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S-026-99 [5065]
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVILY AGRARIA
MAGISTRADO PONENTE : NICOLAS BECHARA SIMANCAS
Santafé de Bogotá, Distrito Capital, veintidós (22) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).-
Referencia: Expediente N° 5065
Procede la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 2 de mayo de 1994, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario adelantado por la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO contra ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.
ANTECEDENTES:
I. Por demanda presentada el 19 de marzo de 1992, la entidad demandante solicita que con citación y audiencia de la referida demandada se le declare «civilmente responsable por la Responsabilidad Civil Contractual derivada del incumplimiento del señor FABIO BERTRAND al no otorgar éste la hipoteca de un inmueble» a favor de la demandante para garantizar varios préstamos por ésta otorgados, evento amparado en varias pólizas de seguro y, como consecuencia, se condene a la sociedad demandada a pagar a la actora a título de indemnización las sumas de $41’300.000.oo por daños materiales, $18’605.600.oo por lucro cesante, al reajuste de los intereses moratorios «al momento de hacerse la liquidación del proceso y calculados hasta la fecha de pago de la obligación», y al pago de las costas del proceso.
II. La demandante apoya sus pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian:
a) Entre la demandada como aseguradora y FABIO BERTRAND como tomador, teniendo como “asegurada y beneficiaria” (sic) a la demandante, se celebraron tres contratos de seguro para garantizar la futura constitución de hipoteca sobre el inmueble ubicado en la carrera 3a. Oeste No. 13-07 de Cali, a favor de la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO para respaldar los préstamos hechos por ésta a FABIO BERTRAND.
b) Los contratos quedaron formalizados con la suscripción por parte de la aseguradora de las pólizas Nos. 897603-3, 896529-4 y 896636-6, con coberturas por las sumas de $30’000.000.oo, $4’800.000.oo y $6’500.000.oo respectivamente, habiendo sido modificada la primera en cuanto su vigencia, en razón de lo cual se expidieron las correspondientes certificaciones.
c) ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., sucursal Cali, cobró por concepto de los seguros las siguientes sumas de dinero: por la segunda la suma de $54.568.oo, por la tercera la cantidad de $73.629.oo, con dineros del tomador del seguro, según aparece en las constancias de pago de primas, en cuanto a la primera «debió ser hecho con toda seguridad por parte del tomador del seguro señor FABIO BERTRAND, en forma oportuna, por cuanto posteriormente la demandada expidió los certificados de modificación…».
d) Dentro de la vigencia de los referidos contratos «de garantía de futura constitución de hipoteca…se presentó el incumplimiento de la parte contratista al no otorgar dichas hipotecas en el lapso señalado en las pólizas», presentando la CAJA AGRARIA oportuna y formal reclamación a la aseguradora para que efectuara las correspondientes indemnizaciones, ésta «se negó alegando que no se había celebrado un contrato de promesa de constitución de hipoteca entre el señor FABIO BERTRAND y la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO y que por otra parte en el CERTIFICADO DE TRADICION del inmueble cuya futura hipoteca se garantizaba, no figuraba como propietario el señor FABIO BERTRAND sino la señora GLORIA SILVIA ORTIZ DE BERTRAND».
e) Ante dicha injustificada negativa de parte de ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. «a quien competía la obligación de solicitar y obtener del tomador del seguro toda la información necesaria para posteriormente celebrar con aquél el contrato de seguro», la actora optó por iniciar la correspondiente acción.
III. Enterada la demandada de las pretensiones de su demandante, se opuso a ellas, pidió que se probaran los tres primeros hechos, al igual que la reclamación formal del beneficiario del seguro, y frente al último expresó que las pólizas expedidas no son un seguro de crédito, ni la aseguradora «se constituyó en fiador o aval del contratista».
Igualmente formuló las siguientes excepciones perentorias: “las pólizas # 896636-6 y 896529 fueron reclamadas extemporáneamente”, “inexistencia de la obligación respecto de la póliza # 896703-3”, “inexistencia del contrato asegurado”, y “la innominada”.
IV. Después de agotar la tramitación del proceso, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali le puso término en primera instancia mediante sentencia de 20 de abril de 1993, en la cual hizo los pronunciamientos siguientes:
“1.- DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de ‘Las Pólizas # 896636-6 y 896529-4 fueron reclamadas extemporáneamente’; ‘Inexistencia de la Obligación respecto de la Póliza # 896703-3’, y la de ‘Inexistencia del contrato asegurado’.
“2.- DECLARAR que la Compañía Aseguradora Colseguros S.A., por haber otorgado seguro de cumplimiento contenido en las pólizas 896529-4 y 896636-6 está obligada a responder a la entidad CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO de Cali, ante el incumplimiento del señor FABIO BERTRAND de constituir hipoteca sobre el bien inmueble ubicado en la carrera 3ª. Oeste No. 13-07 de esta ciudad.
“3.- En consecuencia de lo anterior, CONDENASE a la Compañía Aseguradora Colseguros S.A., a pagar una vez ejecutoriado el presente fallo, por el incumplimiento de la obligación ofrecida en favor de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero las sumas de $4.800.000.oo Mcte. Y $6.500.000.oo Mct., es decir hasta el monto del valor asegurado, más los intereses moratorios a la tasa vigente en el momento que se efectúe el pago, causados a partir del 8 de junio de 1991 y hasta que éste se verifique.
“4.- NEGAR el reconocimiento de las sumas señaladas en los certificados de modificación allegados y que hacen parte de la Póliza No. 896703-3.
“5.- CONDENASE en costas a la parte demandada.Tásense”.
V. Apelada la anterior decisión por ambas partes, el Tribunal al desatar la alzada confirmó los ordinales 1o. 2o. y 5o. de la decisión de primera instancia, modificó el 3o. en el sentido de concretar la condena por concepto de intereses, revocó el 4o. y en su lugar, declaró que la demandada «está obligada a responder a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero por la suma de $30’000.000.oo, es decir, hasta el monto del valor asegurado más los intereses moratorios a la tasa del 53.13% según la parte motiva de esta providencia, los que ascienden a la suma de $21’672.600.oo», motivo por el que la demandada interpuso el recurso extraordinario de casación, de que ahora se ocupa la Corte.
LA SENTENCIA IMPUGNADA:
Relatados los antecedentes del litigio y entrando al fondo de la cuestión debatida, dice el Tribunal que se ejercita una pretensión indemnizatoria de índole contractual con apoyo en tres pólizas de seguro de cumplimiento, estando «Acreditado en el plenario los contratos de seguro con las pólizas y anexos respectivos».
Agrega el ad quem, que «La compañía aseguradora tomó a su cargo y por ello cobró las primas respectivas el riesgo referente a la constitución de hipoteca de un inmueble por parte del tomador del seguro señor Fabio Bertrand. Acaecido el siniestro bastaba, entonces, la afirmación de la parte demandante, en ese sentido, para que se desplazara la carga de probar lo contrario a la parte demandada por tratarse -sin lugar a dudas- de una negación indefinida…Por lo demás, de acuerdo con los textos de las pólizas y sus anexos el tomador no constituyó la hipoteca en el término de cobertura pactada en los contratos a favor del beneficiario del seguro», y que no hubo reclamación extemporánea.
Dice luego el Tribunal que el seguro de responsabilidad se concretó, «a un riesgo cuyo acaecimiento se traducía en la no constitución de una hipoteca por parte del tomador y ese fue el interés asegurable por el cual la compañía cobró las primas respectivas».
Insiste el fallador de segunda instancia en que «el siniestro consistía en la inejecución del contrato ofrecido lo cual en verdad constituye un hecho indefinido que no requiere de prueba», y remata diciendo que «la estipulación contenida en las condiciones generales de la póliza y, especialmente, la cláusula cuarta no son aplicables al caso que se examina y aún aceptándola no puede ella variar o contrariar la norma legal citada en cuanto a la dispensa de la carga probatoria de las proposiciones indefinidas».
EL RECURSO DE CASACION:
Un cargo, dentro del ámbito de la causal primera de casación, formula el recurrente contra la sentencia del Tribunal, que lo hace consistir en que «a causa de error ostensible de hecho, dio por existente, sin estarlo, la prueba del perjuicio que hubiera podido padecer la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, con lo que, de modo indirecto infringió las normas de derecho sustancial contenidas en los artículos 2o. 822, 876, 1.045, 1.054, 1.072, 1.074, 1.077, 1.080, 1.082, 1.083, 1.088, 1.089, 1.127 y 1.131 del Código de Comercio y los artículos 1.612, 1613 y 1.614 del Código Civil.
Expresa el casacionista, que los tres seguros que tomó FABIO BERTRAND en beneficio de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero «pertenecen a la estirpe de los seguros de daños, que como su nombre lo indica, inequívocamente, implican la protección frente al perjuicio patrimonial que pudiera sufrir la asegurada al presentarse u ocurrir el riesgo asegurado».
Agrega, que cometiendo yerro fáctico evidente, el Tribunal dio por demostrado «sin existir las probanzas idóneas que tal suceso acrediten, que la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero sufrió un daño patrimonial equivalente al valor de los tres seguros ($4’800.000 + $6’500.000 + $30’000.000), por el simple hecho de que el tomador no constituyó las hipotecas ofrecidas…”, condenando a la aseguradora con la simple prueba de los tres seguros y la escueta afirmación de la asegurada de haberse vencido los plazos pactados por Fabio Bertrand para constituir la garantía hipotecaria.
Indica que no combate la afirmación del Tribunal consistente en que no es necesario probar las proposiciones negativas indefinidas, pero que sí impugna la conclusión de que “la simple demostración de ese incumplimiento genere, per se, a cargo de la aseguradora, la obligación de pagar los respectivos montos de los seguros…”, sin mediar la plena prueba de que ese incumplimiento hubiese causado a la aseguradora un daño patrimonial.
En ese orden de ideas, reitera que no existe la menor prueba que lleve al convencimiento de que, en realidad Fabio Bertrand en la actualidad esté debiendo a la Caja Agraria, por concepto de préstamos, la suma de $41’300.000, y que la demandante acreedora, por no haberse constituido las garantías hipotecarias, perderá inexorablemente ese capital. Este es el momento en que no hay ni siquiera prueba que acredite que la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero efectivamente hiciera préstamos al tomador de los seguros por la cuantía señalada; ni la hay de que el deudor haya insatisfecho, siquiera parcialmente, el pago de esos préstamos,…».
Concreta luego su argumentación señalando tres yerros fácticos manifiestos así:
«El primer error consistió en deficiente apreciación e interpretación del parágrafo tercero de la cláusula primera de los documentos que contienen las ‘condiciones generales’ de los seguros tomados por Fabio Bertrand, pues allí se expresa claramente que por medio de la garantía de cumplimiento las entidades contratantes se precaven, no contra el mero incumplimiento del contratista, sino ‘contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable’ a éste.
«El segundo yerro manifiesto consistió en que el Tribunal dejó de ver que la propia demandante, en la pretensión SEGUNDA del libelo introductorio (fs.22 del cuaderno 1o.) solicita que la condena contra la Aseguradora Colseguros S.A., se haga a ‘título de indemnización’, es decir, de reparación del daño sufrido, de resarcimiento de los perjuicios padecidos.
«El tercer error fáctico ostensible es que el Tribunal ad quem dio por demostrado, sin existir prueba de ello, cayendo en suposición probatoria, que la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero sufrió perjuicios patrimoniales porque su deudor Bertrand no constituyó las hipotecas ofrecidas y, además, que los mencionados perjuicios ascendieron a un monto de $41’300.000».
La sociedad recurrente remata el cargo afirmando, que los anteriores yerros fácticos palmarios, llevaron al Tribunal a violar indirectamente las disposiciones legales por ella señaladas, por lo que solicita casar el fallo impugnado, para que la Corte, actuando como sentenciador de segundo grado, revoque el fallo del juez a quo y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.
SE CONSIDERA:
1.- El contrato de seguro es aquél negocio “…bilateral, oneroso, aleatorio y de tracto sucesivo por virtud del cual una persona -el asegurador- se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta que se denomina ‘prima’, dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al ‘asegurado’ los daños sufridos o, dado el caso, a satisfacer un capital o una renta, según se trate de seguros respecto de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre el patrimonio mismo, supuestos en que se les llama de ‘daños’ o de ‘indemnización efectiva’, o bien de seguros sobre las personas cuya función, como se sabe, es la previsión, la capitalización y el ahorro. Salta a la vista, pues, que uno de los elementos esenciales en este esquema contractual es la obligación ‘condicional’ contraída por el asegurador de ejecutar la prestación prometida si llegare a realizarse el riesgo asegurado, obligación que por lo tanto equivale al costo que ante la ocurrencia del siniestro debe aquél asumir y significa asimismo la contraprestación a su cargo, correlativa al pago de la prima por parte del tomador». (Sent. 24 de enero de 1994, C.S.J. EXPEDIENTE 4045).
El contrato de seguro de daños, es meramente indemnizatorio de todo o parte del perjuicio sufrido por el asegurado. Tal la razón para que el tomador, en caso de presentarse el riesgo, no pueda reclamar del asegurador suma mayor que la asegurada, así el daño haya sido superior, ni cifra que exceda del monto del daño, aunque el valor asegurado fuese mayor. El asegurado logra así, a través del contrato de seguro, la posibilidad de obtener la reparación del detrimento que sufre en su patrimonio a causa del acaecimiento del siniestro; su aspiración no puede ir más allá de alcanzar una compensación del empobrecimiento que le cause la ocurrencia del insuceso asegurado; el contrato le sirve para obtener una reparación, mas no para conseguir un lucro.
El artículo 1088 del Código de Comercio estatuye que «Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso». Por tanto, en los seguros de daños el pago de la prestación asegurada consiste en resarcir, dentro de los límites pactados, las consecuencias económicas desfavorables o los perjuicios patrimoniales provocados por el siniestro.
Los seguros como el de cumplimiento -que por su naturaleza corresponden a los seguros de daños-, implican la protección frente a un perjuicio patrimonial que pueda sufrir la asegurada al ocurrir el riesgo asegurado. Empero, el solo incumplimiento por parte del obligado no constituye por si mismo siniestro, a menos que se genere un perjuicio para el asegurado, por ser de la esencia de éste la causación y padecimiento efectivos de un daño, pues de lo contrario el seguro se convertiría en fuente de enriquecimiento para el asegurado, lo cual está prohibido para los seguros de daños en el artículo en cita.
Es que el siniestro en los seguros de daños, tanto más cuando ellos sean de carácter patrimonial (Art. 1.082 del C. de Co.), invariablemente supone la materialización de un perjuicio de estirpe económico radicado en cabeza del asegurado, sin el cual no puede pretenderse que el riesgo materia del acuerdo de voluntades haya tenido lugar y, por ende, que se genere responsabilidad contractual del asegurador. No en vano, en ellos campea con vigor el principio indemnizatorio, de tanta relevancia en la relación asegurativa.
De consiguiente, mal podría entonces en el presente caso afirmarse que se configuró el siniestro en el seguro de cumplimiento contratado en su oportunidad, por la simple y escueta ausencia de la constitución de hipoteca, como quiera que dicha inacción, per se, es inane para atribuirle responsabilidad al asegurador, pues como ya se acotó en los seguros de daños se requiere para que prospere la reclamación formulada por el asegurado, la presencia de un daño o perjuicio de naturaleza patrimonial, que debe acreditar éste en la forma debida.
En este orden de ideas, para hacerse acreedor al pago del seguro, el tomador debe demostrar, según lo ordena el art. 1077 ibídem la ocurrencia del siniestro, y la cuantía de la pérdida. Por su parte, si el asegurador pretende excluir o reducir su responsabilidad, tendrá la carga de la prueba de los hechos o circunstancias constitutivos de exoneración o limitación de su responsabilidad en el pago del seguro.
En síntesis, siendo principio rector en materia de seguros que este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio (art. 1088 C. de Co.), la obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro, de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.
2.- En el caso de este proceso Fabio Bertrand solicitó dineros en mutuo a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, cuyo pago ofreció garantizar mediante la constitución de hipoteca en favor de la entidad sobre el inmueble ubicado en la carrera 3a. este N° 13-07 de Cali. Mientras se producía la constitución de la garantía hipotecaria ofrecida, Fabio Bertrand obtuvo de la compañía Aseguradora Colseguros S.A. las pólizas de seguros visibles entre folios 5 y 10 del cuaderno 1 y a folios 22 del cuaderno 2, contratos en los cuales aparece aquella entidad como asegurada por los valores allí señalados y en los que se precisó que su objeto era «garantizar la futura constitución de hipoteca» sobre el citado bien. Las pólizas de ese modo suscritas por la asegurada, el contratista y la aseguradora fueron elaboradas en papelería preimpresa de esta última compañía bajo el rótulo «seguro de cumplimiento en favor de entidades nacionales – departamentales – distritales – municipales – intendenciales y comisariales», en cuyas «condiciones generales» dejaron previstas las partes en punto de «AMPARO Y DEFINICIONES» (paragráfo tercero de la cláusula primera) que «Por medio de la garantía de cumplimiento, las entidades contratantes se precaven contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva».
Significa lo precedente que, aun cuando en las pólizas se hubiese expresado que el objeto del contrato era «garantizar la futura constitución de hipoteca del inmueble ubicado en la Cra. 3a. este N° 13-07 Cali», los alcances de la cobertura del seguro deben determinarse en armonía con las «condiciones generales» previstas como anexos de cada uno de los contratos celebrados, y en consonancia igualmente con lo dispuesto por el art. 1622 del C.C., al mismo tiempo que de conformidad con el contenido de la primera parte del art. 1088 del C. de Co., habida cuenta que todo seguro que revista la naturaleza de seguro de daño parte del supuesto de la presencia ulterior de un detrimento patrimonial, a fin de que pueda aludirse, con propiedad, a un siniestro indemnizable. Ello evidencia que, como auténticos seguros de daños que en realidad son las pólizas aludidas, la aseguradora Colseguros S.A. se obligó, en frente del acaecimiento del siniestro (incumplimiento del mutuario Fabio Betrand en la constitución de la garantía hipotecaria ofrecida con reales y efectivas repercusiones económicas desfavorables para la asegurada), a responderle a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero por los perjuicios derivados para ésta de la ocurrencia de aquél, en cuanto éstos no sobrepasaren el monto de los valores asegurados en cada una de esas pólizas, pero no necesariamente por el total de esos valores, ni tampoco, obviamente, por el tope de las obligaciones finalmente adquiridas y eventualmente incumplidas por Fabio Bertrand con la entidad crediticia. A este respecto es pertinente notar cómo, no obstante el monto en que cuantificó su aspiración económica la parte actora, en la petición segunda de la demanda ella dejó en claro que la condena deprecada en el litigio lo es a «título de indemnización», característica esa de la pretensión que es deducible igualmente de los hechos cuarto y quinto del libelo.
Así lo entendió desde luego el Tribunal cuando
no obstante aseverar en su fallo que el «El objeto del seguro, como claramente se lee en las pólizas, fue el de ‘futura constitución de hipoteca’ por parte del tomador y -según la demanda- era para garantizar varios préstamos que le fueron concedido (sic) por la entidad demandante», en ese mismo pronunciamiento dejó por entero definido que «se ejercita en el plenario una pretensión indemnizatoria de índole contractual con apoyo en las pólizas de seguro de cumplimiento…», criterio en apoyo del cual transcribe líneas adelante el contenido del artículo 1127 del C. de Co., alusivo al «seguro de responsabilidad».
3.- Si lo anterior es así, si en el presente litigio se ventila una pretensión resarcitoria por perjuicios de tipo contractual, resulta palmar, como lo aduce la recurrente, el error fáctico cometido por el Tribunal cuando de cara a la actuación concluyó, después de aseverar que el riesgo consistía en la no constitución de la garantía hipotecaria a cargo de Fabio Bertrand y que ese fue precisamente el interés asegurable por el cual la compañía cobró las primas respectivas, que en virtud de los mencionados contratos de seguro pactados la compañía «Aseguradora Colseguros S.A.» se obligó y debía responder por el monto del valor asegurado en cada una de las pólizas ya aludidas, y no, como debía ser, por los perjuicios reales que el incumplimiento de Fabio Bertrand le acarreó a la entidad actora. De manera que al sacar el sentenciador ad-quem de los medios de convicción aquella conclusión, incurrió ciertamente en el yerro fáctico denunciado por la Censura, pues no tuvo en cuenta ni el cabal sentido de la pretensión indemnizatoria suplicada en la demanda ni las «condiciones generales» por las que, según el acuerdo de las partes, debían regirse los prenombrados acuerdos en aspectos tales como el «de la garantía de cumplimiento del contrato”.
4.- El cargo, por ende, se abre paso.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. Resulta de lo expuesto que por la prosperidad del cargo formulado, la sentencia atacada ha de infirmarse y, por mandato de lo previsto en el inciso primero del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, debe dictarse por la Corte la que ha de reemplazarla.
2. Del examen del libelo incoatorio, infiérese que la demandante persigue se condene a su demandada por responsabilidad civil contractual, derivada del incumplimiento de unos contratos de seguros.
3. De acuerdo con el artículo 1077 del Código Civil, «corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso», lo cual está poniendo de presente, como regla general, una doble carga probatoria, la de acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida que éste originó.
4. Si en el presente caso, evidentemente se trata de un seguro de daños como atrás se puntualizó, obviamente que para la prosperidad de las súplicas de la demanda era indispensable que en el plenario apareciese la prueba del perjuicio; como la misma brilla por su ausencia, la falta de demostración de este extremo lleva inexorablemente al fracaso de las pretensiones, pues se reitera, por parte alguna aparece probado el menoscabo o detrimento patrimonial, real y efectivamente sufrido de manera concreta
por la demandante, en armonía con lo cual es pertinente resaltar que ni siquiera se acreditó el desembolso de los dineros dados en mutuo a Fabio Bertrand , pues a este respecto es por si mismo elocuente, tal como está acreditado en el trámite de la actuación adelantada en segunda instancia (folios 21 y 22 C. del Tribunal), que la póliza N° 8667033 por un valor asegurado de $30.000.000, se encontraba, aún en esa etapa procesal, en poder del presunto mutuario.
DECISION:
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de dos ( 2 ) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro ( 1994 ), dictada en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y obrando como fallador de instancia,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR en todas sus partes la sentencia de 20 de abril de 1993, proferida en este proceso por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali.
SEGUNDO.- DESESTIMAR las pretensiones contenidas en la demanda formulada por la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO contra ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.
Las costas de primera y segunda instancia son de cargo de la demandante. Tásense por quien corresponda.
Sin costas en casación ante la prosperidad del recurso.
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
MANUEL ARDILA VELÁSQUEZ
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
JOSE FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ
JORGE SANTOS BALLESTEROS
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO