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AC3127-2023 (2023-04093-00)
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AC3127-2023
Radicación n° 11001-02-03-000-2023-04093-00
Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintiuno Civil Municipal de Bogotá y Octavo Civil Municipal de Ibagué.
I. ANTECEDENTES
1.- AECSA S.A. instauró demanda ejecutiva contra Daniel Alberto Vanegas Candil, con el propósito de recaudar las sumas de dinero incorporadas en el pagaré No 6915884, así como los intereses moratorios causados sobre ellas.
2.- El libelo introductorio fue radicado ante los jueces civiles municipales de Bogotá, justificándose allí su competencia, «en razón a la naturaleza del proceso, al lugar señalado para el cumplimiento de la obligación, esto es en la ciudad de Bogotá D.C conforme al numeral primero de la carta de instrucciones del pagaré base de la presente ejecución», [folio 1 a 4, archivo digital «Demanda y Anexos»].
3.- Asignado el asunto al despacho Veintiuno Civil Municipal capitalino, rehusó el conocimiento y dispuso la remisión del infolio a sus homólogos de Ibagué, resguardado en el numeral 1º del artículo 28 del nuevo estatuto de procedimiento, porque «las pretensiones de la demanda giran en torno a un título valor (pagaré) y el domicilio del demandado DANIEL ALBERTO VENEGAS CANDIL es la ciudad de Ibagué», evocando proveído de esta Corte del 4 de junio de 2004 [archivo digital 004].
4.- Al recibir el negocio el Juez Séptimo de la última circunscripción territorial, también se negó a asumirlo, argumentando que «la parte ejecutante eligió radicar la demanda ante los Juzgados Civil Municipales de la ciudad de Bogotá», elección que concuerda con la regla 3ª del precepto mencionado.
Basado en aquellos razonamientos, trabó la presente colisión, ordenando el envío del legajo a esta colegiatura, [archivo digital 0003].
II. CONSIDERACIONES
1.- Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.
2.- Al tenor de lo estipulado por el numeral 1º del artículo 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante» (subraya la Sala).
Por su parte, el numeral 3º del mismo canon preceptúa que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (se destaca).
3.- Bajo ese panorama surge, sin mayor dificultad, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos está radicada en el lugar de domicilio del demandado, sin perjuicio de aquellos juicios originados en un negocio jurídico o, que involucren títulos ejecutivos, pues, en tales eventos, será competente, además, el juez del lugar del cumplimiento de la obligación allí contenida; en otras palabras, cuando concurran los factores de asignación acabados de referir, el actor está facultado para optar por cualquiera de los dos foros mencionados, dado que no existe competencia privativa.
Sobre el particular, esta Colegiatura ha considerado que:
(…) para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucran títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui).
Por eso doctrinó la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de ‘alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor’ (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00) (CSJ AC1439-2020, 13 jul., rad. 2020-00875-00, criterio reiterado en CSJ AC527-2023, 8 mar., rad. 2023-00708-00 y CSJ AC1096-2023, 2 may., rad. 2023-01401-00).
4.- En el sub lite es incontestable que la pugna planteada por AECSA S.A. va dirigida a obtener el cobro forzado de las obligaciones dinerarias representadas en el referido pagaré, que le fue endosado en propiedad por el banco Davivienda S.A., por manera que, para la fijación del juez natural, concurrían dos fueros, esto es, el general que prevé el numeral 1º del artículo 28 del C.G.P., y el especial contemplado en el ordinal 3º ibidem, de suerte que la sociedad ejecutante tenía la potestad de decidir si la impulsaba ante el juez del lugar del domicilio de la parte convocada que, según informó en la postulación inicial se sitúa en Ibagué, o en el de la locación donde tendría lugar el cumplimiento de las acreencias contenidas en los títulos base de recaudo que, según su literalidad, lo es Bogotá.
Ante esa disyuntiva, la sociedad radicó su causa ante los jueces de la capital colombiana, manifestando con absoluta claridad en el acápite «COMPETENCIA Y CUANTÍA» del escrito inaugural que el juzgador elegido era competente por ser el del «lugar señalado para el cumplimiento de la obligación, esto es en la ciudad de Bogotá D.C.», atestación que encuentra respaldo en el contenido del instrumento báculo de la acreencia, en el que quedó consignado que el señor Vanegas prometió pagar «SOLIDARIA e INCONDICIONALMENTE pagaré al BANCO DAVIVIENDA S.A., o a su orden, en sus oficinas de Bogotá D.C. (…)» las cantidades debidas [folio 7, archivo digital «Demanda y Anexos»].
Siendo esto así, emerge claro que la prestación debida se debe honrar en la ciudad de Bogotá, siendo irrelevante para este caso si el deudor tiene su domicilio en Ibagué, pues, se itera, la compañía gestora no hizo su elección con base en la regla general de competencia, sino en la pauta alternativa que el propio legislador habilitó, la cual, a no dudar, resulta ajustada a derecho de acuerdo con lo previsto en el citado numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso.
Valga la pena resaltar que la juez capitalina al soportar su determinación en el precedente de esta Sala del 4 de junio de 2004, pasó por alto que la solución dada en aquel asunto se acompasaba con el ordenamiento procesal para entonces vigente y que vino a ser sustituido por la ley 1564 de 2012 que fijó nuevas pautas para la asignación de la competencia por el factor territorial, las cuales, a más de ser de orden público, son de aplicación inmediata y desde enero de 2016 que entró en vigencia son las llamadas a gobernar la ritualidad de los asuntos sometidos a consideración de la jurisdicción
5.- Así las cosas, equivocadas resultan las argumentaciones de la Juez Veintiuno Civil Municipal de Bogotá, en cuanto a que la atribución para conocer el coercitivo estaba en cabeza de la autoridad judicial de Ibagué, por ser el domicilio de la demandada, habida cuenta que la regla del numeral 3º del artículo 28 de la codificación procesal, contiene un parámetro legítimo para habilitar la tramitación ante los jueces capitalinos por ser el sitio para el recaudo de la acreencia contenida en el documento presentado al cobro.
6.- Consecuente con lo indicado se ordenará la devolución del plenario a la juez primigenia para que proceda de conformidad, como en efecto se dispondrá, e informar de esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE:
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia.
SEGUNDO: Remitir el expediente al mencionado despacho judicial para que continúe con el trámite del asunto.
TERCERO: Comunicar esta decisión a la otra dependencia involucrada y a la convocante.
Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada