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AC2520-2023 (2023-03201-00)
AC2520-2023
Radicación n.º 11001-02-03-000-2023-03201-00
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Medellín y su homólogo Veintitrés de Bogotá, con ocasión del conocimiento de la demanda declarativa de responsabilidad civil extracontractual promovida por María Aurora López de Paniagua y otros, contra la Empresa de Conducciones Las Arrieritas S.A., y la compañía de Seguros Mundial S.A.
ANTECEDENTES
1. El extremo actor presentó su escrito introductor ante los jueces de Medellín, pretendiendo que se declarara a las convocadas civil y extracontractualmente responsables por los daños causados con ocasión del accidente de tránsito acaecido el 7 de abril de 2022, en el que falleció Luis Alberto López Mesa.
En el acápite de competencia, indicó que la misma venía dada por el «domicilio del demandado SEGUROS MUNDIAL sociedad comercial vigente, debidamente constituida con domicilio principal en Bogotá D.C y SUCURSAL en Medellín Carrera 43B N∞ 16 – 95 (713) Barrio El Poblado (…) por la naturaleza del proceso, por el domicilio de las partes y por la cuantía: Art 28 numeral 5» (Negrilla en texto).
En los hechos que soportan sus pedimentos, puntualizó que «el vehículo de placas al momento del accidente se encontraba asegurado en la COMPAÑÍA MUNDIAL de SEGUROS S.A. -Seguros Mundial -con NIT 860.037.013-6, de la sucursal Medellín, bajo la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N* 2000165417».
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, a quien correspondió la causa por reparto, rehusó la asignación, pretextando que «la pretensión sobre la que versa la acción que acá se conoce, se sustenta en una supuesta responsabilidad extracontractual en contra de dos personas jurídicas, por lo que tienen aplicación los numerales 1º, 5º y 6º del artículo 28 del Código General del Proceso».
Agregó, que «la demandada COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA se observa del acápite correspondiente a las notificaciones, que se indicó que su domicilio es la Sucursal Medellín en la carrera 43B N∞ 16-95 de Medellín; no obstante, se advierte que el domicilio principal de COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA, es en la ciudad de Bogotá·, sin que se observe que para el caso se haya denunciado alguna sucursal que se relacione con este asunto para atribuir la competencia de este distrito a tal evento; además, que el supuesto hecho generador del daño por el cual se reclama el surgimiento de la responsabilidad civil extracontractual, se presentó en el municipio de Caldas, Antioquia, lugar de ocurrencia del accidente de tránsito», por lo que dispuso la remisión de las diligencias a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá.
3. El estrado receptor, Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de esta ciudad, también rehusó la asignación, arguyendo que «no es cierto que no se haya denunciado alguna sucursal relacionada con el asunto; pues de la lectura integra del libelo, quien impetró la demanda “en Acción Directa a COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A. en adelante SEGUROS MUNDIAL con NIT. 860.037.013-6 sociedad comercial vigente, debidamente constituida con domicilio principal en Bogotá D.C., y SUCURSAL en Medellín (…) en calidad de aseguradora del vehículo SXX 287 ASEGURADORA QUE TIENE SUCURSAL EN MEDELLIN. ART. 28.5 CGP».
Con ese fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Colegiatura para dirimirlo.
CONSIDERACIONES
1. Aptitud legal para la resolución.
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
Aunque la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a través de pautas de atribución descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden público: las reglas de competencia.
En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así:
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde con el artículo 30, numeral 6, del Código General del Proceso.
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28 ejusdem, a cuyo tenor: «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuantía.
La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia2.
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió, como patrón de atribución supletivo o complementario, a la cuantía de las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 153 y 254 del estatuto procesal civil.
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que -por sí solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en específico.
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de acompañarse, en todo caso, del Factor Territorial, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso.
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente), 9 (domicilio del demandante en asuntos en los que se convoca a la Nación), 10 (domicilio de las personas jurídicas de derecho público) y 12 (último domicilio del causante) del citado canon 28.
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicación de los bienes, en aquellos asuntos en los que «se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos» (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en tratándose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11).
Y el fuero contractual atañe, finalmente, a «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» en los que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atención a las específicas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripción de grados de juzgamiento, en la que actúan funcionarios diferentes, pero relacionados entre sí, de manera jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripción judicial.
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulación de partes –litisconsorcios–), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas.
3. Las normas de atribución territorial en el Código General del Proceso.
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1º del citado artículo 28 del Código General del Proceso, foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta.
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así:
(i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado).
4. Caso concreto.
En procesos de responsabilidad civil como el de la referencia, concurren el fuero general de competencia (num. 1º, art. 28, Código General del Proceso) con el del «lugar en donde sucedió el hecho» (num. 6º ib.); y decantándose el promotor por una de las dos opciones, tal elección no puede ser variada por el juez de la causa.
Respecto al fuero general, debe recordarse que, en armonía con la regla del numeral 5° ib, en los litigios promovidos contra una persona jurídica «es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta».
En el caso bajo estudio el extremo demandante fue enfático al fijar la competencia con sustento en la elección del primero de esos dos foros concurrentes, específicamente a partir del «domicilio del demandado SEGUROS MUNDIAL sociedad comercial vigente, debidamente constituida con domicilio principal en Bogotá D.C y SUCURSAL en Medellín Carrera 43B N∞ 16 – 95 (713) Barrio El Poblado (…) por la naturaleza del proceso, por el domicilio de las partes y por la cuantía: Art 28 numeral 5».
Si bien es cierto que dicha convocada tiene su domicilio principal en Bogotá, una de sus sucursales está ubicada en la capital del departamento de Antioquia, la cual tiene relación con este juicio debido a que, según se informó en el libelo, «el vehículo de placas al momento del accidente se encontraba asegurado en la COMPAÑÍA MUNDIAL de SEGUROS S.A. -Seguros Mundial -con NIT 860.037.013-6, de la sucursal Medellín, bajo la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N* 2000165417».
Por esa vía, como la parte actora optó, válidamente, por presentar su demanda ante los jueces del municipio donde una de las personas jurídicas demandadas tiene establecida una sucursal relacionada con el asunto, el primer funcionario involucrado en la contienda no podía rechazarla, pues ello contraría las reglas de procedimiento ya explicadas.
No se olvide que, «(…) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes» (CSJ AC2738-2016).
5. Conclusión.
El primero de los falladores involucrados en esta colisión debe seguir conociendo de la demanda en referencia.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín para conocer de la demanda en referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda.
Notifíquese y Cúmplase
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado
1 Artículo 20, numeral 5, Código General del Proceso.
2 Artículo 21, numeral 3, ídem.
3 «Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil».
4 «Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)».