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AC982-2022 (2022-00368-00)
AC982-2022
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00368-00
Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil Laboral del Circuito de Calarcá (Quindío) y Primero Civil del Circuito de Cali (Valle del Cauca), para conocer de la demanda verbal de responsabilidad civil contractual y extracontractual promovida por Adriana, Willintong Armero Paz, Liliana Paz y Andrés Felipe Muñoz Paz contra José Gregorio Valencia Durango, Transportes Especiales Triple A S.A.S. «Especiales AAA» y la Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo «Equidad Seguros Generales».
ANTECEDENTES
1. Ante el primero de los despachos en mención los promotores pidieron se declare a los convocados: I) responsables solidaria, contractual y extracontractualmente de los daños y perjuicios físicos, morales y económicos a ellos causados con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el día 14 de octubre de 2019, a la altura del kilómetro 76 + 100 metros de la vía que conduce de la Uribe a Calarcá, en el que falleció Aida Cecilia Paz de Armero y resultó lesionada Adriana Armero Paz; y II) se condene a los demandados a pagar una indemnización, más los intereses de mora.
En el libelo los convocantes invocaron que ese juzgado es el competente por «…el lugar donde ocurrieron los hechos de tránsito, [a]rtículo 28 [numeral] 6º del C.G.P.».
2. El despacho judicial de esa ciudad rechazó la demanda por falta de competencia territorial, en razón a que en juicios derivados de una relación contractual es aplicable el domicilio de la demandada y el lugar de cumplimiento de la obligación pactada en el acuerdo, en los términos de los numerales 1º y 3º del artículo 28 del Código General del Proceso, y como en el caso de autos el contrato de transporte celebrado lo fue para trasladar a las víctimas desde Zipaquirá siendo el lugar de destino la ciudad de Cali, corresponde a su homólogo de esta urbe el conocimiento del asunto; además, coincide con el domicilio de la empresa transportadora convocada.
Agregó que aun cuando en el libelo se alega conjuntamente la acción contractual y la extracontractual, no es posible escindirlas y asumir únicamente la responsabilidad civil extracontractual.
3. El estrado destinatario del expediente declinó su conocimiento y planteó la colisión negativa de esta especie, habida cuenta que en el sub examine hay concurrencia de fueros: el domicilio de la demandada y el lugar de acaecimiento de los hechos, en los términos de los numerales 1º y 6º del precepto 28 de la misma obra, quedando al alcance de los promotores elegir en donde presentar el libelo; quienes indicaron en el acápite de competencia del libelo que esta radica en «…el lugar donde ocurrieron los hechos de tránsito», por ende al caso de autos es aplicable el numeral 6º de la disposición citada.
CONSIDERACIONES
1. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.
2. El numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, precisando que si tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elección del accionante, además de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el país.
Al respecto la Sala ha manifestado que:
… como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00).
A su vez, el numeral 3° dispone que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucran títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones (forum contractui).
Por eso doctrinó la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de «alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor» (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00).
Además, el numeral 6° dispone que «[e]n los procesos originados en responsabilidad extracontractual es también competente el juez del lugar en donde sucedió el hecho».
Por tanto, en tales juicios la regla del factor territorial que establece que el rito debe iniciarse ante el funcionario con jurisdicción en el domicilio del demandado, concurre con otra, para otorgar la potestad al actor de incoar la acción también ante el lugar donde se dieron las situaciones generadoras del insuceso.
Sobre esto tiene sentado la Corte que:
El ordenamiento positivo consagra los diversos factores que posibilitan establecer a qué funcionario le concierne tramitar y decidir un caso particular.
El territorial, que es el que aquí corresponde definir, tiene como regla general que la causa deberá surtirse ante el juez de la jurisdicción del domicilio de aquel contra quien se adelante (art. 21-1 [actual numeral 1° artículo 28 del Código General del Proceso]); de igual manera, cuando el tema del debate comprende asuntos derivados de la responsabilidad civil extracontractual, también se habilita a la autoridad judicial «donde ocurrió el hecho (art. 23-8 [actual numeral 6° canon 28, del C.G.P.]).
Quiere eso significar que en tratándose de eventos en los que se invoca la culpa aquiliana, la normatividad contempla una competencia concurrente, que faculta adelantar la causa ante el funcionario de la vecindad del llamado a juicio, o al del sitio en el que aconteció el insuceso.
La escogencia de uno de esos fueros es una potestad de la parte reclamante, que el administrador de justicia no puede alterar u objetar… (Resaltó la Corte, CSJ ATC879-2016).
3. Desde esa óptica carece de razón el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Calarcá para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, porque en esta localidad ocurrió el accidente de tránsito en el que falleció Aida Cecilia Paz de Armero y resultó lesionada Adriana Armero Paz, tal como se evidencia en: I) el informe policial de accidente de tránsito n.º A001038220 del Organismo de Tránsito de Calarcá de 14 de octubre de 2019; II) el informe pericial de necropsia n.º 2019010163001000441 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 15 de octubre de 2019; III) el informe pericial de clínica forense n.º UBCALI-DSVLLC-14696-C-2019 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 17 de octubre de 2019; y IV) la noticia criminal n.º 630016000033201902196 de la Fiscalía 10 de Calarcá de 17 de octubre de 2019 allegados con la demanda, lo cual otorga competencia al funcionario en mención, por ser el lugar donde ocurrieron los hechos a términos del comentado numeral 6° del artículo 28 del Código General del Proceso.
Por ende, es inadmisible el argumento del despacho judicial de Calarcá, al pretender apartarse del conocimiento del asunto, porque si bien es cierto que el domicilio de los demandados es el fuero general de atribución de competencia territorial, también es cierto que en este caso concurre el lugar de ocurrencia de los hechos, como ya se anotó, y la facultad de escogencia recae en los promotores, lo cual vincula al juez elegido para tramitar la demanda correspondiente.
Y como los convocantes eligieron accionar ante el juez de Calarcá, es elección que conforme el precedente de esta Corte ut supra debió respetar el funcionario que primero conoció el asunto.
4. Como consecuencia de lo anotado, se remitirá el expediente al Juzgado Civil Laboral del Circuito de Calarcá (Quindío), por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informará de esta determinación al otro despacho involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Calarcá (Quindío), al que se le enviará de inmediato el expediente.
Comuníquese esta decisión al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitirá una copia de esta providencia.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado