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AC2678-2022 (2022-01860-00)
AC2678-2022
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-01860-00
Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil Municipal de Tunja y Veinticuatro Civil Municipal de Bogotá D.C., dentro del proceso ejecutivo, instaurado por el Fondo Nacional del Ahorro «Carlos Lleras Restrepo» en contra de Carlos Javier Ángel Holguín y Adriana Roció Bernal Rincón.
ANTECEDENTES
1. El Fondo Nacional del Ahorro presentó la acción de la referencia ante los juzgados civiles municipales de Tunja- Boyacá con el propósito de que se libre mandamiento ejecutivo, y se decrete el embargo y posterior secuestro del inmueble garantía de la obligación demandada.
En el acápite titulado «COMPETENCIA Y CUANTÍA», se plasmó: «Es competente usted señor Juez para conocer de la presente demanda, en consideración al domicilio del demandado, la ubicación del bien objeto de garantía hipotecaria, al lugar establecido para el cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente acción».
2. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja, a quien le correspondió la causa por reparto, rehusó su asignación mediante auto de 31 de marzo de 2022, argumentando que al tener el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo, su domicilio principal en Bogotá D.C., y en aplicación de los preceptos contenidos en el numerales 10 del artículo 28 en concordancia con el artículo 29 del C.G.P.
3. Por su parte, el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bogotá D.C., a quien se le remitió el expediente, en proveído de 18 de mayo de 2022 propuso el conflicto negativo tras señalar que, si bien es cierto concurren fueros privativos, esta entidad pública cuenta con una sucursal en Tunja, y como dicha ciudad es la seleccionada para el cumplimiento de la obligación debe respetarse dicha elección.
CONSIDERACIONES
1. Como el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corporación le atañe dirimirla como superior funcional común de ellos, según lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009.
2. El ordenamiento jurídico consagra los parámetros para la asignación de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de los factores de competencia tales como, el objetivo, subjetivo, funcional, de atracción o conexidad y territorial.
Mediante el factor territorial la competencia se determina con apoyo en los fueros personal (domicilio del demandado), real (lugar de ubicación de los bienes), contractual (lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones), social (establece la competencia en los procesos relacionados con sociedades), sucesoral o hereditario (último domicilio del causante) y de administración (lugar en donde se verificó la administración o gestión objeto del proceso).
A pesar de la claridad normativa respecto de la competencia de los jueces dentro del territorio nacional, existen casos en los cuales varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla; en ese evento peculiar, la ley le otorga al actor la facultad de escoger entre ellos.
3. Ahora bien, de las pautas de competencia territorial consagradas en el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral 1º constituye la regla general, esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (…)» (se subraya).
Pero también existe una norma especial que regula la materia, ya que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (num. 3 Ib., subraya externa).
De igual forma, en lo que respecta a los procesos donde se ejerciten derechos reales, el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso fija una «competencia privativa», a través de la cual le impone el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se ubiquen los bienes, al consagrar que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (…)» será competente, «de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante».
Finalmente, el numeral 10º ídem previene que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad», de donde emerge un fuero privativo de carácter general que se establece en virtud de la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio.
Así las cosas, cuando se pretenda la ejecución de un derecho real por parte de una entidad del Estado serían competentes, en principio, el juez del domicilio de la entidad estatal o el del lugar de ubicación del bien inmueble.
Sin embargo, frente a esta concurrencia de fueros privativos la Sala de esta Corporación resolvió con el voto de la mayoría en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7º y 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, debe dilucidarse atendiendo la prelación que el artículo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la «calidad de las partes».
En dicha providencia se indicó lo siguiente:
«En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, está enlazada con una de carácter territorial.
De ahí que, tratándose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicación del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad pública la que obra como parte, el fuero privativo será el del domicilio de ésta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinnúmero de oportunidades, que “en las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecerá el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad pública, por expresa disposición legal» (AC4272-2018)” (resaltado intencional).
4. En eventos como el sub lite, donde la demandante es una entidad estatal, se excluyen necesariamente los otros factores de competencia no privativos, como lo son, el fuero general contenido en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso y el del lugar de cumplimiento de las obligaciones dado en el numeral 3º de la misma normativa.
Así las cosas, se deben seguir los parámetros establecidos por la Sala en el auto AC140-2020, cuya finalidad consistió en servir de «guía fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley»; es decir, buscó unificar criterios para los litigios originados en asuntos en que intervienen entidades públicas.
En efecto, se concluyó que el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso debe prevalecer sobre los demás factores de competencia.
Dado que la parte ejecutante es el Fondo Nacional del Ahorro «Carlos Lleras Restrepo», cuya naturaleza jurídica es la de «una empresa industrial y comercial del Estado, de carácter financiero, del orden nacional» y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., (art. 3º, Decreto 1132 de 1999), el trámite concuerda con lo previsto en el numeral 10º del artículo 28 del estatuto procesal vigente, por lo que debe ser conocido de «forma privativa [por] el juez del domicilio de la respectiva entidad».
Lo anterior significa que no es posible atribuir la competencia atendiendo a un factor de competencia distinto al establecido anteriormente, puesto que prevalece el criterio subjetivo, que se superpone al fuero real, contractual y al general.
Existiendo claridad respecto del fuero que impera en este evento, debe tenerse en cuenta que el numeral 5° del artículo 28 del Código General del Proceso, consagra que «[e]n los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, al juez de aquel y el de esta».
La «prevención» a que alude dicho precepto, significa que la parte actora tiene plena libertad de radicar la demanda, bien en su domicilio principal, ora en alguna de sus sucursales o agencias [siempre que se relacionen con el asunto ventilado], siendo competente el juez de cualquiera de ellas sin un orden o jerarquía específico; decisión que, además, debe ser respetada por el funcionario que reciba el escrito introductorio preliminarmente.
Así las cosas, corroborados los anexos con los hechos y pretensiones de la demanda, la sucursal está relacionada con la acción instaurada, además, es la del lugar donde se encuentra el bien inmueble que se pretende embargar, esto es el identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 070-199845 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, y corresponde al domicilio de los demandados.
Entonces, al ser el primer despacho competente, la elección realizada por la parte actora fue correcta.
5. Por lo tanto, la actuación retornará al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja, para que lo asuma.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja, es el competente para conocer la demanda promovida por el Fondo Nacional del Ahorro «Carlos Lleras Restrepo» en contra de Carlos Javier Ángel Holguín y Adriana Roció Bernal Rincón.
SEGUNDO: Remitir el expediente a la señalada autoridad judicial, para que avoque el conocimiento e imparta el trámite correspondiente.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bogotá D.C., así como a la promotora del trámite.
Notifíquese y Cúmplase,
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada