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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
AC389-2016
Radicación n° 11001-31-03-004-2012-00170-01
Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis (2016)
Procede la Corte a resolver lo que corresponde sobre la admisión del recurso de casación propuesto por los demandantes frente a la sentencia de 16 de septiembre de 2015, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil de Elizabeth Anzola Sanabria y Sergio Andrés Gaviria Anzola contra la Universidad de los Andes.
I. ANTECEDENTES
1.- Los actores pidieron declarar que su contraparte es «responsable contractual» de los perjuicios ocasionados al no permitirle a Gaviria Anzola concluir las carreras de Ingeniería Química e Industrial, por lo que a éste debe indemnizarle el daño moral, en una cuantía de mil salarios (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la «pérdida de oportunidad», el «daño de vida de relación» y el «psíquico», cada uno en un monto de cien (100) salarios mínimos, y una suma igual para Anzola Sanabria por el «moral».
Subsidiariamente, que les indemnice «el daño causado en la forma descrita en el capítulo de los hechos», como «responsable extracontractualmente» y (folio 220, cuaderno 1).
2.- El centro educativo se opuso y planteó las excepciones de «actuación diligente y respetuosa del debido proceso», «inexistencia de culpa, dolo u omisión», «culpa exclusiva del demandante», «autonomía universitaria», fundadas en que el bajo rendimiento de Sergio Andrés frustró su formación, e «inexistencia del daño y nexo causal», toda vez que el detrimento es hipotético (folios 79 al 102, ibídem).
3.- El fallo del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta capital desestimó las pretensiones (folios 215 al 232 ibíd.).
5.- Los convocantes interpusieron recurso de casación, que se les concedió (19 nov. 2015) con estribo en que las pretensiones «ascienden a $ 322’175.000», cifra superior al equivalente de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de la sentencia (folios 51 al 53, ídem).
II. CONSIDERACIONES
1.- De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente».
Sin embargo, en virtud del tránsito de legislación y de conformidad con el numeral 5° del artículo 625 de ese mismo compendio,
(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
En consecuencia, en esta oportunidad se tendrán en cuenta las normas del Código de Procedimiento Civil en relación con el «recurso extraordinario de casación», por ser las aplicables al momento en que se instauró.
2.- La naturaleza extraordinaria del recurso de casación exige el cumplimiento de rigurosos requisitos en lo que se refiere a la interposición y concesión, que no pueden ser obviados por quien profiere el fallo atacado. Debe comprobare, entonces, la oportunidad de su formulación, la naturaleza del asunto, el interés que asiste al impugnante y los efectos de la providencia cuestionada.
La decisión de admitirlo, por ende, lleva implícito un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente. De no ser así, volverá al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión.
La Corte en auto de 31 de julio de 2012, Rad. 2012-00264, citado en AC346-2015, dijo que
(…) se le ha atribuido competencia para decidir sobre la admisión del recurso de casación, facultad que implica no solo verificar los requisitos legales para ello, sino también auscultar la labor del Tribunal con el fin de constatar que la concesión se ajustó al ordenamiento jurídico, por manera que si se evidencia que el ad quem se apresuró al conceder el recurso extraordinario, dicha determinación no obliga a la Corte a admitir el recurso de casación, etapa distinta y posterior a la surtida ante el juzgador de segundo grado (citado en AC6864-2015, 24 nov., rad. 2011-00250-02).
3.- Previo a conceder o negar el ataque, el juzgador encargado de ello establecerá el quantum del agravio infringido con la providencia, debiendo sopesar, en caso que la parte recurrente sea plural, la naturaleza del litisconsorcio bajo el que concurren sus integrantes, pues, de ser facultativo, aquella afectación será individual, contrario a lo que pasaría si es necesario.
Al respecto la Sala, en AC 25 ene. 2013, rad. 200900676, referido en AC4966-201, recalcó que
(…) la labor de tasación del desmedro económico del impugnante, que está a cargo de quien concede el medio de contradicción, no presenta mayor dificultad cuando se trata de partes singulares. Sin embargo, contemplan los artículos 50 y 51 del Código de Procedimiento Civil la posibilidad de que su conformación sea plural, en cuyo caso la calidad que tengan como litisconsortes facultativos o necesarios incide en la decisión que se tome, pues, mientras que los primeros son considerados como litigantes separados, a los últimos los une un vínculo tal que la resolución para todos ellos es uniforme (…) cuando varios interesados acuden al unísono en acumulación de pretensiones como accionantes, aun sabiendo que pueden formular sus reclamos de manera independiente, sus expectativas en las resultas del debate difieren, lo que conlleva a un análisis individualizado de su interés.
Asimismo, aunque dicho análisis tiene como punto de partida las súplicas de los contendientes, no puede ceñirse a éstas automáticamente, ya que de estar sujetas al arbitrium judicis debe detenerse en el contexto fáctico de la litis y tomar como referencia los parámetros jurisprudenciales en la materia.
La Corte en AC443-205, aludiendo al Ac de 7 de diciembre de 2011, rad. 2007-00373, en similar donde el sentenciador
(…) no se percató que el perjuicio moral se encuentra librado exclusivamente al arbitrium judicis, es decir, en sentir de la Corte, “al recto criterio del fallador, sistema que por consecuencia viene a ser el adecuado para su tasación” (Auto 240 del 14 de septiembre del 2001, Exp. 9033-97), porque como allí mismo se reiteró, “ningún otro método podría cumplir de una mejor manera una tarea que, por desempeñarse en el absoluto campo de la subjetividad, no deja de presentar ciertos visos de evanescencia”” (G.J. T. CLXXXVIII, pág. 19) (…) Por lo mismo, para establecer la procedencia de dicho recurso, desde el punto de vista de la cuantía, no puede acogerse de manera incondicional el perjuicio moral solicitado en la demanda. Así lo tiene explicado la Sala, al decir que “no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del interés aludido” (Auto 213 del 7 de octubre del 2004, exp. 00353, reiterado en auto del 11 de diciembre del 2009, exp. 00445).
4.- Tienen trascendencia en la resolución que se toma los siguientes hechos:
a.-) Que los promotores aspiran a las siguientes reparaciones por responsabilidad contractual:
i) Para Sergio Andrés Gaviria Anzola mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes por «daño moral» y otros cien (100) salarios mínimos, respectivamente, por la «pérdida de oportunidad», «daño de vida de relación», y «psíquico» (folio 219, cuaderno principal).
ii) Para Elizabeth Anzola Sanabria cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes por «daño moral» (folio 220, ibídem).
b.-) Que, por responsabilidad extracontractual, en subsidio, reclaman resarcir «el daño causado en la forma descrita en el capítulo de los hechos», pero dicho acápite no contiene ninguna mención sobre el punto (folios 220 al 227 ibíd.).
d.-) Que el Tribunal encontró satisfecho el interés para recurrir en casación porque «las pretensiones (…) ascienden a $ 322’175.000» (folio 52, id.).
5.- Dicho pronunciamiento pasó por alto los aspectos ya reseñados, como pasa a verse:
a.-) Dejó de repararse si estaba en presencia o no de un caso que exigía la comparecencia conjunta de los demandantes o en el que podían reclamarse perjuicios de manera separada, para lo cual debió auscultar lo atinente al contrato de educación y la naturaleza de lo pedido, recordando que sobre esto último la Corte en casos similares ha sostenido que,
(…) en virtud de que las súplicas de la demanda se dirigieron a reclamar a favor de (…) el resarcimiento de los «perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales» derivados del incumplimiento de un contrato de transacción que habían celebrado con las accionadas, y subsidiariamente los provenientes de los daños perpetrados al inmueble de su propiedad, en tanto que respecto de las demandantes (…) únicamente se pidió «perjuicios de carácter extra patrimonial», es evidente que comparecieron al proceso en calidad de litisconsortes facultativos, puesto que aquellas pretensiones son de carácter personal y de ahí que no ameritaban un pronunciamiento uniforme para todos, sino individual, en consideración al menoscabo que en su patrimonio o en su integridad moral, hubieren sufrido, de tal manera que estaban habilitados para plantearlas en juicio separado (CSJ, AC5422-2015, 21 sep., rad. 00759-00; se subrayó).
b.-) El fallador de segundo grado tampoco podía admitir llanamente que el interés casacional correspondía al monto del petitum, sin exponer las razones de esa conclusión o respaldarse en algún precedente donde se hayan reconocido sumas parecidas por perjuicios cuya cuantificación está al arbitrio del juzgador, como el «daño moral», el «psíquico», el de la «vida de relación» y la «pérdida de oportunidad».
Como dijo la Corte en AC 18 dic. 2013, rad. 2010-00216-01,
(…) en lo que hace a la ponderación de los daños morales y a la vida de relación pedidos, está se encuentra deferida “al arbitrium judicis, es decir, al recto criterio del fallador, sistema que por consecuencia viene a ser el adecuado para su tasación” , en cuanto “se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables”. Por lo tanto, a efectos de determinar la cuantía para la procedencia del recurso de casación, no es viable atender, sin más miramientos el monto de los perjuicios extrapatrimoniales señalados en el libelo genitor para cada demandante, toda vez que “no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del interés aludido (Auto 213 del 7 de octubre del 2004, exp. 00353, reiterado en auto del 11 de diciembre del 2009, exp. 00445 y 17 de octubre de 2013, exp. 2009-00056-01).
Y más recientemente, en AC443-2015, se resaltó que,
En cuanto a los «perjuicios morales», «pérdida oportunidad laboral», «daño vida en relación» y «daño estético» se tuvieron en cuenta a rajatabla las cifras señaladas por el opugnador, sin que se expusieran las razones por las cuales el Tribunal las acogía, cuando eran conceptos que requerían de una exposición profunda y concienzuda, con amparo en los criterios manejados por la Sala para casos similares o apoyados en la jurisprudencia existente sobre la materia.
6.- Por consiguiente, obró precipitadamente el ad-quem al calcular la viabilidad de la censura.
III. DECISIÓN
Con base en lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, concediendo el recurso de casación de las accionantes contra la sentencia de 16 de septiembre de 2015, dentro del proceso de la referencia.
Segundo: Devolver la actuación a la oficina de origen para que proceda como le compete.
Notifíquese
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado