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STC7800-2023
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
STC7800-2023
Radicación n.° 11001-22-03-000-2023-01386-01
(Aprobado en sesión de nueve de agosto de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el 28 de junio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la acción de tutela instaurada por Luis Manuel Padaui Ortiz contra el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de aquella ciudad, a cuyo trámite se vinculó a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.
ANTECEDENTES
1. El accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad acusada, en el marco del proceso verbal de pertenencia que Agroindustrias del Meta S.A.S. adelanta contra Kelly Liliana Jiménez Archila y Otros, radicado 11001-31-03-041-2020-00109-00.
Solicita en consecuencia «ordenar al Despacho Judicial accionado, señalar dentro de un término prudencial, una suma razonable por concepto de gastos de curaduría».
2. Son hechos relevantes para la definición del presente asunto, los siguientes:
2.1. Dentro del referido trámite, el 29 de septiembre de 2022 el gestor fue designado como curador ad litem de la demandada Edilia Corredor González y procedió a contestar la demanda; el 11 de abril de 2023 el estrado cognoscente se negó a reconocerle gastos del proceso, con el argumento de que el cargo se desempeñaba de manera gratuita acorde con el artículo 48 del Código General del Proceso, determinación que aquel atacó mediante los recursos de reposición y en subsidio de apelación, pero fue mantenida el 15 de junio siguiente y negada la alzada por improcedente.
2.2. El promotor señala que la precitada decisión desconoció que no está solicitando la fijación de honorarios, sino de gastos, los cuales han venido siendo fijados a su favor por parte de otros despachos judiciales donde se ha desempeñado como curador ad litem, y son utilizados para insumos como «papelería, tinta, internet [y] luz», que no tiene que cubrir en detrimento de su patrimonio, máxime porque el señalamiento de tales gastos no está descartado en el ordenamiento procesal, ni obstaculiza el derecho de acceso a la justicia.
LAS RESPUESTA DEL CONVOCADO
El Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá corroboró que allí cursa el juicio cuestionado, remitió el enlace para acceder al mismo y frente a la queja del promotor expuso que fundó su decisión en el artículo 48 del Código General del Proceso, donde no se hacen distinciones sobre la gratuidad del servicio que presta el curador ad litem, sin que la tutela sirva para discutir lo decidido ni se vislumbre la causación de un perjuicio irremediable.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
LA IMPUGNACIÓN
La presentó el accionante insistiendo en sus argumentos iniciales.
CONSIDERACIONES
1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.
Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando «el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley» (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a través de ella, Luis Manuel Padaui Ortiz se duele de la providencia de 11 de abril de 2023 del Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, mantenida en reposición el 15 de julio de 2023, con que se le negó la fijación de gastos causados por haber sido designado curador ad litem dentro del proceso verbal de pertenencia que Agroindustrias del Meta S.A.S. adelanta contra Kelly Liliana Jiménez Archila y Otros, porque según criterio del actor, lo decidido emergió de la desatención de las normas aplicables.
3. En la providencia con que se resolvió el recurso horizontal, el juzgado accionado expuso que,
El numeral 7º del artículo 48 del Código General establece la denominación del curador ad litem en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio, de ahí, irrelevante es hacer distinción alguna frente a gastos u honorarios precisamente por haber una connotación de gratuidad en el designio y ejercicio del cargo.
Así mismo, el proceso al cual se le está convocando con la designación hecha, se adelanta en forma virtual, por tanto, sus intervenciones serán en la misma forma, de manera que, gastos relacionados con resma de papel, tinta e impresión no son emolumentos ocasionados y, con todo, de llevar implícita una irrogación de carácter pecuniario en el ejercicio del cargo, prima el deber de solidaridad de los ciudadanos y la colaboración con la justicia.
Lo anterior, en virtud al principio de gratuidad enaltecido en la regulación para la designación de curador ad litem cuyo control de constitucional no contrarió los derechos a la igualdad y al trabajo de los abogados nombrados en ese cargo, pues la Corte Constitucional sobre el punto acotó:
“Para la Sala el legislador no viola los derechos a la igualdad y al trabajo de los abogados que son nombrados curadores ad litem, en calidad de defensores de oficio, al obligarlos a prestar sus servicios de manera gratuita (núm. 7, art. 48, CGP), aunque el resto de los auxiliares de la justicia sí sean remunerados. Se trata de un trato diferente que se funda en un criterio objetivo y razonable, en tanto propende por un fin legítimo (asegurar el goce efectivo del acceso a la justicia), por un medio no prohibido y adecuado para alcanzarlo. Se reitera además, que se trata de una carga que no es desproporcionada y que inspirada en el deber de solidaridad, permite que un grupo de personas que desempeñan una labor de dimensiones sociales (prestar servicios jurídicos), colaboren en la garantía efectiva del derecho de acceso a la justicia en situaciones en que esta puede verse obstaculizada (C-071 de 1995). En consecuencia, se declara la exequibilidad de las expresiones acusadas”.
Así entonces, en virtud a la gratuidad del ejercicio del cargo no es posible fijar reconocimiento pecuniario al designado para poder llevar a cabo su gestión, pues expresamente la normativa así lo regula, de ahí, la negativa de su pedimento.
Ahora, si bien trae a colación otras decisiones judiciales que, si han proveído el reconocimiento aquí negado, aquellas no resultan obligantes por no constituir precedente.
En conclusión, la decisión confutada no se repondrá sin que sea viable la concesión del recurso de alzada por no enlistarse como apelable en norma general ni especial.
Se observa entonces que la precitada decisión, el juzgado accionado la justificó en la gratuidad que para el ejercicio de cargo como curador ad litem señala el numeral 7º del artículo 48 del Código General del Proceso, sin que allí se realice distinción entre honorarios y gastos relacionados con la gestión, que habilite la fijación de los últimos.
4. No obstante, el anotado razonamiento desconoce que la gratuidad se predica respecto a la retribución por el desempeño del cargo como curador ad litem, mas no a los costos que pudiera generar el desarrollo del mismo para quien lo ejerce.
4.1. El aparte normativo, «quien desempeñará el cargo de forma gratuita como defensor de oficio», fue demandado ante la Corte Constitucional con el argumento de que viola los derechos a la igualdad y al trabajo de los abogados nombrados como curador ad litem al obligarlos a prestar sus servicios de forma gratuita, mientras que otros auxiliares de la justicia sí son remunerados, no obstante, en la decisión C083-2014 dicha Corporación declaró exequible el fragmento, avalando la gratuidad de la prestación del servicio de abogado para el específico evento del desempeño como curador ad litem, esto es, valga resaltar, en el fallo de constitucionalidad nada refirió sobre los costos que conlleva la prestación de tal servicio.
4.2. No existe pronunciamiento vinculante sobre dichos gastos y ciertamente son diferentes de los honorarios del curador ad litem, pues como tuvo oportunidad de precisar la Corte Constitucional con ocasión del juicio de constitucionalidad al artículo 5º de la Ley 446 de 1998, que adicionó el derogado artículo 388 del Código de Procedimiento Civil,
La Corte considera que es necesario distinguir -como no lo hace el actor- entre los honorarios que se pagan al curador ad litem y los gastos que puede generar el proceso: unos corresponden a la remuneración que merecen los servicios prestados por el auxiliar de la justicia, y le deben ser reconocidos en cuanto su actividad es una forma de trabajo que, al igual que todas las modalidades del mismo, goza de especial protección constitucional; los otros se causan a medida que el proceso transcurre y no buscan recompensar la labor del curador sino que se destinan a sufragar por muy diversos conceptos los elementos indispensables para que el juicio se lleve a cabo. Son costos provenientes de causas no imputables a la administración de justicia en sí misma -que es gratuita- y que deben atenderse necesariamente por el interesado.
Tales gastos pueden y deben ser autorizados durante el desarrollo del proceso por el respectivo juez, limitándolos -eso sí- a las sumas estrictamente indispensables para el cometido que se busca. En cambio, la regulación judicial del monto de los honorarios causados por la gestión del curador ad litem guarda relación específica con la duración e intensidad de aquélla, que no puede medirse a cabalidad sino cuando concluya.
El juez, empero, puede señalar sumas destinadas a costear lo urgente y necesario en el curso del proceso: tales cantidades le son entregadas a la persona para el exclusivo fin de atender los gastos procesales, no se confunden con los honorarios que le corresponden y su cuantía y utilización deben aparecer acreditados y estar justificados con detalle ante el Despacho judicial por el curador, en cumplimiento de un requisito apenas natural que en nada conspira contra la presunción de buena fe de quien rinde la cuenta ni vulnera por tanto el artículo 83 de la Constitución».
4.3. No existe entonces en el ordenamiento precepto que impida la fijación de gastos procesales a favor del curador ad litem, los cuales se restringirán a lo estrictamente necesario para cubrir los costos que conlleva la prestación gratuita del servicio de abogado que hace el curador ad litem.
Esos gastos no los asume el abogado, pues a pesar de que por principio la administración de justicia es un servicio gratuito, lo es, según el artículo 6º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, «sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley», valores que le corresponde asumir a la parte interesada y que se incluyen en la liquidación de las costas, al tenor del numeral 3º del artículo 366 del Código General del Proceso, «siempre que aparezcan comprobados y hayan sido útiles o correspondan a actuaciones autorizadas por la ley», se enfatiza, tal como ocurre con los gastos en que incurre el curador ad litem al prestar gratuitamente sus servicios de abogado.
4.4. Total, aunque los abogados, como cualquier ciudadano, tienen el deber de solidaridad y colaboración con la justicia, ello no los obliga a asumir de su peculio los costos que conlleva la prestación de sus servicios como curador ad litem, porque no existe precepto que así se los imponga, al contrario, establece la normatividad aplicable que esa carga recae en el usuario de la administración de justicia, a través de la inclusión de los respectivos valores en la liquidación de costas.
5. En consecuencia, se dejará sin efecto el auto de 15 de julio de 2023 y se ordenará al estrado accionado que vuelva a resolver el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto de 11 de abril anterior.
6. En consonancia con lo expuesto, se revocará la decisión constitucional de primer grado para en su lugar acceder a la protección reclamada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y en su lugar concede la protección invocada. En consecuencia, dispone:
Primero: Ordenar al Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, que dentro del proceso divisorio que verbal de pertenencia que Agroindustrias del Meta S.A.S. adelanta contra Kelly Liliana Jiménez Archila y Otros, deje sin valor y efecto el proveído que emitió el 15 de julio de 2023 y las actuaciones que dependan de éste, y en su lugar, en un término no superior a diez (10) días, resuelva el recurso de reposición presentado contra el auto de 11 de abril del mismo año, teniendo en cuenta lo plasmado en las precedentes consideraciones.
Por Secretaría remítasele copia de esta determinación.
Segundo: Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidenta de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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