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AC121-2022 (2022-00124-00)
AC121-2022
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00124-00
Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022).-
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín y el Octavo Civil del Circuito de Bogotá, con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva instaurada por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. –BANAGRARIO-, contra OSCAR JAVIER ISAZA ÁLVAREZ.
ANTECEDENTES
1. La entidad financiera accionante solicitó a la jurisdicción librar mandamiento de pago a su favor y contra el convocado, por las acreencias derivadas del “pagaré No. 013756110000016” aportado con la demanda, en la que fincó la competencia en la citada autoridad judicial de Medellín, teniendo en cuenta el domicilio del demandado y la cuantía de la obligación1.
2. El prenombrado juzgado rechazó la demanda, al considerar que la demandante es un organismo del sector descentralizado por servicios, por lo que, según lo dispuesto en el numeral 10ª del artículo 28 del C.G.P., la competencia territorial es de forma privativa el domicilio de la entidad, “Por encontrarse las pretensiones de la demanda en el rango que comprende la mayor cuantía y resultando claro que existe una competencia privativa para conocer la presente demanda, será remitida para que sea repartida entre los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá D.C.”2.
3. La actora solicitó dejar sin efecto el auto de rechazo al estimar que “El BANCO AGRARIO se rige por las normas del derecho privado, por lo tanto, no es aplicable el numeral 10 del artículo 28 del C.G.P. 2. La Corte Suprema estableció que cuando la entidad tiene sucursales, puede conocer el Juez de cualquiera de ellas”, sin embargo, la juez mantuvo su decisión y señaló en auto de 27 de octubre de 2021, que, “(…) la decisión de falta de competencia no es susceptible de recurso”.
4. Recibidas las diligencias por el Juzgado de destino, Octavo Civil del Circuito de Bogotá, este rehusó también la competencia y planteó la colisión que se resuelve, con sustento en que “(…) puede destacarse que para casos como el que ahora nos ocupa el legislador dispuso una concurrencia de competencias territoriales, por lo que la entidad pública accionante puede optar por interponer la demanda en el lugar de su domicilio principal, o de ser el caso en el domicilio de las sucursales en las que se celebró el negocio jurídico objeto de ejecución. En tal orden de ideas, estima este juzgador que es el Juzgado Civil del Circuito de Medellín, quien debe seguir conociendo de este asunto, pues no solo el Banco Agrario de Colombia goza de multiplicidad de domicilios en los que puede iniciar la acción ejecutiva derivada del desarrollo de su objeto social, dada la multiplicidad de sucursales que ha dispuesto en el país, sino que también inicio la acción en el lugar del cumplimiento de las obligaciones y el domicilio del demandado”3.
5. Planteada así la colisión, llegaron las diligencias a la Corte.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Determinar el juez civil competente para conocer de la mencionada demanda ejecutiva, respecto de la cual, los funcionarios concernidos discuten que foro aplicar, si es posible aplicar el privativo de que trata el numeral décimo del artículo 28 del Código General del Proceso, el real y privativo establecido en la pauta séptima invocada por la entidad bancaria ejecutante; o si se debe recurrir al numeral quinto del mismo estatuto, en razón a que el asunto está vinculado a un municipio donde la entidad tiene una sucursal o agencia.
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trabó entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a través del Magistrado Sustanciador, como establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el séptimo de la 1285 de 2009.
3. Factores y prevalencia entre foros
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resolución con fundamento en las disposiciones del Código General del Proceso, en particular las contenidas en el Capítulo I, Título I, Sección Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas.
Tratándose del factor territorial, la regla general es la contenida en el numeral primero del artículo 28 del precitado compendio, que atribuye la competencia de los procesos contenciosos al juez del domicilio del demandado. De forma concurrente, la competencia se atribuye también al juzgador del lugar de cumplimiento de las obligaciones, cuando estamos en presencia de procesos originados en un negocio jurídico, tal como lo indica el numeral tercero del citado canon.
No obstante, como excepción que se impone a esas previsiones legales, la nueva normatividad procesal incorporó una disposición especial en favor de los entes públicos (numeral décimo ibídem), según la cual, «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad (…) Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellas» (resaltado a propósito).
La competencia privativa o única como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicción ordinaria solo uno de ellos puede conocer válidamente del asunto y llevarlo a feliz término, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepción a la regla general para determinar la facultad decisoria por razón del territorio, esto es, el domicilio del demandado.
Y es que el artículo 29 del Código General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, señaló con contundencia, que “Es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes” sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposición del mencionado numeral décimo del artículo 28 ibídem, que por mandato del legislador y en razón de su margen de libertad de configuración normativa se determinó prevalente sobre las demás.
De ahí que, en principio, en un proceso que involucre títulos ejecutivos, nada obsta para que el ejecutante opte por la atribución de la competencia de su preferencia, ya sea el domicilio del demandado o el lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, al tratarse de foros concurrentes por elección; sin embargo, si en dicho litigio, como en el sub lite, es una entidad pública la que obra como parte, el fuero privativo será el del domicilio de ésta, debido a que la ley lo determina como prevalente.
Ahora bien, si el numeral décimo del precepto 28 ibídem defiere la “competencia” al “juez del domicilio de la respectiva entidad”, es procedente, a la luz de una interpretación sistemática, acudir al numeral quinto ejusdem, que prevé que “en los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta” (resaltado fuera de texto), presentándose así una confluencia donde puede el accionante optar, por la sede principal o por la sucursal o agencia de la entidad pública, siempre y cuando el asunto esté vinculado o guarde relación con estas, posibilidad de escogencia que no afecta el foro privativo, ya que éste no restringe el conocimiento del asunto al juzgador del domicilio principal.
4. El caso concreto
Del certificado de existencia y representación legal aportado con la demanda, como de la información de público acceso que puede ser consultada a través de la internet, se advierte que la convocante es una es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural4, elementos que indican sin lugar a dudas su naturaleza pública5.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder público está integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por “Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta”, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jurídicas a que alude el numeral décimo del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable.
Al predicarse respecto del Banco Agrario de Colombia ese fuero privativo y prevalente establecido en consideración a su calidad, la demanda será competencia del juzgado de su domicilio principal, o también, el de sus agencias o sucursales, siempre que el asunto esté vinculado a una de ellas, en este caso, la demandante presentó el libelo inicial ante el Juez Civil del Circuito de Medellín, entretanto, al analizar el pagaré 013756110000016, obrante a folio 5 del expediente, se observa que son las oficinas del Municipio de Caldas (Antioquia), las escogidas como lugar para el cumplimiento de la obligación, municipalidad que además, no coincide con la vecindad actual del ejecutado6, de donde se puede concluir, sin lugar a dudas, que no existe ningún vínculo jurídico entre lo pactado y la sucursal o agencia del Banco escogida, por lo que se enviará el expediente el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá en atención al fuero establecido en el numeral décimo del artículo 28 del C.G.P.
5. Conclusión
En definitiva, como el asunto señalado ninguna relación tiene con la sucursal o agencia del Banco Agrario en el Municipio de Caldas (Ant), la competencia legalmente está atribuida al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, en atención al fuero establecido en el numeral décimo del artículo 28 del C.G.P.
De contera, se informará de esta decisión a la otra autoridad concernida.
DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Octavo Civil del Circuito de Bogotá, corresponde conocer de la acción ejecutiva promovida por el Banco Agrario de Colombia S.A. frente a ÓSCAR JAVIER ISAZA ÁLVAREZ.
En consecuencia, remítase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio comuníquese de esta determinación a la otra autoridad.
Notifíquese,
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado
1Folios 1 a 4 anexo 03 demanda y anexos. Exp. digital.
2 Folios 1 a 2. Anexo 004 rechaza competencia entidad pública. Ib.
3 Folios 1 a 2 Anexo 12 auto rechaza de plano y promueve conflicto 2021-442. Ib.
4 https://www.bancoagrario.gov.co/acerca/Paginas/default.aspx
5 Folios 3 a 37 c. anexos. Ibídem.
6 Medellín. Folio 1 Anexo 03 demanda y anexos. Ib.