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AC4509-2021 (2021-02194-00)
AC4509-2021
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-02194-00
Se decide el conflicto de competencia que surgió entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia -Risaralda- y el despacho Primero Segundo Civil del Circuito de Ciénaga, atinente al conocimiento de la acción popular instaurada por Sebastián Colorado López contra el Banco Davivienda.
I. ANTECEDENTES
1. En defensa del bien colectivo, el demandante interpuso acción popular en contra de la aludida entidad, argumentando que «no Cuenta en el Inmueble donde presta sus servicios públicos, con interprete (sic) profesional ni con un guía interprete (sic) profesional, que describa el inmueble a la población objeto ley 982 de 2005».
Asimismo, tras pregonar que «la vulneración o agravio ocurre a lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO», precisó que «el sitio del domicilio y de la vulneración, los aporto en la parte final de mi acción Constitucional», a saber, «Sitio de vulneración: CIENAGA MAGDALENA/CARRERA 11 N° 8 – 25». Además, resaltó que las «notificaciones» del «accionado» se han de efectuar en la «Calle 7 Nro 7 16 la Virginia Rda».
A partir de la anterior denuncia, el gestor solicitó a la judicatura ordenar a la sociedad accionada que «contrate de planta un profesional interprete (sic) y un profesional guía interprete (sic) de planta en el inmueble de la entidad accionada a fin de cumplir ley 982 de 2005, art 8 en un término NO MAYOR A 30 DIAS o contrate con entidad idónea CERTIFICADA por el ministerio de educación nacional la IDONEIDAD de la entidad con que se Certifique la idoneidad de la entidad contratada. A fin q (sic) no se contraten con personal NO IDONEO (sic)»; adicionalmente, que «se verifique la existencia de señales visuales, sonoras y auditivas para este tipo de poblacional»; entre otras (PDF «01. ACCION POPULAR»). Al asunto se le asignó el número de radicado 2020-00427-00.
2. El escrito inicial fue asignado al despacho Promiscuo del Circuito de la Virginia, el cual, a través de proveído de 14 de enero de 2021, admitió la demanda (PDF «02. 2020-00427 ADMITE AP cienaga»). Posteriormente, por auto de 16 de abril del 2021, declaró la nulidad de todo lo actuado y rechazó la acción por falta de competencia. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Ciénaga – Magdalena (reparto), en tanto consideró,
«En relación con lo anterior, observa el Despacho que en un principio no debió ser admitida la presente acción popular por carecer de competencia para conocer sobre la misma, dada cuenta que la parte accionada es el Banco Davivienda de la CARRERA 11 Nº 8 – 25 en CIENAGA MAGDALENA. (…)
No es acertado entonces bajo la reiterada perspectiva de la Alta Corporación y de lo que ya en otras ocasiones ha considerado este mismo despacho, que aquí se asuma la competencia para conocer de la presente acción popular, pues La Virginia – Risaralda, no es el sitio donde está ubicado el domicilio principal de la demandada y tampoco es el territorio donde se está produciendo la presunta vulneración de los derechos colectivos invocados. (…)
Siendo así las cosas, aunque el actor popular decidió presentar su demanda ante el Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia – Risaralda, tal proceder no se ajusta a las opciones que le otorga el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, pues dicho funcionario no es el juzgador del territorio de ocurrencia de los hechos narrados, ni el del domicilio principal de la demandada, por cuanto pese a que en este municipio existe una sucursal de la entidad financiera accionada, ese motivo no es suficiente para que se radique el conocimiento sobre el asunto en esta localidad, como quiera que la norma no establece dicho factor como determinante para fijar la competencia en las acciones populares.
Se desprende entonces de lo analizado que, este Despacho no es el competente para conocer de la acción popular impetrada por SEBASTIÁN COLORADO; en consecuencia, se declarará la nulidad de todo lo actuado a partir de la admisión de la acción popular, y en su lugar se rechazará la demanda y se ordenará su envío a los Juzgados Civiles del Circuito de CIENAGA MAGDALENA, a fin de que sea tramitada allí, por tratarse de la municipalidad en la que se encuentra ubicada la Sede de la entidad bancaria en la que se presente la supuesta vulneración de los derechos colectivos alegados en el escrito de demanda» (PDF «04. 2020-00427 DECLARA NULIDAD, RECHAZA POR COMPETENCIA»)
4. Por auto de 29 de abril de 2021, la autoridad judicial de la Virginia desató el recurso horizontal propuesto, resolviendo «NO REPONER los autos de 16 de abril de 2021, proferidos dentro de las acciones populares radicadas bajo los números 64003189001-2020 (…) 00427» (PDF «08. Resuelve recurso AP 2020-00403 a 2020-00492»).
5. Cumplidos los trámites, el expediente fue entregado al despacho Segundo Civil del Circuito de Ciénaga. Sin embargo, en resolución de 15 de junio del 2021, optó por abstenerse de avocar conocimiento del presente asunto. En consecuencia, promovió el conflicto de competencia que ocupa la atención de la Corte. Para ello, expresó que
«Haciendo un examen del expediente se advierte que la demanda fue avocada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia – Risaralda, ADMITIÉNDOLA5 el 14 de enero de 2021, a pesar de que en el acápite de Notificaciones se señalaba como lugar de vulneración carrera 11 N° 8 – 25 de Ciénaga.
Posteriormente, mediante auto del 16 de abril de abril del año en curso, Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia – Risaralda declaró la nulidad por falta de competencia territorial, y aunque se impetró recurso de reposición por el accionado SEBASTIÁN COLORADO, fue resuelto el 19 de abril de forma desfavorable, disponiendo la remisión a esta Agencia Judicial.
Con fundamento en lo motivado, puede afirmarse sin mayores ambages que la pretendida falta de competencia declarada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia – Risaralda, dentro del proceso de marras, no se configuró por su “SANEAMIENTO” al PRORROGARSE por mandato legal, y por tal, este Despacho Judicial NO AVOCARÁ el conocimiento de la acción popular, provocando el CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, remitiendo el expediente a la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA para que desate la controversia suscitada, como superior funcional común de ambos Juzgados, al ser circunscripciones judiciales diferentes» (PDF «14 AUTO NO AVOCA CONOCIMIENTO Y CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ACCIÓN POPULAR – RAD. 2021- 00052»).
6. Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.
II. CONSIDERACIONES
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Pereira y Santa Marta, la Corte es la competente para resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de conformidad con los artículos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.
2. El ordenamiento jurídico establece factores de competencia para definir a qué funcionario judicial le corresponde el conocimiento de determinado asunto. Tales criterios, incluso, pueden ser concurrentes.
3. Tratándose de acciones populares, el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, establece que «será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda» (se subraya).
La Corte en un pronunciamiento que guarda simetría con el aquí analizado, tuvo ocasión de señalar que:
[L]a reseñada norma consagra un evento de “concurrencia de fueros”, que en el ámbito del “factor Territorial” posibilitan al “actor popular” la escogencia del funcionario judicial para presentar el escrito introductorio, aspecto este que la doctrina jurisprudencial de esta Corporación ha explicado en reiteradas oportunidades, señalando que “el gestor de la demanda al momento de seleccionar el funcionario competente, bien puede encontrarse frente a la presencia de uno sólo de los fueros o de varios de ellos, (…), evento ante el cual, iterase, le corresponderá, a su arbitrio, determinar por cuál de ellos se decide. Y, claro una vez defina sobre el particular, en principio, en esos términos deja definida la competencia, la que, por excepción, puede variar solo si el demandado, mediante los mecanismos idóneos refuta la atribución efectuada por el demandante (CSJ AC013-2016, 12 ene. 2015, rad. 2015-03159).
El anterior lineamiento atribuye al actor popular la facultad de definir ante que autoridad jurisdiccional ventila el asunto, teniendo como derroteros el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado -a prevención del gestor-. Una vez materializada dicha escogencia, resulta vinculante para el funcionario ante el cual se efectúa.
4. En el asunto objeto de estudio, la Sala advierte que, de conformidad con los hechos expuestos en la demanda, el lugar consignado como de ocurrencia de los hechos fue la ciudad de Ciénaga, ubicando el sitio de la vulneración en la Carrera 11 No. 8-25 de dicha municipalidad. No obstante, el actor radicó la demanda en La Virginia (Risaralda), ciudad en la que aseveró que el Banco Davivienda tenía su domicilio -«Calle 7 No. 7-16 la Virginia Rda»-.
Fue por tal razón que la Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia, mediante auto de fecha 14 de enero de 2021, dio por acreditado los requisitos del artículo 18 de la Ley 472 de 1998 y avocó conocimiento de la demanda, presentándose así, la prorrogabilidad de la competencia.
En el punto, la Sala ha considerado que:
«…Al juzgador, ‘en línea de principio, le está vedado sustraerse por su propia iniciativa de la competencia que inicialmente asumió, pues una vez admitida la demanda, sólo el demandado puede controvertir ese aspecto cuando se le notifica de la existencia del proceso. Dicho de otro modo, ‘en virtud del principio de la «perpetuatio jurisdictionis», una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendió el conocimiento del asunto. “Si el demandado (…) no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le está vedado modificarla…» (CSJ SC AC051-2016, 15 ene. 2016, rad. 2015-02913-00).
5. Bajo dicha hermenéutica y revisadas las actuaciones jurisdiccionales, se evidencia que el funcionario judicial avocó el trámite de la acción asumiendo de esta manera su competencia. Por tanto, no podía a su arbitrio separarse del conocimiento del asunto, a menos que el demandado hubiese cuestionado dicho proceder, circunstancia que no acaeció.
Sobre el particular la Sala indicó que
“Una vez el asunto es asignado a un operador judicial, a él le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunción de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los demás de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente”1.
Asimismo, en un caso de análogo temperamento destacó
6. Por las razones antedichas, procede remitir la presente demanda al Despacho Promiscuo del Circuito de La Virginia -Risaralda- para que continúe con el trámite de la acción emprendida.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia es el competente para conocer de la acción popular de la referencia, quien deberá continuar con su trámite. Remítase el expediente.
SEGUNDO. Comunicar lo decidido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga, acompañándole copia de este proveído.
TERCERO: Por Secretaría, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso.
NOTIFÍQUESE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado
1 CSJ AC1836-2019.