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AC1321-2023 (2023-01584-00)
AC1321-2023
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01584-00
Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Se decide el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de Rionegro, Cuarto Civil del Circuito de Bogotá y el Despacho Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá, atinente al conocimiento de la demanda de imposición de servidumbre eléctrica promovida por Hidralpor S.A.S. ESP contra Darío, Rodrigo y William Echeverri Giraldo.
I. ANTECEDENTES
1. En la demanda dirigida al «JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE RIONEGRO», la parte actora reclamó de la jurisdicción, entre otras, la imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica «sobre el predio 210 de la Vereda La Laja identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 020-19500 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro (Antioquia)». Indicó que la competencia le concernía a dicha autoridad judicial en razón al «lugar de ubicación del inmueble»1.
2. Repartida la demanda, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro -con auto del 15 de mayo de 20182- resolvió admitirla. No obstante, el 23 de noviembre de 2022 manifestó que se apartaría del conocimiento del asunto por falta de competencia. Argumentó que:
ni siquiera en esta etapa del proceso le es posible a este Juzgado ignorar los criterios decantados por la jurisprudencia al resolver las discusiones surgidas en torno a cuáles son los juzgados competentes para conocer de este tipo de trámites, pues se ha concluido que debe dársele prevalencia al factor subjetivo de la competencia, por estar involucrada una entidad pública en el asunto, y en esa medida no puede predicarse que operó el principio de la “perpetuatio jurisdictionis”: lo que conlleva a que el Despacho esté obligado a declararse incompetente para resolver el litigio y deba ordenar la remisión del expediente a la autoridad judicial correspondiente tan pronto como advierta lo sucedido.3
3. Inconforme, la parte actora presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, indicando que «en el marco de la ley 142 de 1994 está facultada para LA EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS, como es nuestro caso, pero dicha actividad NO la convierte en una entidad de carácter público pues ya que NO ES SOCIA NI MANEJA DINEROS PÚBLICOS. Su capital está constituido todo con recursos de carácter público»4. Sin embargo, el juez rechazó de plano por improcedentes los medios de defensa interpuestos5.
4. Remitido el expediente, el Despacho Cuarto Civil del Circuito de Bogotá -con proveído del 7 de febrero de 2023- señaló que no le correspondía asumir este asunto. Expuso que «efectivamente la entidad demandante es una entidad de derecho público, solo que su domicilio según el Certificado de Existencia y Representación allegado al momento de la presentación de la demanda no es la ciudad de Bogotá sino el municipio de Chía»6.
5. Finalmente, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá -con auto del 21 de marzo de 2023- rehusó también el conocimiento del proceso y promovió el conflicto de competencia que ocupa la atención de la Corte. Manifestó que:
HIDRALPOR S.A.S. ESP, es una empresa de servicios públicos, constituida como una sociedad anónima por acciones simplificadas conforme a la Ley 142 de 1994, está constituida por aportes estatales y de capital privado, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. Si bien, el juzgado remisor aduce que dicha entidad tuvo su domicilio el municipio de Chía, lo cierto es que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro, al momento de remitir el proceso a sus homólogos de Bogotá tuvo en cuenta el certificado de existencia y representación de la entidad, según el cual se encuentra domiciliada en la ciudad de Bogotá, por lo que no puede ser de recibo lo dicho en este punto por el juez remisor.7
II. CONSIDERACIONES
1. Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre los Juzgados de distinto distrito judicial -Antioquia, Bogotá y Cundinamarca-, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.
2. Para la determinación de la competencia, debe precisarse que la selección del juez, a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa, surge como el resultado de la conjugación de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuantía o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusión de cualquier otro, está llamado a encarar el debate.
3. Por un lado, para el caso específico de la imposición de servidumbre, el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso fija la competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la Litis. Al respecto, prescribe que «[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres (…) será competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes (…)» (Se subraya). Y, por otro, el numeral 10º de ese mismo estatuto consagra que cuando en el proceso sea parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o cualquier entidad pública «… conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad» (Se subraya).
3.1. Con respecto a la competencia privativa, esta Corporación, entre otras, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2020-02912-00, en el que reiteró lo dicho en proveído CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. 00772-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente que:
(…) ́[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (…).
3.2. De tal manera que habría una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de servidumbre en que una de las partes sea una entidad pública, lo que implica que debe ser la ley, y no el actor, quien ha de elegir el juez competente para conocer de la controversia.
4. Para dirimir este tipo de asuntos, la reciente jurisprudencia de esta Corporación se ha decantado por acudir al precepto contenido en el artículo 29 del Código General del Proceso, según el cual «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor». Así fue sentado en proveído AC140- 2020 en el cual se concluyó que en los procesos donde se ejerciten derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento en que sea parte una entidad pública, la competencia privativa será el del domicilio de esta, como regla de principio.
5. Ahora, el asunto que originó la atención de la Corte, concierne a un proceso de imposición de servidumbre eléctrica promovido por Hidralpor S.A.S. ESP contra Darío, Rodrigo y William Echeverri Giraldo sobre un predio ubicado en Rionegro. No obstante, se descarta que la sociedad demandante ostente la calidad de entidad pública. Ello pues, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal aportado8 y los datos que reposan en su sitio web9- la composición accionaria de esta tiene origen en capital privado lo que le da dicha naturaleza. Sumado a que, esto fue afirmado por la parte actora en el escrito que sustentó los recursos de reposición y apelación10.
Por lo anterior, no le era dable a la autoridad judicial con asiento en Rionegro desprenderse del conocimiento del asunto por cuanto se configuró el principio de la perpetuatio jurisdictionis. En efecto, al ser la parte actora de naturaleza jurídica privada y al estar ubicado el inmueble objeto de la litis en Rionegro, es aplicable al caso el fuero privativo contenido en el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso11 y el asunto ya había sido admitido por el juez referido.
6. Por estas razones, se remitirán las presentes diligencias al Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro, para que continúe con el conocimiento del asunto.
III. DECISIÓN
RESUELVE
PRIMERO: Declarar que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro.
SEGUNDO: Comunicar esta providencia a los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Bogotá y Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá.
TERCERO: Por Secretaría, remitir el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta decisión. Librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso.
NOTIFÍQUESE.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado
1 Archivo “0010Demanda.pdf”.
2 Archivo “011AdmisorioyOtrasActuaciones.pdf”.
3 Archivo “044AutoRechazaFaltaCompetencia.pdf”.
4 Archivo “0047RecursoReposicion.pdf”.
5 Archivo “0049AutoRechazaPlanoRecursos.pdf”.
6 Archivo “0054AutoJdoBogotaRechazaOrdenaRemisión.pdf”.
7 Archivo “0059AutoPromueveConflicto.pdf”.
8 Archivo “0043CertificadoExistenciaRepresentancionLegal.pdf”.
9 “(…) Tras su viabilidad y con la finalidad de darle vida al proyecto, se da paso a la creación de HIDRALPOR S.A.S. E.S.P. como una iniciativa privada, constituida y financiada con recursos propios de la sociedad conformada por Topco, Mincivil, Gavillera Albania y First Alliance Group (…)”. https://hidralpor.com/acerca-de-hidralpor/
10 Archivo “0047RecursoReposicion.pdf”: “HIDRALPOR S.A.S. E.S.P en el marco de la ley 142 y 43 de 1994 está facultada para LA EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS, como es nuestro caso, pero dicha actividad NO la convierte en una entidad de carácter público pues ya que NO ES SOCIA NI MANEJA DINEROS PÚBLICOS. Su capital está constituido todo con recursos de carácter particular”.
11 En casos similares, ver: CSJ AC892-2021, 15 de marzo, rad. 2021-00477-00 y AC1188-2022, 25 de marzo, rad. 2022-00640-00.