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ATC825-2021
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada ponente
Radicación nº 11001-22-03-000-2021-01019-01
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).
Correspondería resolver la impugnación del fallo proferido el 26 de mayo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la tutela que Camilo Alfonso instauró contra la Superintendencia de Sociedades – Grupo de Liquidaciones Judiciales, si no fuera porque se omitió vincular y notificar en debida forma a la totalidad de los partícipes en el proceso objeto de la queja constitucional.
CONSIDERACIONES
1. El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 prevé que «las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz», pauta que ratifica el artículo 5 del Decreto 306 de 1992, al señalar que:
«De conformidad con el artículo16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa» (Se destaca).
2. En el sub lite, aunque el a quo dispuso la convocatoria de cada uno de los intervinientes en la liquidación judicial de CEP CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. (exp. 29619) ninguna de las piezas que integran el expediente digital remitido a esta Corporación revelan la efectividad de dicha comunicación respecto de Apuleyo Sanabria Vergara, Nancy Rodríguez Rodríguez, Esneda Quiroga Bernal, Luis Alberto Vela Rodríguez, Dimas Yonel Robles Robles, Martha Isabel Silva Moreno, Jhon Fredy Vargas Mejía, Félix Otalora Caro, María Antonia Vargas de Otalora, Ivonne Julieth Torres Gómez, Jaime Caldas Torres, y de Vivian Rincón Rodríguez (Liquidadora); ni dan cuenta de la satisfacción de tal gestión para garantizarles el ejercicio del derecho de defensa, omisión que cobra especial relevancia, teniendo en cuenta que en el plenario obran sus “direcciones de correo electrónico” e incluso algunos números de teléfono, donde bien pudieron ser noticiados de la existencia de esta acción superlativa.
Luego, el dossier no revela la efectividad de dichas gestiones, ni la suficiencia de tal cometido para garantizarles el ejercicio del derecho de defensa, cuando tenían que ser debidamente avisados e integrados a este instrumento especialísimo.
3. Así las cosas, dado el particular interés que eventualmente asiste a los prenombrados en el paginario acusado, se impone invalidar lo diligenciado, para que la Sala de origen restablezca sus prerrogativas y dicte una nueva decisión con su convocatoria o de quien los represente. Lo anterior, si se tiene en cuenta que,
«No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena –como no lo es ninguna acción judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su trámite ‘se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integración de la causa pasiva’ (Corte Constitucional. Auto 257 de 1996)» (ATC4548-2018 y ATC567-2021).
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Declara la nulidad de lo rituado en la tutela de la referencia, a fin de vincular a Apuleyo Sanabria Vergara, Nancy Rodríguez Rodríguez, Esneda Quiroga Bernal, Luis Alberto Vela Rodríguez, Dimas Yonel Robles Robles, Martha Isabel Silva Moreno, Jhon Fredy Vargas Mejía, Félix Otalora Caro, María Antonia Vargas de Otalora, Ivonne Julieth Torres Gómez, y Jaime Caldas Torres, y Vivian Rincón Rodríguez (Liquidadora de la misma), y se adelanten las diligencias encaminadas a su efectiva «notificación».
Devuélvase el infolio a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, para que adopte las medidas que estime necesarias a fin de rehacer el procedimiento.
Entérese de lo resuelto a los interesados y al a quo por el medio más expedito.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada