – Antioquia, se describe que la  vía donde ocurrió el hecho es recta, plana, con bermas,  doble sentido, una calzada, construida en asfalto, estaba en buen  estado y seca (fls. 249 – 250, c. 2).  
De  otra parte, las copias del trámite contravencional que hacen  parte del expediente penal, dan cuenta de la inspección ocular  practicada por la autoridad de tránsito el 17 de enero de  2008, en la cual se hizo constar que en el lugar de ocurrencia de los  hechos existen tres señales de tránsito, entre ellas  una reglamentaria de velocidad de 30 kilómetros por hora (fl.  247, c. 2.) En esa actuación,  mediante Resolución 05212 -001 de 17 de enero de 2008, se  declaró responsable contravencional a Alejandro Quintero  Osorio, y se eximió a Luis Orlando Ramírez Zuluaga,  decisión mantenida en firme al desatar el recurso de  reposición (fls. 241 – 246, c.2).  
En  cuanto al lugar de la vía por el cual se movilizaba  la víctima, se cuenta con las versiones rendidas en este  proceso por las personas naturales demandadas que se desplazaban en  el automotor y de otras que estaban en inmediaciones del lugar de los  hechos. Al efecto, Alejandro Quintero Osorio -quien conducía  el vehículo- manifestó que el occiso iba caminado por  la berma de la vía (fl. 178 vto., c. 2); a su turno, Diana  Patricia Restrepo Ochoa que se transportaba como pasajera, acotó  que el transeúnte «iba en  compañía de una mujer, por el bordo de la vía,  no hay andén en esa parte de la vía»  (fl. 180 vto. c. 2).  
También  rindieron declaración las señoras  Marta Dolly Meza de López y Marleny Alejandra Peláez  Mesa, quienes manifestaron que presenciaron el accidente desde su  puesto de trabajo ubicado al frente del lugar de su acaecimiento. Al  respecto, la primera señaló que se percató que  una pareja venía caminando por el lado derecho en sentido Sur  – Norte y que iban primero «el  señor por la manguita, la señora por la cuneta, después  cambiaron la señora por la maguita el señor por la  cuneta» (fl. 438, c. 2); y en  sentido similar, la segunda acotó que «venía  una pareja de edad caminando (…) el señor venía  por la cuneta y la señora en el bordecito más alto».  
De  los reseñados medios probatorios emerge con nitidez que en el  escenario factual no había un sector  habilitado especialmente para el desplazamiento de los peatones,  diferente de aquel por el que efectivamente se movilizaba la víctima,  esto es, la denominada berma que conforme a la definición  consignada en la Ley 769 de 2002, atañe a la «[p]arte  de la estructura de la vía, destinada al soporte lateral de la  calzada para el tránsito  de peatones, semovientes y  ocasionalmente al estacionamiento de vehículos y tránsito  de vehículos de emergencia».  
En  ese sentido si, tal y como lo refirieron tanto los mismos demandados  como los testigos presenciales de los hechos, el señor Ramírez  Zuluaga transitaba por ese segmento vial y  no por el reservado al desplazamiento de los vehículos, ello  significa que no inobservó la regla de circulación  peatonal dispuesta en el artículo 57 de la Ley 769 de 2002, a  cuyo tenor, «El  tránsito de peatones por las vías públicas se  hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de  vehículos», de allí que ninguna  actuación, imprudencia o falta de cuidado pueda endilgársele  como determinante o concurrente en el acontecimiento dañoso,  con aptitud para derribar el nexo causal o para menguar el monto de  la indemnización en los términos del artículo  2357 del Código Civil, conforme al cual, «la  apreciación del daño está sujeta a reducción,  si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente»  y, por lo mismo, la alegación en ese sentido resulta carente  de demostración.  
4.3.-  Emerge de lo expuesto, el fracaso de  todos los enervantes formulados con la finalidad de derruir el nexo  de causalidad, lo que de suyo comporta la revocatoria del fallo de  primera instancia, imponiéndose proseguir con el escrutinio  acerca de la reparación del daño irrogado.  
5.-   De los perjuicios y su cuantificación.  
La  opugnante reclamó indemnización  del agravio material -lucro cesante- e inmaterial –daño  moral y a la vida de relación-.  
5.1.-  En sustento del aducido lucro  cesante, se afirmó que el  fallecido dedicaba al sostenimiento de su esposa e hijos los ingresos  netos que obtenía en su actividad de constructor de viviendas  en la empresa de su propiedad denominada Constructora Turipana,  certificados por contadora pública en $4.500.000 mensuales.  
Como  medios persuasivos útiles para la constatación de lo  pretendido, obran en el expediente: prueba  de la calidad de cónyuges de Orlando Ramírez Zuluaga y  Luz Marina Gómez Ramírez (fl. 4, c. 1); certificado de  registro mercantil del establecimiento de comercio Constructora  Turipana, con renovación de matrícula el 9 de abril de  2007 y actividad mercantil de «construcción  de vivienda a precio fijo» (fl.  18, ib.);  certificación emitida por la contadora pública Fabiola  de Jesús Vélez Restrepo (fl. 80, ib.),  en la cual manifiesta que Orlando Ramírez  Zuluaga «obtenía ingresos  netos mensuales promedio por valor de $4.500.000 (…)  provenientes del ejercicio independiente de su actividad en el sector  de la construcción», ratificada  en audiencia del 29 de junio de 2010, donde señaló que  ella era la contadora de esa constructora de propiedad del fallecido,  manejaba su contabilidad y elaboraba las declaraciones de renta,  siendo de allí que extrajo la información (fl. 208 c.  2).  
Dedúcese  de esas probanzas, la legitimidad de la accionante para reclamar el  pago del lucro cesante, para lo cual debe recordarse que, siendo el  fallecimiento del esposo la causa invocada, según lo ha  sostenido la jurisprudencia el derecho a la reparación  surge de la acreditación de la dependencia económica  existente entre la víctima y quien la reclama. En este caso no  fue objeto de discusión, y además se probó, que  para la fecha de su muerte el señor Ramírez Zuluaga  convivía con su esposa y era una persona económicamente  activa con ingresos certificados, pudiendo inferirse que buena parte  de ellos los destinaba al sostenimiento de aquella.  
Sobre  el particular, en SC 28 feb. 2013, rad.  2002-01011-01, dijo la Corte,  
En  hipótesis como la en precedencia descrita, la prueba del daño  patrimonial consistirá en la acreditación, por una  parte, del vínculo conyugal o marital y, por otra, de los  aportes que para el sostenimiento de  hogar común hacía la víctima, que como lo tiene  dicho la jurisprudencia, se inferirán del hecho de que ella  tuviese ingresos económicos, pues ante la existencia de éstos,  es dable presumir que utilizaba parte de ellos a contribuir al  cubrimiento de las necesidades de la familia,  habida cuenta que aplicado el principio de la buena fe y las reglas  de la experiencia, las personas, por regla general, prioritariamente  cumplen con las obligaciones de ese linaje -familiares- a su cargo.  –subraya intencional-  
Así  mismo, existen bases idóneas para cuantificar los perjuicios,  no siendo del caso tener en cuenta el dictamen pericial practicado  dentro del proceso, por cuanto las operaciones allí realizadas  se encuentran desactualizadas por el tiempo transcurrido desde que se  incorporó al plenario y el del presente fallo de reemplazo.  
Los  factores que se considerarán para el cálculo de la  indemnización, son los siguientes:  
Teniendo  en cuenta que para la fecha de su deceso Luis Orlando Ramírez  Zuluaga tenía 63 años de edad, su vida probable, de  conformidad con lo dispuesto en la Resolución 497 de 20 de  mayo de 1997 emitida por la entonces Superintendencia  Bancaria, por la cual se modificó la Resolución 0585  del 11 de abril de 1994  -en vigor para la época  de los hechos- era de 17.32 años, esto es, 207.8 meses.  
El  valor del ingreso mensual percibido por el occiso al tiempo de su  deceso, era de $4.500.000, que será la base de la liquidación  del lucro cesante, con deducción de un 25% por concepto de  gastos personales como estimativo que la Corte ha considerado  procedente aplicar en materia resarcitoria, que  para el caso corresponde a $1.125.000, y lo restante habría de   distribuirse por mitades entre la cónyuge y los hijos, pues  conforme a lo evidenciado en el proceso, aunque no se reclamó  indemnización de lucro cesante a favor de los descendientes,  sí se refirió que dos de ellos contaban con la ayuda  económica del padre y aún estaban adelantando estudios  universitarios, de donde se infiere que para esa época el  fallecido aportaba pecuniariamente al hogar para el sostenimiento de  esposa e hijos.  
Así  las cosas, a la casacionista le correspondería la cantidad de  $1.687.500 que  debe ser actualizada para efectuar las operaciones en este proveído,  al efecto se aplicará la siguiente fórmula de  indexación:  
VP   =  VA  x  IPC  final    (octubre 2018)

IPC inicial (junio 2007)

Donde: VP  = valor presente;  VA= valor actualizado  
Aplicada  al caso, tenemos:  
VP=  	$1.687.500 x 142,67

91,87  
VP=  $2.620.612  
En  aplicación de los descritos factores, se procede a establecer  el quantum  de la indemnización:  
a.-)  Lucro cesante pasado o consolidado.  
Para  su cálculo, el período aplicable es el transcurrido  desde el deceso del señor Ramírez Zuluaga (3 de junio  de 2007) hasta el 31 de octubre de 2018, última fecha de  certificación de variación porcentual del IPC  certificada por el DANE, que se aproxima a la cifra entera más  cercana de 137 meses.  
Se  aplicará la fórmula VA =  LCM x Sn, en la que “VA”  es el valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos  intereses del 6% anual; “LCM”  es el lucro cesante mensual actualizado, y “Sn”  el valor acumulado de la renta periódica de un peso que se  paga  “n”   veces a una tasa de interés  “i”   por período. El factor “Sn”,  por su parte, se obtiene de la siguiente fórmula matemática:  
Sn  =  (1 + i)n  – 1

i  
El  factor “i”  corresponde  a los  intereses legales del 6% anual  (0.005).  
Aplicando  al caso la fórmula:  
S =  $2.620.612 x  (1+0.005)137  – 1

                                0.005

S =  $513.843.728  
b.-)  Lucro cesante futuro:  
El  período de liquidación es el de vida probable del  fallecido (207,8  meses),  menos el calculado en el lucro cesante pasado (137 meses), es decir,  70,8 meses.  
Ante  la relevancia de los criterios del monto indemnizable actualizado y  la deducción de los intereses por el anticipo de capital, la  fórmula aplicable varía así: VA  = LCM x Ra,  donde “VA”  es el valor del lucro cesante futuro; “LCM”  el lucro cesante mensual; y “Ra”  el descuento por pago anticipado que, a su turno, se obtiene de la  siguiente fórmula:  
Ra  = (1+i)n  – 1  
El  factor “i”,  representa los intereses del 6% anual.  
Aplicando  al caso la fórmula:  
VA  = $2.620.612 x    ( 1  +  0.005  )70,8  – 1

0.005(1  + 0.005)  70,8

VA=  $155.929.382  
Lucro  cesante pasado:	$513.843.728

Lucro  cesante futuro:		$155.929.382

TOTAL:	                       $669.773.110  
5.2.-  Por lo concerniente a los perjuicios  morales, es innegable que en casos como  el presente puede presumirse que la pérdida prematura del  cónyuge le ocasionó a la accionante aflicción,  tristeza, desasociego y dolor, presunción que resulta  reforzada con las versiones de los testigos  Ramón Guillermo Zuluaga Ramírez y Myriam Bastidas de  Alzate, quienes en su calidad de amigos de los esposos relataron la  armonía que reinaba entre ellos y la congoja de la demandante  por ese trágico suceso.  
El  daño moral se ubica en lo más  íntimo del ser humano y por lo mismo resulta inestimable en  términos económicos, sin embargo, la sala ha sostenido  que, solo a manera de relativa satisfacción, es factible  establecer su quantum “en  el marco fáctico de circunstancias,  condiciones de modo,  tiempo y lugar de los hechos,  situación o posición de  la víctima y de los perjudicados,  intensidad de la lesión  a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás  factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del  fallador” (SC18  Sep. 2009, rad. 2005-00406-01).  
Atendiendo  las pautas jurisprudenciales establecidas por esta Corporación10,  de cara a las trágicas e inesperadas  circunstancias en que aconteció la muerte del señor  Ramírez Zuluaga, se fija en la suma  de sesenta millones de pesos ($60.000.000) el monto de los perjuicios  morales que deberán ser resarcidos a la demandante en su  calidad de cónyuge de la víctima.  
5.3.-  Según lo tiene decantado la Corte, el daño a la vida de  relación constituye una modalidad de perjuicio  extrapatrimonial de carácter autónomo y diferente a los  perjuicios morales, así se dejó sentado desde la  sentencia fundante de esta línea jurisprudencial SC 13 may.  2008, rad. 1997-09327-0111,  donde se expuso:  
(…)  es una noción que debe ser entendida dentro de los precisos  límites y perfiles enunciados, como un daño autónomo  que se refleja en la afectación de la actividad social no  patrimonial de la persona, vista en sentido amplio, sin que pueda  pensarse que se trata de una categoría que absorbe, excluye o  descarta el reconocimiento de otras clases de daño –  patrimonial o extrapatrimonial – que posean alcance y contenido  disímil, ni confundirlo con éstos, como si se tratara  de una inaceptable amalgama de conceptos, puesto que una indebida  interpretación conduciría a que no pudiera cumplirse  con la reparación integral ordenada por la ley y la equidad,  como infortunadamente ha ocurrido en algunos casos, en franco  desmedro de los derechos que en todo momento han de asistir a las  víctimas.  
Por  otra parte, en la misma providencia se  afirmó que  este tipo de agravio tiene su expresión en  la esfera externa del comportamiento del individuo, «situación  que también lo diferencia del perjuicio moral propiamente  dicho»  y, además,  «en las situaciones de la vida práctica o en el  desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal,  familiar o social se manifiesta en impedimentos, exigencias,  dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones,  temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él debe  soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un  significado o contenido monetario, productivo o económico (…)»  
Como  todos los perjuicios, dado que el resarcible es aquel de carácter  cierto, recae sobre quien demanda su  reparación la carga de demostrar la estructuración de  esta tipología, que en un caso como el presente, se apreciaría  a partir de aquellas manifestaciones de la afectada de las que  pudiera inferirse la disminución de su interés  por participar en actividades de las que antes disfrutaba o de  aquellas que le generaban algún regocijo en los ámbitos  individual, familiar o social, con fines recreativos, culturales, de  relaciones sociales, y en general de aquellas en las que aprovechaba  su tiempo libre, en compañía de su difunto esposo.  
En  este caso, revisada la demanda, se advierte  que a este tópico se aludió en el hecho Nro. 14, cuando  se afirmó que el fallecimiento del señor Ramírez  Zuluaga «ha ocasionado a su  cónyuge e hijos perjuicios irreparables, toda vez que después  del accidente sus vidas no volverán a ser las mismas,  privándose la señora Luz Marina Gómez de  actividades con el que era su compañero y confidente y con el  que tenía relaciones placenteras, causándole perjuicio  a la vida de relación».  
Al  respecto, en sus declaraciones los testigos  Ramón Guillermo Zuluaga Ramírez y Myriam Bastidas de  Alzate, hicieron referencia a la buena relación existente  entre la pareja conformada por Luz Marina Gómez Ramírez  y el extinto Luis Orlando Ramírez Zuluaga y a los evidentes  lazos de afecto y solidaridad que los unían (fls. 209 –  213, c. 2).  
En  ese sentido, la señora Bastidas de Alzate, quien manifestó  haber conocido a los mencionados esposos por un tiempo de 30 años,  al ser indagada sobre la relación de aquellos señaló  «por el tiempo que los conocí,  creo que su relación no fue buena, sino excelente, ejemplar,  que gracias a Dios aprendimos mucho los que quedamos, aprendimos  camaradería, el humor, el orden en su familia, el disfrute de  sus hijos, la honestidad y la compañía inmejorable»  y en cuanto a la afectación sicológica y familiar que  sufrió Luz Marina con la muerte de su esposo, respondió:  «Yo creo que todavía se  encuentra impactada (…) porque uno ve en el momento que es muy  poco lo que ha superado su ausencia, rehúsa ir a reuniones con  parejas, no a todas pero sí a muchas, se siente como  inestable, lamenta mucho a Orlando, recuerda mucho los ratos de  camaradería con él y muchas fechas especiales son muy  duras para ella». Y frente a las  actividades que desarrollaban en su finca, expuso, «la  finca queda por el Noral, y era como su deporte caminar todos los  días, cuando estaban en la finca y aquí en la ciudad  (…) por lo regular bajaban a desayunar a un estaderito y  regresaban nuevamente caminando».  
Por  su parte, el declarante Zuluaga Ramírez, manifestó que  conoció a la pareja por aproximadamente 15 años, y en  cuanto a su relación, aseveró que era normal «cualquier  fiesta que hacían eran los primeros invitados, que ellos con  gusto la cumplían».  
Así  las cosas, emerge irrefutable que con la  temprana e intempestiva muerte de su cónyuge, la gestora se  vio privada de realizar actividades placenteras de tipio social,  personal y familiar propias de unos esposos que están  realizando su proyecto de vida común, las cuales eran  exteriorizadas y advertidas en su círculo social, según  se deduce de los testimonios recibidos.  
6.-  Del ejercicio de la acción directa y resolución de  otros medios de defensa propuestos por Seguros Generales Suramericana  S.A.  
6.1.-  La aseguradora convocada alegó  «inexistencia de solidaridad de  parte de la compañía de seguros»,  centrando sus reparos en que, si bien el artículo 1133 del  Código de Comercio consagra la acción directa, de allí  no se deriva que pudiera ser citada como responsable dado que no  existe ninguna solidaridad, pues la compañía de seguros  no es civilmente responsable del accidente de tránsito sino  una garante para pagar indemnizaciones dentro de los amparos,  coberturas y valores contratados.  
Al  respecto, cumple memorar que a partir de la reforma introducida por  los artículos 84 y 87 de la Ley 45 de 1990, en su orden, a los  preceptos 1127 y 1133  al Código de Comercio, se  prohijó la denominada acción directa, por virtud de la  cual el tercero damnificado puede dirigir la acción de  resarcimiento en contra del asegurador del responsable, con la  precisión que «[p]ara  acreditar su derecho (…) de acuerdo con el artículo  1077, la víctima en ejercicio de la acción directa  podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del  asegurado y demandar la indemnización del asegurador».  
La  Corte en SC 10 feb. 2005, rad. 761412  razonó que la ratio legis de  la reforma introducida por la Ley 45 de 1990,  
(…)  reside primordialmente en la defensa del interés de los  damnificados con el hecho dañoso del asegurado, a la función  primitivamente asignada al seguro de responsabilidad civil se aunó,  delantera y directamente, la de resarcir a la víctima del  hecho dañoso, objetivo por razón del cual se le  instituyó como beneficiaria de la indemnización y en  tal calidad, como titular del derecho que surge por la realización  del riesgo asegurado,  o sea que se radicó en el damnificado  el crédito de indemnización que pesa sobre el  asegurador, confiriéndole el derecho de reclamarle  directamente la indemnización del daño sufrido como  consecuencia de la culpa del asegurado, por ser el acreedor de la  susodicha prestación, e imponiendo correlativamente al  asegurador la obligación de abonársela, al concretarse  el riesgo previsto en el contrato –artículo 84-,  previsión con la cual se consagró una excepción  al principio del efecto relativo de los contratos -res inter alios  acta-, que como se sabe, se traduce en que éstos no crean  derechos u obligaciones a favor o a cargo de personas distintas de  quienes concurrieron a su formación, o mejor, no perjudican ni  aprovechan a terceros.  
(…)  
Por  supuesto que el derecho que la ley ahora le otorga al damnificado no  está desligado del contrato de seguro celebrado por el tomador  –  asegurado, al margen del cual no se autoriza su ejercicio, pues  las estipulaciones eficaces de dicho pacto lo delimitan y enmarcan de  tal modo que no podría obtener sino lo que correpondería  al mismo asegurado.  –Subraya  intencional-.  
En  el asunto sub  examine, la demanda se dirigió  de manera directa en contra de Seguros Generales Suramericana S.A.,  como aseguradora del vehículo de placa MLH-607 y en el acápite  titulado «consideraciones  jurídicas» tras hacer  mención del artículo 1127 del Código de Comercio  que define el seguro de responsabilidad civil, se afirmó que  la convocada estaba obligada a pagar a los perjudicados el monto  correspondiente.  
Desde  esta perspectiva y dada la claridad de los  fundamentos del pliego introductor, ciertamente, las pretensiones no  podían dirigirse a obtener una declaración judicial de  responsabilidad solidaria en contra de la garante, asistiéndole  razón a ésta cuando afirma que la satisfacción  de la indemnización a su cargo, está supeditada a los  términos del contrato que la vinculan con el asegurado. En ese  sentido, en SC 10 feb. 2005, rad. 7173, se  precisó,  
(…)  en lo tocante con la  relación externa entre asegurador y víctima, la fuente  del derecho de ésta estriba en la ley, que expresa e  inequívocamente la ha erigido como destinataria de la  prestación emanada del contrato de seguro, o sea, como  beneficiaria de la misma (artículo 1127 C. de Co.). Acerca  de la obligación condicional de la compañía  (artículo 1045 C. de Co.), en efecto, ella nace de esta  especie de convenio celebrado con el tomador, en virtud del cual  aquélla asumirá, conforme a las circunstancias, la  reparación del daño que el asegurado pueda producir a  terceros y hasta por el monto pactado en el respectivo negocio  jurídico, de suerte que la deuda del asegurador tiene como  derecho correlativo el de la víctima – por ministerio de la  ley – para exigir la indemnización de dicho detrimento,  llegado el caso.  Con todo, fundamental resulta precisar que aunque  el derecho que extiende al perjudicado los efectos del contrato brota  de la propia ley, lo  cierto es que aquél no podrá pretender cosa distinta de  la que eficazmente delimite el objeto negocial, por lo menos en su  relación directa con el asegurador, que como tal está  sujeta a ciertas limitaciones.  -Subraya  intencional-.  
En  consecuencia, será bajo ese baremo que se impondrá la  condena a que hubiere lugar en contra de la garante, de acuerdo con  lo que más adelante se expondrá sobre reparación  de perjuicios.  
6.2.-  En la citada SC 10 feb. 2005, rad.  761413,  la Corte se refirió a los presupuestos del éxito de la  acción directa, aduciendo que su buen suceso quedaba  supeditado a  la comprobación tanto de la existencia de un  contrato en el cual se amparara la responsabilidad civil del  asegurado, porque «sólo en  cuanto dicha responsabilidad sea objeto de la cobertura brindada por  el contrato, estará obligado el asegurador a abonar a la  víctima, en su condición de beneficiaria del seguro  contratado, la prestación prometida», como  de la responsabilidad del asegurado frente a la víctima, y la  magnitud del daño a ella irrogado,  «pues el surgimiento de una deuda de responsabilidad a cargo de  aquel, es lo que determina el siniestro, en esta clase de seguro».  
En  el sub judice,  no existe controversia en punto a la existencia del contrato  documentado en la póliza de seguro de automóviles  5004000304001 con vigencia entre el 25 de mayo de 2007 y el 25 de  mayo de 2008, donde aparece como asegurado Alejandro Quintero Osorio,  en cuyos amparos se incluye «muerte  o lesiones a una persona» por  $50.000.000, sin deducible  (fl. 252, c.1).  
De  otra parte, según se analizó en precedencia, en este  proceso quedó acreditada tanto la responsabilidad del  asegurado, como la cuantía de los perjuicios, de donde  resultan allanados los requisitos consagrados en los artículos  1127 y 1133 del Código de Comercio para extender la condena a  la aseguradora, en lo que resulte pertinente.  
Ahora  bien, en procura de establecer los  contornos de sus obligaciones, Seguros Generales Suramericana S.A.,  excepcionó «límites  del contrato de seguro para el vehículo particular  establecidas en las condiciones generales del mismo»  y «exclusiones contempladas en las  condiciones generales del contrato».  
En  sustento adujo que el valor asegurado para el evento de muerte o  lesiones a una persona era de $50.000.000 y, además, en el  segmento correspondiente se excluyó de la cobertura el «lucro  cesante sufrido por el tercero damnificado»,  por lo que en una eventual condena debían tenerse en cuenta  ambos aspectos.  
Al  auscultar las condiciones generales de la  referida póliza (fls. 253 – 276, c. 1), en la definición  del amparo de responsabilidad civil extracontractual (4.1.), se  plasmó:  
Según  las condiciones de este contrato y hasta por los límites  pactados, LA AGRÍCOLA indemnizará  directamente al tercero damnificado,  los perjuicios patrimoniales  y extrapatrimoniales que  cause el asegurado y por las (sic) cuales sea civilmente responsable  de acuerdo con la ley, durante la vigencia de la presente póliza  (…). En consecuencia se ampara la mencionada responsabilidad  civil extracontractual del asegurado por los daños y/o  perjuicios que durante la vigencia de la presente póliza se  ocasionen a personas o cosas, emanados de un solo acontecimiento  ocasionado por el vehículo descrito en esta póliza.  
Más  adelante, al definir el monto del valor asegurado y el tope  indemnizatorio en el mismo evento, dispone: «El  límite denominado muerte o lesiones a una persona es el valor  máximo asegurado destinado a indemnizar los perjuicios  patrimoniales y extrapatrimoniales  que se causen por las lesiones o muerte a una persona».  
Pese  a la expresa cobertura pactada respecto de los perjuicios  patrimoniales que pudiera llegar a ocasionar el asegurado  con su vehículo, es cierto que en el acápite de  exclusiones se prevé que dicho amparo no cubre los daños  y/o perjuicios causados por: «(…)  2.1.14 lucro  cesante sufrido por el tercero damnificado».  
Tal  exclusión riñe no solo con las específicas  definiciones reseñadas, las cuales por estar consignadas  expresamente en el contrato son ley para las partes, sino con la  esencia del seguro de responsabilidad civil, que al tenor del  artículo 1127 del Código de Comercio, subrogado  por el canon 84 de la Ley 45 de 1990, «impone  a cargo del asegurador la  obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales  que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en  que incurra de acuerdo con la ley y tiene  como propósito el resarcimiento de la víctima,  la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la  indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le  reconozcan al asegurado».  
En  el descrito panorama, la exclusión aducida por la aseguradora  respecto del «lucro cesante  sufrido por el tercero damnificado»,  que es una típica modalidad de perjuicio patrimonial, refleja  una notoria ambigüedad porque va en contravía de una  condición general de la póliza alusiva nada menos que  al alcance de uno de los amparos básicos contratados  concerniente al compromiso de indemnizar directamente al tercero  damnificado los perjuicios patrimoniales que le llegara a causar el  asegurado. Tal inconsistencia, en un contrato de cláusulas  predispuestas como el de seguro, debe ser interpretada en contra del  predisponente y a favor del adherente, según se desprende del  inciso segundo del artículo 1624 del Código Civil, en  armonía con la jurisprudencia sobre la materia.  
En  SC 4 nov. 2009, rad. 1998 4175 01, la Corte  se pronunció acerca de la hermenéutica de los contratos  de adhesión caracterizados porque el empresario predisponente  somete a consideración del cliente potencial un reglamento  convencional inmodificable al cual queda vinculado por la mera  aceptación, y en esa medida,  
(…)  como los  contratos de adhesión presuponen un alto grado de confianza  del adherente en la estipulación que se le ofrece, la cual ha  de estar precedida por el cabal cumplimiento de los deberes de  corrección, lealtad y, especialmente, de claridad que pesan  sobre el proponente, es atinado colegir que el alcance que  corresponde a las cláusulas predispuestas es el que de manera  razonada le hubiere atribuido el adherente promedio. Esto es, que  siguiendo los mandatos de la buena fe, la  estipulación deberá  ser entendida desde el punto de vista del destinatario, como lo  harían las personas honestas y razonables.  
(…)  
2.3.  A los aludidos principios, que la Corte enuncia y aquilata de cara al  asunto que resuelve, de modo que no pueden entenderse como taxativos  o excluyentes de los demás, es menester agregar aquellos  criterios  acuñados para solucionar las contradicciones surgidas entre el  clausulado contractual, específicamente las reglas de la  “prevalencia”, “de la condición más  importante”  y  “de la condición más  favorable”,  las cuales, más que  tender a establecer un significado  específico, apuntan a ordenar el texto del contrato y a  delimitar el material objeto de interpretación.  
La  regla de “la  prevalencia”   confiere preponderancia a la condición particular o negociada  cuando entra en contradicción con las de carácter  general; desde luego que es lógico preferir el clausulado  particular, por cuanto hace referencia al caso concreto, amén  que, en principio, aclara o altera las estipulaciones generales.  Conforme al principio de “la  condición más compatible a la finalidad y naturaleza  del negocio”,  en caso de presentarse contradicción entre cláusulas  integrantes de las condiciones generales, deberá atenderse  aquella que ostente mayor especificidad en el tema. Por último,  en virtud del criterio de “la  condición más beneficiosa”,  cualquier enfrentamiento entre estipulaciones que conforman las  condiciones generales, y entre éstas y una condición  particular, se resuelve aplicando aquella cláusula que resulte  más provechosa para el consumidor. –Subraya  intencional-  
En  el caso sometido a escrutinio, no existe  ninguna evidencia de que la exclusión de la cobertura del  «lucro cesante sufrido por el  tercero damnificado», haya sido  libremente negociada entre las partes, de manera que si el tomador,  en los términos del artículo 1127 del Código de  Comercio se proponía trasladar a la aseguradora la obligación  de indemnizar los perjuicios  patrimoniales que pudiera causar en  ejercicio de la actividad de conducción de un vehículo  automotor, y en las condiciones generales de la póliza se  definió que por virtud del amparo de responsabilidad civil  extracontractual, la compañía de seguros «indemnizará  directamente al tercero damnificado,  los perjuicios patrimoniales y  extrapatrimoniales que cause el  asegurado», no es entendible que  ocurrido el siniestro se pretenda hacer valer una exclusión en  ese sentido.  
A  tono con los principios de “la  condición más compatible a la finalidad y naturaleza  del negocio” y  de “la  condición más beneficiosa”,  el enfrentamiento entre la cláusula  de exclusión y la de cobertura -mirada desde la literalidad de  los términos definidos por la misma predisponente- solo puede  interpretarse en el sentido de privilegiar la de mayor especificidad  en materia de seguro de responsabilidad civil, es decir, la  indemnización de los perjuicios patrimoniales, y dando  aplicación a aquella que resulta más provechosa para el  tomador y asegurado, que en este caso, no es otra que la general de  cobertura por el límite del valor convenido para indemnizar  los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que se causaron por  la muerte de una persona, pagaderos directamente al tercero  damnificado.  
En  respaldo de lo dicho, no puede desconocerse que, aunado a la loable  finalidad de reparación de la víctima y en general de  los terceros afectados, la razón que motiva al tomador de un  seguro de esa naturaleza es la indemnidad de su patrimonio, y  así lo sostuvo la Corte en la citada SC 10 feb. 2005, rad.  7614,  
(…)  el seguro referenciado, además de procurar la reparación  del daño padecido por la víctima, concediéndole  los beneficios derivados del contrato, igualmente protege, así  sea refleja o indirectamente, la indemnidad patrimonial del asegurado  responsable, en cuanto el asegurador asume el compromiso de  indemnizar los daños provocados por éste, al incurrir  en responsabilidad, dejando ilesa su integridad patrimonial, cuya  preservación, en estrictez, es la que anima al eventual  responsable a contratar voluntariamente un seguro de esta modalidad.  
En  síntesis, tomando en consideración el contenido de la  póliza de seguro, ante la ocurrencia del riesgo asegurado en  la expresión «muerte o  lesiones a una persona», la  excepción sustentada en la exclusión de cobertura en  comentario resulta infundada, por lo que la aseguradora concurrirá  al pago de la correspondiente indemnización por el monto del  valor asegurado, esto es, $50.000.000.  
7.-  A manera de recapitulación, se revocará parcialmente el  fallo apelado, para, en su lugar, declarar que Alejandro  Quintero Osorio y Diana Patricia Restrepo Ochoa son civil y  solidariamente responsables de los daños padecidos por Luz  Marina Gómez Ramírez con ocasión de los hechos  que dieron origen a este proceso, y en consecuencia, deberán  indemnizarla por las sumas señaladas en precedencia.  
Adicionalmente,  comoquiera que las condenas han quedado actualizadas en la sentencia  sustitutiva, a partir de la ejecutoria de la presente decisión,  devengarán un interés legal civil moratorio equivalente  al 6% anual, hasta cuando se concrete su pago14.  
Por  su parte, la aseguradora citada en acción directa, deberá  concurrir al pago hasta el límite del valor asegurado.  
8.-  De conformidad con los numerales 1° y 4° del artículo  392 del Código de Procedimiento Civil se condenará en  costas por el trámite de las dos instancias a los demandados a  favor de Luz Marina Gómez Ramírez.  
DECISIÓN  
En  mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la  Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la  República y por autoridad de la ley, casa  la sentencia de fecha y procedencia preanotadas y, en sede de  instancia, Resuelve:  
Primero:	Revocar  parcialmente la sentencia proferida el  14 de diciembre de 2012 por el Juzgado Octavo de Descongestión  Civil del Circuito de Medellín, en su lugar se dispone:  
Declarar  no probadas las excepciones de mérito formuladas por la parte  demandada.  
Declarar  que los convocados Alejandro Quintero Osorio y Diana Patricia  Restrepo Ochoa, son civil y solidariamente responsables de los  perjuicios padecidos por Luz Marina Gómez Ramírez, con  ocasión del fallecimiento de su cónyuge Luis Orlando  Ramírez Zuluaga. En consecuencia, se les condena a  indemnizarle por concepto de lucro cesante consolidado y futuro la  suma de seiscientos sesenta y nueve millones setecientos setenta y  tres mil ciento diez pesos ($669.773.110),  por perjuicios morales sesenta millones  de pesos ($60.000.000)  y por daño a la vida de relación, treinta millones de  pesos ($30.000.000).  
Seguros  Generales Suramericana S.A., concurrirá al pago de la  indemnización de manera directa a la demandante, hasta el  monto de la suma asegurada.  
A  partir de la ejecutoria de esta providencia, las condenas devengarán  un interés legal civil del 6% anual, hasta su pago efectivo.  
Segundo:  Modificar el ordinal tercero del fallo en el sentido de condenar  en costas por el trámite de la primera instancia a los  demandados a favor de la convocante Luz Marina Gómez Ramírez,  en lo demás se confirma.  
Tercero:  Condenar en costas de la segunda instancia a los accionados a favor  de la recurrente en casación. Por agencias en derecho se fija  la suma de $10.000.000.  
Cuarto:  Sin condena en costas por el recurso  extraordinario.  
Devuélvase  oportunamente al tribunal de procedencia.  
Notifíquese  
AROLDO  WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente  de Sala  
MARGARITA  CABELLO BLANCO

Ausencia Justificada  
ALVARO FERNANDO GARCÍA  RESTREPO

Ausencia Justificada  
LUIS  ALONSO RICO PUERTA  
ARIEL  SALAZAR RAMÍREZ  
OCTAVIO  AUGUSTO TEJEIRO DUQUE  
LUIS  ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Aclara  Voto  
1  	Consultada en: Antología Jurisprudencial Corte Suprema de  	Justicia. 1886 – 2006. Corte Suprema de Justicia, 1° ed.  	2007, Tomo I, págs. 213 – 221.

2  	Cfr.: artículo  	55 del Decreto 050 de 1987, artículo 57 del Decreto 2700 de  	1991, modificado por el artículo 8° de la Ley 81 de 1993  	y artículo 57 Ley 600 de 2000.

3  	Cfr., entre otras: SC de 24 nov. 2000, rad. 5365; SC de 16 may.  	2003, rad. 7576; SC de 16 dic. 2004, rad. 7459; SC de 21 jun. 2005,  	rad. 1998-00020-01; SC de 18 dic. 2009, rad: 1999-00533-01  	 y SC13925-2016.

4  	Cfr. Art. 55 del Decreto 050 de 1987; art. 57 del Decreto 2700 de  	1991, modificado por el 8° de la Ley 81 de 1993 y art. 57 Ley  	600 de 2000.

5  	Tesis reiterada,  	entre otras, en: SC  	24 nov. 2000, rad. 5365; SC  	de 13 dic. 2000, rad. 5510; SC  	16 mar. 2001, rad. 6427; SC de 16 may. 2003, rad. 7576 y SC de 18  	dic. 2009, rad. 1999-00533-01.

6  	Reiterada  	en SC13925-2016

7  	Reiterada  	en SC de 8 oct.  	1992, rad. 3446.

8  	Cfr. SC21828-2017;  	SC16690-2016; SC17723-2016,  	SC 30 ago. 2013  	exp. 2005-00488-01,  	entre muchas otras.

9  	Reiterada  	en SC5854-2014,  	entre otras.

10  	Cfr. SC15996-  	2016 y SC13925-2016.

11  	Reiterada, entre  	otras, en: SC 9 Dic. 2013, rad: 2002-00099-01;  	SC5050-2014  	y SC5885-2016.

12  	Reiterada  	en SC 29 jun. 2007, rad. 1998-04690-01

13  	Reiterada  	en SC 29 jun. 2007, rad. 1998-04690-01

14  	En el mismo sentido: SC15996-2016  	y SC5885-2016.