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STC11777-2022
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
STC11777-2022
Radicación nº 11001-02-03-000-2022-02953-00
(Aprobado en Sala de siete de septiembre de dos mil veintidós)
Decide la Corte la acción de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), así como las partes e intervinientes en la acción popular n.º 2022-00040.
ANTECEDENTES
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclama la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporación enjuiciada.
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
El gestor promovió acción popular contra César Augusto Arcila Rodríguez como propietario del establecimiento de comercio «IMPACTO TIENDA DE ROPA», en procura de que se ordenara la construcción de una rampa en dicho lugar, «cumpliendo normas ntc, normas icontec, a fin q (sic) cumpla ley 361 de 1997», cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, quien amparó el derecho colectivo, sin embargo, no condenó en costas.
Respecto de dicha decisión, el libelista pidió aclaración y adición, no obstante, esa solicitud fue negada por el estrado cognoscente. Frente a tal determinación, el memorialista interpuso reposición, la cual fue resuelta desfavorablemente.
Posteriormente, al estudiar el recurso de alzada propuesto por el querellante contra la sentencia, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, revocó el numeral séptimo de la providencia del a quo, en tanto advirtió que «[l]a condena en costas es una consecuencia legal que pesa sobre la parte vencida, en el presente caso, sobre el ciudadano César Augusto Arcila Rodríguez, a quien se le impuso la carga de ejecutar la obra reclamada, por efecto de la formulación de la demanda popular, cuya finalidad es que finiquite la amenaza del derecho colectivo que se pretendió proteger» y en consecuencia, concedió dicho rubro en favor del actor y a cargo del allí convocado, pero solo en lo concerniente al primer grado de esa tramitación.
Resolución que, a juicio del precursor, es contraria a lo establecido en el artículo 365-1 del Código General del Proceso, puesto que, al ser favorable la apelación, la demandada debía ser sancionada en ambas instancias.
3. Pretende que, «se ordene al tutelado, que conceda agencias en derecho [a su] (…) favor, en ambas instancias, pues [la] alzada se amparó, art 365-1 CGP».
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADA
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, se remitió a las consideraciones expuestas en el fallo confutado.
2. La Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, indicó que no «exist[en] registros de solicitudes realizadas a la Defensoría del Pueblo, solicitando orientación, colaboración, intervención o requerimiento por parte de esta entidad, al operador judicial en los términos de la tutela, por tal motivo no se hemos vulnerado, ni puesto en riesgo ningún derecho fundamental del accionante» y en tal sentido solicitó su desvinculación del presente trámite.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico.
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada lesionó las prerrogativas fundamentales del actor, en el trámite de la acción popular (rad. 2022-00040), por cuanto no decretó la condena en costas en su favor en ambas instancias, sino únicamente para lo que concierne al primer grado de ese mecanismo.
2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una vía de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios idóneos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesión alegada, salvo que se esté en presencia de un perjuicio irremediable.
3. Caso concreto
En lo que respecta a la censura contra la decisión del tribunal encartado de no reconocer la condena en costas a su favor en ambas instancias, en el fallo que dictó en segundo grado al interior de la acción popular 2022-00040, pronto se advierte la desestimación del amparo, toda vez que esa determinación, al margen de que se comparta o no, no luce antojadiza o caprichosa en relación con la situación fáctica y jurídica tratada en ese específico escenario.
Ciertamente, la colegiatura acusada se abstuvo de imponer dicho rubro al allí convocado, en los términos ya referenciados, toda vez que la «sentencia [de segundo grado] no revoca en su integridad la del inferior (…)», postura que por sí sola no puede calificarse de arbitraria o como una vía de hecho susceptible de habilitar el resguardo.
De manera que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello se abriría camino la prosperidad de la protección constitucional, pues es necesario que la decisión se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo; sin que devenga procedente, como ya se indicó, que por esta vía subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno.
Sobre dicho aspecto, ha dicho la Sala de forma reiterada que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes» (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada entre muchas otras, en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00).
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que,
«(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resultado de una actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo análisis» (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00).
4. Conclusión.
El fallo censurado no constituye arbitrariedad susceptible de corrección por esta excepcional vía, además, porque lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la magistratura encartada, finalidad ajena a la acción de tutela.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada
Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, de no ser impugnado, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Ausencia Justificada)
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(Comisión de Servicios)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS