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STC6154-2023
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado ponente
STC6154-2023
Radicación nº 11001-02-03-000-2023-02386-00
(Aprobado en sesión del veintiocho de junio de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023).
Se resuelve la tutela que Doyes Lili Perales Salas instauró contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, extensiva al Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de la misma ciudad, a las partes e intervinientes del proceso ejecutivo con radicado No. 2019-00612-01.
ANTECEDENTES
1. La libelista pretende a través del presente mecanismo que se deje sin valor ni efecto la sentencia de segundo grado que le fue desfavorable (21 mar. 2023) y que, como consecuencia de ello, se ordene a la Corporación convocada «profiera un nuevo fallo».
En sustento de lo anterior, adujo que promovió el juicio objeto de escrutinio contra José Joaquín Camelo Ramos con base en 3 cheques y el interrogatorio de parte que se practicó como prueba anticipada; y pese a que acreditó que aquel «reconoció su FIRMA» en dichos documentos, es decir, «la obligación» y por tanto «renunció al término de prescripción», el Juzgado convocado declaró probada el citado medio extintivo.
Señaló que aunque en la audiencia de fallo apeló esa decisión y el ejecutado se adhirió a tal mecanismo «extemporáneamente» habida cuenta que lo formuló por fuera de dicha actuación «cuando la sentencia [ya] quedó ejecutoriada», la Colegiatura aludida, no solo, confirmó la determinación de primer grado, sino que, desató la otra alzada condenándola al pago de perjuicios; en su criterio, de una parte, se realizó una indebida valoración probatoria, comoquiera que se dejó de lado el memorado interrogatorio y las consecuencias que de él se desprendían por la renuencia del deponente al contestar algunas de las preguntas, además que se debió analizar en conjunto con los mentados cheques, y de la otra, se desconocieron los términos de que trata el numeral 3 del artículo 322 del Código General del Proceso al pronunciarse sobre el recurso adhesivo, lo que hizo más gravosa su situación.
2. El Magistrado sustanciador del citado Tribunal se remitió a los argumentos expuestos en la providencia que puso fin a la instancia; el Juez referido memoró las actuaciones que conoció de la controversia criticada.
CONSIDERACIONES
1. Circunscrita la Sala a los reparos que Doyes Lili Perales Salas dirige contra la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá (21 mar. 2023), estos son, por una parte, que se haya desatado el recurso de apelación adhesivo aun cuando se formuló de forma extemporánea, y de la otra, la indebida valoración probatoria en punto del interrogatorio de parte como prueba anticipada y los títulos valores objeto del cobro, se descarta la procedencia del amparo, como se advierte de cara a la primera de las censuras, pues aquella incumple con el requisito de la subsidiariedad.
Nótese que, si bien, la gestora critica el fallo de instancia que le fue desfavorable, para lo cual señala que se estudió un recurso que en su parecer no se formuló dentro del término establecido para ello, lo cierto es que, revisado el dossier de la segunda instancia, se advierte que la actora omitió interponer el recurso de reposición contra el proveído que admitió precisamente la citada alzada (21 oct. 2022), en los términos del artículo 318 del Código General del Proceso; luego entonces, desperdició el mecanismo idóneo con el que contaba para discutir sobre la temática que hoy se duele.
Memórese que no se puede acudir al amparo constitucional «(…) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposición oportuna de los medios de resguardo diseñados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acción de tutela (…)» (STC9227-2022).
De otra parte, analizada la providencia criticada a la luz del segundo de los reproches enrostrados, se advierte que igualmente la salvaguarda rogada está llamada al fracaso, puesto que, con independencia de que se comparta o no, esa determinación está soportada en argumentos objetivos, que impiden tildarla de caprichosa o arbitraria.
Ciertamente la Colegiatura convocada, para confirmar la sentencia dictada en primer grado, al estudiar los reparos expuestos por la actora en relación al título complejo alegado, precisó, por un lado, que el mandamiento de pago se libró con base únicamente en los cheques sin que la ejecutante presentara reparo alguno contra esa decisión, y de otro, era evidente que al aludir a la citada figura se pretendió «evadir el término prescriptivo» de que trata el artículo 730 del Código de Comercio; sin embargo, «las obligaciones reposan en los cheques aportados y no requieren de otros documentos adicionales para su exigibilidad en los términos del artículo 422 del C.G.P. y legislación comercial que los gobierna, artículo 713 del C. de Co.».
En esa misma línea puntualizó que cada uno de los documentos cambiarios allegados
incorporan un derecho de crédito, exigible únicamente con su presentación y dentro de los límites previstos en su texto, no requieren de otro papel adicional en tanto son independientes de la relación causal que les dio origen y de otras circunstancias que involucren su circulación, en virtud de los principios de literalidad, autonomía e incorporación que los caracteriza por ser títulos-valores. En concreto, tales instrumentos se bastan a sí mismos (regla de completividad, propia del principio de literalidad). La prueba extraprocesal no tiene incidencia en el mérito ejecutivo de los cheques, pero tiene relevancia frente a la defensa que alegó la extinción de las obligaciones.
Ahora frente a la acción extintiva alegada por el ejecutado, después de memorar el marco normativo que rige la puntual materia en cuanto a su formulación, el término ha verificar, la interrupción, suspensión y renuncia, señaló que coincidía con el a quo, en cuanto que lo títulos valores se crearon y se presentaron para el cobro «con una anterioridad que supera el periodo de prescripción», esto es, los 6 meses previstos por la Ley; destacó entonces, que el juicio compulsivo se radicó el 9 de octubre de 2019, mientras que el primero de los cheques referidos fue presentado para el cobro el 8 de noviembre y el 5 de diciembre de 2016, mientras que los otros 2 coincidieron en la recaudación el 25 de octubre de 2017.
Enseguida, advirtió en cita de jurisprudencia de esta Sala sobre la renuncia a la mentada prescripción, que el interrogatorio de parte anticipado no tenía la suficiente identidad para acreditar tal fenómeno, habida cuenta que «(…) no se encuentra manifestación o afirmación alguna que permita acreditar[la] (…) porque, se itera, las preguntas se enfocaron en establecer que el demandado fue el titular de la cuenta BBVA, de donde se giraron los cheques, que conocía a la demandante y el reconocimiento de los cheques reclamados, así como su firma».
Analizó entonces el citado medio de prueba, en punto a los reparos expuestos por la apelante principal, advirtió que de este no se deducía la confesión que refutaba en la alzada ni tampoco hechos posteriores al giro de los cheques que dieran lugar a la abdicación aludida, en ese orden indicó que
cuando se indagó al demandado sobre los cheques, fue insistente al manifestar: “ese cheque tuvo origen un contrato incumplido por la señora Doyes y Saúl Guillermo Sánchez… además, es un cheque prescrito, de manera temeraria ha sido consignado en dos ocasiones a sabiendas que la señora incumplió un contrato. En este momento no me reconozco como deudor de la señora Lili Perales” (…); continuó: “ratifico que es un cheque prescrito que se desprende de un contrato incumplido” (…) y en ese sentido se expresó sobre todos los títulos-valores aportados, repitiendo: “no soy deudor” de las obligaciones allí contenidas, las que tuvieron origen en “un contrato incumplido y prescrito” (…). Estas respuestas no pueden considerarse evasivas porque manifiestan claramente no deber lo que se le reclama. Solo se podría derivar de ellas la presunción de certeza por hechos susceptibles de confesión que contiene el artículo 205 del C.G.P. si el juez hace al interrogado la amonestación “para que responda o que lo haga explícitamente con prevención de los efectos de su renuncia”, como lo exige el inciso 6 del artículo 203 Ib. En la práctica del interrogatorio hizo la advertencia al contestar la pregunta 5 relacionada con el cheque 7478827, pero después admitió las explicaciones del absolvente. por lo cual no puede aplicarse tal consecuencia (…).
Finalmente, en relación a la condena en perjuicios alegada por el ejecutado y que fue negada en la decisión de primer grado, tras advertir que confluían los presupuestos del numeral 3 del artículo 443 del Código General del Proceso, esto es, sentencia totalmente favorable al demandado y la consumación de medidas cautelares, en este caso embargo y secuestro de bienes inmuebles del convocado, adujo que había lugar a tal reconocimiento.
De lo anterior, puede afirmarse que el proveído refutado está soportado en una interpretación razonable que la autoridad convocada desarrolló sobre la situación fáctica sometida a su consideración y las normas aplicables al asunto, donde aun cuando la Corte prohíje o refute los motivos expuestos, se advierte que se analizó en conjunto los medios de prueba recaudados que permitieron concluir, que contrario a lo sostenido por el aquí actora, en efecto dada la naturaleza de los cheques arrimados, no requerían de otro documento para hacer valer el derecho que en ellos se incorporó por ser títulos valores.
Sobre el particular el artículo 619 del Código Comercio prevé que dichos instrumentos «son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos incorpora» y el canon 625 del mismo estatuto consagra que «toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación», sumado a que el artículo 713 de esa obra señala que el cheque además de las previsiones generales de todo título valor solo requiere «(…) La orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero; (…) El nombre del banco librado, y (…) La indicación de ser pagadero a la orden o al portador».
Frente al tópico, en CSJ STC3298-2019 la Sala reiteró que
[l]os títulos valores se definen como bienes mercantiles al tenor del artículo 619 del Código de Comercio. Son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que allí se incorpora y por ello habilitan al tenedor, conforme a la ley de circulación del respectivo instrumento, para perseguir su cobro compulsivo a través de la acción cambiaria, sin ser oponible, para los endosatarios, el negocio causal origen del mismo.
Además, conforme lo ha precisado la Corte,
“(…) la regla general de la negociabilidad o circulación de los cartulares según sea al portador, a la orden o nominativo y la presunción de autenticidad de su contenido y firmas, permiten individualizarlo de otro tipo de documentos (artículo 793 ejúsdem) y constatar que se rige por un régimen normativo especial que no se aplica a los demás títulos ejecutivos (…)”
Ahora en relación a la tan comentada renuncia de la prescripción, recuérdese que de acuerdo al desarrollo legal y jurisprudencial que esta Sala ha elaborado sobre la materia, para que dicha figura opere debe partir de hechos inequívocos en virtud de los cuales la parte ejecutada reconozca de forma irrestricta el derecho de su acreedora, exteriorizada en su voluntad de comprometerse o decidiera honrar la prestación, circunstancia que como lo destacó el Tribunal convocado, no se logra derivar del tan referido interrogatorio de parte.
Esta Corporación en relación a la particular temática señaló que
Tocante con la renuncia tácita de la prescripción […] es útil memorar que de conformidad con el artículo 2514 del Código Civil, para que ella ocurra es necesaria la presencia de un hecho inequívoco de parte de quien puede beneficiarse de ese modo extintivo, en virtud del cual reconoce el derecho de su acreedor.
No se trata de cualquier manifestación, sino de una que, per se, refleje la voluntad cierta del deudor de seguir comprometido en el vínculo jurídico que lo ata a su acreedor, que bien pudo diluir enarbolando la prescripción. Al fin y al cabo, esa renuncia o abdicación constituye un acto unilateral de carácter dispositivo que devela el propósito incontestable de no querer aprovecharse de la desidia o inacción del acreedor en el ejercicio de su derecho.
El deudor, pese a contar con la posibilidad jurídica de frustrar la reclamación de aquel por el camino de enrostrarle su omisión o dejadez, decide libre y conscientemente honrar su deber de prestación, de forma tal que mediante acto suyo, reconoce expresa o tácitamente los lazos jurídicos que lo constriñen a satisfacer el derecho de su acreedor.
Debe tratarse, entonces, de una situación que no ofrezca duda alguna sobre el reconocimiento que hace el demandado del derecho de su demandante, o, lo que es mejor, de su voluntad de ‘abdicar de la facultad adquirida’ de invocar la prescripción (G.J. t. XLVII, pág. 431), sin que entonces pueda deducirse la renuncia de los simples tratos previos o precisiones que hayan tenido o hecho las partes sobre asuntos vinculados […] tanto más si se tiene en cuenta que no se presume que alguien renuncia fácilmente a su derecho (iure suo facile renuntiare non praesumitur)” (CSJ SC, 1 jun., 2005, rad. 7921, reiterada en STC14304-2014 y STC5495-2022).
De manera que, se concluye que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciación de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermenéutica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede «imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes» (reiterado en STC3881-2023).
2. En consecuencia, se desestimará el resguardo reclamado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución, resuelve NEGAR la tutela instada por Doyes Lili Perales Salas.
Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no impugnarse esta resolución.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Comisión de servicios
FRANCISCO TERNERA BARRIOS