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STC1352-2022
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada ponente
STC1352-2022
Radicación nº 68001-22-13-000-2022-00010-01
(Aprobado en Sala de nueve de febrero de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintidós (2022).
Se dirime la impugnación del fallo proferido el 24 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que la sociedad Operadora de Transporte Masivo Movilizamos S.A. le instauró a los Juzgados Sexto Civil del Circuito de esa ciudad y Tercero Civil Municipal de Floridablanca, extensiva a José del Carmen Valdivieso Sánchez y demás intervinientes en el consecutivo debatido.
ANTECEDENTES
1.- La libelista, a través de su gerente y representante legal, invocó la protección de los derechos al «debido proceso y acceso a la administración de justicia en la imposición de la sanción por desacato» para que se ordenara «dejar sin efectos el auto 14 de diciembre de 2021 proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Floridablanca y el auto 12 de enero de 2022 proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga».
En lo que resulta relevante, adujo, que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Floridablanca, en el «incidente de desacato (…) por incumplimiento al fallo de tutela de fecha 7 de octubre de 2021», que José del Carmen Valdivieso Sánchez presentó en su contra, sancionó a Nelson Arenas Neira «en calidad de representante legal de la empresa, con multa de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes», tras concluir que «pese a que realizó pronunciamiento frente a todos los autos proferidos dentro del presente trámite, no pudo demostrar las actuaciones desplegadas con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela de segunda instancia, pues se limitó a solicitar el cierre del asunto, alegando la imposibilidad de darle cumplimiento y manifestando su inconformidad con la decisión adoptada por el juez constitucional ad quem, sin que a la fecha hubiese realizado acciones tendientes a dar cumplimiento a lo ordenado» (14 dic. 2021), determinación que en grado jurisdiccional de consulta confirmó el superior (12 en. 2022).
En su criterio, tales pronunciamientos lesionaron sus prerrogativas, pues «la sanción impuesta es abiertamente desproporcionada e ilegal, al considerar el juez de segunda instancia que no cumplió con el requisito de autorización previa por parte del Ministerio de Trabajo, argumento que no solo se encuentra en el cuerpo de la sentencia, sino también en su parte resolutiva, es decir que la vulneración al derecho fundamental al debido proceso encuentra cabida en la ratio decidendi y en el decisum», aunado a que en la sentencia SU034 de 2018 se indicó que «no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los casos en que la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó quién debía cumplirla o porque su contenido es difuso (…), en este orden de ideas, al existir una orden difusa, los jueces no debieron imponer sanción alguna, como en su defecto lo hicieron».
2.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga se opuso al ruego, por cuanto la accionante expresa su desacuerdo con «una decisión de naturaleza constitucional».
El Tercero Civil Municipal de Floridablanca relató la actuación desplegada y defendió la legalidad del proveído atacado.
3.- El a quo negó el amparo porque «no se evidencia que de forma alguna los accionados incurrieran en defecto fáctico o una de las causales especiales de procedibilidad al proferir las decisiones atacadas, como quiera que estas son el resultado de la valoración conjunta de las pruebas que militan al expediente, por lo que lucen razonables y atendibles a las circunstancias fácticas del caso estudiado, lo que permite concluir que el promotor acude a esta vía residual, a controvertir la tesis del fallador ordinario, pretendiendo que el juez de tutela acoja su posición como más idónea, cuestión que excede los propósitos de este escenario constitucional».
4.- Impugnó la tutelante insistiendo en las alegaciones inaugurales, agregando que «si se revisa el trámite del incidente de desacato se puede observar que ni siquiera el juez que sanciona el incidente tiene claridad en como se da cumplimiento a la orden emitida, solo hasta esta instancia, el juez sexto del circuito expresa que su cumplimiento radica en pagar todos los emolumentos adeudados, supuesto fáctico que no se extrae de la orden dada porque esta gira en torno a una presunta suspensión contractual que violó el debido proceso, razón por la cual, es necesario ahondar en cuanto a la claridad de la orden cuyo incumplimiento fue objeto de sanción por incidente de desacato».
CONSIDERACIONES
1.- De entrada, se advierte la improcedencia del resguardo por falta de legitimación en la causa por activa, en tanto la gestora, como persona jurídica, no es la titular de la dispensa infringida, ni actúa en nombre o como agente oficioso del perjudicado.
Lo que se colige del «trámite incidental» rebatido es que, quien funge como «sancionado» es Nelson Arenas Neira; de suerte que las disertaciones de la Operadora de Transporte Masivo Movilizamos S.A. apuntan al anhelo de eventuales «prerrogativas» de las que no es «titular». Así lo prevé el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991:
[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto.
Por consiguiente, a estas diligencias deben comparecer los «titulares de los derechos afectados», bien directamente o a través de su «representante», salvo que se encuentren impedidos para ejercerlos, evento en el cual un tercero podrá agenciarlos.
En el sub lite la sociedad actora carece de «legitimación» para incoar la guarda frente a la providencia que impuso sanción por desacato (14 dic. 2021) y la que la confirmó en sede de consulta (12 en. 2022), comoquiera que el «titular de las prerrogativas» cuya custodia anhela es Arenas Neira, por ser el destinatario de la penalidad fustigada, pues obsérvese que la compañía viene actuando «a través de su representante legal», sin que en el escrito genitor se invoque los «derechos» de éste como persona natural.
A tono con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación es constante y reiterativa en afirmar que, superada la «improcedencia» que en principio se predica del auxilio contra lo resuelto en un «incidente de desacato», la legitimación en causa por activa para hacer efectivo tal reproche recae:
«únicamente la persona natural a quien se impuso multa y arresto, si estimaba que se habían quebrantado sus garantías, estaba legitimada para recurrir a la herramienta constitucional, a efectos de solicitar su protección, lo que podía hacer, bien directamente, o a través de mandatario especialmente constituido para la acción, comoquiera que cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garantías que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, calidad que en el presente asunto no puede hacerse extensible [a la institución] tutelante ni siquiera como sucesor procesal (…), toda vez que la sanción no se dirigió contra dicho ente sino, se itera, contra [la funcionaria]», advirtiendo que «la reclamante tampoco manifestó que actuara [como agente oficioso] ante la imposibilidad de la funcionaria sancionada de procurar su defensa, como tampoco acreditó la existencia de mandato judicial para este trámite, lo que de manera liminar se traduce en la improcedencia de la solicitud de amparo» (STC, 16 ag. 2012, rad. 01701-00, reiteradas en STC1148-2021, STC5118-2021 y STC9805-2021), Subrayado fuera del texto.
2.- Ergo, se avalará el fallo impugnado, pero por la razón aquí decantada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas.
Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
AUSENCIA JUSTIFICADA
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
MARTHA PATRICIA GUZMAN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS