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STC13301-2023
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
STC13301-2023
Radicación n° 11001-02-04-000-2023-01216-01
(Aprobado en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Corte la impugnación de la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal el 27 de junio de 20231, en la acción de tutela formulada por Rafael Moreno Rocha contra la Sala de Descongestión n ° 1 de la Sala de Casación Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad, trámite al que fueron citados los demás intervinientes en el proceso ordinario con radicado n° 2015-00135.
ANTECEDENTES
1. El solicitante invocó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, seguridad social, negociación colectiva y favorabilidad en materia laboral, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
Manifestó que inició proceso ordinario laboral contra la Electrificadora de Bolívar SA – hoy Electricaribe SA ESP-, para que se declarara la ineficacia e inaplicabilidad del acta de conciliación celebrada el 31 de diciembre de 1998 ante el Ministerio de la Protección Social y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, en los términos de los artículos 5 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1978 y 20 de la Convención Colectiva 1982-1983.
Señaló que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena en sentencia de 10 de octubre de 2019, accedió a las pretensiones y ordenó el reconocimiento de la prestación reclamada, y decretó la prescripción de las mesadas causadas hasta el 12 de abril de 2015, debiéndose compensar las sumas pagadas producto de la compatibilidad, decisión que, en sede de apelación confirmó la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 15 de abril de 2021.
Explicó que inconforme con ese pronunciamiento Electricaribe SA ESP interpuso recurso extraordinario de casación y, la Sala de Descongestión nº 1 de la Sala de Casación Laboral mediante sentencia SL634-2023 de 28 de marzo de 2023, dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, revocó parcialmente la sentencia del Juzgado Cuarto Laboral de Cartagena, para en su lugar, absolver a Electricaribe SA del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación extralegal establecida en el artículo 5 de la convención colectiva de 1976-1978.
Afirmó que la Sala de Casación accionada incurrió en defecto sustantivo por violación directa al artículo 53 de la Constitución Política, por una insuficiente sustentación de una actuación que afecta derechos fundamentales y, por desconocimiento del precedente judicial, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, entre otras las sentencias SU555 de 2014, SU241 de 2015, SU267 de 2019, SU445 de 2019, SU027 de 2021, SU165 de 2022, SL5334-2015, SL2802-2018, SL3407-2020, SL3343-2020, SL3972-2020, estas últimas en las que la Sala de Casación Laboral indicó que la prestación convencional reclamada se causó con el tiempo de servicio laborado, en la medida que la edad es un requisito de exigibilidad.
2. Con fundamento en lo narrado, solicitó dejar sin efecto la sentencia SL634-2023 de 28 de marzo de 2023, así como todas las actuaciones que hubiera adelantado la Sala de Casación accionada desde esa fecha y, en su lugar ordenar que profiera una decisión de reemplazo que acate el precedente constitucional y laboral establecido en las mencionadas sentencias. De manera subsidiaria solicitó el reconocimiento directo de la pensión convencional invocada en el proceso ordinario.
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS
1. La Sala de Descongestión n°1 de la Sala de Casación Laboral, a través de la Magistrada Ponente de la decisión cuestionada, manifestó que tras el análisis de la norma convencional invocada, se evidenció que el actor no reunió los requisitos allí exigidos, pues, era indispensable que tuviera la condición de trabajador y una edad de 50 años para adquirir esa pensión, sin embargo, el accionante cumplió 50 años el 14 de marzo de 2002, esto es, 4 años después de la terminación de la relación laboral que se dio el 31 de diciembre de 1998, decisión que se fundamentó en las sentencias SL11917-2017, CSL SL951-2019 y CSJ SL1253-2021.
Agregó que esa Sala resolvió casar la sentencia de segundo grado y revocar parcialmente la decisión del Juzgado a quo, teniendo en cuenta que al momento de la terminación de la relación laboral el demandante no cumplía con los 50 años de edad y, el acuerdo convencional era claro al enunciar los requisitos para acceder a dicha prestación, por lo que no se podía afirmar que solo fuera un requisito de exigibilidad, pues dependía de que se cumplieran las tres condiciones como son, su estado de trabajador, que haya prestado sus servicios a Electricaribe SA ESP por un lapso de 20 años y que tuviera 50 años de edad para adquirir la pensión solicitada, siendo esta última, un presupuesto para su consolidación.
2. Electricaribe SA ESP en liquidación, se opuso a la prosperidad de la acción, argumentando que al demandante no le asistía el derecho a la prestación convencional pues al momento que cumplió 50 años no era trabajador activo de la empresa.
Además, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que lo pretendido por el accionante no se encuentra a cargo de esa empresa, siendo -Foneca- la entidad llamada a atender las solicitudes que en materia pensional realicen los pensionados o beneficiarios.
3. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, efectuó un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso laboral cuestionado y remitió el link de acceso al expediente.
4. La Fiduciaria la Previsora SA, en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe SA ESP – Foneca, señaló que no hay lugar a la aplicación del principio de favorabilidad, en razón a que no se logra observar algún conflicto de interpretación normativa, ni la existencia de alguna duda respecto de lo estipulado en las convenciones colectivas, pues en ningún evento señalan que se debe reconocer pensión de jubilación a extrabajadores, tampoco que la edad sea solo un requisito de exigibilidad y que una mera expectativa de derecho se pueda convertir en un derecho adquirido cuando no se cumplía lo allí señalado.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
La Sala de Casación Penal, negó el amparo constitucional, al determinar que no se evidenció que en la decisión cuestionada se configurara alguno de los defectos específicos para la viabilidad de la intervención constitucional, en atención a que, al margen de si se ajustaba no a las expectativas del interesado, la misma contenía argumentos razonables, pues para llegar a la determinación, la Sala de Casación Laboral en Descongestión nº 1 estudió el acontecer fáctico y el discurrir procesal adelantado en las instancias.
Asimismo, señaló que lo pretendido en la demanda de tutela es que se imponga el criterio del accionante, como si esta vía fuera una instancia adicional a las del proceso laboral en el que la homóloga demandada profirió una decisión motivada, razonable y ajustada a derecho, independientemente de que esta se comparta o no.
LA IMPUGNACIÓN
Fue formulada por el accionante, quien insistió en los argumentos iniciales.
CONSIDERACIONES
1. Recuerda esta Corporación que en línea de principio, la acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significaría un desconocimiento de los principios contemplados en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicción está llamada a intervenir en aras de corregir o evitar la vulneración de las garantías fundamentales involucradas.
2. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, el señor Rafael Moreno Rocha cuestiona la sentencia SL634-2023 proferida por la Sala de Descongestión n° 1 de la Sala de Casación Laboral, a través de la cual dispuso casar el fallo del Tribunal Superior de Cartagena en el proceso ordinario que inició contra Electricaribe SA ESP y, en sede de instancia, revocó parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de esa ciudad, para en su lugar, absolver a la demandada del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación extralegal establecida en el artículo 5 de la Convención Colectiva de 1976-1978.
3. Analizados los fundamentos de la inconformidad del reclamante, se advierte la confirmación de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinadas las consideraciones expuestas por la autoridad judicial accionada, no se identificó el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a través de esta vía extraordinaria, como pasa a exponerse.
3.1 La Sala de Descongestión nº 1 de la Sala de Casación Laboral en la decisión cuestionada, luego de reseñar los antecedentes del caso procedió al estudio de cargo único formulado por Electricaribe SA ESP, en el que señaló que el Tribunal Superior de Cartagena erró al considerar cumplidos los requisitos necesarios para causar la pensión estipulada en la convención colectiva 1976-1978, especialmente al definir que la edad era un presupuesto de exigibilidad o de surgimiento del derecho.
Enseguida, hizo referencia a la cláusula 5 de la aludida convención colectiva a la que se remite la cláusula 20 de la convención colectiva 1982-1983, la cual establece,
«ARTÍCULO 5° JUBILACIÓN. La empresa jubilará a todos los trabajadores o trabajadoras que cumplan o hayan cumplido veinte (20) años de servicio continuos o discontinuos al servicio de la Empresa y Cincuenta (50) años de edad, con una pensión vitalicia equivalente al ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio en la Empresa».
Y luego, indicó
(…) De la anterior cláusula convencional se colige que, para el otorgamiento de la pensión de jubilación extralegal con el 100% del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicios, se deben cumplir con tres exigencias que son: i) acreditar que son trabajadores; ii) que hayan prestado servicios a la empresa por el lapso de 20 años ya sean continuos o discontinuos; y iii) que tengan 50 años de edad (CSJ SL4604-2021).
En ese orden de ideas, se tiene que la citada estipulación convencional supone una comprensión distinta a la que infirió el sentenciador de alzada, pues lo que allí se estipula es que quien pretenda obtener la pensión de jubilación extralegal debe tener la condición de «trabajador» o, lo que es igual, implica la vigencia de la relación laboral, tanto para cuando cumple los 20 años de servicios como los 50 años de edad, de manera que tal disposición al referirse a «trabajadores», no puede extenderse a los extrabajadores por no estar así contemplado». (Se destaca)
Posteriormente se refirió a lo señalado por la Sala de Casación Laboral permanente sobre la referida cláusula en la sentencia de 21 junio de 2011, rad. 37987, reiterada en las decisiones SL727-2018 y CSJ. SL1253-2021, en las que se expuso que la misma en su texto se refiere a trabajadores, es decir las personas que tuvieran la relación vigente con la empresa, al momento en que se cumplieran las exigencias previstas para la causación de la pensión invocada, esto es tiempo de servicios y la edad.
De igual forma hizo referencia a las sentencias SL11917-2017, reiterada en las decisiones SL951-2019 y SL1253-2021, en las que se rectificó el criterio para aceptar que el único entendimiento que admitía la cláusula es que la pensión de jubilación prevista en la misma, se causa o se adquiere con el requisito de la densidad de los años de prestación de los servicios y el cumplimiento de la edad por parte del trabajador que permanece vinculado al servicio del empleador.
Posteriormente, expuso,
(…) Teniendo en cuenta el precedente de esta Sala que se acaba de reproducir, se concluye que el fallador de segundo grado se equivocó en su decisión, en razón a que el accionante no cumplió con los 50 años de edad exigidos por tal estipulación convencional mientras se encontraba al servicio de la empresa demandada, pues dicha edad, que es también un requisito de causación la alcanzó tiempo después de retirarse de la electrificadora (31 de diciembre de 1998), concretamente, arribó a ella hasta el 14 de marzo de 2002.
En consecuencia, en criterio de esta Corte, la cláusula denunciada determina que el derecho pensional cobija a los «trabajadores», es decir, los servidores activos, motivo por el cual, siguiendo la línea jurisprudencial imperante de la Corte, vigente a esta fecha, a la que está sometida esta Sala en virtud de lo previsto por la Ley 1781 de 2016, por medio de la cual se modificaron los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, se concluye que el Tribunal sí cometió los yerros fácticos endilgados, al dar una lectura equivocada a las cláusulas convencionales denunciadas».
Bajo esa línea argumentativa determinó la prosperidad del cargo y resolvió casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 15 de abril de 2021.
3.2 En sede de instancia, revocó los numerales, primero, tercero, cuarto, quinto y sexto del fallo del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena y, en su lugar, absolvió a Electricaribe SA ESP de la pretensión de reconocimiento y pago de la pensión convencional, argumentando que al momento en que el demandante cumplió los 50 años de edad, no era trabajador activo de la empresa, por lo tanto, no le asistía el derecho al reconocimiento de la pensión convencional reclamada.
4. De las consideraciones plasmadas, considera la Sala que tal y como se anunció, la sentencia constitucional impugnada habrá de ser confirmada, teniendo en cuenta que no se evidenció arbitrariedad manifiesta que revele el defecto sustantivo alegado por Rafael Moreno Rocha y que imponga la intervención de esta especial jurisdicción.
Lo anterior, se concluye luego de evidenciar que la Sala de Descongestión n° 1 de la Sala de Casación Laboral, fundamentó su decisión en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y la jurisprudencia de esa Corporación que rige la materia, las cuales la llevaron a establecer que el Tribunal Superior de Cartagena incurrió en el error endilgado, al determinar que el demandante tenía derecho a la pensión convencional, pues dio una interpretación distinta a lo estipulado en la cláusula 5 de la convención colectiva 1976-1978, en la que se establece que la persona que pretenda obtener la pensión de jubilación extralegal debe tener la condición de trabajador al momento del cumplimiento de los requisitos de 20 años de servicios y 50 de edad, lo que no ocurrió en el caso estudiado, en tanto que, el demandante no cumplió el requisito de la edad exigido mientras se encontraba al servicio de Electricaribe SA ESPA.
5. Así las cosas, las divergencias exteriorizadas por Rafael Moreno Rocha a través del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el ámbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022 y, STC4373-2023 entre muchas).
Se resalta que la diferencia de criterio que pudiera tener el accionante con la argumentación reseñada, no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en múltiples oportunidades. (STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras).
6. Ahora, en relación con el desconocimiento del precedente alegado por el accionante, tampoco se abre paso el amparo, como quiera que la autoridad accionada realizó un análisis razonable y ponderado de la situación expuesta, en el marco de su discrecionalidad judicial, de lo que no se puede desprender la vulneración de las garantías reclamadas. (CSJ. STC11590-2023).
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada será confirmada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida.
Comuníquese por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 Actuación remitida a esta Sala de Casación Civil, Agraria y Rural mediante oficio nº 11770 de 10 de noviembre de 2023 y asignada con Acta de reparto de 14 de noviembre del año en curso.