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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado ponente
STC1497-2015
Radicación n.° 11001-02-03-000-2015-00278-00
(Aprobado en sesión de dieciocho de febrero de dos mil quince)
Bogotá, D. C., jueves, diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015).
Se decide la tutela instaurada por María Serrato de Linares y Luis Ramiro Linares Ulloa contra el Juzgado Doce de Familia de Bogotá, con vinculación de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, Nubia González Rey y Pedro Elías Ortiz Romero.
I. ANTECEDENTES
1.- Obrando en nombre propio, los promotores sostienen que les fueron violados sus derechos al debido proceso y <<posesión>>.
2. Atribuyen la vulneración a la inclusión de un inmueble cuya posesión adquirieron desde el año 2011, en los inventarios de la liquidación de la sociedad conyugal de Pedro Elías Ortiz Moreno y Nubia González Rey.
3. Como fundamento de su solicitud expusieron los hechos que seguidamente se compendian (folios 1 al 4):
a.-) Que mediante promesa de compraventa (10 sep. 2007) Pedro Elías Ortiz Moreno compró a María Emérita Velásquez <<los derechos de posesión>> sobre el lote nº 23, de la manzana D, del Barrio Girasoles de Villavicencio
b.-) Que posteriormente (14 oct. 2011) éste se los enajenó a ellos.
c.-) Que en el Juzgado Doce de Familia de Bogotá se radicó la demanda de divorcio de Nubia González Rey contra Pedro Elías Ortiz Moreno, donde se decretó el embargo y secuestro del referido predio.
d.-) Que comisionado el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio para el aprisionamiento del bien, encontró en el lugar a Ana Luz Chitiva Beltrán (27 ene. 2012), quien manifestó <<me encuentro ocupando el inmueble aproximadamente dos meses lo estoy cuidando porque la propietaria actual me dejó encargada del bien, su nombre es Mery Serrato quien se lo compró a pedro Elías Ortiz, ella tiene escritura pero se encuentra en la ciudad de Bogotá>>, sin inquirirla para que presentara testimonios de vecinos que pudieran corroborar los hechos.
e.-) Que el juzgado de familia (15 feb. 2012) contestó escrito de María Serrato de Linares en el que expuso la situación, indicando que <<no soy parte en el proceso y que debía peticionar a través de apoderado>>.
f.-) Que a través de abogado formularon oposición e incidente de nulidad, rechazada de plano por extemporánea la primera, y sin pronunciamiento alguno respecto de la invalidación.
g.-) Que para cuando Ortiz Moreno fue notificado del libelo (22 feb. 2012), ya había vendido la posesión del referido bien, siendo sus compradores de buena fe.
h.-) Que se llevó a cabo la diligencia de inventarios y avalúos en el trámite de la liquidación de la sociedad conyugal de Nubia González Rey y Pedro Elías Ortiz Moreno (20 jun. 2013), donde fueron representados por un profesional del derecho.
i.-) Que se rechazó de plano (24 sep. 2014) el <<incidente de objeción>> por ellos interpuesto, entre otras razones, por no ser parte en el proceso.
4. Pretenden de manera transitoria y para evitar un daño mayor, hasta tanto inicien el juicio de pertenencia, se le ordene a la autoridad querellada, <<no incluir el bien al que hemos venido haciendo alusión en los inventarios de la sociedad de los señores Pedro Elías Ortiz Moreno y Nubia González Rey>>, folio 3.
II RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS
1.- El Juzgado Doce de Familia de Bogotá, remitiendo el expediente 2011-0390 en calidad de préstamo, luego de hacer un recuento de la actuación adelantada, señaló que la inclusión de la posesión del citado lote de terreno fue adoptada por el Tribunal de Bogotá al resolver la alzada, y que corrido el traslado de los inventarios, Pedro Luis Ortiz Moreno no objetó tal determinación, sino que lo hicieron los aquí accionantes, <<para quienes tuvo que revocarse la decisión de iniciar el trámite incidental, por recurso de reposición promovido por el apoderado de la señora González Rey>>, folios 32 y 33.
2.- El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio informó que no hubo oposición alguna de la persona que atendió la diligencia de secuestro de los derechos de posesión de Pedro Luis Ortiz Moreno en la casa 23 de la manzana D, Barrio Girasoles, sin que fuera deber legal del Despacho ordenar a la ocupante que lo hiciera y presentara testimonios de vecinos, pues, el parágrafo 2º del artículo 686 del Código de Procedimiento Civil no lo consagra así (folios 69 al 72).
3.- Hasta el momento de someter el asunto a discusión de la Sala los demás intervinientes no se han pronunciado.
III. TRÁMITE
Agotada la instrucción se prosigue resolver el amparo planteado.
IV. CONSIDERACIONES
1.- El conflicto se centra en precisar si el Juzgado Doce de Familia de Bogotá, incurrió en vulneración de los derechos alegados al no excluir el lote No 23, Manzana D, del Barrio Girasoles de Villavicencio de los inventarios y avalúos en la liquidación de la sociedad conyugal de Nubia González Rey y Pedro Elías Ortiz Moreno, no obstante que el último de los citados, desde antes de presentarse la demanda de divorcio, vendió los derechos de posesión sobre el bien a los gestores.
2.- Los pronunciamientos de los jueces son, por regla general, ajenos a la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política; la excepción a esto, lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, se presenta en los eventos donde resultan ostensiblemente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configure una <<vía de hecho>>, y bajo los presupuestos de que la persona afectada acuda dentro de un término razonable a formular la queja, y no tenga o haya desaprovechado otros remedios ordinarios y efectivos para conjurar la lesión alegada.
3.- Para el análisis que se realiza, está acreditado:
a.-) Que Pedro Elías Ortiz Moreno prometió vender a María Serrato de Linares y Luis Ramiro Linares Ulloa, la posesión que ejercía sobre un lote de terreno urbano junto con la casa de habitación sobre él construida, distinguida como casa 23 de la manzana D, del Barrio Girasoles de Villavicencio (14 oct. 2011), folio 8.
b.-) Que en el proceso de divorcio de Nubia González Rey contra Pedro Elías Ortiz Moreno se decretó (3 may. 2011) y practicó (27 ene. 2012) el secuestro de <<los derechos derivados de la posesión>> ejercidos por el demandado sobre el referido inmueble (fls. 15 y 34 al 36 cdno. ppl rad.2011-0390).
c.-) Que la diligencia fue atendida, sin formular oposición, por Ana Luz Chivita Beltrán, aduciendo estar cuidando el inmueble por cuenta de la <<propietaria>> del mismo Mery Serrato, la que se encontraba en Bogotá (fl. 35 cdno. ppl. rad. 2011-0390).
d.-) Que actuando en nombre propio, María Serrato de Linares solicitó al Juzgado Doce de Familia que <<interviniera en el proceso>>, aduciendo para ello haber adquirido junto con su cónyuge la posesión del bien aprisionado.
e.-) Que no se atendió a lo pedido por cuanto la impetrante no es parte en el pleito, además de no respetar el derecho de postulación (14 feb. 2012), folio 45 cdno. ppl. rad. 2011-0390.
f.-) Que mediante apoderado, María Serrato de Linares y Luis Ramiro Linares Ulloa (28 feb. 2012), presentaron <<oposición… al embargo y secuestro>>, e interpusieron <<incidente de nulidad>>, folios 4 a 6 cdno. 2, rad. 2011-0390.
g.-) Que el juzgado <<rechazó de plano el incidente>> por extemporáneo (12 mar. 2012), decisión que no fue recurrida (fl. 7 cdno. 2, rad. 2011-0390).
h.-) Que fue admitido el trámite de liquidación de la sociedad conyugal instaurado por Nubia González Rey frente a Pedro Elías Ortiz Moreno (6 sep. 2012), folio 3 cdno. 3, rad. 2011-0390).
i.-) Que a la diligencia de inventarios y avalúos (20 jun. 2013), concurrieron, a través de apoderado, María Serrato de Linares y Luis Ramiro Linares Ulloa, y en dicha actuación en relación con ellos y el lote de terreno señalado:
i. No se les reconoció la calidad de terceros acreedores <<ante el desconocimiento que de la misma hicieron los apoderados de los ex cónyuges>>, determinación que no fue impugnada.
ii. Se excluyó la partida relacionada en el activo, <<toda vez que… no se presentó la prueba idónea de la existencia de la posesión que se dice ostenta el ex cónyuge Pedro Elías Ortiz Moreno, a más que se informa en el proceso que dicha posesión fue enajenada por el ex cónyuge; luego a la fecha del divorcio dicho derecho ya no existía en cabeza de alguno de los socios conyugales>>.
iii. Nubia González Rey apeló el último proveído, siéndole negada la alzada, por lo que interpuso reposición y pidió la expedición de copias para la queja.
iv. El a quo mantuvo su posición y ordenó las reproducciones impetradas, (folios 70 a 75 cdno. 3, rad. 2011-0390).
j.-) Que el ad quem declaró mal denegada la alzada y, en consecuencia, la concedió en el efecto devolutivo (30 ago. 2013), y después la admitió (9 sep. 2013), folios 108 a 110 y 112, respectivamente, cdno. 3. Rad. 2011-0390.
k.-) Que el Tribunal revocó la resolución de excluir el bien de los inventarios al estimar que para ello debía darse la oportunidad a las partes de adelantar el incidente de objeción (30 oct. 2013), folios 121 y 122 cdno. 3. Rad. 2011-0390.
l.) Que de <<los inventarios y avalúos>> se corrió traslado a los interesados por el término de tres (3) días (17 mar. 2014), folio 79 cdno. 3. Rad. 2011-0390.
m.-) Que el a quo abrió el <<incidente de objeción>> promovido por María Serrato de Linares y Luis Ramiro Linares Ulloa (2 may. 2014), proveído atacado en reposición por el apoderado de Nubia González Rey (folios 3 y 4, cdno. 4, rad. 2011-0390).
n.-) Que la determinación fue infirmada porque <<los únicos autorizados por la ley para realizar manifestaciones sobre los inventarios y avalúos, son las partes del proceso… mas no los terceros que no tienen calidad de parte>> y, por consiguiente, rechazó de plano el incidente (24 sep. 2014), folios 7 y 8 cdno. 4, rad. 2011-0390). Contra este pronunciamiento no hubo recursos.
o.-) Que los inventarios fueron aprobados (24 oct. 2014), al no ser objetados por las partes, folios 79 y 80 cdno. 3. Rad. 2011-0390.
4.- No se acogerá la salvaguarda, por los motivos que pasan a mencionarse:
a.-) En la tarea de establecer las circunstancias en las que es viable atacar un acto mediante la tutela, la Sala ha fijado un presupuesto, regla o cláusula de oportunidad, que consiste en exigir a los interesados que la ejerzan en un término no superior a los seis meses posteriores a la configuración del presunto daño.
Sobre el particular, la Corte ha señalado
(…) si bien la jurisprudencia no ha indicado de manera unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, “sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción y, menos aún, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados”, adoptándose aquél en “seis meses”, a menos que exista causa justificativa para su elongación (CSJ STC, 5 mar. 2014, exp. 00149-01, reiterada en STC13658-2014, 8 oct. rad. 00070-01 y STC252-2015, 23 ene., rad, 00002-00).
Lo cierto es que en el presente evento los actores no satisfacen dicho presupuesto en relación con la diligencia de secuestro y su oposición a la misma, como quiera que formularon el amparo el 9 de febrero de 2015, esto es, más de tres (3) años después de su práctica (27 ene. 2012), y dos años y medio luego de emitido el auto que <<rechazo de plano el incidente>> en tal sentido instaurado (12 mar. 2012).
La Corporación, en el fallo STC 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, STC9399-2014, rad. 01468-00, STC13665-2014, 7 oct. rad. 00313-02 y STC252-2015, 23 ene., rad, 00002-00, tiene dicho
(…) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace más de seis meses… aquella no satisface la exigencia de la tempestividad… circunstancia que deja sin soporte la protección,… ahora,…no se acreditó la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo… ‘en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término ajustado para la interposición de la queja el de seis meses (…)
b.-) Igualmente, dado su carácter residual, el amparo no constituye un remedio sustitutivo o paralelo a los ordinarios de defensa que la norma superior y la ley consagran para la protección de los derechos fundamentales de las personas.
Sobre este tópico, la Corte ha expuesto reiteradamente
(…) es posible afirmar válidamente que las hoy accionantes han tenido a su alcance los mecanismos de regular procedencia para debatir en el escenario del proceso las inconsistencias que en su opinión afectan la actuación escrutada, sin que los hayan agotado en debida forma… (…). Luego, mal pueden tratar de remediar su propia incuria acudiendo a este mecanismo extraordinario de protección constitucional (CSJ STC, 5 mar. 2014, rad. 00284-01, reiterada en STC252-2015, 23 ene., rad, 00002-00).
Los promotores tampoco colman este requerimiento, toda vez que el incidente de levantamiento de la cautela fue adelantado de manera extemporánea, al punto que el juzgado lo <<rechazó de plano>> por tal motivo (12 mar. 2012).
La viabilidad de tal remedio está expresamente consagrado en el numeral 8º del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, así
<<Se levantará el embargo y secuestro en los siguientes casos:
1. (…) 8. Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez de conocimiento, dentro de los veinte días siguientes, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquélla se practicó, y obtiene decisión favorable, la solicitud se tramitará como incidente, en el cual el solicitante deberá probar su posesión…>>.
Ahora bien, negado el trámite accidental, tuvieron la oportunidad de recurrir la determinación en reposición y apelación, lo que tampoco hicieron, cometiendo doble incuria.
No está llamada a duda la procedencia del remedio horizontal, ya que según el artículo 348 ibídem, <<Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen>>; ni tampoco el de la alzada, pues, a tenor de lo establecido en el artículo 351 ídem, es apelable el auto que <<niegue el trámite de un incidente autorizado por la ley o lo resuelva>>.
Además, respecto de la providencia del juzgado de familia (24 sep. 2014), que vía reposición rechazó de plano el <<incidente de objeción>> a los inventarios por ellos planteado, su conducta fue igualmente omisiva, ya que contra tal resolución, cabía el recurso de apelación, tal como se evidencia en los artículos 138 y 601 del estatuto procesal civil, que en su orden, y en lo pertinente, prevén
El primero <<El Juez rechazará de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados por este Código o por otra ley, los que se promuevan fuera de término y aquellos cuya solicitud no reúna los requisitos formales. (…) El auto que rechace el trámite del incidente será apelable en el efecto devolutivo; el que lo decida en el mismo efecto si es adverso a quien lo promovió, y en el diferido en el caso contrario, salvo lo dispuesto en el artículo 147>>.
El Segundo <<Del inventario y los avalúos se dará traslado a las partes pro tres días, para que puedan objetarlos y pedir aclaraciones y complementaciones del dictamen pericial, para lo cual se aplicarán las siguientes reglas: 1 (…) 3. Las objeciones, aclaraciones y adiciones del dictamen pericial se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 238, pero las primeras se tramitaran conjuntamente y se decidirán por auto apelable…>>.
También, el numeral 2º del artículo 351 antes citado, consagra dentro de los autos impugnables <<el que niegue la intervención de… o de terceros>>.
De tal manera, que al no haber controvertido el pronunciamiento mostraron su asentimiento con lo decidido y permitieron su firmeza, sin que sea viable revivir oportunidades fenecidas o atribuir la consecuencia de su omisión a las autoridades judiciales que adelantan el litigio.
En relación con los efectos de la incuria, la Corte ha sostenido
En ese estado de cosas, si la censura de dicho pronunciamiento no se formuló por el cauce ordinario, tal circunstancia es suficiente para concluir que el descuido o incuria de la interesada no le permite recurrir a la a tutela para el propósito indicado, pues, no puede soslayarse que ésta sólo resulta expedita como herramienta de resguardo de los derechos fundamentales, cuando el afectado no dispone de otro recurso de naturaleza judicial para el efecto (CSJ STC, 6 sep. 2013, exp. 02000-00, reiterada en STC13658-2014, 8 oct. rad. 00070-01y STC252-2015, 23 ene., rad, 00002-00).
c.-) Así mismo, concluye la Sala los accionantes cuentan con otro medio de defensa judicial idónea para solicitar lo que por esta vía reclaman, pues, nada obsta para que ante la adquisición de <<derechos derivados de la posesión>>, y la preclusión de la oportunidad para impetrar el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre estos, acudan en forma directa a demandar la declaración de pertenencia, cuestión que conlleva la improcedencia de la acción de tutela incoada, ya que tal mecanismo de protección constitucional es excepcional y residual, previsión desarrollada en el Decreto 2591 de 1991; desde luego que no es un medio más de que disponen las personas para reclamar derechos o para plantear controversias que tienen las vías o los cauces ordinarios ante el juez natural para ser debatidos.
Al respecto la Sala ha afirmado, que <<Resulta ostensible, entonces, que si el demandante no ha agotado todos los recursos que le brinda el ordenamiento, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la solución de una cuestión que corresponde dirimir al juez natural>> (STC10448-2014, 8 ag. exp. 00523-01, reiterado en STC15113-2014, 6 nov. Rad. 0483-01).
d.-) Finalmente, aunque los actores invocaron la protección de sus derechos fundamentales de manera transitoria, y para evitar un daño mayor, lo cierto es que, no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable, debido que se limitaron a realizar tal enunciado, pero no demostraron la afectación grave y actual de sus garantías esenciales, que amerite adoptar medidas urgentes de protección.
La jurisprudencia de esta Corporación viene afirmando, que
(…) no se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitucional (CJS STC 30 abr. 2013, rad. 00398-01, STC3478-2014 20 mar., rad. 00475-00 y STC17240-2014, 18 dic. rad. 02861-00).
5.- Por consiguiente, se desestimará la protección deprecada.
V.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el resguardo solicitado en el asunto de la referencia.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, previa devolución del expediente nº 2011-00390 a la oficina de origen.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
(Presidente de Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ