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AC1331-2023 (2023-01853-00)
AC1331-2023
Radicación n° 11001-02-03-000-2023-01853-00
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quinto Civil Municipal de Santa Marta y Quinto Civil Municipal de Piedecuesta, con ocasión del conocimiento de la demanda verbal de rendición provocada de cuentas instaurada por Omar Valencia Alzamora contra Calt Seguridad Ltda.
ANTECEDENTES
1. Mediante el escrito genitor, dirigido al «Juez Civil Municipal de Santa Marta», el demandante convocó a la sociedad Calt Seguridad Ltda., para que rindiera cuentas respecto de las utilidades percibidas con ocasión del acuerdo comercial suscrito entre las partes para el desarrollo de seguridad privada. Sobre la competencia, la promotora señaló que venía dada «por la naturaleza del proceso teniendo en cuenta lo estipulado en el art. 23 numeral 12 [del Código de Procedimiento Civil] (sic)».
2. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta, a quien inicialmente le correspondió la causa, rehusó su competencia, aduciendo que en la demanda «se denunci[ó] como lugar para surtir las notificaciones de la pasiva [la de Piedecuesta – Santander], misma que aparece en el certificado de existencia y representación legal, (…) para efectos de notificaciones», siendo aplicable la primera regla del artículo 28 del Código General del Proceso. Acotó que, si «se escogió esta ciudad por funcionar acá una agencia, vemos que antes de presentar la demanda se corrió traslado de ella [a la dirección de Piedecuesta], es decir, que el actor optó demandar en aquella localidad».
3. El estrado receptor, Juzgado Quinto Civil Municipal de Piedecuesta, también se abstuvo de avocar el conocimiento del asunto, pretextando que según el numeral 5° del canon 28 ibidem, «en los procesos contra una persona jurídica, además del juez del domicilio principal, también es competente el de la sede de sus agencias o sucursales, a prevención, cuando se trate de un asunto vinculado a ellas», tal circunstancia tiene lugar en el asunto revisado «como se ve en la cláusula primera del contrato de acuerdo comercial que sirve de báculo para la acción», por lo que esta, «el demandante radicó a prevención, en el juez e Santa Marta (…), opción legalmente válida que debe ser respetada», y que ello no varía por el hecho de «haber enviado el traslado previo de la demanda al domicilio principal en Piedecuesta».
En las condiciones antes descritas, propuso el conflicto negativo de competencia, remitiendo las diligencias a esta Corporación para ser dirimido.
CONSIDERACIONES
1. Aptitud legal para la resolución.
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
2. Anotaciones sobre la competencia.
Aunque la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a través de pautas de atribución descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden público: las reglas de competencia.
En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así:
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde con el artículo 30-6 del Código General del Proceso.
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el artículo 28-10 ibidem, a cuyo tenor: «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuantía.
La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia2.
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió, como patrón de atribución supletivo o complementario, a la cuantía de las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 153 y 254 del estatuto adjetivo.
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que -por sí solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en específico.
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de acompañarse, en todo caso, del Factor Territorial, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso.
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (último domicilio del causante) del citado canon 28.
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicación de los bienes, en aquellos asuntos en los que «se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos» (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en tratándose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11).
Y el fuero contractual atañe, finalmente, a «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» en los que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atención a las específicas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripción de grados de juzgamiento, en la que actúan funcionarios diferentes, pero relacionados entre sí, de manera jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripción judicial.
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulación de partes –litisconsorcios–), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas.
3. Las normas de atribución territorial en el Código General del Proceso.
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1º del citado artículo 28 del estatuto procedimental, foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta.
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así:
(i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7° del artículo 28, ya citado).
4. Caso concreto.
En asuntos como este, convergen dos fueros de competencia: «domicilio del demandado» y «lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones», los cuales operan concurrentemente, a saber: (i) el previsto a manera de regla general en el numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso («En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado…»), y (ii) el que establece el numeral 3° del mismo precepto («En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones»).
En tratándose del primero, debe tenerse en cuenta que cuando la demandada es una persona jurídica de carácter particular, tiene incidencia la regla contenida en el numeral 5°, según la cual, «[e]n los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta».
En el caso sub júdice, el demandante manifestó que fijaba la competencia en el juez de Santa Marta, con sustento en el «lugar del cumplimiento de la obligación», como se infiere al referir en varios apartes de la demanda, que la pretensión está ligada a la administración ejercida en virtud del «contrato de acuerdo comercial de voluntades para el desarrollo de servicio de seguridad privada», celebrado «el día 1° de julio de 2014» y cuyo desarrollo tendría lugar «en Santa Marta y la región caribe colombiana».
Para ratificar la elección en comento, obsérvese que en el respectivo acápite de la demanda, el demandante enunció que la competencia venía dada de acuerdo a «lo estipulado en el art. 23 numeral 12», disposición en la que se consagraba que en los procesos de rendición de cuentas también conocía «el juez que corresponda al centro principal de la administración», lo que, referido a la normativa vigente, equivale al lugar de cumplimiento de las obligaciones dimanadas del contrato.
Aunado a lo anterior, dentro de los fundamentos fácticos, el actor aludió a que en razón al acuerdo comercial del que derivan las cuentas que ahora reclama, se determinó «la ciudad de Santa Marta, como oficina de la empresa demandada, siendo uno de sus domicilios», por lo que reiteró que es el juez de esa ciudad el llamado a conocer del juicio con observancia en el fuero personal reglado en el precitado artículo 28-5 del Código General del Proceso.
Al respecto, el precedente de esta Sala sostiene que, «(…) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes» (CSJ AC 11 mar. 2013, rad. 2012-02877).
Por lo demás, no era dable que el Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta se desprendiera del conocimiento de la causa, y menos que para ello se apoyara en deducir su domicilio con base en el lugar donde recibe notificaciones. Sobre el punto es oportuno recordar que para efectos de determinar la competencia, «(…) no pueden confundirse el domicilio y la dirección indicada para efectuar las notificaciones, toda vez que uno y otro dato “satisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusión al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo -que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificación personal” (Auto de 25 de junio de 2005, exp. No. 2005-00216)» (CSJ AC 1 dic. 2005, exp. 01262-00).
En este orden, sin desconocer que el domicilio principal de la sociedad demandada corresponde a Piedecuesta, la conducta del promotor indica claramente que se inclinó por el foro contractual, imponiéndose, por consiguiente, la competencia para conocer del conocimiento del presente asunto al Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta.
5. Conclusión.
Conforme a lo discurrido, es la primera de las autoridades en conflicto la que debe conocer del asunto, sin perjuicio de que la contraparte en el momento procesal oportuno y mediante el mecanismo legalmente autorizado, pueda controvertir esa situación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta para conocer de la demanda en referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho, e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda.
Notifíquese y Cúmplase,
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado
1 Artículo 20, numeral 5, Código General del Proceso.
2 Artículo 21, numeral 3, ídem.
3 «Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil».
4 «Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)».