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AC2876-2022 (2022-02074-00)
AC2876-2022
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-02074-00
Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022).
Se decide el recurso de queja formulado por la parte demandante frente al auto de 12 de mayo de 2022, con el que se denegó la concesión del recurso extraordinario de casación que aquel interpuso contra el fallo de 18 de abril de esta anualidad, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
ANTECEDENTES
1. En el escrito inicial, Kalapati S.A.S. pidió «la reivindicación del inmueble ubicado en calle 46 E Sur número 42 B -05 del Municipio de Envigado (apartamento 1401 del edificio Luxor P.H con M.I 001-1239219)», así como el reconocimiento de frutos civiles a cargo de los convocados, «que para la fecha de la demanda ascendían a $73.310.612 y deben aumentarse “cada mes”»
2. El juez a quo denegó esas pretensiones, determinación que fue refrendada por el tribunal mediante el referido fallo de 18 de abril de 2022.
3. La actora formuló el recurso extraordinario de casación, remedio cuya concesión fue denegada, tras considerarse que «lo pretendido por la parte demandante era la reivindicación del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 001-1239219 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur avaluado, según se afirma en el libelo, en $143.172.587».
4. Frente a este último proveído, los convocantes interpusieron reposición y en subsidio queja, arguyendo que «el despacho consideró que la pretensión reivindicatoria es de carácter esencialmente económica, y no, como ha de ser considerada, de manera netamente declarativa, pues, de ella, tan solo se desprende la obligación de restituir la posesión a quien la reclama».
A ello agregó que «no permitir la casación y considerar que, la reivindicación es esencialmente económica, es contrariar la procedencia del recurso, lo cual, impediría efectuar un control por parte del superior respecto de la decisión cuestionada, cuando la misma es de aquellas establecidas, de manera taxativa, para su conocimiento».
5. Como en sede de reposición se mantuvo el auto impugnado, se remitieron copias de lo actuado a esta Colegiatura, para surtir el trámite del recurso de queja.
CONSIDERACIONES
1. Aptitud legal para el pronunciamiento.
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, según lo dispuesto en los artículos 30-3 y 35 del Código General del Proceso.
2. Procedencia del recurso extraordinario de casación.
2.1. En virtud de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casación, su procedencia se halla condicionada a la satisfacción de diversos requisitos, expresamente establecidos en la ley. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso prevé que el aludido medio de impugnación «(…) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1) Las dictadas en toda clase de procesos declarativos; 2) Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria; 3) Las dictadas para liquidar una condena en concreto».
En ese orden, resulta evidente que no todas las providencias judiciales son susceptibles de ser atacadas por esta vía, sino solo aquéllas expresamente previstas por el legislador, en consideración a la naturaleza del asunto debatido y, en determinados supuestos, a la cuantía actual del agravio denunciado por el impugnante.
2.2. También conviene precisar que el estatuto procesal civil introdujo relevantes modificaciones a la impugnación extraordinaria; por vía de ejemplo, amplió el espectro de las sentencias susceptibles de ser atacadas por la vía de la casación, principalmente desde la perspectiva del tipo de procedimiento en el que se profirieron (v. gr., procesos declarativos en general, acciones de grupo y liquidaciones de condena en concreto en cualquier tramitación).
Asimismo, la normativa procesal actual puntualizó que el importe de la resolución desfavorable debe ascender, cuanto menos, a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cuando se trate de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan sólo los fallos pronunciados en acciones de grupo, además de aquellos juicios donde el debate aluda a temáticas relativas al estado civil y que carecen, por lo mismo, de cuantía; pero, en este caso, deberá versar el conflicto sobre la reclamación e impugnación del estado civil, o la declaración de uniones materiales de hecho (artículos 334 y 338 ejusdem).
3. El interés para recurrir en casación.
Acorde con el artículo 338 del Código General del Proceso, «[c]uando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil».
El interés para recurrir en casación, entonces, se refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al momento de proferirse la sentencia que es objeto de la impugnación extraordinaria, concepto que «(…) está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC7638-2016, 8 nov.).
Lo expuesto implica que, cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisión impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, y atendidas las singularidades del caso. Así lo ha sostenido, en forma invariable, la Sala:
«(…) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos» (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.).
En síntesis, la actualidad de la afectación, en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnación, la cual debe apreciarse con estricta sujeción a la relación sustancial definida en la sentencia, en tanto que «sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés» (CSJ AC924-2016, 24 feb.).
4. Caso concreto.
A tono con el argumento principal de los quejosos, es ineludible reiterar la interpretación que ha dado esta Corporación a la expresión «pretensiones (…) esencialmente económicas», contenida en el artículo 338 del Código General del Proceso:
«En punto a establecer lo que debe entenderse por “pretensiones esencialmente económicas”, con miras a no incurrir en un posible error conceptual por confundir el objeto de la pretensión que es apenas uno de sus elementos, con la pretensión en su real dimensión (…), conviene memorar que la pretensión está conformada por tres elementos: uno subjetivo que comprende los sujetos involucrados en el litigio (…); otro objetivo que atañe concretamente a lo reclamado, a lo pedido en el juicio a “la cosa o el bien y la declaración del derecho que se reclama o persigue”, y la causa petendi, que concreta los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta la petición de tutela jurídica.
Devis Echandía alude a ese último elemento como la razón de la pretensión, indicando que es “…el fundamento que se le da según el derecho, y ese fundamento se distingue en fundamento de hecho y de derecho; es decir, el conjunto de hechos que constituyen el relato histórico de las circunstancias de donde se pretende deducir lo que se pide y la afirmación de su conformidad con el derecho en virtud de determinadas normas de derecho material. De este modo, la conformidad de la pretensión con el derecho depende de la causa petendi, o sea de los hechos jurídicos que la sostienen, enunciados en la demanda, y de las peticiones de la demanda o conclusiones que de todos ellos se deducen. Por esto puede decirse que la razón se distingue en razón de hecho y de derecho. La razón de la pretensión se identifica con la causa petendi de la demanda”.
Surge de las anteriores premisas, que el calificativo de las pretensiones como “esencialmente económicas” no faculta al juzgador al momento de estudiar la necesidad de verificar el cumplimiento del requisito en mención para mirar simple y llanamente el contenido del petitum de la demanda, ni al recurrente para eximirse de su obligación de acreditar su interés económico so pretexto de que no se formularon pretensiones o no se impusieron condenas de esa estirpe. Tal conclusión amerita un estudio más ponderado del proceso en sí, que involucra el examen de la causa petendi como elemento integrante de la pretensión y aún del objeto perseguido con el ejercicio de la acción, con miras a desentrañar su posible esencia patrimonial.
En otras palabras, no basta corroborar que las aspiraciones formuladas por el accionante son apenas de contenido declarativo para deducir que su pretensión no es patrimonial, pues, se insiste, con independencia de que específicamente no se reclame la imposición de condenas estimables en términos pecuniarios en un determinado proceso, ésta puede catalogarse como “esencialmente económica”, mirada desde todos los elementos que la conforman» (CSJ AC390-2019; postura reiterada en CSJ AC725-2021).
Esta Sala ha considerado, de manera consistente, que las pretensiones se considerarán esencialmente económicas siempre que los reclamos del actor involucren un impacto patrimonial potencial (positivo o negativo) para cualquiera de las partes del litigio. Así ocurre, a modo de ejemplo, cuando en el escrito inicial se solicita: (i) crear, modificar o extinguir obligaciones económicas (v.gr. imponer una indemnización, o declarar prescrito un crédito insoluto); (ii) trasladar activos de un patrimonio a otro (como ocurre en los procesos de pertenencia y de simulación, entre otros); o (iii) suprimir una condición de la cual depende la obtención de un beneficio patrimonial (la pérdida de la condición de socio, la nulidad de una asignación testamentaria, etc.).
Ahora bien, es evidente que este caso se subsume en el primer supuesto, porque el propósito último de la acción reivindicatoria es que la posesión material de un bien pase de demandados a demandantes, lo que necesariamente implica un acrecimiento patrimonial, susceptible de ser estimado en dinero. Así lo tiene decantado el precedente:
«Los fallos que se profieran en asuntos en los que se pretende la declaratoria de adquisición por prescripción extraordinaria o la reivindicación de un predio, no hacen parte de las decisiones excluidas [de estimación del agravio], porque son de contenido estrictamente económico, el hecho de que sean declarativas no le varía su naturaleza, ni menos hace que se deban desatender los requisitos de procedibilidad del recurso extraordinario de casación” (CSJ AC2505-2019). La controversia, por contener reclamaciones de linaje patrimonial, en particular, por referirse a la reivindicación de un bien social estimable económicamente, debía someterse obligatoriamente, a la exigencia de la cuantía contemplada en el precepto 338 del C.G.P.» (CSJ AC AC5297-2021, 9 nov.)
Y es que, si las pretensiones reivindicatorias no fueran esencialmente económicas, las sentencias que al respecto dictaran los tribunales no podrían ser recurridas en casación, pues a voces del citado artículo 338 del estatuto procesal civil, solamente «se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil», naturaleza que no cabe predicar de la acción dominical.
Así las cosas, el fallo desestimatorio del ad quem habría irrogado a Kalapati S.A.S. un agravio patrimonial, que además es equivalente al monto en el que pudiera tasarse la posesión del inmueble que no se le restituyó, aumentado en el valor de los frutos que se le negaron. Y como esos conceptos totalizan $216.483.199 (conforme lo adujo el tribunal, sin reproche de la quejosa), es decir, 216,5 SMLMV, fuerza colegir que el interés para recurrir en casación no estaba satisfecho.
5. Conclusión.
Aun cuando las pretensiones de la actora son de naturaleza declarativa, ello no significa que la demanda carezca de significación económica. Por consiguiente, los reclamos elevados por Kalapati S.A.S. imponían la satisfacción del interés patrimonial mínimo para recurrir en casación, para la procedencia de su impugnación extraordinaria.
En ese escenario, el remedio excepcional fue bien denegado, pues el desmedro económico que se le habría generado a la recurrente con el fallo de segundo grado es inferior a 1000 SMLMV.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casación interpuesto por la demandante frente a la sentencia de fecha y procedencia anotadas.
SEGUNDO. Sin costas por no aparecer justificadas (artículo 365, numeral 8, Código General del Proceso).
TERCERO. DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen, para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado