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STC2161-2023
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
STC2161-2023
Radicación n° 11001-02-04-000-2022-02117-02
(Aprobado en sesión de ocho de marzo de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Corte la impugnación de la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal el 26 de enero de 2022, en la acción de tutela formulada por Bruno Elías Maduro Rodríguez contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Universidad del Atlántico, trámite al cual fue vinculado el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla y citados los intervinientes en los procesos con radicado nº 080012252002-2013-80003 y nº 0800013333001-2016-00090.
ANTECEDENTES
1. El solicitante invocó la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad y trabajo, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.
Relató que el mencionado ente universitario suspendió el pago de salarios desde junio de 2000, pese a que existe verificación del cumplimiento del contrato tal y como consta en el certificado expedido el 30 de noviembre de ese año, suscrito por el rector.
Afirmó que por lo anterior interpuso demanda contra la Universidad del Atlántico con el fin de obtener el pago de las acreencias laborales, no obstante, en 2016 el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Barranquilla la rechazó por extemporánea.
Expuso que posteriormente, inició proceso para que se le reconociera la calidad de víctima del conflicto armado, asunto tramitado ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, la que en sentencia de 18 de diciembre de 2018 lo declaró víctima directa por los hechos de su persecución e indirecta por el homicidio de su hermano, autoridad que incurrió en vía de hecho, al desconocer su condición de funcionario público y docente de la Universidad del Atlántico cuando sufrió el desplazamiento forzado, porque le asignó una indemnización «que no era ni la mitad de un año de trabajo».
Sostuvo que agotó todas la vías ordinarias y extraordinarias sin recibir reparación, protección, ni los pagos por el tiempo laborado, pese a ser victimizado no solo por los grupos criminales, sino también por la Universidad del Atlántico y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que hizo de su condición un total desconocimiento de sus funciones públicas desde el momento que comenzó su situación de desplazamiento.
Señaló que «al momento del crimen y la persecución» tenía su trabajo estable, investigaciones y estudios, no obstante, su familia y él tuvieron que huir, situación que fue desconocida, mientras que a muchos profesores de la Universidad del Atlántico que estaban en su misma condición y sufrieron persecución, se les brindó asistencia.
2. Con fundamento en lo narrado, solicitó ordenar a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, corregir la sentencia cuestionada para que realice el reconocimiento del lucro cesante y daño emergente de sus empresas y condición de empleado público, además, para que efectúe las respectivas indemnizaciones y reconozca como víctimas directas a sus hijos y exesposa por el desplazamiento ocasionado, aspectos que fueron desestimados por dicha autoridad judicial.
Igualmente solicitó ordenar a la Universidad del Atlántico efectuar los pagos de lo adeudado de su contrato nº 009 de 2000 hasta la fecha, por la suma de $556.071.305, así como, los pagos de su contrato como docente de cátedra por $245.660.000 y $86.593.995 por concepto de cesantías hasta 2014 y disponer su reintegro.
3. Luego de haber sido decretada la nulidad por esta Sala ante la indebida integración del contradictorio, la Sala de Casación Penal procedió de conformidad y dispuso la vinculación de las autoridades accionadas y demás intervinientes.
RESPUESTA DE LAS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, manifestó que profirió sentencia condenatoria parcial en contra de Hernán Giraldo Serna y otros en el proceso nº 2013-80003, cuya diligencia de audiencia pública para la lectura de la decisión, inició el 18 de diciembre de 2018 y culminó en el 11 de julio de 2019, como quiera que se trató de una macro sentencia de aproximadamente 7000 folios.
En lo que respecta al accionante indicó que, a folio 2340 de la providencia se le reconoció su condición de víctima indirecta del homicidio de su hermano y luego del análisis de las pruebas aportadas para efectos de acreditar las pretensiones del interesado, reconoció una indemnización por concepto de daños morales en la suma de 50 s.m.l.m.v. con ocasión del homicidio de su hermano Hugo Elías Maduro Rodríguez, así como 50 s.m.l.m.v. por el daño a la vida en relación y 50 s.m.l.m.v. como víctima directa del delito de desplazamiento forzado.
Destacó que negó las pretensiones relacionadas con el lucro cesante por los salarios dejados de percibir como docente de la Universidad del Atlántico y presidente de la Fundación Instituto del Agua, porque no se aportaron elementos de convicción que condujeran a su reconocimiento.
Asimismo, señaló que, si el actor no estaba conforme con lo resuelto por esa Sala, pudo haber impugnado la sentencia interponiendo los correspondientes recursos de ley, sin embargo, no lo hizo, razón por la cual quedó debidamente ejecutoriada, resultando improcedente la acción de tutela para revivir términos judiciales, máxime cuando han trascurrido más de tres años de proferido el pronunciamiento cuestionado.
Posteriormente y tras el requerimiento efectuado por la Sala de Casación Penal, la secretaria de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla remitió la constancia de ejecutoria de la sentencia dictada en el proceso 2013-80003 y el link de acceso a la decisión, informando que el apoderado del señor Bruno Elías maduro Rodríguez fue debidamente notificado.
Igualmente, señaló que en este tipo de actuaciones, la ley consagra que «la obligatoriedad de las citaciones a las víctimas recae en la Fiscalía General de la Nación, en esta sentencia se trataron de más de 10.000 víctimas, la secretaría de esta Sala de Justicia y Paz, notifica a las partes procesales, Fiscalía, Ministerio Público, Abogados representantes de víctimas (contractuales y defensores públicos) a través de los Coordinares de la Defensoría del Pueblo y los contractuales a su dirección de notificación, Unidad de víctimas, INPEC, Cárceles».
2. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla informó que, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Bruno Elías Maduro Rodríguez contra la Universidad del Atlántico fue inicialmente presentado ante la jurisdicción ordinaria laboral, correspondiendo al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de esa ciudad, autoridad que el 2 de febrero de 2016 rechazó la demanda por falta de competencia y ordenó la remisión del expediente a los Juzgado Administrativos.
Explicó que, surtido el reparto, el asunto correspondió a ese despacho bajo el radicado 2016-00090, sin embargo, la demanda fue inadmitida con auto de 6 de abril de 2016 y, al no haber sido subsanada en el término concedido, dispuso su rechazo el 24 de junio de 2016, determinación frente a la cual no se formuló recurso. En ese sentido solicitó declarar la improcedencia del amparo por incumplimiento de los requisitos de la inmediatez y subsidiariedad.
3. El Coordinador del Grupo de Acciones Constitucionales del INPEC, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. En igual sentido se pronunciaron el Coordinador del Grupo de Acciones Legales y Constitucionales de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho y, la directora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas UAEGRTD.
4. La apoderada judicial de la Universidad del Atlántico indicó que el actor pudo acudir a la jurisdicción ordinaria administrativa, con el fin de solicitar el amparo de sus derechos y no esperar más de veinte años para reclamar a través de esta acción unos derechos de carácter litigioso y que han fenecido por el transcurso del tiempo.
Agregó que no se acreditó la existencia de un perjuicio inminente y tampoco se cumple con el requisito de la inmediatez.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
La Sala de Casación Penal, negó la solicitud de protección constitucional tras determinar el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, en razón a que el accionante no interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, con el fin de exponer sus inconformidades frente a la misma y reclamar que se enmendaran los yerros sustanciales o procedimentales que se hubieran podido estructurar en detrimento de sus intereses.
Respecto a los cuestionamientos dirigidos contra la Universidad del Atlántico, consideró que el amparo tampoco cumple el requisito de la subsidiariedad, habida cuenta que el actor ya sometió la problemática planteada a consideración del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, que clausuró el debate a través del auto que rechazó la demanda.
Igualmente, determinó el incumplimiento del requisito de la inmediatez, puesto que el interesado tardó aproximadamente cinco años en formular sus inconformidades contra la decisión del Tribunal Superior proferida en 2018.
Por último, descartó la existencia de un daño irreversible o un perjuicio que tuviera la virtualidad de comprometer o amenazar de manera concreta, grave y específica los derechos fundamentales del peticionario.
LA IMPUGNACIÓN
Fue formulada por el accionante, aduciendo que no fue notificado de la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla y solo hasta mayo de 2022 tuvo conocimiento de la determinación, por lo cual acudió a este mecanismo.
Respecto a la Universidad del Atlántico indicó que, dio por terminado unilateralmente el contrato «a pesar de sentencias judiciales que confirman que no hubo abandono sino una fuerza mayor como es el desplazamiento forzado por persecución violenta»; sumado a que «violó [su] condición de docente al despedir[lo] y no notificar[lo] durante todos estos años, y al ocultar el acto de despido viola la constitución y la ley, para ahora excusarse con mala FÉ de que existe prescripción».
Por último, manifestó que, si bien el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla no es accionado sino vinculado, transgredió su debido proceso al exigirle que efectuara la conciliación otorgando solo un plazo de 5 días, lo que resultaba imposible, además de confundir «la reclamación laboral con la de una nulidad y restablecimiento del derecho normal en la que si se tiene que agotar esa vía conciliatoria».
El accionante presentó «aclaración al recurso de impugnación», cuestionando que no existe exactitud en cuando profirió la sentencia el Tribunal accionado y cuál es la fecha de ejecutoria de esta, «pues por un lado dice que es 2018 y por otro lado dice que es 2019 y por otro dice que es 2020», por lo que desconoce cómo pudieron notificar a diez mil víctimas. Agregó que el memorial con las constancias de notificación al que se hace referencia en la sentencia de tutela de primera instancia no obra en el link del expediente remitido.
CONSIDERACIONES
1. Únicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusión en las garantías fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por vía de tutela, siempre y cuando, claro está, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto dado el carácter subsidiario y residual del amparo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. (CSJ. STC11845-2021 y STC1526-2022).
2. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, Bruno Elías Maduro Rodríguez acude a la acción de tutela en busca de la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la decisión proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 18 de diciembre de 2018, en la que se le reconoció como víctima directa del desplazamiento forzado e indirecta del homicidio de su hermano.
Al respecto, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmación de la sentencia impugnada por inobservancia de los presupuestos de la subsidiariedad e inmediatez, puesto que, analizadas las pruebas allegadas a este trámite, se evidencia que el accionante no solo dejó de utilizar los medios de defensa que tenía a su alcance para exponer los reparos que alega mediante esta vía excepcional, sino que no acudió en tiempo al juez constitucional.
Lo anterior teniendo en cuenta que no presentó recurso de apelación que procedía contra la sentencia del Tribunal Superior, oportunidad procesal que desaprovechó para exponer las inconformidades que plantea a través de este mecanismo, lo que imposibilita el uso de la acción tutela, si se tiene en cuenta el carácter residual y subsidiario de la misma. (CSJ. STC3579-2020, reiterada en STC8092-2021 y STC10293-2022).
Ahora bien, en punto a lo manifestado por el accionante referente a que la omisión en la presentación del recurso de apelación se debió a la falta de notificación de la sentencia cuestionada, advierte la Sala que tales justificaciones no tienen respaldo, porque al ser parte en el proceso cuestionado, era su obligación estar atento al mismo y vigilar las actuaciones que allí se adelantaran, y, además, según lo informado por la secretaria de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante correo de 20 de enero de 2023, el apoderado de Bruno Elías maduro Rodríguez fue debidamente notificado.
De otra parte, téngase en cuenta que la decisión cuestionada fue proferida el 18 de diciembre de 2018, mientras que la acción de tutela fue presentada en octubre de 2022, esto es, luego de transcurrir más de tres años y diez meses, término que supera el plazo de seis meses establecido por esta Sala como suficiente para reclamar la protección constitucional, sin que resulte admisible lo afirmado por el actor, referente a que solo hasta en mayo de 2022 tuvo conocimiento de la sentencia, pues es su deber estar atento al desarrollo del proceso, con el fin de realizar las intervenciones pertinentes y acudir a los mecanismo de defensa en los términos otorgados, carga que se reitera, le correspondía asumir.
No debe olvidar el solicitante, que en caso de considerar que una actuación judicial viola o amenaza sus garantías fundamentales, debe de acudir de manera oportuna a la acción constitucional, porque, de no hacerlo, dicho descuido es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a las autoridades accionadas y con repercusión directa en sus garantías fundamentales.
Nótese que el interesado tampoco acreditó ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad en acudir a este mecanismo excepcional.
3. En lo atinente al reproche dirigido contra la Universidad del Atlántico, se advierte que las inconformidades frente a las gestiones del ente universitario, los contratos y el reconocimiento de las acreencias laborales, fue un asunto que el reclamante sometió a la jurisdicción ordinaria, sin embrago, al no haber sido subsanada la demanda, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla la rechazó el 24 de junio de 2016, decisión que tampoco fue objeto de recurso, circunstancia que refleja el incumplimiento de los presupuestos de la subsidiariedad e inmediatez para la procedencia de esta acción.
4. Ahora, en cuanto a los reparos señalados por Bruno Elías Maduro Rodríguez en la impugnación, respecto a que el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla vulneró su derecho al debido proceso, al exigirle que efectuara la conciliación otorgando solo un plazo de 5 días, lo que resultaba imposible, además de confundir «la reclamación laboral con la de una nulidad y restablecimiento del derecho», debe señalarse que resulta ser un hecho nuevo no expuesto en la demanda de tutela, situación que no pudo ser controvertida por los implicados, razón por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicaría la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa de dicha autoridad.
5. Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el daño «revista cierta gravedad e inminencia más allá de lo puramente eventual, y que sólo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela». lo que tampoco se logró concluir del expediente (CSJ STC 1º sep. 2011, reiterada, entre otras, en STC860-2018 y STC15067-2022). (negrillas de esta Sala).
6. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada será confirmada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida.
Comuníquese por el medio más expedito y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS