Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
STC10462-2022
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada ponente
STC10462-2022
Radicación nº 11001-02-04-000-2022-01312-01
(Aprobado en Sesión de diez de agosto de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022).
Se resuelve la impugnación del fallo proferido el 12 de julio de 2022 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Ricardo Sarmiento Pinto instauró en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior, los Juzgados Cuarenta y Nueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y la Fiscalía 277 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, todos del Distrito Judicial de Bogotá, extensiva a los demás intervinientes en el consecutivo 2006-01656.
ANTECEDENTES
1.- El libelista, en nombre propio, exigió la protección de las prerrogativas al «debido proceso», «libertad», «defensa», «igualdad» y a la «circulación de la información», para que se ordenara a las autoridades convocadas suspender de manera inmediata el juicio de extradición que se adelanta en su contra y declarar la nulidad de todas las actuaciones surtidas a partir de la declaración de persona ausente.
En compendio, adujo que el 24 de enero de 2013 el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta capital lo declaró «persona ausente» y, después, lo condenó a 94 meses de prisión, multa de 100 S.M.M.L.V. y lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por los delitos de falsedad material en documento público y privado agravado y estafa agravada (21 abr. 2015); resolución que el superior modificó para disminuir la pena a 87 meses y 21 días de cárcel (18 jul. 2017).
Señaló que el Juzgado Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a quien se remitió el litigio, emitió circular roja de Interpol para capturarlo en calidad de fugitivo, materializada el 19 de julio de 2021 en Buenos Aires, Argentina, lugar donde reside de forma permanente, legal y continua desde el 7 de marzo de 2012, “situación que se puede verificar con la (…) expedición de [su] pasaporte AM887299 y las posteriores salidas del país (…)[, su] trámite migratorio siempre estuvo ajustado a derecho (…) no registr[ó] orden de captura o conducción por requerimiento judicial previo”.
Sostuvo que “no [se] allan[ó] al proceso de extradición (…) por las inconsistencias e irregularidades presentadas (…) y la falta de seguridad jurídica”, como quiera que en el pleito “se cometieron flagrantes violaciones al debido proceso incluyendo la falta de una verdadera defensa técnica y material”; ello, porque, el abogado que le nombraron “se limitó a una mera intervención formal y al no haber tenido contacto alguno (…) no pud[o] establecer una verdadera estrategia (…), sin permitir[le] la intervención (…), ni la contradicción de las pruebas aportadas (…), vulnerando el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal, artículo 29 de la Constitución Política y el literal d) del numeral 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Destacó que hubo anomalías en el enteramiento de las providencias dictadas en el asunto y “hubo una total ausencia del Estado Colombiano [en tanto que] debió agotar todos los medios y recursos posibles para [su] localización”, máxime si se tiene en cuenta que “las autoridades colombianas conocían de [su] paradero y hubiese podido tomar medidas previas”; adicionalmente, luego de “11 meses de cautiverio y pese a múltiples requerimientos, no tuv[o] asistencia consular alguna”.
2.- El Tribunal Superior de Bogotá narró las etapas surtidas en esa sede y dijo que “en la parte motiva” de la determinación cuestionada “se ilustraron las razones de la determinación que se adoptó”.
El Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá afirmó que “en cada una de las actuaciones adelantadas en desarrollo del juicio, fueron respetadas los derechos y garantías del procesado”. Advirtió que cuando se le repartió la lid, “no se conocía una dirección concreta donde se le pudiera efectuar la notificación de las audiencias, solamente se tenían registradas la av. 5 #62B-70 y la calle 27 #22-62 y los números telefónicos 205638 – 3376089 a la cual se le remitió la citación en once oportunidades” y que al examinar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud – FOSYGA aparecía que el actor no tiene BDUA; de manera que, no tuvo otro mecanismo para ubicarlo y, en ese sentido, “no ha existido vulneración de derechos fundamentales”.
El Once de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad resaltó que el sedicente “puede acudir ante una eventual iniciación de la acción de revisión, toda vez que cualquier pretensión encaminada a modificar la inmutabilidad de una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, es susceptible de ser estudiada a través de dicho mecanismo”.
La Fiscalía 277 Seccional – Unidad Fe Pública dijo que actualmente “no cuenta con las diligencias físicas ni tiene acceso a las actuaciones en el sistema SPOA”.
La Defensora Pública de la Unidad 10 – SPOA, indicó que de conformidad con los artículos 192 del Código de Procedimiento Penal y con base en lo manifestado por el gestor en el escrito primigenio, “la acción de revisión procede atendiendo el cumplimiento de los requisitos (…) trámite que no se ha realizado aun”. Por ende, le enviará un correo electrónico para ilustrarle sobre ello “y de ser posible que envíe los elementos materiales probatorios que considere sustentan en debida forma la viabilidad (…) de una eventual acción de revisión”.
El Centro de Servicios Judiciales – Sistema Penal Acusatorio de Bogotá pidió su desvinculación, por cuanto “no ha incurrido por acción ni por omisión en la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales alegados”.
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACIÓN
1.- El a quo desestimó el amparo, tras colegir que «no se cumple el presupuesto general de la inmediatez, pues, aunque el accionante señaló no conocer el proceso adelantado en su contra, de lo allegado a la actuación se puede concluir que por lo menos, desde el 21 de julio de 2021, conocía las sentencias emitidas en su contra, pues desde dicha data se encuentra privado de la libertad en virtud de tales providencias y solo hasta junio de 2022 acudió a la acción constitucional, es decir, casi un año después de producida su captura».
Igualmente, adveró que «tampoco se cumple el presupuesto de la subsidiariedad, pues aunque su defensor instauró recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, los motivos de disenso se circunscribieron a: i) que la actuación se debió adelantar bajo el procedimiento de la Ley 600 de 2000 y no por la Ley 906 de 2004; ii) la discrepancia sobre la estrategia defensiva utilizada por el antecesor en la defensa y iii) la responsabilidad de SARMIENTO PINTO, más no sobre la falta de notificación del accionante o nulidad por la declaratoria de persona ausente, pues dicho aspecto no fue motivo de inconformidad» y, agregó que «no se interpuso el recurso extraordinario de casación, como última posibilidad instituida por la Constitución y la ley procedimental penal para realizar un control constitucional y legal tanto del fallo de segundo grado como del proceso penal en su integridad».
Enfatizó que «al existir una sentencia ejecutoriada en su contra, y si considera que posee elementos materiales probatorios que no existían al momento de surtirse el proceso penal de referencia, los cuales versen sobre hechos que no fueron objeto debate en dicha oportunidad y que tienen la vocación probatoria suficiente para demostrar su inocencia, tiene la posibilidad hacer uso de la acción de revisión establecida en el artículo 192 y subsiguientes de la Ley 906 de 2004».
2.- Ese desenlace fue repelido por el auspiciante argumentando que, «aunque existan en apariencia y en abstracto otras vías de defensa judicial de los derechos presuntamente amenazados o transgredidos, la tutela es la vía procedente para amparar»; lo que significa que, el juez constitucional «tiene la obligación de evaluar que los mecanismos ordinarios de defensa ofrezcan la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela para lo cual debe examinar si las acciones ordinarias son adecuadas, proporcionales y efectivas suficientemente».
En torno a la negligencia que se le atribuyó, por acudir tardíamente a esta vía excepcional, esgrimió que «obedeció a una situación totalmente ajena a [su] voluntad, (…) estuv[o] dos meses en una sede policial de Interpol al momento inmediato de [su] captura, unidad policial en la que solo tenía 10 minutos de ducha y 5 minutos diarios de teléfono, sin acceder a ningún tipo de visita, sin saber si era de noche o de día. Posteriormente fu[e] alojado en un penal de máxima seguridad en el cual no se [le] permitió el ingreso de documentación procesal y solo hasta ser alojado este año en un penal de otras condiciones, logr[ó] tener acceso a papel, asesoría jurídica y acceso a material para poder formular la acción de tutela».
Finalmente, insistió en lo aludido desde un inicio, en el sentido que «no hubo ninguna medida de aseguramiento previa que garantizara [su] ubicación, búsqueda y comparecencia, a pesar que el Estado Colombiana sabía de [su] residencia legal».
CONSIDERACIONES
1.- Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la «acción de tutela» es un instrumento jurídico concebido para la guarda de las garantías esenciales de las personas, cuando son vulneradas o amenazadas por los actos u omisiones de los jueces, y en determinadas hipótesis de los particulares, cuya naturaleza residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de «defensa judicial».
Además, impone el agotamiento previo de todas las herramientas de «protección» a disposición de los interesados, dado su carácter eminentemente supletivo, de otra manera, se convertiría en un medio para obviar las alternativas contempladas en los ordenamientos comunes y ante los iudex naturales.
2.- De entrada, se anuncia la convalidación de la directriz confutada, porque en la causa objeto de estudio se irrespetó el presupuesto de subsidiariedad, lo que impide el estudio de fondo del socorro.
Téngase en cuenta que si Ricardo Sarmiento Pinto estima que con posterioridad a la «sentencia condenatoria» surgieron «hechos nuevos» o «pruebas no conocidas al tiempo de los debates» que demuestren su «inocencia o inimputabilidad», o que aquel «fallo se fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones», puede promover la «acción de revisión» que consagra el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) en sus preceptos 192 y siguientes (STC10917-2021).
Bajo ese derrotero, de manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que:
La acción de revisión es un mecanismo adjetivo de control que se concreta a través de un proceso judicial independiente, el cual, excepciona por voluntad del legislador los efectos de cosa juzgada y la presunción de legalidad de una decisión jurisdiccional ejecutoriada acusada de ser injusta, nítidamente alejada de la verdad real e histórica que contraviene los fines de una recta administración de justicia, para, en su lugar, emitir una nueva y conseguir la justicia en el caso particular (SP, 31 de octubre de 2012, Proceso No. 28476).
También ha esbozado que su procedencia depende única y exclusivamente de las causales consagradas para ello, «(…), es la acción de revisión, de que trata los artículos 192 y ss de la Ley 906 de 2004, el mecanismo idóneo a través del cual, puede ventilar la pretensión de revisión de la sentencia condenatoria impuesta en su contra y exponer las “pruebas nuevas” que aduce existen. No siendo viable, ante la existencia de un medio ordinario, llevar a cabo dicha labor a través de esta vía preferente… (STP668-2021, 19 en.).
En ese orden de ideas, si alguna inconformidad tiene el censor frente al rito en cuestión, será en el desarrollo normal de la impugnación extraordinaria donde deberá exponerla, sin que pueda soslayar los medios idóneos de «defensa» que al efecto le concede la ley adjetiva, cuya eficacia no decae frente a hipotéticas circunstancias como las referidas.
(…) [E]n relación con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa técnica, tal situación no conlleva la vulneración de garantías fundamentales, pues, según las pruebas aportadas a la actuación, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por él presentadas. No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente… por parte del profesional del derecho designado, existen vías para denunciar tal situación, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado, frente a ello, esta Corporación ha expuesto que ‘Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesión, y que el interesado puede reclamar por otras vías, no sirve para edificar una acción de tutela contra decisiones judiciales’ (…) porque el derecho de postulación no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de ‘(…) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jurídico procesal (…)’, ya que eso sería opuesto a la ordenación del proceso y a los principios de eventualidad y preclusión… (STC9510 de 13 de julio de 2016, rad. n.° 11001-02-04-000-2016-00905-01, reiterada en STC997-2021).
4.- Ergo, se refrendará el veredicto opugnado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida.
Infórmese por el medio más expedito a los interesados y, oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS