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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
STC14961-2015
Radicación n.° 11001-02-03-000-2015-02580-00
(Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil quince)
Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015).
Decídese la acción de tutela instaurada por Omar David García Sarmiento frente a la Sala de Casación Penal.
1. El gestor demandó la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, «contradicción y doble instancia», «buena fe», «confianza legítima de las autoridades públicas» y «debida administración de justicia», presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro de la acción de tutela que inició a la Fiscalía General de la Nación.
2. Arguyó, como sustento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1. Que «no solo le bastó a este funcionario judicial en negarme el amparo de tutela solicitado sino para que quedará en firme su decisión me privó de la DOBLE INSTANCIA y el DERECHO A LA CONTRADICCIÓN en contra de este fallo que utilice para invocar la protección de mis derechos al debido proceso y a la administración de justicia los cuales fueron desconocidos y amenazados y con este fallo denegatorio que para intensificar la violación me negó el derecho a la doble instancia como lo es el recurso de impugnación de forma irregular».
2.2. Que «se me comunica mediante telegrama de la empresa de correos 472 entregado el día 9 de septiembre de 2015 que de denegó el amparo improcedente como se puede confirmar con la guía número RN430131751CO que expone lo siguiente: fecha de admisión 08/09/2015 hora 15:49:23 siendo entregada el día 9 de septiembre 2015 en mi sitio de notificaciones…».
2.3. Que «en lo que respecta a mi recurso de impugnación fue radicado el día 14 de septiembre de 2015 mediante correo de la empresa de mensajería DEPRISA guía número 999021663083 tiempos que deja ver el cumplimiento de dicha norma».
3. Pidió, en consecuencia «dar trámite al recurso de impugnación de la tutela No. 2015-1603 de forma inmediata para garantizar la protección a mis derechos fundamentales» (fls. 1-12 Cdno. 1).
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO
El H. Magistrado de la Sala de Casación Penal, señaló que «si en el escrito de tutela el accionante alega que el “recurso de impugnación fue radicado el día 14 de septiembre de 2015 mediante correo de la empresa de mensajería DEPRISA guía número 999021663083”, ha de resaltarse que el término oportuno de impugnación no es aquel en el que se radica el escrito en la empresa de correo sino en el momento en que el mismo es recibido en la oficina judicial respectiva, de donde deviene que en este evento la inconformidad fue presentada de manera extemporánea» (fls. 47-48 ibídem).
CONSIDERACIONES
1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la vía idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’», y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CJS STC, 3 Mar. 2011, Rad. 00329-00).
2. El gestor pretende que se dé «trámite al recurso de impugnación de la tutela No. 2015-1603 de forma», pues en su opinión se incurrió en «defecto procedimental».
3. Del examen de las pruebas se desprende que:
a) La autoridad acusada dentro de la salvaguarda constitucional presentada por Omar David García Sarmiento (aquí accionante), contra la Fiscalía General de la Nación, profirió fallo constitucional el 20 de agosto de 2015 en el que resolvió «declarar improcedente la acción de tutela invocada por Omar David García Sarmiento» (fls. 25-30).
b) El 22 de septiembre hogaño la sala censurada dispuso que «antes de tomar alguna decisión en relación con la impugnación presentada por el accionante, solicítese a la empresa de correos respectiva certifique la fecha en que le fue entregado a Omar David García Sarmiento el marconigrama 18038, fechada 25 de agosto de la presente anualidad, mediante el cual se le notificaba del fallo emitido el 20 del mismo mes y año» (fl. 41 adverso).
c) El 30 del mismo mes y año en el que señaló que «comoquiera que la actuación aludida en el radicado de la referencia fue enviada a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo emitido en primera instancia por esta Sala el 20 de agosto del año en curso, dado que dentro del término legal el mismo no fue impugnado (para notificar la sentencia al demandante, se libró el 25 de agosto de 2015 el telegrama 18038, dirigido a la dirección por él suministrada, según la información recibida por la empresa de envíos 472, el mismo fue entregado el 9 de septiembre de 2015, razón por la cual el 14 de los cursantes se cumplieron los 3 días para atacar la decisión), remítase a esa Corporación el memorial suscrito por el accionante OMAR DAVID GARCÍA SARMIENTO, recibido en la Corte Suprema el 16 de los corrientes mes y año, mediante el cual impugna la aludida sentencia, a fin de que haga parte de las diligencias» (fl. 41).
4. Analizado lo anteriormente reseñado, advierte la Sala que, la protección invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional vía, toda vez que se desconoce el presupuesto general de la subsidiariedad exigido para la prosperidad de la salvaguarda impetrada, en tanto que no es factible acudir a este excepcionalísimo escenario luego de haber sido omitidos los mecanismos legales de defensa que se tuvieron al alcance, lo anterior, en vista a que pese a que la gestora impugnó la sentencia de 20 de agosto de 2015 (declaró improcedente la protección), lo hizo extemporáneamente.
Así las cosas, habiéndose desperdiciado por el reclamante la memorada vía de resguardo por motivo de no ejercitarla idóneamente, se frustra el amparo instado a consecuencia de la inobservancia del requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad.
5. En tales condiciones, mal podría el Juez Constitucional auscultar la actuación del colegiado enjuiciado, cuando lo cierto es que el accionante no procedió de manera acertada y eficaz, quedando sujeto, entonces, a las consecuencias de las determinaciones que le fueron adversas, observándose así el fruto de su propia incuria.
6. Y, en relación con lo precedente, la Corte ha considerado que:
no basta, entonces, que la determinación adoptada por el operador jurídico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que también es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si éstos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 (…)” (CSJ STC, 25 Ago. 2008, Rad. 01343-00, reiterada entre otras, el 25 Sep. y 12 Oct. 2012, Rads. 00651 y 00135, 31 Ene. y 22 May. 2013, Rads. 00113 y 00206, respectivamente).
Igualmente, esta Corporación sostuvo en sentencia CSJ STC 15 Jun. 2011, rad. 00151-01, reiterada, entre otras, 30 Oct. 2012, rad. 00439-01, que:
“(…) quien luego de desdeñar las oportunidades legales que le fueron ofrecidas para remediar sus males, busca enmendar su desidia fuera del proceso donde las soslayó, ya que la presente acción no está prevista para rectificar fallas de gestión procesal ni para revivir oportunidades legales fenecidas debido a la pigricia propia”.
7. Por lo demás, se constató que aunque la nueva decisión proferida por el a-quo acusado el 20 de agosto de 2015, no fue impugnada por el gestor, el expediente fue enviado el 15 de septiembre hogaño a la Corte Constitucional para su eventual «revisión», siendo ese el escenario en caso de tener alguna inconformidad el propicio para exponer su descontento.
Y, no se diga, que la revisión no es suficiente garantía, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acción de tutela, también lo es que la selección se materializa a través del procedimiento previsto en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que «cualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave», o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto «dentro de los quince días calendario siguientes a la fecha de notificación por estado del auto de la Sala de Selección». (Artículo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992).
8. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgará la protección impetrada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada.
Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ