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AC2384-2022 (2022-01670-00)
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
AC2384-2022
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-01670-00
Bogotá, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022).
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Promiscuo Municipal de Apartadó, Antioquia y Séptimo Civil Municipal de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Ante el primero de los despachos en mención, el Fondo Nacional del Ahorro “Carlos Lleras Restrepo”, presentó demanda ejecutiva hipotecaria de menor cuantía contra Yebeliz López Andrade, con el fin de obtener el pago de la obligación contenida en el pagaré No. 35785353, respaldado con gravamen real sobre el predio ubicado en la calle 100 A No. 80 B – 27, Urbanización La Arboleda, del municipio de Apartadó, Antioquia, e identificado con matrícula inmobiliaria n.º 008-39029.
2. En el libelo, la gestora indicó que fijaba la competencia en los jueces de la precitada latitud, en virtud de «la ubicación del inmueble» (Folio 7, archivo digital: 01. Actuación Apartadó, cuaderno único).
3. Por auto de 27 de agosto de 2021, el estrado primigenio rechazó el pleito, aduciendo su falta de competencia territorial, por cuanto «el domicilio de la entidad ejecutante, es la ciudad de Bogotá D.C., tal como se desprende de la parte introductoria de la demanda y el artículo 1º inciso 2º de la Ley 432 de 1998», haciendo énfasis en que «en el municipio de Apartadó, Antioquia, no existe agencia o sucursal de la entidad ejecutante, sino un punto de atención, tal como se puede consultar en la página web oficial (…)». En consecuencia, dispuso su remisión a los juzgados de esta capital (Folio 150, ib).
4. Al recibir las diligencias, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá, se negó a impartirles trámite con sustento en que «dentro del cuerpo del pagaré se indicó que, el lugar de cumplimiento de la obligación, lo es en la ciudad de Apartadó, además que se está ejerciendo la garantía real sobre el bien gravado con hipoteca, la cual se encuentra registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa misma ciudad e igualmente el domicilio de la demandada queda allí mismo, es decir, todos los trámites se hicieron en dicho municipio al existir un punto de atención de la entidad ejecutante en dicha región».
Con sustento en lo anterior, suscitó conflicto negativo de competencia y dispuso la remisión del paginario a esta Corporación (Archivo digital: 04AutoSuscitaConflictoCompetencia, Actuación Bogotá).
II. CONSIDERACIONES
1. Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.
2. Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribución de competencia fijados en la ley, se observa que en el presente caso concurren dos fueros por razón de la distribución geográfica de los cuales se predica exclusividad: el real y el personal, a que se contraen los numerales séptimo y décimo del artículo 28 del estatuto procesal.
2.1. Conforme al primero, en las controversias en las cuales se ejerciten derechos reales, el juez competente es el «del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante».
Y de acuerdo con el segundo, el funcionario competente es el «del domicilio» de la entidad pública, territorial o descentralizada por servicios que sea parte en el juicio.
2.2. La presencia de los dos foros, ambos consagrados como privativos, impone la definición de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones.
Una de ellas defendió la sede correspondiente al lugar donde se sitúa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio involucrado y de inmediación del juzgador en la práctica de las pruebas, amén del carácter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (CSJ AC162-2019, 25 ene., rad. 2018-03768-00, CSJ AC277-2019, 1 feb., rad. 2018-03872-00, CSJ AC1020-2019, 20 mar., rad. 2019-00660-00, entre otras).
La otra tesis abogó por la aplicación de la regla de primacía contenida en el precepto 29 de la codificación adjetiva, conforme a la cual «[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes» (CSJ AC1167-2019, 29 mar., rad. 2019-00539-00, CSJ AC2313-2019, 17 jun, rad. 2019-00725-00, CSJ AC3108-2019, 5 ago., rad. 2019-02290-00 y CSJ AC2836-2021, 14 jul., rad. 2021-02177-00, entre otras).
2.3. La providencia CSJ AC140-2020, 24 ene., rad. 2019-00320-00 resolvió la indicada discusión al unificar la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, con ocasión de un asunto donde concurrían los mencionados fueros, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla más consonante con la voluntad del legislador, soportándose «en el entendimiento sistemático de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelación que este concretamente previó en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el interés general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificación, al señalar que es en el domicilio de los entes públicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda».
La citada hermenéutica -señaló la Corte- revela que se quiso «(…) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija (…) la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P.».
La justificación de esa directriz «muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesión a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo Código es más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticipó, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, está enlazada con una de carácter territorial».
3. Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusión entre el factor subjetivo de asignación del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental, no efectúa una diferenciación que lleve a inaplicar el parámetro allí contenido a las tensiones surgidas entre los foros de las diferentes circunscripciones judiciales en que está dividido el territorio nacional.
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o pública, se encuentra involucrada una pauta de competencia instituida «en consideración a la calidad de las partes», de ahí que, en aplicación del criterio de preponderancia comentado, aquella desplaza a otras -como aquí sucede- con la determinada por el punto geográfico donde se localiza el bien sobre el cual se ejercita un derecho real.
Tal conclusión no se enerva por la realización de algunas actuaciones ante el fallador incompetente, ni en virtud de la renuncia que haga el organismo público de la garantía de ser enjuiciado donde tiene su domicilio.
Lo primero, porque, tal como se enfatizó en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignación del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, característica que trae aparejada «la imposibilidad de dar aplicación al principio de la perpetuatio jurisdictionis»1.
Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho público que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las reglas que cimientan la definición del juez natural exclusivo de un litigio2, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le esté permitido desconocerlas o socavarlas.
4. En el caso bajo examen se tiene que la entidad ejecutante es el Fondo Nacional del Ahorro, cuya naturaleza es la de una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del Orden Nacional, según lo estatuido en la Ley 432 de 1998, de modo que la competencia para conocer del compulsivo radicaría, en principio, en el juez de su lugar de domicilio, vale decir, en Bogotá.
Al respecto esta Corporación ha destacado que «en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad pública, la competencia privativa será el del domicilio de ésta, como regla de principio» (CSJ AC2462-2021, jun. 23, Rad: 2021-01782).
De esa manera, el ente territorial, la entidad descentralizada por servicios o el organismo público a favor del cual se reconoce la prerrogativa de comparecer a juicio en el sitio de su domicilio, está habilitado para escoger el lugar de su sede principal o el de la sucursal o agencia al que se encuentre ligado el asunto materia del litigio, selección que lejos de resentir el fuero privativo, le otorga una aplicación concreta, toda vez que el legislador no lo circunscribió al domicilio principal del órgano beneficiario.
5.1. A voces del artículo 263 del Código de Comercio:
Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad.
Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, deberá otorgárseles un poder por escritura pública o documento legalmente reconocido, que se inscribirá en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumirá que tendrán las mismas atribuciones de los administradores de la principal.
Por su parte, el concepto de «agencias» está definido en la regla 264 idem, como los «establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla».
5.2. Auscultados los anexos de la demanda ejecutiva radicada por el Fondo Nacional de Ahorro contra Yebeliz López Andrade, se observa que el título valor presentado para el cobro, fue suscrito el 5 de septiembre de 2019 por el equivalente a 388.043,6295 UVR y su creación se produjo en el municipio de Apartadó, tal como consta en el cuerpo de ese documento (Folio 10, archivo digital: cuaderno único, Actuación Apartadó).
Aunado a lo anterior, como bien lo indicó el juzgador primigenio, en dicha localidad existe «un punto de atención» del Fondo Nacional del Ahorro, según se desprende de la información publicada en el sitio web oficial de esa institución –https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/puntos-de-atencion-, de donde se infiere que la acreedora cuenta con «establecimientos de comercio», fuera de su domicilio «para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos», tales como la celebración de contratos de mutuo con garantía hipotecaria con sus afiliados, circunstancia que explica la emisión del pagaré n.º 35785353 y la constitución de la hipoteca sobre el predio con matrícula inmobiliaria No. 008-39029, en esa circunscripción territorial.
Así las cosas, independientemente de la denominación del lugar donde la entidad crediticia preste servicios financieros a sus clientes, lo cierto es que en ellos se lleva a cabo, cuando menos, parte de su objeto social, lo cual permite adverar que nos hallamos ante la hipótesis consagrada por el legislador en el numeral 5º del canon 28 instrumental, como quiera que la sucursal o agencia en cuyo seno se originó la obligación a recaudar, está necesariamente vinculada al asunto materia de la litis.
6. Consecuente con lo indicado, como quiera que el Fondo Nacional del Ahorro, si bien tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, ejerce su actividad comercial en la Calle 95 No. 99-11 Barrio Fundadores del Municipio de Apartadó, y ese lugar tiene relación con el pleito promovido, la selección que hiciera en su demanda para asignar la competencia del juicio ejecutivo para obtener su pago en aquella sede no trasgredió las reglas privativas antes dichas.
Si esto es así, es inobjetable que el adelantamiento de la ejecución de marras ante la sede judicial que en un comienzo recibió las diligencias se ajustó a las pautas de competencias autorizadas en la ley, por lo que no le era dable a dicho funcionario desprenderse de esta para remitirlo al juzgador del domicilio principal de la entidad ejecutante.
En resumen, al tenor de las previsiones legales el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Apartadó, Antioquia es legalmente competente para impulsar el presente juicio coercitivo, por lo que a esa autoridad se le remitirá el expediente para que adelante su tramitación.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Apartadó, es el competente para conocer la acción ejecutiva descrita en el encabezamiento.
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que asuma el conocimiento del juicio.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá y a la entidad promotora del compulsivo.
Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
1 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio.
2 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acción tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 artículo. 28 C.G.P.).